BUSCAR en www.olca.cl


- Colombia:

07 de Diciembre de 2020

Hidroituango: los funcionarios acusados y la justicia que reclaman el río y las comunidades



El proceso legal contra los funcionarios y entidades presuntamente responsables del desastre es un modo de evitar que el río Cauca y las montañas tengan que hacer justicia por sus propias manos.

Por muchas razones se justifica el revuelo que ha causado en los medios -de comunicación y en los empresariales, políticos y gubernamentales- la decisión de la Contraloría General de la República de imputarles cargos a 28 personas naturales y jurídicas por la responsabilidad fiscal que les pueda corresponder en las decisiones e indecisiones que, de una u otra manera, condujeron a la emergencia que se produjo el 28 de abril de 2018 en la presa de Hidroituango, y que desencadenó una serie de impactos de carácter geológico, ecológico, ingenieril, económico y social, que hasta hoy no han podido ser conjurados.

Por Gustavo Wilches-Chaux*

Posiblemente las dos razones principales que causan ese revuelo sean la lista de personalidades vinculadas a esa investigación, y el impacto que pueda tener en el proceso preelectoral que ya comenzó en Colombia; así como el monto de los perjuicios económicos (“daño fiscal”) producto de esa crisis, que en este momento está en pleno desarrollo y que la Contraloría calcula en 2,9 billones de pesos (un 2.9 seguido de 11 ceros) por destrucción de activos más lucro cesante.

Esta decisión de la Contraloría es el resultado de una minuciosa investigación que inició el organismo tras la emergencia de 2018, y que en este momento llega a una meta volante con esa imputación de cargos. Se espera que alcance la meta final en 2022 cuando se profiera un fallo definitivo.

Cualquiera que sea el resultado, causa alivio saber que un organismo de control tan importante está cumpliendo sus responsabilidades constitucionales. Una de las prioridades que debe tener Colombia en este momento (indispensable, entre otras cosas, para poder enfrentar la crisis climática con todas sus implicaciones, incluida la pandemia), es fortalecer el llamado “Estado de Derecho” sobre el cual hoy se ciernen tantas y tan graves amenazas.

"Causa alivio saber que un organismo de control tan importante está cumpliendo sus responsabilidades constitucionales"

Por la protección de los derechos inseparables de la naturaleza y las comunidades


En esa cifra casi tres veces billonaria no están incluidos los enormes costos ecológicos y sociales que ha producido este, el mayor proyecto hidro-energético que se ha intentado hacer en Colombia, incluidos los daños sobre la salud, mental, afectiva y cultural de las personas y sus comunidades y que, como lo expresé en el primer artículo que escribí en Razón Pública en febrero 2019, no comenzaron con la emergencia de 2018, sino desde cuando, hace ya casi un cuarto de siglo, empezó a gestarse ese proyecto en ese punto específico del Bajo Cauca. Lo que hizo esa emergencia fue hacer visible ese desastre a que las comunidades de la zona de influencia venían siendo sometidas desde dos décadas antes.

En ese artículo cité a la investigadora Juana Afanador cuando afirma que “En la zona escogida para construir Hidroituango se concentran unas 15 mil personas afectadas por el conflicto armado. De ellas, 4.500 sufrieron desplazamiento forzado entre 1990 y 2012 […] Además de Ituango, en la que queda el corregimiento de El Aro, hay otros 11 municipios afectados por la represa […] Y en la mayoría de ellos, se experimentaron masacres. En cifras aproximadas, se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas, de 62 masacres cometidas por paramilitares.”

Esa otra dimensión de la tragedia tampoco ha cesado: en el artículo anterior que escribí sobre este mismo tema, titulado “Hidroituango: un desastre de mal en peor”, expuse una serie de hechos que parecen indicar que el control efectivo de la zona de influencia inmediata del proyecto está en manos de actores armados ilegales; que siguen los desplazamientos, los asesinatos y las amenazas a líderes sociales y a sus familiares.

Un proceso judicial paralelo

Alrededor de esta otra dimensión del desastre se viene adelantando en Colombia otro proceso, en este caso en los estrados judiciales. En un comunicado del 18 de octubre de 2019 titulado “Ratifican medidas de protección solicitadas por la Fiscalía en favor de víctimas de caso Hidroituango”, ese organismo informó lo siguiente:

“Las habitantes de 19 municipios del área de influencia de la megaobra continuarán amparados por las medidas de protección solicitadas por la Fiscalía General de la Nación y concedidas desde el pasado 12 de junio.

La determinación la adoptó el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá al confirmar las solicitudes que hizo la Fiscalía 40 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH) en favor de las comunidades de 19 municipios de Antioquia impactadas por el proyecto hidroeléctrico en Ituango.

El juez en su decisión señaló que, tal y como lo argumentó el fiscal del caso, la falta de información sobre el estado real del proyecto y los posibles riesgos obligan a proteger a los pobladores de los municipios de Buriticá, Liborina, Caucasia, Tarazá, Toledo, Briceño, Ituango, Sabanalarga, Nechí, Valdivia, Peque, Cáceres, Ayapel, San Marcos, Majagual, Guaranda, Achis, San Jacinto y Magangué.”

Noticias Caracol dijo al respecto:

“EPM y la sociedad Hidroituango S.A., la constructora del proyecto, habían solicitado revisar un fallo del Juzgado 75 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá que ordenaba resguardar con urgencia los derechos de las víctimas de la obra.

Pero la resolución de la apelación, a cargo del juez 28 penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento, rechazó la petición de las dos firmas y confirmó lo que la Fiscalía había solicitado y el juzgado 75 había ordenado: decretar las medidas urgentes para proteger a las víctimas del proyecto, restablecer sus derechos a la vida, la salud, el mínimo vital, la vida digna, la sostenibilidad alimentaria, el derecho al medio ambiente y a la salubridad.”

Entre otras cosas el fallo que fue ratificado determina que

«Se ordene a EPM suministrar a la población que pueda resultar afectada por cualquier siniestro del proyecto hidroeléctrico información real, actual, técnica y acertada sobre el estado de la estructura interna de la presa, el estado real de la obra y sobre el riesgo que pueden estar sufriendo las poblaciones aguas abajo del proyecto. Asimismo, se autorice la actividad de pesca los pobladores en zonas permitidas y donde los peces sean aptos para el consumo humano, en caso negativo, que EPM explique las razones de la prohibición de la pesca en el embalse y finalmente se realice un inventario real de los derrumbes alrededores del embalse y un adecuado manejo de los mismos para evitar más caídas de tierra y rocas al agua represada.»

EPM le otorgó poder al abogado Jaime Granados para que la represente y defienda sus intereses en este proceso. Coincidencialmente este es el mismo abogado que defiende al expresidente y excongresista Álvaro Uribe en los procesos que se adelantan en su contra por sus posibles vínculos con la masacre del Aro. Esta fue la primera de las más de 62 masacres que se han llevado a cabo en la zona desde que se tomó la decisión de adelantar allí el proyecto Hidroituango.

Acciones para exigir el cumplimiento de lo ordenado

Con argumentos concretos la organización Ríos Vivos, que agrupa a las organizaciones de las comunidades afectadas por este proyecto, consideró que las medidas de protección ordenadas por el Juzgado 75 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá no estaban siendo cumplidas, e interpuso una acción de Cumplimiento de Medidas Cautelares ante el mismo Juzgado, en virtud de lo cual se han realizado varias audiencias, la más reciente el pasado viernes 4 de diciembre.

En esa audiencia Isabel Zuleta, líder de la organización Ríos Vivos, expuso una serie de hechos comprobables que demuestran que los pescadores, los barequeros y en general las comunidades de la zona, siguen sometidas al impacto de este desastre continuado que es cada vez más complejo.

"Los barequeros y en general las comunidades de la zona, siguen sometidas al impacto de este desastre continuado de Hidroituango"

Así también presentó una serie de argumentos de carácter científico y técnico aportados por profesionales de la geología, la geomorfología, la hidrología, la ingeniería, la gestión ambiental y otras especialidades, que han venido haciéndole seguimiento a ese proyecto desde antes de la emergencia del 2018 y que ponen en duda la precisión de los argumentos en que EPM se apoya para “asegurar” que esa megaobra no sigue creando riesgos que pueden llegar a convertirse en desastres para todo el territorio aguas abajo.

Esperemos que el señor Juez 75 que conoce de caso, vuelva a fallar teniendo en cuenta todos estos argumentos que exponen las comunidades a través de sus líderes, y que expone la Naturaleza directamente o a través de los expertos que la interpretan, para evitar así que el río Cauca y las montañas se vean en la necesidad de hacer justicia por sus propias manos.

Recordemos: los desastres son los reclamos que hace la Naturaleza por las malas, cuando sus reclamos no son atendidos por las buenas.

Ver también: Las comunidades víctimas de Hidroituango

razonpublica.com

https://razonpublica.com/hidroituango-los-funcionarios-acusados-la-justicia-reclaman-rio-las-comunidades/

265

    





Hidroeléctricas / Comunidades / Hidroituango /

Proyecto Hidroituango:

Denuncian que EPM pone en riesgo a trabajadores de Hidroituango y comunidades vecinas al proyecto (24/03/2020)

62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla proyecto Hidroituango (23/01/2019)

De Hidroituango, centro e indiferencia (16/01/2019)

¿Por qué la orden de suspender obras en Hidroituango se conoce 28 días después? (29/06/2018)

Hidroituango es un exterminio de los barequeros y pescadores del Río Cauca (31/05/2018)

Video: El afán de los empresarios llevó a que el desastre de Hidroituango sucediera (25/05/2018)

Responsabilidades y dudas que deja la crisis de Hidroituango (19/05/2018)

Empresas Públicas de Medellín elimina documentos sobre el proyecto Hidroituango (18/05/2018)

Organismos de control deben pronunciarse sobre la tragedia social y ambiental que impuso Hidroituango (14/05/2018)

Colombia - Hidroeléctricas

Denuncian que EPM pone en riesgo a trabajadores de Hidroituango y comunidades vecinas al proyecto (24/03/2020)

62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla proyecto Hidroituango (23/01/2019)

¿Por qué la orden de suspender obras en Hidroituango se conoce 28 días después? (29/06/2018)

Hidroituango es un exterminio de los barequeros y pescadores del Río Cauca (31/05/2018)

Video: El afán de los empresarios llevó a que el desastre de Hidroituango sucediera (25/05/2018)

Responsabilidades y dudas que deja la crisis de Hidroituango (19/05/2018)

Empresas Públicas de Medellín elimina documentos sobre el proyecto Hidroituango (18/05/2018)

Organismos de control deben pronunciarse sobre la tragedia social y ambiental que impuso Hidroituango (14/05/2018)

Cientos de evacuados por fallo en el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia (14/05/2018)

Hidroeléctricas

No a la central hidroeléctrica El Rincón en el río sagrado Truful Truful. Chile (11/06/2021)

Suprema prohíbe al Ministerio de Energía realizar consulta indígena "vía telefónica" para proyectos hidroeléctricos en el Bío Bío. Chile (04/06/2021)

"Rucalhue Libre": Organizaciones realizarán Festival Online en defensa del río Biobío. Chile (22/05/2021)

"Somos el río": OLCA y RESUMEN transmitirán documental y conversatorio este sábado. Chile (07/05/2021)

Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza recurso presentado por organizaciones sociales para proteger Río Negro. Chile (27/04/2021)

Documental Somos el río: la lucha de pobladores de Rucalhue por la defensa del Río Biobío. Chile (24/04/2021)

Red de Pueblos libres exige sanciones por desvío de agua en Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Chile (23/04/2021)

Campamento Rucalhue tras 2 meses de movilización: "La única solución es que la empresa se vaya y desista del proyecto". Chile (16/04/2021)

Campamento Rucalhue acusa amedrentamiento de quienes se presentaron como "dueños del terreno". Chile (15/04/2021)

"Está intentando comprar voluntades": Comunidades de Aysén se oponen a instalación de Central Hidroeléctrica Los Maquis. Chile (13/04/2021)


Ver más:
Hidroeléctricas / Comunidades / Hidroituango /