Energía para el Mal Desarrollo

- Chile:

02 de Septiembre de 2017

Energía para el Mal Desarrollo
Lucio Cuenca Berger, Stefanía Vega Zúñiga

- Orígenes contextuales

- La matriz energética que posee Chile fue ideada bajo el periodo de la dictadura militar que, durante los 17 años de ilegítimo gobierno, gestó un marco normativo cuya estructura base pasa por la Constitución impuesta en 1980. Pese a su origen, los sucesivos gobiernos, desde 1990 en adelante, no sólo no han pretendido cambiarla, sino que han apostado a diversos tratados como el bi-nacional minero, pactado a mediados de los años noventa, y a la firma de 26 tratados de libre comercio (TLCs). La construcción de la mega infraestructura bioceánica (IIRSA), cuyo impacto no ha sido del todo dimensionado, profundiza esta estructura que cede cada vez más soberanía frente a nuestros Bienes Comunes y autonomías territoriales.

Para comprender algunos de los impactos generados por la Constitución, debemos señalar ciertas leyes sectoriales que posibilitan el hecho de que determinados proyectos, al menos como los conocemos hoy, sean realizados. Un ejemplo de ellos es el “Decreto con Fuerza de Ley nº 1 de Minería de 1982, la Ley General de Servicios Eléctricos en Materia de Energía Eléctrica”, en cuyo Artículo 4to establece los Derechos de Servidumbre; es decir, que se otorga acceso a quien realice un proyecto energético a pasar por predios que correspondan a terceros, ya sea para concesiones de carácter provisorio, como para concesiones de carácter definitivo. Pero, además, en ambos casos los dueños de los predios no pueden oponerse y en el último caso, sólo se les permite acceder a una indemnización.

Asimismo, se encuentra el Código de Aguas, el cual entrega la totalidad de las aguas al mercado, por medio de la vigencia de derechos de uso a privados en propiedad de manera gratuita y a perpetuidad, además de separar la propiedad de las aguas con la tierra.

El código diferencia, también, Derechos Consuntivos y no-Consuntivos: los primeros corresponden a la utilización de aguas superficiales que son consumidas sin la obligación de devolverlas al caudal original, mientras los no-Consuntivos regulan las aguas que son utilizadas y devueltas al caudal original, como sucede con las hidroeléctricas.

Caracterización de la Matriz Energética

La matriz energética chilena se ha caracterizado por una fuerte dependencia hacia los hidrocarburos –derivados principalmente del petróleo (32,9%), carbón (24,4%)–, y leña y biomasa (23,7%), e hidroelectricidad (6,4%). Como resultado de la ausencia de fuentes de hidrocarburos, el 95% del petróleo que se utiliza es importado de otros países.

Por otro lado, la matriz eléctrica es administrada en su totalidad por el sector privado, cuya distribución se hace a partir de cuatro sistemas: el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema Interconectado Central (SIC), el Sistema Eléctrico de Aysén y el Sistema Eléctrico de Magallanes.

En la actualidad, existe una capacidad instalada de 22.045 MW. De esa totalidad, entre el SING (22,8%) y SIC (76%) concentran el 98,8% de la capacidad instalada total. Ambos sistemas mantienen como principal fuente de generación la termoelectricidad, mientras que el principal combustible es el carbón, que en los dos casos ha experimentado un aumento de un 5,3% y 8% respectivamente entre los años 2010 y 2016.

Así, el Gas Natural Licuado (GNL) comienza a adquirir más fuerza. En 1997, Chile empezó a importar gas desde Argentina, para lo cual construyó cuatro extensos gaseoductos (Gas Atacama, Gasoducto Nor Andino, Gaseoducto del Pacífico, Gaseoducto GasAndes). Sin embargo, todos dejaron de ser utilizados en la crisis de 2011, cuando Argentina dejó de vender gas a Chile y comenzó las negociaciones con Bolivia para la importación del mismo hidrocarburo.

Antes, en 2009 y 2010, iniciaron operaciones dos terminales de GNL ubicadas en las bahías de Mejillones y Quintero, con gas convencional que se compraba en el mercado internacional. Esta política se planteó por las incertidumbres del abastecimiento argentino y también producto del fracaso de la propuesta de “anillo energético”. Chile había impulsado la propuesta que, aprovechando el gas de Camisea/Perú y Bolivia, pretendía conectar el Cono Sur con gasoductos ya existentes, pero que especialmente buscaba atender la creciente demanda del país por la expansión extractivista. Sin embargo, esta propuesta no llegó a concretarse, por la aparición del conflicto de límites marítimos con Perú y la no resuelta demanda histórica con Bolivia sobre la salida al mar.

Posteriormente, el programa de la presidenta, Michelle Bachelet, ante un escenario de mucha conflictividad socioambiental frente a los proyectos a carbón, planteó como estrategia ampliar el abastecimiento energético a base de gas y para ello acordó con el presidente Barack Obama la venta a Chile de shale gas. El gas proviene de Estados Unidos y su método de extracción es por medio de fractura hidráulica, también conocida como fracking. En junio del 2016, el ministro de Energía de Chile y la embajadora de Estados Unidos recibieron el primer barco en la Bahía de Quintero.

En la actualidad se proyecta la construcción de dos nuevos terminales: uno en la bahía de Penco Lirquén, en la Región del Bio Bio, y otro en la Bahía Salados en la Región de Atacama. El objetivo es ampliar no sólo la generación de termoelectricidad a base de gas, sino también la exportación de gas a la Argentina, por medio de los mismos gaseoductos que cinco años atrás hacían el viaje a la inversa. .

Asimismo, una vez más en este frenético camino de cables, ductos, carreteras y pases de libre acceso a transnacionales, se suma con gran intensidad la energía generada a partir de hidroelectricidad. Esto se debe a que la construcción de megarepresas del proyecto Hidroaysén generó un gran movimiento social de oposición, con alrededor de 150 mil personas que salieron a las calles en 2011 para manifestar su rechazo. Finalmente, en 2014 el proyecto fue rechazado y, como respuesta, el actual gobierno “resuelve” aplacar la ausencia de dicha central, proyectando alrededor de 40 centrales hidroeléctricas y más de 100 mini-hidroeléctricas (de menos de 3MW) en la Región de la Araucanía y la Región de los Ríos; es decir, que abarcan todas las cuencas de dichas regiones.

El desarrollo gubernamental versus el desarrollo local

Cada una de estas fuentes de generación nos demuestra la desidia con la que actúa el Estado frente a los territorios y sus habitantes. Estos últimos son quienes vivencian los impactos directos de “los costos del progreso”: la pérdida y contaminación de fuentes de agua, la pérdida de actividades productivas tradicionales, e incluso la de sus propios territorios.

El Estado les hace asumir el precio de lo que significa, por ejemplo, vivir en una zona de sacrificio, con enfermedades que se acrecientan y tierras que se vuelven no productivas. Además, nos encontramos con una fuerte criminalización y represión cuando las y los habitantes deciden ejercer el derecho a la resistencia, el derecho a la defensa de lo que son y de sus (o nuestros) Bienes Comunes, o la justa defensa a las tierras ancestrales, llenas de Ngen (fuerzas o espíritus de la naturaleza cuyo destino es proteger y asegurar la supervivencia y bienestar de las diversas especies) que permiten que el “orden” del mundo se mantenga.

Esta fuerte asimetría les ha permitido a los territorios acumular una importante experiencia en torno a la lucha y la valoración de sus históricas formas de vida, frente a lo que se nos impone. Así, las múltiples actividades que se impulsan, se constituyen en interesantes formas de alternativas al modelo, y construyen los cimientos que nos permitan gestar las diferentes salidas a esta forma de desarrollo.

El Instituto Nacional de los DDHH (INDH), en su Mapa de Conflictos Socioambientales –con un registro que va desde 2010 a julio de 2015–, nos muestra que los sectores de Energía y Minería suman un poco más del 76% del total de Conflictos y que el sector Energía en particular tiene el primer lugar de conflictividad, con un 42% del total. La respuesta social a las opciones más contaminantes, invasivas y destructivas de la política energética ha sido incidente y en muchos casos se ha logrado proteger a la comunidad y su territorio; por ejemplo, hay numerosas termoeléctricas a carbón o centrales hidroeléctricas que han debido desistir ante la presión comunitaria. Pero, lamentablemente, tenemos un extractivismo que continúa en expansión y que busca nuevas fuentes de energía para seguir sosteniendo el paradigma del crecimiento económico.

Para el Estado no hay nada más importante que mantener las buenas relaciones con las empresas transnacionales, que son quienes controlan la totalidad de la generación de energía, y son también quienes controlan todo tipo de “emprendimiento” extractivista, como la minería (salvo el caso de la Estatal Codelco). Si bien se busca diversificar la matriz, la termoelectricidad sigue siendo la estrella del sistema por ser energía de generación de bajo costo, pero altamente contaminante por su toxicidad y por su influencia en el aumento de gases de efecto invernadero. Asimismo, se continúa apostando a un Sistema Interconectado Central, en lugar de que cada región proyecte una generación a escala ecosistémicamente sostenible. Sin embargo, se trata de puntos que no están en discusión para las empresas Colbún, Endesa, ni Gener, ya que el negocio dura hasta que sea rentable. Y es situación se replica en cada una de las empresas beneficiarias de este modelo mineroenergético, pues finalmente, toda esta desenfrenada carrera del mal llamado “progreso” avanza por medio de una rápida deglución, que se retroalimenta entre sí. Eso lo demuestra que los mayores consumidores de energía son la industria (28%) y la minería (37%) que conforman un total de 65% versus un 16% del sector residencial, según datos entregados por el Ministerio de Energía.

Bajo este contexto, el escenario actual proyecta una nueva estructura geopolítica bastante alarmante, con TLCs de última generación donde los Estados terminan siendo meras pantallas frente al poder transnacional, además de una Región Latinoamericana cada vez más vulnerable a las masivas extracciones rápidamente transportables (IIRSA), sostenidas por retóricos discursos “progresistas” que a todas luces nos van empobreciendo, desertificando y contaminando.

Pero eso sí –y quizás en ello haya integración– a todos los países de la región les afecta por igual, puesto que todos los tratados de integración energética bilateral –como los firmados por Chile con Argentina y Perú, para generar intercambio energético y exportación de gas– nos conducen una vez más a la dependencia geopolítica pactada por cada uno de estos Estados rentistas, pero ideada a beneficio de las corporaciones transnacionales y de los Estados Unidos.

POR STEFANÍA VEGA Z. Y LUCIO CUENCA B.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA

PUNTO DE DEBATE
Fundación Rosa Luxemburgo
Número 12, agosto de 2017.
ISSN 2447-3553

http://tinyurl.com/y9ke9fok

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