Minería metálica y resistencia

- Honduras - Guatemala - Costa Rica - El Salvador:

01 de Noviembre de 2011

Minería metálica y resistencia

La actual crisis mundial ha puesto a prueba todos los parámetros, preceptos y políticas del modelo y sistema económico mundial imperante, ha provocado un escenario de incertidumbre, dando origen a propuestas que pretenden encontrar soluciones rápidas para salir del estancamiento económico en el que se encuentra la economía mundial.

En este contexto de crisis, el oro aparece como el activo ideal para el refugio de los inversionistas y como un instrumento de especulación significativo, provocando que en los últimos meses la onza troy llegue a cotizarse por encima de los US$1,900.00 convirtiendo así a cualquier inversión que implique la extracción o manipulación del oro en una inversión extremadamente rentable y segura para la acumulación del capital.

Por tanto, la industria minera tiene en la actualidad una verdadera fortuna en sus manos, sobre todo si puede realizar sus operaciones a bajos costos y con muy pocas o nulas regulaciones sobre su actividad. Estas condiciones se cumplen a la perfección en los países tercerizados o periféricos, como los de la región centroamericana, países que poseen importantes reservas naturales, incluyendo en ellas un porcentaje considerablemente atractivo de metales preciados, como el oro, plata, cobre, uranio, etc. presentando así un escenario de interés para la industria minera.

La minería se ha presentado como una actividad que permite abrir el camino hacia el “desarrollo” de países que, como los centroamericanos, tradicionalmente se han encontrado subdesarrollados. La paradoja surge cuando en vez de permitir o abrir caminos que conlleven al “desarrollo”, la minería se convierte en un instrumento más para perpetuar la miseria, enfermedades, pobreza y deterioro ambiental en los países centroamericanos, los cuales son obstáculos para alcanzar un mejor futuro de país y en consecuencia el subdesarrollo se convierte en un círculo vicioso.

Según estudios realizados por diversas instituciones estatales centroamericanas las empresas mineras en promedio no pagan más del 1.5% de los ingresos generados al Estado, sean éstos en materia de regalías o tasas municipales, entre otros. Este dato contradice el discurso de las empresas mineras que sostienen que a través de sus inversiones y aportes monetarios generan desarrollo en los países.

Las empresas mineras han demostrado que pueden pasar fácilmente por encima de las restricciones y obligaciones de las legislaciones nacionales (que de por sí son muy laxas) e incluso pueden utilizar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) para quitar del camino todos los obstáculos para su inversión.

Reparto del territorio

En cuanto a la ocupación de los territorios, se tiene información que Honduras cuenta con el 36.9% del total de concesiones en Centroamérica, teniendo un 31% de su territorio concesionado a empresas mineras para la explotación minera metálica; por su parte Guatemala, según fuentes del movimiento en resistencia anti minero, tiene un área concesionada a las empresas mineras de 32,667 km2, lo que implicaría que el área concesionada es cuatro veces mayor que la plasmada en Guatemala, lo cual denota la complicidad de éste con las empresas al no publicar las cifras reales.

El país con menor número de concesiones y proporción de área concesionada es El Salvador, con 29 concesiones otorgadas y solamente el 2.35% del territorio concesionado en el área centroamericana, lo que concuerda con el hecho de que en El Salvador no existen proyectos mineros que en la actualidad se encuentren en fase de explotación. Sin embargo, según declaraciones realizadas por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, a diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, existe un listado de 73 proyectos mineros pendientes de autorización para el otorgamiento de licencias de exploración y explotación.

La negativa del gobierno salvadoreño a conceder los permisos de explotación minera ha llevado a que dos empresas, una de origen canadiense y otra de origen estadounidense, interpongan demandas millonarias contra el Estado salvadoreño en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente que forma parte de la estructura del Banco Mundial.

A partir de la información anterior se concluye que de todo el territorio centroamericano, el 14% se encuentra concesionado a las empresas mineras para que éstas realicen sus operaciones, lo que quiere decir que de cada 10 km2 de la región centroamericana, 1.4 km2 están en poder de la industria minera.

Lo anterior tiene una serie de implicaciones globales en la región: una de ellas es que al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el espacio dedicado a la producción de granos básicos; es decir, por cada km2 que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen 2 km2 sobre los cuales la industria minera ejerce control.

Impactos

Según el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Pacific Rim al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, sólo en el proyecto minero El Dorado, durante el proceso de lixiviación se utilizarían 10.4 litros de agua por segundo, lo que equivale a un aproximado de 900 mil litros diarios, la misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años.

A partir de lo anterior se dibuja un escenario oscuro para el recurso hídrico de la región centroamericana, que se deberá afrontar de cara a los proyectos de explotación de minería metálica. Dicho escenario traerá tres impactos: en primer lugar, habrá escasez del recurso hídrico apto para el consumo humano mientras se lo destina para la explotación minera, lo cual genera conflictos comunitarios.

Dichos conflictos alcanzan incluso altos niveles de violencia y de inseguridad, tanto en el plano jurídico como en el personal, afectando a los defensores de los recursos naturales que aún conservan las comunidades. Todo esto trae episodios de desalojos comunitarios, represión estatal y de las empresas mineras, llegando a casos de asesinatos de líderes y líderes que integran la resistencia anti minera en estos países.

En segundo lugar, se afectan los mantos acuíferos a partir de las profundas excavaciones de los proyectos mineros, que las empresas realizan mediante la utilización de toneladas de explosivos, con lo que, además del desaparecimiento de las fuentes de agua superficial, provocan destrucción en las viviendas por las ondas expansivas.

Y finalmente, el tercer impacto se da a partir del envenenamiento de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por la contaminación producida en el proceso de explotación minera a través de los residuos tóxicos.

La misma empresa transnacional de capital canadiense Pacific Rim estima que se usará dos toneladas diarias de cianuro en algunos de sus proyectos en El Salvador, químico que incluso está vedado en algunos estados de Canadá, Estados Unidos y Europa. Para el caso del proyecto minero Cerro Blanco, localizado en el municipio de Asunción Mita, República de Guatemala, se estima que se utilizarán 6 toneladas diarias de cianuro, totalizando 2160 toneladas de cianuro anuales, cuyos desechos serán vertidos a la cuenca alta del río Lempa, la cual es compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador, afectando aproximadamente a cerca de 4 millones de personas salvadoreñas que tienen relación directa con estas aguas transfronterizas.

Junto a la contaminación del agua, la explotación minera metálica también afecta a la atmósfera que recibe los residuos gaseosos de los químicos utilizados en el proceso de explotación minera, tales como el cianuro y mercurio, entre otros; provocando graves repercusiones en la salud humana, como insuficiencia renal, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, trastornos en el sistema nervioso, esterilidad en las mujeres, cáncer y el síndrome de Guillain-Barré, entre otras.

Este último síndrome ha sido identificado en los recientes estudios que ha realizado la bióloga investigadora Cidia Nínive Cortés del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, en una zona del oriente de El Salvador donde se ubica el drenaje ácido de minas que utiliza la empresa transnacional Commerce Group de capital estadounidense.

Dicho estudio revela, según opinión del único médico especialista en El Salvador sobre dicha enfermedad, corroborada por artículos científicos, que este síndrome puede ser causado por la presencia de metales pesados encontrados en la sangre de las personas, tales como manganeso, arsénico, entre otros, tal y como lo están demostrando las investigaciones científicas que se están realizando en la zona de San Sebastián.

Criminalización y resistencia

Toda la problemática minera generada en los países de la región centroamericana ha desatado una serie de conflictos sociales, entre familias y habitantes de las comunidades en donde se localizan estos proyectos. En ese contexto se ha organizado y movilizado un importante sector de la población configurando un movimiento de resistencia anti minera, que ha sido criminalizado, llegando incluso a amenazas, encarcelamiento y, en el peor de los casos, a asesinatos de líderes y líderes de la resistencia anti minera.

Estos últimos casos se vivieron en las zonas de Cabañas y Chalatenango en El Salvador; Valle de Siria en Honduras; Mina Marlín y Fénix en Guatemala y comunidades indígenas de Panamá, por mencionar algunos ejemplos. En todos estos casos de criminalización de la resistencia anti minera las autoridades estatales han guardado silencio y no se ha llegado a determinar en ninguna instancia judicial la corresponsabilidad de las empresas transnacionales en estos crímenes, ni siquiera a nivel de investigación.

Es necesario resaltar que la resistencia anti minera ha alcanzado un nivel de organización y de incidencia a nivel nacional, provocando una intensa presión social hacia los tomadores de decisiones para que se culmine con una prohibición de la minería metálica en los países centroamericanos.

Tal es el caso de Costa Rica, en donde se produjo durante el año 2010 una fuerte campaña en contra del proyecto minero Crucitas, el cual, además de representar una gran amenaza al agua, medio ambiente y salud humana, también amenazaba con desencadenar un conflicto binacional entre Costa Rica y Nicaragua, ya que podía contaminar el Río San Juan, cuya cuenca es compartida por las dos naciones. Dicha campaña en contra del proyecto minero logró incluso que el Congreso reformara la ley de minería, estableciendo en ella la prohibición tanto de la exploración como de la explotación de minería metálica.

En Guatemala hay un proceso de resistencia en contra de la minería metálica, el cual se manifiesta en la organización y movilización, principalmente de comunidades indígenas, las cuales reivindican su derecho a ser consultadas en la toma de decisiones libres e informadas en torno a los proyectos mineros, pese a todos los obstáculos que el Gobierno central está implementando. Ante esto y casi por unanimidad, la población se está declarando abiertamente en contra de dichas medidas.

En general, a pesar de haber sufrido asesinatos en las comunidades, se acrecienta la organización y la exigencia de una nueva legislación minera en la que, si bien hay varias iniciativas, prevalece la que exige el derecho de los pueblos a rechazar y no permitir los proyectos mineros en las comunidades, frente a una coyuntura de elecciones presidenciales en donde, a excepción de una candidata, todos los demás candidatos a la presidencia han manifestado en más de una ocasión su apoyo a la minería metálica.

En Honduras existe un movimiento de resistencia anti minero conformado por una diversidad de sectores, que incluyen a una parte de la Iglesia Católica, que propone la reforma de la ley de minería. En esta reforma de ley no se plantea la prohibición de la minería sino más bien elevar las exigencias y controles de parte del Estado a la industria minera en este país, lo cual, sin embargo, es considerado insuficiente por un sector importante de la resistencia a la minería.

Esta lucha no logra una correlación favorable de fuerzas, generando así incertidumbre en la resistencia anti minera, porque no se ven condiciones propicias para lograr una ley que beneficie a la mayor parte de la población. Por el contrario, tanto las autoridades centrales como la mayoría de los diputados se inclinan hacia los intereses de las transnacionales mineras, que solo están esperando que se resuelva la moratoria declarada por el ex presidente Manuel Zelaya para desarrollar todos los proyectos mineros que tienen pendientes en este país centroamericano.

En el caso salvadoreño, la lucha es por conquistar una nueva ley de minería que prohíba la explotación minera metálica, propuesta que ha venido en ascenso en la lucha de la resistencia anti minera, la cual ha ganado cada vez más la voluntad política incluso del presidente de la República y de algunos diputados de la Asamblea Legislativa.

Dicha decisión, según el Gobierno, está en función de los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica, que se está realizando a solicitud del Ministerio de Economía, en la que hay expectativas de que ésta pueda demostrar la inviabilidad del desarrollo de la industria minera metálica en El Salvador, considerando, entre otros factores, la estrechez territorial, la densidad poblacional y la ubicación de los proyectos mineros sobre las pocas zonas de recargas acuíferas que aún existen en el país.

Finalmente, toda la problemática que genera la explotación minera en Centroamérica, ha trascendido de los territorios nacionales, puesto que cada vez más los proyectos mineros se están asentando en zonas aledañas a las cuencas compartidas entre dos e incluso tres países de la región. Y además, en el peor de los casos, las legislaciones no contemplan regulaciones más allá de los territorios nacionales y, por tanto, no contemplan la posibilidad de analizar las problemáticas con el resto de países involucrados.

Lo anterior abre la posibilidad de que se desencadenen conflictos binacionales o trinacionales, tanto en comunidades como entre gobiernos, unos defendiendo su agua y calidad de vida y otros su supuesta soberanía, que no reconoce el derecho de los pueblos vecinos. Tal es el caso de Guatemala con su proyecto minero Cerro Blanco y el proyecto Marlín, los cuales afectan cuencas compartidas entre Guatemala y El Salvador, y Guatemala y México, respectivamente.

Honduras, por su parte, contempla 42 proyectos en la zona sur de ese país, la cual abarca las cuencas de los ríos Lempa, Goascorán, Sumpul y el golfo de Fonseca, que son de las más importantes de El Salvador, las cuales comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua en algunos casos. Estas cuencas se encuentran amenazadas por 21 proyectos mineros de Honduras.

Estos potenciales conflictos, también presentan la posibilidad de agregar un elemento en la agenda de integración centroamericana para discutir la solución de problemas ambientales que aquejan a la región, y que, por supuesto, deben ser resueltos de forma articulada entre los países, teniendo como base el derecho de los pueblos al acceso al agua limpia y por consiguiente, a una mejor calidad de vida.

En definitiva, estamos viviendo un momento histórico de crisis en el que la naturaleza empieza a manifestarse, y los Estados no salen al encuentro de las necesidades humanas, más bien perfilan sus intenciones de favorecer al gran capital transnacional minero, a costa de conflictos transfronterizos, asesinatos y el derecho a la vida. En ese sentido, la resistencia anti minera debe asumir su rol de defensora de la naturaleza y de la vida humana, demostrando que cuanto más se sabe del oro, menos deslumbra su brillo.

David Pereira y Benjamín Ramos,
Agencia Latinoamericana de Información

http://alainet.org/publica/alai470.pdf

5464

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