Contraloría da razón a comunidades en disputa con Cerrejón por Arroyo Bruno

- Colombia:

18 de Julio de 2020

Contraloría da razón a comunidades en disputa con Cerrejón por Arroyo Bruno

En un emblemático litigio por la desviación del río Arroyo Bruno en la Guajira, vital para comunidades indígenas wayuu, la Contraloría General de la República afirmó en un documento que el gobierno se basó en un informe ineficiente que solo toma en cuenta los argumentos de la multinacional Cerrejón.
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Desde hace algunos años, varias comunidades indígenas wayuu han alertado sobre el riesgo de muerte que corre el Arroyo Bruno por la desviación de 3,7 kilómetros que ha realizado la multinacional Cerrejón con el fin de ampliar la explotación minera.

Arroyo Bruno es uno de los mayores afluentes del Ranchería, el principal río del departamento semidesértico de la Guajira, al norte del país. La multinacional Cerrejón administra la mayor mina de carbón a cielo abierto en el mundo.

A pesar de las alertas de las comunidades sobre la baja del cauce y la muerte anunciada de ese recurso hídrico esencial, el Ministerio de Ambiente de Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Autónoma de la Guajira (Corpoguajira) y la multinacional Carbones de Cerrejón presentaron un informe en el que justificaban su decisión de seguir permitiendo la desviación del Arroyo Bruno.

Ese informe acaba de ser calificado de ineficiente por la Contraloría General de la República de Colombia, el mayor ente de control independiente de ese país en un informe de casi un centenar de páginas.

Para tomar la decisión de no regresar Arroyo Bruno a su cauce natural, como exigen las comunidades, esas entidades se basaron en información débil, superficial, deficiente y parcializada, según la Contraloría. Cerrejón suministró los documentos y la información utilizada para sustentar las conclusiones. Ninguna institución pública suministró información.

Tampoco se generaron espacios de participación ni se consideraron el daño irreversible que puede significar para la población que interactúa con ese eco-sistema.

En 2016, tras una primera tutela, el Consejo de Estado falló a favor de las comunidades. Se le ordenó al gobierno crear una mesa de diálogo interinstitucional conformada por las comunidades, el gobierno y la empresa.

Un año después, hubo una segunda tutela a favor de las comunidades. La Corte Constitucional ordenó frenar el proyecto de cerrejón señalando 7 incertidumbres técnicas. En particular dijo que la mesa inter-institucional debía resolver si el arroyo debía regresar o no a su cauce natural.

Pero en la práctica la mesa no fue tenida en cuenta y el gobierno se basó, para no regresar el río a su cauce natural, en estos informes que la Contraloría ha considerado parcializados.

"Para nosotros resulta muy gratificante que por fin una entidad pública, sobre todo porque la Contraloría General de la República es un órgano de control, se haya pronunciado sobre el caso del arroyo bruno y el seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional", dijo a RFI Rosa María Matéus, abogada del colectivo José Alvear Restrepo y apoderada de las comunidades afectadas.

"Esta decisión es importante porque corrobora todo lo que las comunidades han venido denunciando durante años", concluye.

https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20200718-contralor%C3%ADa-da-raz%C3%B3n-a-comunidades-en-disputa-con-cerrej%C3%B3n-por-arroyo-bruno

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