30 de Marzo de 2016

Un artículo clave de la iniciativa, fue corregido por importantes actores de la industria y enviado al ministerio liderado entonces por Pablo Longueira. El articulado sobre la caducidad de las cuotas de pesca –que en la práctica permite que estos derechos se perpetúen– respaldado por el sector, es prácticamente idéntico al que finalmente fue aprobado en el Parlamento.

- El miércoles 19 de diciembre de 2012, y luego de un año de tramitación en el Congreso, se despachó el proyecto que modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida como “Ley Longueira”.
Tres años y un mes después –el 19 de enero de 2016– la Cámara de Diputados asestaba un sorpresivo golpe a la iniciativa, declarando admisible el proyecto de ley presentado por los diputados PC Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, que buscaba anularla a partir de las irregularidades descubiertas durante su tramitación. Entre otras, la acusación de cohecho del desaforado senador Jaime Orpis, que renunció a la UDI por este caso, y que reconoció haber recibido pagos de Corpesca; pagos que también llegaron a otros actores políticos, en forma directa e indirecta, y que forman parte de los casos de financiamiento irregular que investiga el Ministerio Público.

Uno de ellos es el principal referente de la ley: el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. La empresa del grupo Angelini registra varios pagos rectificados relacionados con colaboradores muy cercanos al recientemente renunciado coronel de la UDI, que incluso lo asesoraron durante la tramitación de la Ley de Pesca, como Arturo Lavín Aliaga.

Pero a los cuestionamientos a la legitimidad de la Ley Longueira ahora se agrega un nuevo ingrediente.

Un correo electrónico enviado el 31 de agosto de 2012 por Esteban Papic, abogado del grupo Angelini, al entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, grafica la importante influencia de los máximos afectados por la iniciativa, que no solo daban opiniones y mandaban recados al Parlamento: incluso metían mano directamente a parte del articulado de la ley.

Es así como la Ley de Pesca terminó siendo aprobada con una parte clave de su articulado casi calcada a lo aprobado por relevantes líderes de la industria.

La cocina

El viernes 31 de agosto –cuatro meses antes de la aprobación de la Ley Longueira– a las 15:49 horas, el abogado Esteban Papic, del estudio Portaluppi, Guzmán y Bezanilla –bufete de cabecera del Grupo Angelini– enviaba un correo electrónico a Francisco Mujica.

“Te adjunto para tus comentarios indicaciones que se han redactado, respecto de las cuales está el compromiso de enviarlas al Ministerio en el curso de la tarde”, señalaba el mensaje, que contenía un mail enviado dos horas antes por Héctor Bacigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), organización gremial destinada “a luchar por el progreso de la industria y a defender sus intereses”.

El correo señalaba textualmente lo siguiente: “Estimados: les reenvío nuevos textos de las indicaciones de los artículos 143 y 143 bis, corregidos en reunión de hoy viernes AM, en la que participaron C.Vial, R.Sarquis, A.Couve, Mario Tapia y el suscrito, para su consideración y comentarios. El texto se debe mandar al Ministerio hoy en la tarde”.

El texto al que aludía Bacigalupo incluía el título “Indicación art.143 LGPA (caducidades)”, seguido del artículo 143 completo con sus respectivas letras. Un dato no menor: lo enviado es prácticamente igual en forma y fondo a lo que finalmente fue promulgado como ley en ese artículo en particular, salvo pequeñas diferencias.

Según una fuente que participó en la tramitación de la ley, “son justamente estas indicaciones las que convierten a las cuotas de pesca en indefinidas en la práctica, por cuanto las causales de caducidad son tan restrictivas que es prácticamente imposible que las licencias transables de pesca no les sean renovadas a las empresas”.
De hecho, la gran crítica a las caducidades de las cuotas de pesca que se aprobaron en la Ley Longueira, es “que hacen imposible que caduquen. Cuando se peleó que no fueran perpetuas, luego de muchas negociaciones se acordó que fueran transables, que se renovaran automáticamente, salvo en casos específicos. Ahí entran las caducidades. De esta forma nadie podía decir que eran cuotas eternas, pero en la práctica y gracias a cómo quedó ese articulado, es casi imposible que caduquen”, señala la misma fuente.

Un golazo que favoreció directamente a la industria y que contó con la aprobación del sector desde Arica a Punta Arenas, según se desprende de la lectura del mail enviado el 31 de agosto con copia a Sergio Diez, Luis Felipe Moncada, Santiago Montt y Esteban Papic.

Tres días después, Francisco Mujica hacía llegar las mismas indicaciones con el asunto “nuevas indicaciones 143 y 143 bis” directamente al senador Jaime Orpis.
El 12 de septiembre, Esteban Papic enviaba un nuevo correo a Mujica, con el asunto “propuesta de los artículos 143 y 143 bis de la Ley de Pesca. Caducidades y requisitos para renovación”. El articulado en cuestión es aun más similar a la forma en que se aprobó finalmente la ley.

El cuerpo del mensaje del mail era decidor: “Para tu conocimiento y comentarios, te adjunto el texto de los dos artículos de la referencia que se han ido elaborando para presentarlos al Ministro”.
Agregando que “desde el ministerio consideran que restringir la caducidad sólo a un 1% de cada licencia (letra c del art. 143) es considerado poco. Además, para la renovación de las licencias, en caso de ser a plazo fijo, se insistiría en incluir el descarte, operar dentro del área artesanal e incluir también las condenas por prácticas antisindicales, que están ya como causal del caducidad (lo que se acotó en la letra k) del art. 143, a que ocurran en una misma nave y respecto a mismos trabajadores”.

Los señores de la pesca

Quienes participaron en la corrección de los nuevos textos del artículo relativo a las caducidades, según detalla el correo electrónico de agosto de 2012, forman parte del corazón de los intereses tras la industria pesquera. Incluso hay dueños de cuotas de pesca que quedaron definidas en esta ley.

Se trata de Rodrigo Sarquis, ex presidente de Sonapesca y actual vicepresidente del directorio de la empresa Blumar, que surgió de la fusión de dos empresas ligadas a las familias Sarquis (Pesquera Itata S.A.) y del Grupo Yaconi Santa Cruz (El Golfo S.A.). Blumar concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros del sur en el país.
También participó de la corrección de las indicaciones Carlos Vial Izquierdo, vicepresidente de Friosur, ligado al Grupo del Río. Vial Izquierdo es presidente de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), agrupación de las empresas pesqueras más importante del sur austral de Chile y fue miembro del Consejo Nacional de Pesca entre el 2000 y el 2013.

Otro ex miembro del Consejo Nacional de Pesca mencionado en el correo, es el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve Rioseco, actual miembro del Comité de Manejo de Jurel como representante del sector industrial unidad de pesquería XIV-X regiones. Según fuentes cercanas a la DC, Couve es “históricamente, junto a Felipe Sandoval, asesor del partido en temas pesqueros. Está presente en las comisiones de pesca que se arman para los programas electorales. En la ley discusión de la ley de Pesca él asesoraba a las empresas, pero no abiertamente a los parlamentarios”.
Un caso particular es el del abogado Mario Tapia, socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia. Tapia asesoró al diputado Matías Walker (DC) durante la tramitación de la Ley de Pesca, de quien asegura que “fuimos compañeros de colegio y de ahí viene la amistad”.

También ha asesorado en temas regulatorios a gremios como la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Sonapesca y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach). Fue abogado interno de la Compañía Pesca Chile S.A., miembro del grupo español Pescanova.

Actualmente Tapia es miembro del Consejo Nacional de Pesca designado por Michelle Bachelet propuesto por la DC.

Al respecto, una fuente que participó como asesor de la Nueva Mayoría en la discusión de la Ley, señala que “es súper impresentable que Tapia sea hoy el representante de la Presidenta propuesto por la DC en el Consejo Nacional de Pesca...viendo que estaban presentes Carlos Vial, Sarquis y Bacigalupo en esa reunión es impresentable. Además, en esa época, Corpesca no era parte de Sonapesca –que se había alejado de la sociedad en 2011–, por lo tanto, Mario Tapia era en la práctica un representante de las empresas del sector sur en el Congreso, como asesor de Walker”.
Tapia explica que el encuentro al que alude el mail se dio en “un contexto en que me invitaban a opinar como abogado dedicado a estos temas. No era algo tan regular, yo creo que en esa época debo haber participado en algunas reuniones que no fueron muchas la verdad. Lo que pasa es que como uno está metido te llaman por teléfono, piensa que hasta con Carlos Feres hablé y me decía 'oye, Mario, qué te parece esto' y yo le respondía 'sí me parece' o 'no me parece' o 'mira, yo creo que esta cuestión no', etcétera”.

Carlos Feres, asesor clave de Longueira, lideró las negociaciones por la Ley de Pesca. Y tal como publicó este medio, fue quien presentó y apitutó al primo de Joaquín Lavín, Álvaro Lavín Aliaga –imputado por el caso Corpesca– con el entonces gerente general de la pesquera, Francisco Mujica.

Consultado sobre la enorme similitud entre el artículo discutido en la reunión en la que participó y la ley que terminó aprobándose, Tapia señala que “es probable, yo me he encontrado con redacciones de la ley que vienen de mi letra, o sea, con ideas muy similares, no iguales pero sí similares”. Y agrega que “es lógico, uno está metido en el tema, uno habla con pescadores artesanales, con laborales, con todo el mundo. Y cuando uno participa en las reuniones legislativas, asesorando, porque uno conoce la operatoria de la industria pesquera, ahí se van incorporando textos nuevos”.

Al respecto, el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, asegura que los artículos no fueron armados por ellos. “No teníamos ninguna capacidad de armarlos. Pero sí hay un proceso que este país ha olvidado, que antes se llamaba el proceso prelegislativo: consultaban a todos los actores del sector que tienen que ver con un tema. Eso lo tiene que haber hecho Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca, no me cabe ninguna duda. Uno que es el organismo que hace la norma y el otro el que fiscaliza. Entre los dos tienen que haberlo armado. Pero en esa etapa, que era bien distinta a la que estamos viviendo hoy día, ellos siempre consultaban y hablaban con todo el mundo, con la academia, con nosotros, los artesanales, los pescadores. Dependiendo del tema con cada cual. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando haces una cosa de escritorio o académica, muchas veces no consideras ciertas cosas operativas o que son imposibles de cumplir con la operación misma, sobre todo en el caso de la pesca” (vea entrevista con Héctor Bacigalupo).

Los destinatarios del mail

Los destinatarios del mail que contenía parte del articulado del aún proyecto de la Ley Longueira también están ligados al sector.

El abogado Sergio Diez es socio del estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos, y está a cargo del grupo de fusiones y adquisiciones de la firma. Se dedica principalmente a temas societarios y a la asesoría de clientes de diversos rubros, incluyendo el pesquero. Forma parte del grupo asesor legal de la Sociedad Nacional de Pesca, y en la misma página web de su estudio dice “haber colaborado con la elaboración de la Ley de Pesca”.

Luis Felipe Moncada es el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), organismo gremial que agrupa a industriales pesqueros. Entre sus asociados están Camanchaca –ligada a Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel– y Blumar, vinculada a Rodrigo Sarquis.

Por su parte, el abogado Santiago Montt, es socio del estudio Montt y Cía., que cuenta entre sus especialidades derecho marítimo y derecho pesquero. Mantiene oficinas en Chile y el extranjero, incluyendo ciudades de intensa actividad del sector. Montt fue designado miembro del Consejo Zonal de Pesca de la X a la XI regiones en el 2001 y el 2006, en representación de las organizaciones gremiales del sector industrial.

En tanto, el abogado Esteban Papic, es parte del bufete Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, histórica firma que asesora a los Angelini. Tal es la cercanía entre el estudio y la poderosa familia, que funciona físicamente en el mismo lugar del edificio corporativo del grupo, ubicado en El Golf 150. En el piso 19 está el centro de operaciones del holding y allí se ubica la oficina de su cabeza: Roberto Angelini Rossi. Un piso más abajo está Portaluppi, Guzmán y Bezanilla.

Uno de sus miembros, el abogado José Tomás Guzmán, ha aparecido hasta ahora como el único responsable de los aportes sospechosos de haber financiado campañas políticas entregados por las empresas matrices del grupo –a excepción de Corpesca–, que incluyen Copec, Celulosa Arauco y Cruz del Sur, entre otras. Guzmán ha sido mencionado por Jorge Rosenblut –recaudador de las dos campañas de Michelle Bachelet y de Eduardo Frei– como su contacto con el grupo, del mismo modo que lo ha hecho Giorgio Martelli, dueño de Asesorías y Negocios (AyN).

Por Claudia Urquieta Ch.

El Mostrador, 30 marzo 2016

Fuente:
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/30/el-mail-que-devela-la-cocina-de-la-industria-pesquera-tras-la-ley-longueira/

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