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- Ecuador - China:

10 de Mayo de 2018

Organizaciones de comunidades y territorios afectados por la minería se unen contra la represión en Molleturo


CAMINANTES -articulación nacional de comunidades y territorios afectados por la minería- y las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia, expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de la noche y madrugada del 8 y 9 de mayo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Desde sus primeras fases, el proyecto minero Río Blanco, cuya ejecución está a cargo de la empresa Ecuagoldmining (establecida por la china Junefield Resources S.A.), generó el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas por la destrucción del páramo, la contaminación de los suelos y el agua, y la amenaza a la salud y a sus vidas.

El Estado ecuatoriano, en lugar de garantizar los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada y respetar las decisiones comunitarias sobre sus propias prácticas productivas y de vida como demanda la Constitución, dio paso a un proyecto extractivista altamente perjudicial para las poblaciones locales y permitiendo, además que la empresa china aplique estrategias de división y ruptura del tejido social.
Ante el incumplimiento de sus derechos y los oídos sordos a sus demandas, la población ha tomado acciones de hecho directas para exigir la salida de esta empresa. Por tal razón, responsabilizamos al Estado y a la empresa minera por los hechos ocurridos y sus consecuencias.

Todas y todos quienes formamos parte de la articulación CAMINANTES exigimos al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al gobernador del Azuay, Javier Enderica y a todas las autoridades estatales, que detenga la represión y eviten el uso de la violencia por parte de la fuerza pública. También demandamos que se garantice la seguridad, integridad y protección de los derechos de las comunidades de la parroquia Molleturo afectadas por el proyecto minero, considerando los estándares nacionales e internacionales. En particular es prioritario el reconocimiento y la aplicación inmediata de las garantías de protección reconocidas en la Constitución ecuatoriana a los pobladores criminalizados como defensores de derechos.

Pedimos que se garantice la cobertura de medios, se atienda de forma oportuna a los heridos y se libere a las personas detenidas quienes deben ser reconocidas como defensores de la tierra, el agua y el territorio, en lugar de criminalizarlas.

Pedimos también la intervención de otras instancias estatales pertinentes, pues se trata de un proyecto que afectaría el Macizo del Cajas, que fue declarado Reserva de la Biósfera del Ecuador pues es un área rica en biodiversidad y reservorio que provee de agua a cientos de miles de habitantes en el sur del país.
La situación actual requiere medidas firmes contra del Festín Minero, y poner freno a las inversiones y actividades mineras, las mismas que, en lugar de traer beneficios para la naturaleza y los pueblos, solo siembran destrucción, miedo y represión.

A nivel mundial se levantan las voces, incluida la del Papa Francisco, que dicen que “la vida vale más que el oro”, una razón más para respaldar la demanda de las comunidades de Molleturo que exigen que se detengan las actividades de Junefield en el proyecto Río Blanco y recomendamos al gobierno que, para evitar una escalada de violencia y represión, se revierta la concesión al Estado.



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