- Ecuador - China:
Demanda de organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental19 de Diciembre de 2016
Urge derogación del estado de emergencia en Morona Santiago y desmilitarización de la zona
En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.
Personal policial y militar en Panantza, Morona Santiago. Foto: API
Dr. Patricio Benalcázar Alarcón
Defensoría del Pueblo de Ecuador
Javier Felipe Córdova Unda
Ministro de Minería
Abg. Cristina Silva Cadmen
Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)
Dra. Inés Arroyo
Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria
Dr. Galo Chiriboga Zambrano
Fiscalía General del Estado
19 de diciembre de 2016
Señores y señoras,
Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.
La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.
La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCC-Tongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.
La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.
Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.
Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.
Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.
Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podría haber sido evitado.
En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.
Firmado:
1. Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
2. Amazon Watch, U.S.
3. Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
4. Bios Iguana, México
5. CATAPA, Belgium
6. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
7. CEIBA, Guatemala
8. Censat Agua Viva, Colombia
9. Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canada
10. Colectivo CASA, Bolivia
11. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panama
12. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia
13. Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Québec, Canada
14. Cooperacción, Perú
15. Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador
16. Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canada
17. Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia
18. Earth Law Center, U.S.
19. Environmental Defender Law Center (EDLC), U.S.
20. The Esperanza Project, U.S.
21. Friends of the Earth – Canada
22. Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
23. The Gaia Foundation, U.K.
24. GRUFIDES, Perú
25. Intercontinental Cry, Canada
26. Justiça nos Trilhos, Brasil
27. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile
28. KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
29. Kalikasan Peoples Network for the Environment, Philippines
30. Kanaka, Ecuador
31. Listen To The Amazon, U.K.
32. McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canada
33. Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canada
34. Mining Justice Action Committee – Victoria, Canada
35. Mining Justice Alliance – Vancouver, Canada
36. MiningWatch Canada
37. Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional
38. Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México
39. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
40. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
41. Otros Mundos Chiapas, México
42. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
43. Red Muqui, Peru
44. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
45. Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina - Oscar Romero (SICSAL), Canada
46. United for Mining Justice, Canada
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