30 de Marzo de 2016
Un golazo que favoreció directamente a la industria y que contó con la aprobación del sector desde Arica a Punta Arenas, según se desprende de la lectura del mail enviado el 31 de agosto con copia a Sergio Diez, Luis Felipe Moncada, Santiago Montt y Esteban Papic.
Tres días después, Francisco Mujica hacía llegar las mismas indicaciones con el asunto “nuevas indicaciones 143 y 143 bis” directamente al senador Jaime Orpis.
El 12 de septiembre, Esteban Papic enviaba un nuevo correo a Mujica, con el asunto “propuesta de los artículos 143 y 143 bis de la Ley de Pesca. Caducidades y requisitos para renovación”. El articulado en cuestión es aun más similar a la forma en que se aprobó finalmente la ley.
El cuerpo del mensaje del mail era decidor: “Para tu conocimiento y comentarios, te adjunto el texto de los dos artículos de la referencia que se han ido elaborando para presentarlos al Ministro”.
Agregando que “desde el ministerio consideran que restringir la caducidad sólo a un 1% de cada licencia (letra c del art. 143) es considerado poco. Además, para la renovación de las licencias, en caso de ser a plazo fijo, se insistiría en incluir el descarte, operar dentro del área artesanal e incluir también las condenas por prácticas antisindicales, que están ya como causal del caducidad (lo que se acotó en la letra k) del art. 143, a que ocurran en una misma nave y respecto a mismos trabajadores”.
Los señores de la pesca
Quienes participaron en la corrección de los nuevos textos del artículo relativo a las caducidades, según detalla el correo electrónico de agosto de 2012, forman parte del corazón de los intereses tras la industria pesquera. Incluso hay dueños de cuotas de pesca que quedaron definidas en esta ley.
Se trata de Rodrigo Sarquis, ex presidente de Sonapesca y actual vicepresidente del directorio de la empresa Blumar, que surgió de la fusión de dos empresas ligadas a las familias Sarquis (Pesquera Itata S.A.) y del Grupo Yaconi Santa Cruz (El Golfo S.A.). Blumar concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros del sur en el país.
También participó de la corrección de las indicaciones Carlos Vial Izquierdo, vicepresidente de Friosur, ligado al Grupo del Río. Vial Izquierdo es presidente de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), agrupación de las empresas pesqueras más importante del sur austral de Chile y fue miembro del Consejo Nacional de Pesca entre el 2000 y el 2013.
Otro ex miembro del Consejo Nacional de Pesca mencionado en el correo, es el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve Rioseco, actual miembro del Comité de Manejo de Jurel como representante del sector industrial unidad de pesquería XIV-X regiones. Según fuentes cercanas a la DC, Couve es “históricamente, junto a Felipe Sandoval, asesor del partido en temas pesqueros. Está presente en las comisiones de pesca que se arman para los programas electorales. En la ley discusión de la ley de Pesca él asesoraba a las empresas, pero no abiertamente a los parlamentarios”.
Un caso particular es el del abogado Mario Tapia, socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia. Tapia asesoró al diputado Matías Walker (DC) durante la tramitación de la Ley de Pesca, de quien asegura que “fuimos compañeros de colegio y de ahí viene la amistad”.
También ha asesorado en temas regulatorios a gremios como la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Sonapesca y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach). Fue abogado interno de la Compañía Pesca Chile S.A., miembro del grupo español Pescanova.
Actualmente Tapia es miembro del Consejo Nacional de Pesca designado por Michelle Bachelet propuesto por la DC.
Al respecto, una fuente que participó como asesor de la Nueva Mayoría en la discusión de la Ley, señala que “es súper impresentable que Tapia sea hoy el representante de la Presidenta propuesto por la DC en el Consejo Nacional de Pesca...viendo que estaban presentes Carlos Vial, Sarquis y Bacigalupo en esa reunión es impresentable. Además, en esa época, Corpesca no era parte de Sonapesca –que se había alejado de la sociedad en 2011–, por lo tanto, Mario Tapia era en la práctica un representante de las empresas del sector sur en el Congreso, como asesor de Walker”.
Tapia explica que el encuentro al que alude el mail se dio en “un contexto en que me invitaban a opinar como abogado dedicado a estos temas. No era algo tan regular, yo creo que en esa época debo haber participado en algunas reuniones que no fueron muchas la verdad. Lo que pasa es que como uno está metido te llaman por teléfono, piensa que hasta con Carlos Feres hablé y me decía 'oye, Mario, qué te parece esto' y yo le respondía 'sí me parece' o 'no me parece' o 'mira, yo creo que esta cuestión no', etcétera”.
Carlos Feres, asesor clave de Longueira, lideró las negociaciones por la Ley de Pesca. Y tal como publicó este medio, fue quien presentó y apitutó al primo de Joaquín Lavín, Álvaro Lavín Aliaga –imputado por el caso Corpesca– con el entonces gerente general de la pesquera, Francisco Mujica.
Consultado sobre la enorme similitud entre el artículo discutido en la reunión en la que participó y la ley que terminó aprobándose, Tapia señala que “es probable, yo me he encontrado con redacciones de la ley que vienen de mi letra, o sea, con ideas muy similares, no iguales pero sí similares”. Y agrega que “es lógico, uno está metido en el tema, uno habla con pescadores artesanales, con laborales, con todo el mundo. Y cuando uno participa en las reuniones legislativas, asesorando, porque uno conoce la operatoria de la industria pesquera, ahí se van incorporando textos nuevos”.
Al respecto, el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, asegura que los artículos no fueron armados por ellos. “No teníamos ninguna capacidad de armarlos. Pero sí hay un proceso que este país ha olvidado, que antes se llamaba el proceso prelegislativo: consultaban a todos los actores del sector que tienen que ver con un tema. Eso lo tiene que haber hecho Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca, no me cabe ninguna duda. Uno que es el organismo que hace la norma y el otro el que fiscaliza. Entre los dos tienen que haberlo armado. Pero en esa etapa, que era bien distinta a la que estamos viviendo hoy día, ellos siempre consultaban y hablaban con todo el mundo, con la academia, con nosotros, los artesanales, los pescadores. Dependiendo del tema con cada cual. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando haces una cosa de escritorio o académica, muchas veces no consideras ciertas cosas operativas o que son imposibles de cumplir con la operación misma, sobre todo en el caso de la pesca” (vea entrevista con Héctor Bacigalupo).
Los destinatarios del mail
Los destinatarios del mail que contenía parte del articulado del aún proyecto de la Ley Longueira también están ligados al sector.
El abogado Sergio Diez es socio del estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos, y está a cargo del grupo de fusiones y adquisiciones de la firma. Se dedica principalmente a temas societarios y a la asesoría de clientes de diversos rubros, incluyendo el pesquero. Forma parte del grupo asesor legal de la Sociedad Nacional de Pesca, y en la misma página web de su estudio dice “haber colaborado con la elaboración de la Ley de Pesca”.
Luis Felipe Moncada es el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), organismo gremial que agrupa a industriales pesqueros. Entre sus asociados están Camanchaca –ligada a Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel– y Blumar, vinculada a Rodrigo Sarquis.
Por su parte, el abogado Santiago Montt, es socio del estudio Montt y Cía., que cuenta entre sus especialidades derecho marítimo y derecho pesquero. Mantiene oficinas en Chile y el extranjero, incluyendo ciudades de intensa actividad del sector. Montt fue designado miembro del Consejo Zonal de Pesca de la X a la XI regiones en el 2001 y el 2006, en representación de las organizaciones gremiales del sector industrial.
En tanto, el abogado Esteban Papic, es parte del bufete Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, histórica firma que asesora a los Angelini. Tal es la cercanía entre el estudio y la poderosa familia, que funciona físicamente en el mismo lugar del edificio corporativo del grupo, ubicado en El Golf 150. En el piso 19 está el centro de operaciones del holding y allí se ubica la oficina de su cabeza: Roberto Angelini Rossi. Un piso más abajo está Portaluppi, Guzmán y Bezanilla.
Uno de sus miembros, el abogado José Tomás Guzmán, ha aparecido hasta ahora como el único responsable de los aportes sospechosos de haber financiado campañas políticas entregados por las empresas matrices del grupo –a excepción de Corpesca–, que incluyen Copec, Celulosa Arauco y Cruz del Sur, entre otras. Guzmán ha sido mencionado por Jorge Rosenblut –recaudador de las dos campañas de Michelle Bachelet y de Eduardo Frei– como su contacto con el grupo, del mismo modo que lo ha hecho Giorgio Martelli, dueño de Asesorías y Negocios (AyN).
Por Claudia Urquieta Ch.
El Mostrador, 30 marzo 2016
Fuente:
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/30/el-mail-que-devela-la-cocina-de-la-industria-pesquera-tras-la-ley-longueira/
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