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- Chile:
Recorrido por los conflictos socioambientales en Chile

22 de Julio de 2012

Mapa del despertar comunitario ante la somnolencia autoritaria

Lucio Cuenca Berger

De norte a sur los consorcios del capitalismo global -chilenos o extranjeros- han dejado un reguero de desastres en su afán de explotar recursos naturales o desarrollar empresas que aseguren ganancias rápidas. Pero se han encontrado con la resistencia, muchas veces silenciosa, de las comunidades que han logrado articularse para hacer frente a tamaña amenaza.

En primer año de ingeniería en la Universidad de Chile, les preguntaron en una prueba a los estudiantes si para proteger a las ballenas era más aconsejable declararlas patrimonio natural o entregárselas a un privado. La respuesta de la pauta era la segunda opción, bajo el supuesto de que si hay un interés económico detrás, hay estímulo para el cuidado. Es la misma premisa, adoptada a nivel planetario como correcta desde Río 92, que significó la adopción de políticas que permitieron la privatización de la naturaleza y que ha llevado al país a un estado de conflictividad socioambiental sin precedentes, mientras cientos de localidades luchan para ser decretadas territorio protegido o zona patrimonial de modo de garantizar de algún modo su deseo de seguir viviendo, y en tanto autoridades y academias se mantienen esclavas de un modelo económico que crecientemente las comunidades ya no soportan más.

De hecho, ante Rio+20, 16 organizaciones que no tienen representación de base, (de las casi 110 mil organizaciones sin fines de lucro que existen en el país) realizaron junto al gobierno el documento “Posición país” que da cuenta del punto de vista nacional sobre cuestiones como la economía verde, la gobernanza ambiental, y la mercantilización de la naturaleza. El documento chileno suscribe cabalmente los postulados de la ONU hacia Rio+20, desconociendo de manera aberrante la disconformidad de cientos de miles de chilenos y chilenas con el modelo extractivista que han hecho sostenedor de nuestra economía.

Y es evidente, la hegemonía cultural que ha impuesto el neoliberalismo en el país, rinde frutos, o al menos, los rendía. Esta hegemonía, en nuestra mirada, comenzó con la siembra del miedo y la desconfianza en la dictadura, prosiguió con la ruptura de la asociatividad en los gobiernos de transición hacia una profundización del modelo, intencionalmente llamada democracia, para dar como resultado individuos que compensaban su frustración en el consumo; no por nada somos el país con mayor tasa de endeudamiento per cápita de la región. Esto aparejado a una cesión al mercado de los medios de comunicación, del sistema educacional, de la salud, de los bienes comunes, trajo niveles de concentración de la propiedad y del ingreso, pero también de la reproducción de conocimiento, que determina que hoy se asuma como normal, como que “siempre ha sido así”, los niveles de esclavitud conceptual, humana y de la naturaleza que rigen, o regían, los destinos de nuestro país.

Sin embargo, las pesadillas duran hasta que se despierta, y el fenómeno que se vive hoy en día en Chile, tiene mucho que ver con el despertar colectivo que poco a poco se va generando. Las comunidades se niegan a seguir transformando a sus hijos e hijas, sus territorios, sus cosechas, sus lugares sagrados, su presente y su futuro en ofrenda sacrificial al Dios dinero.

De Arica a Punta Arenas despierta la noción de ser sujetos de derecho y no sólo objetos de mercado. Frente a la embajada de Brasil, las comunidades de la región de Atacama gritaban “educación, salud y medio ambiente, son nuestros derechos no se venden, se defienden”; y es el mismo grito de los estudiantes que desfilan por todas las calles del país exigiendo fin al lucro; o de las comunidades mapuches, brutalmente criminalizadas, que exigen ser respetadas como nación con una cosmovisión otra; o de las regiones como Aysén, Magallanes o Calama que se levantan para no ser más castigados por un centralismo que invierte en la Región Metropolitana un 85% del presupuesto del Estado.

En este escenario, mientras el gobierno comunica en los medios de comunicación que en el país se invertirán 91 mil millones de dólares en nuevos proyectos mineros de aquí al 2020, es decir casi cinco veces lo invertido en los últimos 20 años en el sector, con una ola de devastación, sequía y contaminación que este país minero nunca había conocido; las comunidades dicen basta a los nuevos proyectos mineros, pero también a los proyectos energéticos para el consumo minero, y a las carreteras, puentes y obras civiles que van en beneficio de la minería y no de los vecinos. Y esto es particularmente interesante, porque jamás se visibiliza a las comunidades que las obras tienen un destino minero, pero hay cada vez más personas capaces de leer entre líneas los discursos de la autoridad y sacar conclusiones trascendiendo el cortoplacismo.

De norte a sur

Un mirada rápida a los conflictos socioambientales actuales, muestra a las comunidades de Arica y Parinacota en contra del proyecto minero Catavane al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas, en contra del proyecto minero de manganeso Los Pumas que pretende usar aguas del río Lluta, y en contra de la desafectación del Parque nacional Lauca para beneficio de la minería canadiense. En Iquique, en tanto, se levantan los jóvenes oponiéndose a las termoeléctricas Patache y Pacífico; o logrando fallos favorables en la defensa de la Pampa del Tamarugal contra la Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Soledad (Cosayach); o presionando al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta para que no permitiera el traslado de sus aguas a la región de Iquique, presión que anuló las pretensiones de la minera Doña Inés de Collahuasi para extraer aguas del Loa.

La región de Antofagasta, epicentro del boom (qué más que nunca recuerda a la onomatopeya de explosión de las caricaturas infantiles) minero, encuentra en Antofagasta a la ciudad con más mortandad por cáncer en Chile; el seremi de salud. Doctor Carlos Madrigal, luego de haber develado los datos que permitían comprender la gravedad de la situación, fue destituido. En San Pedro de Atacama, frente a los intentos de extraer energía geotérmica de los geysers del Tatio, la gente se movilizó hasta lograr que el proyecto retrocediera. Del mismo modo en Calama, ante la constatación de que las ganancias mineras eran exorbitantes y en el pueblo sólo quedaba pobreza y contaminación, surgió el movimiento que exige mayores beneficios a las comunas denominadas mineras.

La región de Atacama, que al igual que con Antofagasta las autoridades buscan consolidar su condición de zona de sacrificio, está más despierta y viva que nunca; recientemente los vecinos de Freirina lograron el cierre de un megaplantel agroalimentario de cerdos; la lucha contra Pascua Lama lleva más de 10 años y el proyecto aún no entra en operación; el proyecto el Morro, de Gold Corp acaba de sufrir un revés judicial por no cumplir con los procesos de consulta a los pueblos indígenas; otro proyecto minero que está organizando el desacuerdo de la gente es Cerro Casale, también de Barrick Gold. Pero en Atacama la lucha no sólo está al interior de los valles, también en la costa los vecinos se levantan contra las termoeléctricas que quieren terminar de devastar zonas que antes tenían vocación de protección ecológica: ampliación de Guacolda, Punta Alcalde y la controvertida e ilegal termoeléctrica Castilla, son parte de las amenazas que buscan pintar de gris el destino de las costas atacameñas, costas que aún mantienen más de 150 kilómetros de áreas vírgenes y que los habitantes de la zona quieren preservar en esa calidad, así como quieren cuidar el desierto florido, y los ecosistemas únicos del litoral.

Llegando a región de Coquimbo, nos encontramos nuevamente con la megaminería, comunidades que se levantan contra Vale, TeckCominco, Anglo American, Xtrata Cooper, para evitar su instalación y no tener que padecer la misma suerte de Andacollo, zona saturada por contaminación, y de el Valle del Choapa, donde los comuneros que se han levantado contra Compañía Minera Los Pelambres, hoy enfrentan un juicio por asociación ilícita, respuesta de la empresa como una manera de intimidar a quienes se han opuesto a la construcción de un megatranque de relaves a metros de su pueblo, cerro arriba.

En la zona central

En la región de Valparaíso los conflictos vienen de la mano de la escasez hídrica, producto del acaparamiento y sobrexplotación empresarial del recurso, para proyectos mineros o para monocultivos agrícolas: organizaciones por la defensa del agua en Petorca y la Ligua contra embalses arbitrarios que riegan las tierras de ex autoridades y personalidades de gobiernos de la Concertación; organizaciones de Concón que salen a defender sus dunas, Limache que se opone a una termoeléctrica de Colbún, Quillota y Valparaíso en la lucha por un Chile sin transgénicos, y la escandalosa situación de Puchuncaví, Ventanas y demás comunidades aledañas a las fundiciones mineras y termoeléctricas, son algunos de los conflictos que mantienen alerta a la Quinta Región.

La Región Metropolitana describe una situación paradojal, si bien solidariza y hace propias las luchas socioambientales del resto del país, encuentra dificultad en analizar su propia condición y defender sus bienes comunes. Por ejemplo, el aire de Santiago, con un plan de descontaminación fracasado que debió haber cumplido sus metas el año pasado, sin embargo este año se siguen sumando las Alertas, pre-emergencias y también muertes.

El cajón de Pichi y el Cajón del Maipo se encuentran hoy concesionados a trasnacionales mineras, o en la zona oriente de Santiago la megaminería está tragando montañas con una voracidad inusitada, con dos accidentes de derrames tóxicos en menos de seis meses, pero las comunidades aún no encuentran el camino para visibilizar estas amenazas, aunque cuando lo encuentren, se armarán nuevos conflictos y de grueso calibre, justamente por la condición centralizada del país. No obstante, hay organización, en el Cajón del Maipo está activa la lucha por la no operación de la hidroeléctrica Alto Maipo, de Aes Gener (AES Corporation), los vecinos de La Florida dieron una batalla loable por la defensa de la precordillera y luego de 10 años lograron arrebatar el bosque esclerófilo a la voracidad inmobiliaria y siguen luchando para lograr que sea un área protegida. Los vecinos de Pudahuel se organizan para combatir la incidencia de la leucemia en la comuna en un condominio que queda a escasos kilómetros del centro de estudios nucleares de Lo Aguirre. En Maipú, los familiares y víctimas de asbestosis hace años han formado una agrupación y han desplegado esfuerzos judiciales y comunicacionales para que se conozca la contaminación del asbesto avalada por el Estado, que ha matado a cientos de vecinos de la zona. En la Provincia de Melipilla, en tanto, la localidad de San Pedro se está articulando para exigir agua para sus cultivos típicos de frutilla, hoy secos debido a la expansión agroalimentaria de Agrosuper.

En la Región de O’Higgins, los planteles agroalimentarios han secado las fuentes hídricas y contaminado el aire. Los vecinos de las localidades de Litueche, La Estrella y Lago Rapel se han manifestado en contra de la contaminación que existe en la zona derivada de la empresa Agrosuper. Por otro lado, emblemática ha sido la lucha de Pichidegua oponiéndose a una guanoeléctrica -disfrazada de energía renovable no convencional- que quiere sacar electricidad del guano de los planteles agroalimentarios, de paso poner bonos de carbono en el mercado mundial y ganar en detrimento de las comunidades.

Transgénicos y plaguicidas

De la Región del Maule al sur, el principal problema son los monocultivos forestales, hace años resistido por las comunidades y promovido por las autoridades. Pero hoy, suman otros conflictos, ligados fundamentalmente a la introducción de transgénicos y al aumento del uso de plaguicidas y a proyectos mineros y energéticos. En Pelarco, 70 trabajadores temporeros fueron intoxicados con plaguicidas en plantaciones transgénicas, como un episodio más de contaminación que organizaciones como Anamuri y Vía Campesina están buscando transformar en señal de alerta en medio de zonas sumamente empobrecidas y precarizadas. En torno al conflicto de la termoeléctrica a carbón Los Robles de AES Gener, se conformó un movimiento ciudadano que hasta ahora ha logrado la dilación del proyecto, mientras que en la zona próxima a Linares la empresa ElectroAustral pretende instalarse con dos centrales hidroeléctricas en el Cajón del río Achibueno, violando tratados internacionales y desconociendo la oposición comunitaria. En el ámbito minero la resistencia se articula en torno al proyecto de explotación de hierro en las dunas de Putú, que pone en peligro el ecosistema de dunas y también el complejo de humedales de la costa maulina.

En la Región del Biobío, las termoeléctricas Boca Mina I y II, y Pirquenes, y la hidroeléctrica Punilla han desatado fuerte rechazo vecinal. Al igual que los proyectos mineros que empiezan a aparecer, como el proyecto de extracción de escandio en lago Lleulleu, zona sagrada mapuche. Por otro lado, en Chillán se han hecho varios cabildos abiertos exigiendo información sobre la ubicación de los transgénicos, siendo esta localidad la que con más fuerza se ha opuesto a la transgenización de la vida campesina, y la más castigada por la contaminación transgénica de la apicultura. En Concepción, los esfuerzos por preservar los humedales al interior de la ciudad, frenando el avance inmobiliario desordenado, también han constituido una importante fuente de conflictos.

Modelo forestal

En la región de la Araucanía, la situación es dramática. El modelo forestal es el culpable de la escasez hídrica en una zona donde llueve copiosamente. El pueblo mapuche se ha visto forzado a emigrar porque se han acidificado sus tierras y ya no tiene agua para riego, por lo tanto es difícil hasta la agricultura de supervivencia, y aquellas comunidades que han opuesto resistencia han debido enfrentar cárcel y criminalización sólo comparable a un régimen militar. El 70% de los vertederos y más del 50% las plantas de aguas servidas se encuentran en zonas rurales, mapuche, lo que ha llevado a interponer internacionalmente recursos contra el Estado chileno por racismo ambiental. Por otro lado, en Isla Huapi hace más de 20 años que está en conflicto con la ruta costera, mega proyecto diseñado en dictadura, y construido por la Concertación, con mano de obra militar, pasando a llevar la defensa comunitaria de cuatro rewes, espacios sagrados, paliwes y cementerios. Y de este panorama no puede estar ausente la tensión energética: la licitación de geotermia en Melipeuco y el proyecto eléctrico de Freire, entre otros.

En la recién creada Región de los Ríos, Celulosa Arauco concentra el malestar social. Celco Valdivia y la mortandad de los cisnes, que aunque haya dejado de salir en televisión sigue contaminando la ciudad, es uno de los temas más sensibles, junto a la pretendida construcción de un ducto al mar, de la misma planta, por las costas de la Caleta de Mehuín, cuestión que la comunidad viene resistiendo hace al menos 15 años. A esta situación hay que sumar la amenaza de una serie de proyectos de generación energética, como la Central Neltume, de Endesa Enel, en una zona sagrada, campo de Nguillatun de la comuna de Panguipulli.

Contaminación de las costas

En la región de Los Lagos el malestar viene ligado a la salmonicultura que transformaron en menos de 10 años a los habitantes de la zona de pescadores, mariscadores y campesinos independientes en trabajadores asalariados, generando un proceso de contaminación de aguas y costas que hoy hacen que los mares interiores de Chiloé estén en un proceso de eutrofización que los asimilará prontamente a un mar muerto. Aunque se complementa con otras amenazas, como la central hidroeléctrica sobre el río Pilmaiquén que fue suspendida por presión comunitaria.

En la región de Aysen, el movimiento social habló por sí solo, no era una cuestión eminentemente ambiental su prerrogativa de base, alegaban abandono, olvido de la autoridad, a menos que fuera para intervenir y depredar la zona, como pretende hacer el proyecto Hidroaysén, y en menor escala, el proyecto hidroeléctrico río Cuervo, que fue colectivamente frenado.

Situación compartida por Magallanes, ciudad que se rebeló en 2010, dando cuenta del mismo recuerdo estratégico por parte de la autoridad y que ahora enfrenta la amenaza de proyectos mineros como el binacional Cerro Cuadrado y el de carbón en Isla Riesco, así como una pugna por mantenerse libres de la expansión de la salmonicultura hacia las costas de la Patagonia luego de la crisis del virus Isa.

Como se podrá apreciar en este rápido recuento, el operar centralizado de los gobiernos ha repartido el territorio nacional a unas cuantas familias y a empresas transnacionales en la convicción de que si está en manos privadas será bien cuidado y optimizado. La misma formación que han recibido por décadas los ingenieros reseñados al comienzo de este artículo y toda la cultura neoliberal que se ha entronizado en nuestro país. El problema es que las consecuencias de este modo de operar hoy son visibles, y las comunidades no están dispuestas a seguir aguantando, por eso despiertan y comienzan a valorizar lo que son y lo que saben. De ahí que proliferen los movimientos por la defensa del agua, de la semilla, del mar, de los territorios indígenas, campesinos y rurales, de lo sagrado, los movimientos por el derecho a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación, las ferias del trueque, los intercambios de semilla, los encuentros de sanación alternativa, los espacios de autoformación y las demandas de justicia con un soporte afectivo y comunitario que hablan en consonancia con el despertar planetario. En Chile gota a gota hacemos nuevos ríos.

Por Lucio Cuenca
Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales (OLCA). www.olca.cl

Fuente:
http://www.lemondediplomatique.cl/Mapa-del-despertar-comunitario.html

1879

    





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