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- Brasil:

01 de Mayo de 2013

Inminente brote de violencia agraria en el brasileño Pará


Está a punto de estallar un nuevo episodio violento entre propietarios de grandes haciendas y campesinos sin tierra en el amazónico estado de Pará, en el norte de Brasil.

- La hacienda Itacaiunas se encuentra en el sudeste de Pará, en el municipio de Marabá, a 684 kilómetros de la capital estadual, Belém. Su propietario es Agro Santa Bárbara, grupo económico que posee al menos 600.000 hectáreas de tierras en este estado.

Desde 2002 la Federación de los Trabajadores de la Agricultura de Pará (Fetagri) reclama que esa propiedad sea confiscada y sujeta a reforma agraria. En ella viven acampadas unas 300 familias.

En los últimos días de abril, estos campesinos sin tierra anunciaron que ejecutarían una ocupación definitiva de la hacienda y el lunes 29 iniciaron un loteo para "realizar el asentamiento por cuenta propia", según un comunicado de la organización.

La empresa, a su vez, considera delincuentes a los campesinos e informó que los denunció a la policía militar para garantizar el orden y evitar choques.

"El grupo de invasores planifica comenzar el loteo de la propiedad. El objetivo es ampliar la ocupación ilegal. Este es un nuevo acto delictivo de los invasores, que mantienen la hacienda bajo su control y no permiten el acceso a otras personas", sostuvo en un comunicado Agro Santa Bárbara.

La inminencia de un choque violento es real, pues hay denuncias de presencia en la zona de grupos fuertemente armados, contratados por los dueños de la hacienda.

Según dijo a IPS el abogado de la católica Comisión Pastoral de la Tierra, José Batista, que sigue de cerca la situación, el conflicto en Itacaiunas es "bastante grave".

"Hace mucho tiempo estas familias tienen expectativas de que se haga el asentamiento (la distribución legal de predios de la reforma agraria). La empresa puso guardias armados y ya recibimos informaciones de que envenenó las pasturas para expulsar a las familias. Eso añadió tensión y entonces (los campesinos) resolvieron ocupar un lugar más extenso", explicó.

Aunque la policía fue convocada para evitar un choque directo entre los trabajadores y los guardias armadas, a veces la presencia policial es la que genera conflictos.

Según Batista, en 2010 el gobierno determinó la expropiación de la hacienda, pero el grupo empresarial introdujo un recurso que suspendió la emisión del título de propiedad para los asentados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

"Las familias acampadas son irreductibles, pero quieren resolver el problema de forma pacífica", aseveró el abogado.

Mientras tanto, hay una discusión sobre el valor de la indemnización que el gobierno debería pagar a Agro Santa Bárbara por expropiar la hacienda. La empresa había aceptado negociar con el Incra la expropiación por un monto equivalente a 11,5 millones de dólares.

Pero a esa suma se le descontó el valor del pasivo ambiental dejado por la empresa –que deforestó la zona selvática del predio–, estimado en tres millones de dólares. La compañía entonces presentó un reporte con una tasación de la propiedad en 21 millones de dólares.

Según Batista, la hacienda tiene una extensión de 10.600 hectáreas, hay informaciones de que más de 60 por ciento eran públicas y de que la hacienda es improductiva.

Buena parte de los conflictos y las muertes por cuestiones agrarias ocurren en la Amazonia, hasta donde llegó la nueva frontera agrícola y los proyectos de infraestructura y minería.

Esta es una de las causas principales de la violencia en el sur y el sudeste de Pará, el segundo mayor estado de este país y líder nacional en asesinatos y violación de derechos humanos por conflictos agrarios.

De acuerdo a la Comisión Pastoral de la Tierra, entre 1964 y 2010 se cometieron en Pará 914 asesinatos de trabajadores rurales, sindicalistas, juristas y religiosos. De ellos, 654 se perpetraron en el sur y sudeste del estado.

Los datos no son precisos, pues muchos casos ni siquiera se hacen públicos, indica el informe "Violación de derechos humanos en el sur y sudeste de Pará", elaborado por la Comisión Pastoral y la Fetagri, entre otras entidades, y publicado en marzo de 2013.

"La actuación de la justicia está también a una distancia de años-luz entre los crímenes cometidos y el castigo a los culpables", dijo Batista.

De los 914 asesinatos ya mencionados, apenas 18 llegaron a juicio.

Entre 1980 y 2003, se cometieron 35 matanzas en el sur y sudeste de Pará, que totalizaron 212 trabajadores rurales asesinados. En los tribunales hay procesos que llevan más de 25 años.

Las amenazas de muerte son moneda corriente. El informe asevera que, entre 2000 y 2011, 165 personas recibieron amenazas en el país, y de ellas 71 fueron en Pará. Del total de amenazados, 42 terminaron asesinados, 18 de ellos en este estado.

"La reforma agraria es un proyecto utópico. La violencia en Pará viene en ascenso, la impunidad no permite avanzar en la investigación de los casos y los objetivos de los asesinatos son líderes de organizaciones sociales", dijo a IPS el representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil en Pará, Adebral Lima Júnior.

Según dijo a IPS la fideicomisaria de la fundación Right Livelihood Award, Marianne Anderson, que formó parte de la misión solidaria efectuada a la zona en abril, internacionalizar este conflicto es una forma de presionar por su solución.

"Nunca debemos guardar silencio sobre estas injusticias y muertes. No hay otro lugar del mundo donde se cometan tantas muertes vinculadas al ambiente y a la tierra como en Brasil. La mitad de los asesinatos relativos a conflictos agrarios en todo el mundo ocurren en este país. Eso es inaceptable", dijo Anderson, exintegrante del parlamento sueco.

La fundación, que entrega el galardón conocido como premio Nobel alternativo, incentivará a su red global a que envíe cartas de repudio a las embajadas de Brasil en todo el mundo. "Reclamamos al gobierno brasileño que implemente urgentemente la reforma agraria para que se haga justicia", agregó.

Un camión recorre la carretera BR-155 en el estado amazónico de Pará, norte de Brasil. En esa zona ya no quedan selvas, taladas para abrir paso a las pasturas de la ganadería y la explotación mineral. Imagen tomada a inicios de abril de 2013.

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