Inminente desalojo en la comunidad Garífuna de Barra Vieja

- Honduras:

30 de Septiembre de 2014

Inminente desalojo en la comunidad Garífuna de Barra Vieja

Como parte de la campaña emprendida por la actual administración gubernamental en contra del pueblo Garífuna, se renueva la amenaza de desalojo en la comunidad de Barra Vieja, Tela, a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, los que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como un estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).

La Corte de Apelaciones de La Ceiba repite la ofensiva en contra de la comunidad de Barra Vieja perpetrada el pasado 6 de agosto, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito de posteriormente demoler las viviendas.

La resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, amenazando estos que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde esa fecha, se ha decretado una guerra sicológica en contra los garifunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones, y amenazas del posible desalojo.

El Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.

El desalojo en Nueva Armenia y el planificado para Barra Vieja el próximo lunes 29 de septiembre, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando Alvarez Martinez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.

Existe una enorme jurisprudencia de la Corte IDH en relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios. Tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.

Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y en base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 de la OIT.

La OFRANEH exige el respeto al derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese de una vez por todas las amenazas de desalojo e intimidaciones que padecen sus habitantes.

Sambo Creek, 26 de Septiembre de 2014

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