La central Ralco y su perversa historia contra los pehuenche

- Chile:

07 de Enero de 2014

La central Ralco y su perversa historia contra los pehuenche

La Central Hidroeléctrica Ralco ha sido uno de los causantes de la fisura más grande en las últimas décadas entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Un proyecto social y económicamente inviable y que fue aprobado por la administración de Eduardo Frei. Endesa, pese a las trabas impuestas por la Ley de Medio Ambiente y la Ley Indígena, comenzó la construcción de la represa –la segunda en el Alto Bio Bio- realizando faenas en lugares sagrados como cementerios (Quepuca) o una cancha de nguillatún, incluso dinamitando zonas que pusieron en grave peligro una Machi Cura (piedra sagrada).

Los pehuenches, embaucados por Endesa, reconocían entonces que no saben leer ni escribir. Aun así, la mayoría, tentados por la empresa, accedieron a las permutas de sus tierras para ser arrinconados en la Cordillera. El Estado, con su indiferencia y falta de compromiso respecto al tema indígena simplemente ha dejado hacer, siendo muchas veces un cómplice silencioso.

Mientras en la comuna de Alto Biobío se desarrollan los funerales de la emblemática dirigente pehuenche Nicolasa Quintremán Calpán, quien por años se opuso a la instalación de la Central Hidroeléctrica Ralco, y quien falleció el pasado martes, luego que su cuerpo fuera hallado flotando en el lago artificial Ralco, autoridades y miembros de diferentes comunidades indígenas llegaron al lugar para despedir a esta valerosa mujer de 74 años.

“Es un momento muy doloroso, como comunidad como dirigentes de Alto Biobío. Más pensar que fue en el mismo lago donde tuvo su deceso, donde ella luchó contra su construcción. No nos queda nada más que hacer que tomar la bandera de lucha que ella tenía al frente y luchar hasta el final contra la Central Hidroeléctrica en el Alto Biobío”, dice Marcelo Purrán, vocero de la comunidad Trekaleyin.

Entre las autoridades que llegaron al funeral están el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien sostuvo que su muerte dará paso para que se revisen los acuerdos que Chile ha firmado a nivel internacional.

“Chile llegó a un acuerdo internacional para poder realizar las compensaciones debidas a los pehuenches. Allí se firmó en Ralco un conjunto de obras de mitigación, de acompañamiento que no se han realizado. La muerte de Nicolasa va a actualizar un debate pendiente”, indicó el senador de la republica de Chile.

De acuerdo a las investigaciones preliminares de la Fiscalía, la muerte de la dirigenta indígena fue accidental, no obstante dirigentes de distintas comunidades esperan la realización de una indagatoria exhaustiva para entregar claridad y dar tranquilidad a las diferentes comunidades. Pero para hacer un poco de historia acerca de esta central hidroeléctrica de Ralco conviene recordar uno de los artículos del periodista Carlos Opaso, quien publicó hace poco el libro “Biobio Rebelde: De Ranquil a Ralco”, quien nos relata la siguiente historia testimonial.

EL GOBIERNO DE EDUARDO FREI Y SUS AMIGOS
La construcción de la central Ralco, respaldada por Eduardo Frei, fue cuestionada por funcionarios de esa Administración. No fueron escuchados y terminaron siendo removidos de sus cargos. En cambio, otras figuras de ese Gobierno mantuvieron, directa o indirectamente, lazos con Endesa o el holding Enersis.

En el documento preparado por Eduardo Frei a la Comisión de Economía de la Cámara Baja, con motivo de la investigación de las millonarias indemnizaciones otorgadas a ejecutivos de empresas públicas, el ex mandatario aludió al “índice de la percepción internacional de la corrupción elaborado por la organización no gubernamental denominada Transparency International, de aceptación y reconocimiento mundial”.

Al respecto, aseguró: “Durante todo mi período, Chile fue percibido como el país más probo y transparente de Iberoamérica”.

Sin embargo, que Chile no es precisamente uno de los países menos corruptos del hemisferio es algo que incluso reconoce el Gobierno de los Estados Unidos, como lo demuestra el contenido de un cable secreto escrito en 1996 por la embajada de este país.

El informe confidencial, escrito a principios de ese año por un funcionario de la Embajada en Santiago, dedica parte importante de su contenido a lo que se ve como la particular práctica de corrupción que se estaría dando en el país: los conflictos de intereses.

INFORME SECRETO
El documento, parcialmente obtenido por este periodista en Washington DC, detalla 43 puntos en los que se analizan los “severos problemas ambientales que afectan a Chile”. El punto 15 del cable señala textualmente que “un informe difundido recientemente por Transparencia Internacional, una organización alemana, señala a Chile como el segundo país menos corrupto del hemisferio, después de Canadá”.

En el siguiente punto del cable se indica: “Desafortunadamente, la definición chilena de corrupción (y aparentemente aquella de Transparencia Internacional) no incluye el concepto de conflicto de interés. En Chile, los conflictos de intereses son un estilo de vida. El problema es particularmente severo en los asuntos ambientales, donde el reducido número de profesionales y la creciente demanda por sus servicios ha permitido que sea fácil que las personas asuman varios roles, en ocasiones contradictorios”.

Como ejemplo, el informe cita el siguiente caso: “La gente de Gestión Ambiental frecuentemente usa tres o más sombreros en forma simultánea. Jaime Undurraga, por ejemplo es, durante el día, el relacionador publico de Codelco (la poderosa empresa estatal de cobre). En las tardes es consultor de Gestión Ambiental ante la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), consultor del Gobierno en materias ambientales durante la noche y negociador del NAFTA para el Gobierno de Chile (¿en las mañanas?)”.

Este mismo Jaime Undurraga tuvo tiempo a principios de 1997 para ponerse aún otro sombrero: ser una de las personas que conformaron un panel de “expertos” para revisar el Plan de Relocalización de los pehuenches. Concluyó que este era más que adecuado, sin considerar la opinión de los afectados que, de acuerdo a los resultados del proceso de participación ciudadana financiado y organizado por el Gobierno, no querían dejar sus tierras.
EL HIJO DEL MINISTRO.
A fines de los 90, el abogado Sergio Oliva, adscrito a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), interpuso un recurso en representación de ocho pehuenches, acusando a funcionarios de ENDESA e Ingendesa de estar ejecutando trabajos ilegales en la zona, ingresando a los predios pehuenches sin permiso y amenazando a los comuneros.

“Irarrázabal y Figueroa… recorren en forma permanente las tierras del sector ribereño del río Biobío de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco… amenazándolos para que desalojen las tierras y se trasladen a un fundo hacia interior (de la cordillera) denominado El Barco”, detalla el escrito presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Juan Ricardo Gallina, uno de los recurrentes recordaba haberle hecho saber a Gonzalo Figueroa Guzmán, uno de las personas individualizadas en el recurso, lo inapropiado que era que anduviera “engañando” a los pehuenches, amenazándolo con “amarrarlo a un palo” si insistía en visitar su tierra.

Gonzalo Figueroa Guzmán, arqueólogo titulado en la Universidad de Chile, es hijo de Carlos Figueroa Serrano, ex ministro del Interior y ex Vicepresidente de la República de Eduardo Frei. Según un documento entregado por Pangue a la SVS en octubre de 1997, Gonzalo Figueroa era además titular de 148.501 acciones de Pangue S.A. Desde agosto de 1997, cuando se denunció la presencia de Gonzalo Figueroa en el Alto Biobío, no se ha visto por la zona. Pero en noviembre de ese año, en una reunión entre el consejo nacional de la Conadi y representantes de ENDESA, con el fin de explicar el Plan de Relocalización que proponían para las familias pehuenches, se hizo presente como una de las diez personas del equipo de ENDESA.

Según una alta fuente, Carlos Figueroa se habría abstenido de pronunciarse en el tema Ralco, dado que su hijo estaba íntimamente involucrado en el proyecto. Pero no se requiere mucha imaginación para pensar en la posición de Endesa al tener entre sus filas al hijo del segundo hombre del Gobierno y ministro de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

LA MANO DE PEREZ YOMA
Otro miembro clave de la administración Frei, que aparece con vinculaciones cercanas al grupo Endesa, es el ex ministro de Defensa y ex embajador en Argentina, Edmundo Pérez Yoma, un personaje de peso político y empresarial, ámbito donde ha incursionado con éxito en el área de la construcción y en cargos de alto nivel en diferentes firmas.

Entre 1990 y 1992, Pérez Yoma se desempeñó como presidente del directorio de una de las principales compañías del holding Enersis–Endesa: Chilectra Metropolitana.

En las memorias de la compañía aparece que Pérez Yoma habría recibido 1.292.000 de pesos (US$ 4.349) de honorarios en 1990, primer año del gobierno de Aylwin, 13.061.000 de pesos (US$ 37.527) en 1991 y 18.720.000 de pesos (US$ 52.187) en 1992. Renunció formalmente a ese alto cargo el 10 de noviembre de ese año.

En la cuenta anual de Chilectra de 1991, Pérez Yoma reconoció que la empresa se incorporó “como participante activo del grupo de trabajo natural en las principales ciudades del país enmarcado dentro del acuerdo de complementación económica suscrito por los Gobiernos chilenos y argentino”.

El abogado José Aylwin, hijo del ex Presidente Patricio Aylwin y uno de los autores de la Ley Indígena, aludió en 1998 a “las vinculaciones que en algunos momentos miembros del gabinete (de Eduardo Frei) han tenido con grupos económicos que llevan adelante este proyecto”.

Y aclaró: “Me refiero al ex ministro Edmundo Pérez Yoma, quien hasta poco antes de asumir el actual Gobierno se desempeñó como presidente del directorio de Chilectra Metropolitana, empresa que al igual que Endesa está vinculada al grupo Enersis. Señalo esto porque muchos en el período de dictadura criticamos las conexiones, conflictos de intereses o tráfico de influencias que existieron entre el mundo de los negocios y las autoridades”.

OTRA VEZ CHILECTRA
A mediados de 1996, Vivianne Blanlot, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), no alcanzó a firmar oficialmente el Informe Técnico de Calificación de la Central Ralco, elaborado por un Comité Revisor de 19 servicios públicos del Gobierno, que durante meses había estudiado la “evaluación de impacto ambiental” entregada por Endesa.

El informe era categórico: “Las deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental se traducen en que el proyecto no se hace cargo, ni siquiera ligeramente, de sus efectos más relevantes… lo que implica que no se cumplen los requisitos de aprobación… Por lo tanto, el Comité Revisor recomienda el rechazo del proyecto presentado”.

Sin embargo, finalmente Ralco fue aprobado por CONAMA y Blanlot salió del cargo. Por los días de la controversia, Jorge Rosenblut ejercía como subsecretario en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del cual depende la CONAMA. Tiempo después fue alejado de su cargo y se le ofreció una comida en el Circulo Español. Según la revista electrónica Contacto Sur, allí habría compartido mesa con José Yuraszeck y Ricardo Solari, por entonces alto dirigente del Partido Socialista y luego ministro del Trabajo, quien junto a Jaime Undurraga y otros notables habían conformado el grupo de personas encargadas de revisar el programa de relocalización impuesto por Endesa a los pehuenches.

Hoy Jorge Rosenblut está sentado en el sillón del presidente del directorio de Chilectra Metropolitana (ENDESA).

Días después de la inauguración de Pangue en marzo de 1997, muy preocupados por la obvia intervención de altos funcionarios en la aprobación de Ralco en la CONAMA, el diputado socialista Juan Pablo Letelier, decidió, junto a otros 39 parlamentarios, citar a una sesión especial de la Cámara de Diputados para indagar lo que estaba sucediendo.

El entonces ministro secretario general de la Presidencia, Juan Villarzú, se encargó de convencer a los diputados oficialistas para postergar la sesión. Esto lo hizo en tres oportunidades distintas. Finalmente la sesión se realizó a principios de junio de 1997, seis días después de que la CONAMA anunciara que aprobaba el proyecto hidroeléctrico Central Ralco. Hasta hoy está pendiente la votación del informe que fuera discutido en una comisión investigadora de la Cámara Baja.

Para el diputado Juan Pablo Letelier la presencia de una intervención desde La Moneda fue innegable. “Yo tengo la convicción que sí la hubo”, declaró por esos días Letelier.

Por David Rubinstein
El Ciudadano

Fuentes:
-Reportaje Ralco; un mal Negocio (Los pehuenches y su lucha)

-Olca: Observatorio Latinoamericano Conflictos Ambientales

http://www.elciudadano.cl/2014/01/07/101487/la-central-ralco-y-su-perversa-historia-contra-los-pehuenche/

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