Glaciares bajo amenaza

- Chile:
Organizaciones sociales y comunidades se unen para trabajar en su defensa

30 de Septiembre de 2016

Glaciares bajo amenaza

Organizaciones sociales y comunidades dañadas por la destrucción de los glaciares y su ecosistema decidieron unirse para trabajar en su defensa. Se trata principalmente de territorios afectados por megaproyectos mineros. El proyecto de ley que prometía protegerlos permitirá su explotación. Un informe solicitado a la Corte Suprema por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que de aprobarse, significará el comienzo del fin de los recursos hídricos.

Chile posee el 82% de las reservas sudamericanas de agua dulce, principalmente en glaciares. Pero la Constitución no les reconoce carácter de bienes nacionales de uso público. El Inventario Glaciar Randolph registra más de 197 mil glaciares en el planeta y de ellos 24.114 están en Chile. Son una de las principales reservas de agua del continente, se encuentran en las nacientes de los ríos ayudándoles a sobrellevar la sequía y cumplen importantes funciones climáticas y ambientales. Pero además del cambio climático y calentamiento global que los están derritiendo, su principal amenaza son los megaproyectos mineros.

Francisco Ferrando, doctor en geografía y glaciólogo de la Universidad de Chile, sostiene que los glaciares tienen gran importancia en el aporte hídrico a las cuencas: “Al afectarse un cuerpo de hielo, independiente de su tamaño y de su clasificación, se está dañando toda la interrelación y condiciones específicas que hacen posible que el frágil ecosistema glaciar exista y permanezca”. Según expertos glaciólogos no es cierto que la única razón del retroceso de los glaciares sea el cambio climático. La megaminería en zona glaciar no sólo afecta las aguas de las cuencas en cantidad, sino también en calidad. El polvo que cae y los derrite contiene metales pesados y partículas de combustible que contaminan los cursos de agua. Roxana Bórquez, ingeniera especializada en glaciares, agrega que “los glaciares están siendo devastados por la megaminería contribuyendo a la escasez hídrica. Son imprescindibles para la estabilidad hídrica de las cuencas; son reguladores del clima y constituyen reservas no renovables de agua, por lo que protegerlos es una obligación”.

Aún así la Comisión de Medio Ambiente despachó al Senado el Proyecto de Ley de Protección y Preservación de Glaciares que establece que estarán protegidos bajo tres posibilidades: por encontrarse en una región virgen, en un parque y/o reserva nacional o ser declarados Reserva Estratégica Glaciar (REG). Pero existen glaciares que no encajan en las opciones anteriores y no se garantizará la protección de todos, lo que en definitiva permitirá que continúe su intervención, explotación y destrucción. A la vez, empresas mineras que mantienen proyectos de extracción no se verán obligadas a modificar sus planes de operación. Se permitirá que cualquier persona o empresa, si está siendo afectado económicamente, se oponga a la protección de un glaciar.

RECURSOS HÍDRICOS EN RIESGO

Lucio Cuenca Berger, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señala que la relación del gobierno con los privados a la hora de tramitar la ley se ha constatado desde el inicio: “Siguiendo la cronología de reuniones de las autoridades y altos ejecutivos de las empresas mineras nos hemos dado cuenta que la presión fundamental para permitir la intervención de glaciares ha sido de la gran minería, del Consejo Minero que representa a grandes transnacionales y Codelco. Han operado sobre el trámite de la ley desmejorando cada día más las posibilidades de protección de estos ecosistemas”.

Los glaciares, en su mayoría, se ubican en las altas zonas de la cordillera donde las mineras han puesto por años el foco de su atención. Andina-Codelco; Los Pelambres, del grupo Luksic, y el proyecto binacional Pascua Lama, son algunas empresas que los han intervenido, dañado y destruido.

Desde 2014 el equipo de investigación glaciares del Departamento de Geología de la Universidad de Atacama estudia las zonas cordilleranas y produce registros sobre los glaciares, el ambiente periglacial y otras reservas hídricas; todo con la finalidad de calcular el aporte de agua que representan a los ecosistemas locales y así impulsar acciones para administrar y proteger zonas donde existe mayor cantidad de dichos recursos. “La metodología aplicada en nuestro trabajo apunta al conocimiento empírico obtenido directamente por geólogos y personal capacitado que va mapeando cada uno de los glaciares y ambientes periglaciales, obteniendo resultados certeros y confiables a la hora de definir cuáles son los sectores estratégicos a proteger”, declara Ayon Garcia Piña, geólogo y coordinador del proyecto. “En nuestro país se concentra la mayor cantidad de reservas de agua en estado sólido de Sudamérica, reservas en una condición extremadamente delicada, ya que tanto el cambio climático y las afectaciones antrópicas, están amenazando su supervivencia”, manifiesta el equipo de investigación. En sus conclusiones constataron que las reservas hídricas de tipo permafrost -mezcla de hielo con fragmentos de roca- son las que mayor aporte hídrico generan a las cuencas de la III Región, donde tienen una superficie que corresponde al 97% del total de las reservas de hielo y entregan el 72% del caudal hacia las cuencas. Pero la nueva ley no contemplará la definición de permafrost, y menos lo protege. “En este sentido, la definición que indica la ley no debiese condicionar su protección y preservación por el tipo de movimiento que estos presentan, ya que de esta manera gran parte de los glaciares ubicados en la Región de Atacama serían excluidos”, sentencian los geólogos.

Si volvemos a las cifras iniciales, hay 10.549 glaciares entre los que están en parques (7.958) y reservas nacionales (2.591). Si restamos esta cifra al total de los inventariados quedan 13.565 glaciares que no se situan en estas áreas, por lo tanto, deberán someterse a evaluación para ver si pueden ser declarados como REG. “Si se aprobara el proyecto tal cual quiere el gobierno, el abastecimiento de agua del 70% de la población estaría en riesgo”, dice Matias Asun, director de Greenpeace Chile. “Una nueva promesa incumplida. Bachelet anunció con bombos y platillos una ley de protección de glaciares, y frente a las presiones de los sectores más conservadores y de la minería está poniendo freno a una iniciativa importantísima para proteger la vida y el agua en nuestro país. Basta ya de complicidad en la liquidación de glaciares, es hora de pensar en la gente y el agua”, apunta Asún.

CONSECUENCIAS MINERAS

La Corte Suprema entregó a la Cámara de Diputados un informe sobre el proyecto que supuestamente establecerá la protección y preservación de los glaciares. El documento confirma: “Queda claro que la iniciativa permite desarrollar proyectos, obras y actividades de distinto orden, entre ellas las económicas: a) en los glaciares no incluidos en la declaración de reserva estratégica; b) en el entorno de los glaciares afectos a la declaración de reserva estratégica; y c) en los glaciares incluidos en la declaración de reserva estratégica, pero desafectados”. El proyecto se delimita a describir qué son los glaciares y lo que no se podría hacer donde se emplazan, pero no mucho más. Será obligatorio año a año actualizar la calidad de reserva estratégica de cada glaciar, lo que en definitiva deja todo en manos de la Dirección General de Aguas (DGA) y no asegura su preservación a futuro.

“Los glaciares están ubicados en zonas donde generalmente se emplazan depósitos minerales, entonces las empresas tienen interés de realizar explotaciones en estos sectores”, esclarece García. El agua que aportan los glaciares ayuda a que los depósitos se puedan desarrollar. Además, la que escurre ladera abajo y cae directamente en el rajo abierto de la mina -el ‘agua del minero’-, pasa a ser directamente propiedad de la empresa. “La ley señala que se va a proteger hasta un kilómetro bajo el glaciar, pero en realidad se pierde el sentido si se está protegiendo el agua o no”, añade García. Por su parte el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, sostiene que “proteger no es necesariamente no tocar”.

El director de OLCA detalla que además de Pascua Lama, “que entre 1981 y 2000 destruyó el 62% del glaciar Toro 1 y el 71% del glaciar Toro 2”, se encuentran los proyectos mineros Mina Sur-Sur, de la División Andina, responsable de la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial, afectando a 2,6 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 22 millones de metros cúbicos de agua; Expansión Andina 244 -proyecto de expansión del yacimiento Andina, de Codelco-, que pondrá en peligro alrededor de 5 mil hectáreas de glaciares en la alta cordillera de las regiones de Valparaíso y Metropolitana; Los Robles, que entre 1988 y 2005 destruyó en las cuencas altas de los ríos San Francisco y Olivares -afluentes de los ríos Mapocho y Maipo- casi un kilómetro cuadrado de glaciares, y provocó la pérdida de seis a nueve millones de metros cúbicos de agua; Alto Maipo, proyecto que pondrá en riesgo al Santuario Natural El Morado y sus glaciares, para la generación eléctrica; y Los Pelambres, minera que ha destruido al menos cuatro glaciares rocosos por depósitos de lastre para construir caminos. “Estamos hablando de glaciares alto andinos que están en la naciente de los ríos, por lo tanto, inciden directamente en los caudales de agua, tanto superficiales como subterráneos”, aclara Lucio Cuenca. Más aún, las intervenciones mineras aparte de influir en la disminución de los caudales contaminan las zonas con material particulado proveniente de las remociones que se hacen con maquinaria pesada y explosiones. Los Pelambres depositó 81 millones de toneladas de material estéril en el botadero noroeste, donde “se concentran las intervenciones de mayor impacto sobre glaciares rocosos”. En la cuenca donde se emplaza el proyecto se identificaron quince glaciares rocosos: “Los localizados en la parte noroeste han desaparecido casi completamente por el avance de botaderos de material estéril. A diferencias de los del oriente de la mina, que sólo han sido intervenidos por la construcción de caminos”.

Los proyectos que en la actualidad se están planificando en las zonas más altas de la cordillera y particularmente los planes binacionales que se amparan en el tratado minero entre Chile y Argentina, son los que más daño causarán: “Constelaciones es uno de ellos. Hay denuncias desde hace años de intervención en el cerro El Potro donde se desarrolla el proyecto. Desde Argentina pasaban al lado chileno e intervenían la zona de glaciares. Eso nunca fue sancionado y, luego, blanquearon la situación ingresando un nuevo proyecto minero llamado Vicuña. Sumaron otros descubrimientos que hicieron en el lado argentino y lo presentaron como Constelaciones, conformado por tres yacimientos”, expone Cuenca.

Otro proyecto binacional que intervendrá la zona de glaciares al lado de Los Pelambres es El Pachón. Pertenece a Gleencore, que opera desde Argentina. Mantiene un conflicto con Los Pelambres, del grupo Luksic, que fue acusado de botar parte de sus desechos en territorio argentino. Pero no sólo los acuerdos entre Argentina y Chile mermarán nuestros recursos hídricos, “también la ampliación del proyecto Codelco Andina afectará 23 nuevos glaciares, sin contar los que ya ha destruido hasta la fecha. Al igual que Alturas, de Barrick Gold, que está en etapa de exploración en la zona del cordón fronterizo del Valle del Elqui”, asevera Lucio Cuenca.

SIN AGUA NO HAY VIDA

María Jesús Martínez, de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, dice: “Hemos advertido que se pretende legalizar la destrucción de los glaciares y de su entorno”. Lo que busca la Coordinación, que agrupa a una veintena de organizaciones desde hace casi dos años, es que los glaciares sean declarados como intocables: “No queremos que protejan solamente el objeto glaciar, el hielo propiamente tal, sino que todo el ecosistema. Porque para que se generen las condiciones necesarias para que exista un glaciar se debe mantener su entorno. Si queremos que sigan entregándonos agua durante los períodos de sequía y escasez deben ser intocables y resguardados totalmente”.

Fue con el movimiento contra Pascua Lama que se inició la demanda en defensa de los glaciares. Decidieron coordinar su trabajo en todos los territorios afectados por los megaproyectos mineros. “Están las comunidades del Valle del Huasco, que tienen intervención de los glaciares por Pascua Lama; de la provincia del Choapa, por el proyecto Los Pelambres; del Valle del Elqui, al interior del Cochiguaz, por el proyecto de la canadiense Teck Cominco; en el Cajón del Maipo, por el proyecto Alto Maipo; en Aconcagua, por los proyectos de Codelco, etcétera”, detalla Martínez. “Rechazamos el proyecto de ley. No queremos que sea aprobado con modificaciones ni indicaciones nuevas. Debe ser rechazado para que exista un nuevo proyecto que proteja los glaciares y sus ecosistemas sin condicionantes, para determinar su conservación y cuidado. Sin agua no hay vida. En todos los territorios que representamos hay problemas de agua y comunidades que ven mermado su derecho básico de acceso al agua. Existe el peligro que esta realidad se vaya extendiendo a todas las cuencas del país”.

A propósito del informe entregado por la Corte Suprema, María Jesús Martínez asegura: “Coincidimos con el diagnóstico… Quedamos sumamente sorprendidos porque son prácticamente nuestros mismos argumentos. Si se aprueba vulnerará los territorios, menoscabará el estado de los glaciares que ya están sumamente afectados por el cambio climático. La Corte Suprema lo alerta. Si el máximo tribunal da una señal tan alarmante, debiesen reflexionar las autoridades respecto del tipo de ley que se necesita para proteger realmente los glaciares y sus ecosistemas”.

Una ley que efectivamente resguarde los glaciares debiera establecer la protección de todos, y de todo lo que los rodea y conserva, es decir, del ecosistema glaciar, prohibiendo las actividades que los dañen e incluyendo la paralización de los proyectos que hoy los afectan, además de declararlos “bien público” y su cuidado, “responsabilidad del Estado”.

Por Marianne von Pérez y Arnaldo Pérez Guerra
Publicado por revista Punto Final Nº 861, del 30 de septiembre al 13 de octubre de 2016.

Fuente:
http://www.puntofinal.cl/

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