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03 de Noviembre de 2011

Los millones de la Ley del Cobre que se usaron para los edificios del Ejército y la Fach


En construcciones, alfombras, quincallerías, lavamanos, guardapolvos se han gastado decenas de millones provenientes de la Ley Reservada del Cobre que dice estrictamente que sus recursos deben destinarse a aumentar el potencial bélico del país. La historia arranca en 2007, tras la decisión de Bachelet de devolver el Edificio Gabriela Mistral y regresar el Ministerio de Defensa a calle Zenteno. Hasta hoy se está echando mano a los excedentes de la venta del cobre para fines inmobiliarios. La explicación del actual subsecretario para las Fuerzas Armadas es clara: “antes que yo, lo hicieron otros”.

La Ley Reservada del Cobre es bien clara. Los dineros provenientes del 10% de las ventas de Codelco deben destinarse a la adquisición de material bélico para las Fuerzas Armadas. O a instalaciones donde esos pertrechos se guarden o se reparen. También sus cuantiosos excedentes, que según la última cifra que detectó CIPER ascendían a US$3.000 millones. De hecho, hasta comienzos de año, su administración financiera estaba manos de una mesa de dinero instalada en el Ministerio de Defensa. (Ver)

A mediados de 2007, sin embargo, cuando José Goñi (PPD) era ministro de Defensa, se decidió financiar con las platas de la Ley Reservada del Cobre la construcción y habilitación de los flamantes edificios de la Fuerza Aérea y el Ejército, el primero de los cuales fue inaugurado en agosto pasado. La inversión fue millonaria. De acuerdo a los antecedentes recogidos por CIPER, se destinaron un total de US$ 95 millones para ambas construcciones, además de 300 millones de pesos para la refacción de cuatro pisos en los que se ubicarán las nuevas oficinas del Ministerio de Defensa.

CIPER consultó tanto al Ejército como a la Fuerza Aérea sobre los costos de sus modernas construcciones. Pero sólo la FACH respondió. En el edificio institucional de la Fuerza Aérea (Proyecto Delphos), entre construcción y habilitación se gastaron US$ 35 millones. En el Edificio Bicentenario del Ejército, la suma fue casi el doble: US$ 60 millones de acuerdo a altas fuentes consultadas. Para que se haga una idea: entre ambos edificios se gastó tres veces más de lo que el gobierno de Sebastián Piñera acaba de ofrecer a las universidades tradicionales para su fortalecimiento.

Un gasto que se hace efectivo en los mejores años del precio del cobre, es decir, cuando más recursos entraron a las arcas de Defensa vía ley secreta.

Las autoridades involucradas en esta cuestionable decisión respondieron a CIPER que invertir en construcciones militares formaba parte del marco de la normativa. Una interpretación bastante holgada de la ley pues se están incluyendo los costos de construcción y refacción de dependencias que no necesariamente tendrán un uso militar.

NO FUI YO, FUE EL CONSUDENA

En 2007, la ex Presidenta Michelle Bachelet anunció un cambio lleno de simbolismos. El Edificio Diego Portales volvería a transformarse en el centro cultural que alguna vez Salvador Allende proyectó en esas dependencias, luego de ser construido para realizar allí a principios de los ’70 la Conferencia Mundial de la UNCTAD. Y el Ministerio de Defensa que allí se alojaba, se reubicaría en la calle Zenteno, frente a La Moneda, donde estaba hasta el día del golpe militar.

El encargado de llevar adelante la misión fue el ex ministro de Defensa José Goñi. “Esta es una decisión que tiene que ver con recuperar los espacios democráticos. El edificio de Zenteno fue construido para el Ministerio de Defensa y fue usurpado”, explicó Goñi a CIPER.

Sin embargo, junto con los simbolismos, comenzaba una tarea titánica: trasladar el Ministerio de Defensa a Zenteno implicaba reubicar las oficinas de la Fuerza Aérea y el Ejército que se encontraban allí. Y preparar el inmueble de Zenteno para recibir a los miles de funcionarios que trabajan en la torre del Diego Portales.

Fue entonces que se acordó construir los nuevos edificios para el Ejército y la Fuerza Aérea.

Consultado respecto a por qué se usaron platas de la Ley Reservada del Cobre para financiar esta decisión, Goñi se justificó señalando que fue una decisión adoptada por el Consudena (Consejo Superior de la Defensa Nacional) y que contaba con el visto bueno de los abogados que lo asesoraban. “La Ley del Cobre te permite usar los recursos para desarrollo de infraestructura militar. En este caso, no veo ni recuerdo ninguna decisión que se haya tomado fuera de la ley estricta”, afirmó.

En esa época, el subsecretario de Guerra era Gonzalo García (DC). Y aunque éste reconoce que tuvo que visar los decretos que avalan la iniciativa, asegura que la decisión no pasó por sus manos, sino por el Consudena, que estaba integrado por el ministro de Defensa (que lo preside); los ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda; los comandantes en Jefe del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada; los jefes de Estados Mayores de las instituciones y los subsecretarios de Guerra, Marina y Aviación, quienes solo tienen derecho a voz.

-La determinación sobre el uso del gasto se daba en el marco del Consudena (…) Yo no conozco subsecretarios a los cuales hayan incorporado en la toma de decisiones -afirmó García.

Siendo Goñi ministro de Defensa, efectivamente el Consudena era el organismo encargado de administrar las platas de la Ley del Cobre. Y su reglamento es bien claro a la hora de establecer el destino que se le puede dar a estos millonarios recursos: “Los fondos de que dispone el Consejo (…) tienen por objeto la adquisición y mantención de los materiales y elementos que conforman el potencial bélico nacional. No podrán destinarse tales fondos para gastos en personal, ni otros que deban figurar en la Ley de Presupuestos de la Nación”, señala.

En el artículo 4 de la ley que creó el Consudena, se afirma lo siguiente: “(…) Los ministros de Estado o funcionarios que dieren a los fondos creados por esta ley una aplicación distinta a la que ella establece, serán solidaria y personalmente responsables de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos”.

Consultado sobre su responsabilidad, José Goñi afirmó: “Todas las decisiones que uno toma en esos organismos son colegiadas, con abogados detrás y con un visto bueno que señala que efectivamente esto está en el marco de la ley”.

Otra prueba de lo rígida que es la norma ocurrió el año pasado, cuando por primera vez en 70 años de historia de la Ley Reservada del Cobre, el Congreso aprobó destinar parte de sus fondos, en total US$600 millones, a tareas de reconstrucción civil, a raíz del terremoto de febrero de 2010. Algunos parlamentarios señalaron entonces que “el hecho marcaría el inicio del fin de esta ley reservada”.

GASTOS SECRETOS

José Goñi fue el encargado de iniciar la puesta en marcha de la decisión de construir con cargo a fondos de la Ley del Cobre los edificios institucionales del Ejército y la Fuerza Aérea. Pero quien participó en las pomposas ceremonias donde se colocó la primera piedra de ambos edificios fue el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, sucesor de Goñi. Consultado sobre el destino de los recursos, Vidal planteó que se trataba de construcciones militares, por lo que cabría financiarlas con la Ley del Cobre. Vidal se excusó de entrar más en detalle, argumentando que, de acuerdo a esta ley, “el uso que se le da a las platas es secreto”.

Esa es otra de las increíbles aristas de este tema. Una de las características de la Ley del Cobre es que el destino de sus recursos es secreto. Además, como son platas que no van en el Presupuesto General de la Nación, no tienen que ser aprobadas por el Congreso ni someterse a los estrictos chequeos de la Contraloría.

-Yo no puedo establecer determinaciones sobre decisiones en las cuales no participé. Pero creo que las cosas pasaron así por dos razones. Primero, obviamente que la Ley de Fondos Reservados del Cobre es una ley cómoda para el Ejecutivo. Como genera poderes exorbitantes, dentro de tiempos cortos tú puedes tomar decisiones financieramente relevantes. En segundo lugar, creo que no se quiso arriesgar el retorno del Ministerio de Defensa a su lugar histórico -planteó Gonzalo García.

De acuerdo a publicaciones de prensa, tanto el edificio del Ejército como el de la Fuerza Aérea cuentan con instalaciones de última generación en materia de eficiencia energética y materiales ¿Cuánta plata se destinó a estos menesteres? ¿Cuán necesarios eran? No hay cómo saber efectivamente en qué se gastaron los recursos, pues están todos respaldados por decretos exentos que son secretos. Más importante aún, es imposible saber cuánto de ello no corresponde estrictamente a equipamiento militar, aún cuando se trate de los edificios institucionales de la Fuerza Aérea y el Ejército.

ARREGLOS POCO BELICOS

A comienzos de 2011, el actual subsecretario para las Fuerzas Armas, Alfonso Vargas (RN), retomó con bríos la iniciativa del traslado. Para financiar esta operación, echó mano a 300 millones de pesos que habían quedado “empozados” –según el subsecretario- en uno de los fondos de la Ley del Cobre aprobados en 2007 para financiar la reubicación de las dependencias del Ministerio de Defensa. (Ver)

Acto seguido, el 20 de enero de 2011, Vargas firmó la contratación de un antiguo conocido: el arquitecto Fernando Marcelo Acevedo Ferret, quien se haría cargo de supervisar el proceso de licitación y asesorar “en materias de arquitectura y diseño de las nuevas dependencias del Ministerio de Defensa Nacional”, en Alameda 1170, el mismo edificio de Zenteno.

En marzo, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas llamó a una licitación para la refacción de los cuatro pisos del edificio institucional. Se destinaron en total casi US$700 mil (poco más de 300 millones de pesos) para arreglos nada bélicos, como la instalación de alfombras, cerámicas, guardapolvos, urinarios y topes de puertas de las nuevas dependencias de las subsecretarías para las Fuerzas Armadas y de Defensa, encabezadas por Vargas y el ex comandante en jefe del Ejército Oscar Izurieta, respectivamente.

A diferencia de Goñi, Alfonso Vargas ni siquiera tuvo que consultar su decisión con el Consudena, pues el 27 de enero de 2011 se publicó el decreto que derogó este organismo, el cual pasó a ser un departamento de la nueva subsecretaría (ver entrevista con subsecretario Alfonso Vargas).

Así, en medio de esta tierra de nadie, la ejecución del “proyecto de reparación de los pisos 2, 6, 10 y 11”, quedó en manos de la empresa Diseño y Construcción Castor S.A.

A medida que el proyecto se aceleró, la función del arquitecto Fernando Acevedo Ferret, experimentó cambios. Después de formar parte de la comisión evaluadora de la licitación, según contrato firmado el 1 de abril de 2001, Alfonso Vargas lo designó el 3 de mayo "asesor técnico" del proyecto.

Acevedo Ferret egresó de la Universidad Marítima y en la página web de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas aparecen diversos detalles de su curriculum profesional. Nada se dice allí de su paso por el municipio de Petorca, al cual renunció días antes de irse a trabajar a Defensa y donde fue sumariado, justamente por hacer mal el trabajo para el que fue contratado por Vargas.

-Fernando Acevedo era el director de Obras de nuestra municipalidad. Estuvo con nosotros un año y fracción. El estaba encargado de fiscalizar todas las obras que se construyen aquí en la comuna. Dentro de sus facultades estaba la de evaluar el estado de avance de las obras y recibirlas. Sin embargo, en más de dos obras, este muchacho dio recepciones provisorias o definitivas, no estando en condiciones de recibirse. En una de ellas, autorizó la recepción y el pago cuando ni siquiera había empezado a construirse”, contó a CIPER Gustavo Valdenegro, alcalde de Petorca, quien no milita en ningún partido político.

La gestión del arquitecto fue cuestionada por la Contraloría en una auditoría que realizó a la Municipalidad de Petorca. De acuerdo a ese informe, el municipio tuvo que desembolsar 20 millones de pesos por una obra que fue recepcionada por Acevedo pese a no estar terminada. Hoy, en Petorca están a la espera del fallo definitivo de ese sumario al que se suma uno nuevo por una segunda obra mal recepcionada.

Consultado por CIPER, el subsecretario Alfonso Vargas dijo desconocer estos antecedentes. De hecho, pese a que su contrato inicial era por tres meses, Acevedo hasta hoy forma parte del grupo de asesores del subsecretario. Y sus honorarios aumentaron, pasando de $2.222.222 a $2.900.000 de acuerdo a los antecedentes publicados en la página de transparencia de dicho ministerio.

En la actualidad, de los cuatro pisos hay uno terminado: el piso seis, donde se instaló el área de Concesiones Marítimas y Acuícolas, una de las cinco divisiones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Aún sigue pendiente el cambio al sistema de financiamiento de la Defensa Nacional, uno de cuyos ejes clave es la Ley Reservada del Cobre. Un polémico proyecto de ley que este año comenzó a discutirse nuevamente en el Congreso. El proyecto requiere el aval del Ministerio de Hacienda, y al igual que lo que ocurrió en anteriores administraciones, esta vez las diferencias entre Hacienda y Defensa han vuelto a paralizar su tramitación.

“YA NO EXISTE UNA MESA DE DINERO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA”

-El objetivo de los fondos de la Ley del Cobre es la adquisición de material bélico para la defensa del país, no para poner cerámicas en una oficina. ¿Con qué argumento se decidió destinar dineros de ese fondo a este gasto de infraestructura del Ministerio?
No fuimos nosotros los que decidimos. Así estaba destinado desde el año 2007.

-Pero la autoridad que hizo efectivo este gasto es usted
Sí.

-Entiendo incluso que había informes de abogados de su subsecretaría que plantearon que podía haber una ilegalidad en la decisión de destinar platas para la refacción de oficinas siendo que la Ley del Cobre solo faculta para gastos que potencien el material bélico para la defensa del país.
Creo que para esto puede haber muchas interpretaciones, pero todo esto que se hizo pasó por la Contraloría y no hubo ninguna objeción, hubo toma de razón de todo. Los abogados estuvieron mucho rato estudiando este tema. Pero obviamente si lo hicimos es porque en definitiva plantearon que se podía.

-Yo hablé con dos ex subsecretarios de esta cartera y me plantearon con bastante claridad que este tipo de gastos eran permanentes, que iban en el presupuesto normal, pero no vía Ley del Cobre.
Este es un decreto que está hecho del 2007 para esta reparación. Y lo que nosotros usamos es un saldo de esa cantidad.

-El Consudena se derogó en enero pasado. Pero el reglamento que regula sus atribuciones sigue vigente. Y respecto al uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, establece lo siguiente: “Los fondos de que dispone el Consejo (…) tienen por objeto la adquisición y mantención de los materiales y elementos que conforman el potencial bélico nacional. No podrán destinarse tales fondos para gastos en personal, ni otros que deban figurar en la Ley de Presupuestos de la Nación”. ¿Usted este año está pidiendo dinero vía Ley de Presupuestos para esa refacción?
Sí.

-Si para este gasto está pidiendo fondos por la Ley de Presupuesto de la Nación, ¿no es precisamente porque no corresponde gastar para estos efectos fondos de la Ley del Cobre?

A ver, nosotros tenemos que financiar el traslado para Alameda. Y el grueso de la cosa se va hacer con presupuesto corriente.

-De acuerdo a ley que creó el Consudena, “(…) Los ministros de Estado o funcionarios que dieren a los fondos creados por esta ley una aplicación distinta a la que ella establece, serán solidaria y personalmente responsables de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos”. ¿Qué dice usted?

Yo no soy abogado, nunca me he dedicado a estudiar esa parte.

-¿El ministro Andrés Allamand sabe que se destinó plata de la Ley del Cobre a refacciones de oficina?

Capaz que ni sepa. Todo esto partió antes de que él llegara. Y creo que nunca he hablado de cómo se está haciendo lo que ya está hecho.

-¿Cuándo se van a trasladar al nuevo edificio
En la medida que vayan terminando.

-El arquitecto Fernando Acevedo Ferret, quien está a cargo de los trabajos de remodelación de las nuevas oficinas en el edificio de Alameda, ¿continúa trabajando con usted?

Sí. Su tarea es preparar todo este cuento: los planos, el detalle, ver dónde se ubica cada oficina, de qué porte, cuáles son los estándares, etc.

-El arquitecto Acevedo fue sumariado en la Municipalidad de Petorca por un contrato que no cumplió: recibir obras que no estaban terminados. Usted lo puso a cargo de una tarea por la que justamente fue sumariado. ¿Lo sabía antes de contratarlo?

No… Aquí él no estaba a cargo de la obra.

-En los últimos dos años se han realizado una serie de cambios normativos al ministerio de Defensa. Uno de ellos es que se derogó el Consudena, un organismo que tenía la importante misión de administrar los millonarios recursos provenientes de la Ley del Cobre. ¿Cómo se administran esos excedentes hoy?

El Consudena se acabó y su tarea se dividió en dos áreas. Una parte, la asumió la Subsecretaría de Defensa, y que es todo lo que concierne a estudios y evaluación de los proyectos de inversión. En cuanto al manejo de los recursos de la Ley del Cobre y la auditoría, pasó a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

-¿Desde cuándo rige este traspaso de funciones?
Desde este año, no recuerdo la fecha exacta. Los recursos no pasan por acá sino que pasan de la Tesorería de la República al Ministerio de Hacienda, y tienen un tratamiento similar al del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Las colocaciones de los excedentes que antes se hacían desde acá, ahora se hacen a través del Banco Central.

-¿Qué ocurrió con la mesa de dinero que administraba esos excedentes y que reveló el diputado Jorge Burgos el año pasado?

No, eso no existe.

-¿Entonces eso significa que todos los excedentes de la Ley del Cobre los administra el Banco Central? ¿Cómo lo hace?

Así es, el Banco Central. Las platas que llegan de la Tesorería General de la República se ingresan a cuatro cuentas: una por cada institución y la famosa cuenta de los excedentes. A cada institución se le suministra de acuerdo a lo que el Consudena ha decretado. En la cuarta cuenta, que es la de los excedentes, la plata que llega se va a través del Ministerio de Hacienda al Banco Central y éste tiene un Comité de Inversiones y ellos actúan como mesa de dinero, no nosotros.

Por : Marcela Ramos en Reportajes de investigación de CiperChile. Publicado: 03.11.2011

Fuente:
http://ciperchile.cl/2011/11/03/los-millones-de-la-ley-del-cobre-que-se-usaron-para-los-edificios-del-ejercito-y-la-fach/

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