- Chile - Canadá - Japón:
Informe publicado por el Observatorio de Conflictos Ambientales de Chile (OLCA) y MiningWatch Canadá21 de Diciembre de 2020
Un nuevo informe sobre el proyecto de expansión Quebrada Blanca de Teck Resources revela que sus políticas para combatir el cambio climático son simplemente retóricas
Su proyecto estrella provocará serios impactos para el medio ambiente, los pueblos indígenas, y los trabajadores.
- Hallazgos Principales:
- El proyecto de expansión Quebrada Blanca Fase II (QBF2) tiene un costo de más de 4.7 mil millones de dólares americanos y es financiado por bancos japoneses y canadienses.
- El proyecto de cobre-molibdeno-plata contempla 25 años de extracción a cielo abierto, con una capacidad de producción de 140,000 toneladas por día (tpd). Pretende ser una de las minas más grandes de Chile y dentro de los mayores 20 productores de cobre a nivel mundial. Se establecerá el proyecto expansión sobre el tajo existente, en la region de Tarapaca? - region saturada por minas industriales de gran escala.
- Ya agotadas las aguas subterráneas gracias a la misma operación minera, QBF2 construirá una planta desalinizadora en el Bayo de Patache y transportará el agua 159 km por acueducto, subiendo a 4400 m de altura.
- Se identifican potenciales impactos serios incluyendo a: pérdida de humedales, pérdida de flora y fauna en peligro, pérdida de patrimonio cultural de las comunidades indígenas Aymara y Quechua además de impactos a los usos tradicionales de la tierra de los pueblos indígenas, impactos al sistema hidrológico y impactos a la salud de los trabajadores.
(Santiago de Chile/Ottawa) Un nuevo informe publicado por el Observatorio de Conflictos Ambientales de Chile (OLCA) y MiningWatch Canadá revela hallazgos preocupantes sobre el proyecto de expansión de la mina a cielo abierto Quebrada Blanca Fase 2, en Tarapacá, Chile.
Quebrada Blanca es propiedad de la empresa canadiense Teck Resources (60%), las empresas mineras japoneses Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.y Sumitomo Corporation (30%) y la empresa estatal chilena, ENAMI (10%). Quebrada Blanca es explotada desde 1994.
El proyecto de expansión Fase II, ya en construcción, pretende ser una de las minas más grandes de Chile - eso en una región en el país donde generaciones de familias indígenas y chilenas, además de la flora y fauna, sufren las consecuencias del modelo hiper-extractivista minero. El proyecto, que ya produjo desde 2006, 75 millones de toneladas de cobre, espera llegar a tener una extracción diaria de 140.000 tpd con un plazo de más de 25 años. Tienen planes de hacer una tercera expansión ya arrancado esta fase.
Debido a su alto consumo de agua y energía eléctrica, la extensa red de ductos de transporte, la fabricación de una planta desalinizadora, y la ampliación de la capacidad de producción y así de los residuos tóxicos, el informe subraya varios impactos de suma preocupación para las comunidades indígenas, para las poblaciones cercanas a las instalaciones y la mina, y para la flora y fauna de la zona.
“Nos parece preocupante que existan comunidades indígenas que fueron marginadas por la empresa en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas negado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental chileno, lo cual es indignante sobre todo considerando que son comunidades que han vivido durante años los impactos de Quebrada Blanca” dijo María Paz López, investigadora de OLCA y co-autora del informe.
En su sitio web, Teck Resources identifica “prioridades estratégicas” para pueblos indígenas, biodiversidad, y cambio climático. Tiene una meta de tener operaciones de producción neutral de carbono hacia el 2050.
“A pesar de su expresa preocupación con mitigar el impacto de sus minas para el cambio climático, el informe demuestra que, además de tener una gama de minas de carbón contaminantes en Canadá, su compromiso con el medio ambiente de Teck Resources es puramente discursivo. En la práctica, esta mina sin duda contribuirá a la exacerbación de la crisis ecológica que se vive en Chile.” dijo Kirsten Francescone, una de las investigadoras del informe y coordinadora del programa América Latina de MiningWatch Canadá.
Dado su alto e irracional costo, la empresa consiguió financiamiento de bancos y entidades de desarrollo internacionales en 2019. Entre ellos están varios bancos japoneses además del banco de desarrollo estatal de Canadá, la “Corporación de Exportaciones y Desarrollo de Canadá” (EDC por sus siglas en inglés). Continuó Francescone “el hecho de que EDC está financiando este proyecto además nos pone en mayor evidencia el compromiso del gobierno de Canadá, no con el cambio climático, sino con los intereses económicos de los grandes capitales mineros.”
En marzo, la construcción de Quebrada Blanca Fase 2 fue paralizado temporalmente debido al COVID-19, sin embargo arrancó de nuevo pocas semanas después, priorizando así las actividades económicas de la empresa encima de la salud de los trabajadores y las comunidades.
“La megaminería en Chile durante años ha causado estragos en los territorios donde se impone, estos mega proyectos destruyen las formas de vida de las comunidades y los ecosistemas. Hoy, incluso en pandemia, este tipo de proyectos siguen avanzando y se siguen construyendo, sin consideración de los territorios ni la salud de las y los trabajadores. El gobierno canadiense debe asumir la responsabilidad extraterritorial de sus empresas, especialmente estas inversiones que cuentan con apoyo financiero y político y violan los Derechos Humanos y colectivos de los Pueblos.” dijo Lucio Cuenca B., Director de OLCA.
Puede encontrar el informe final aquí.
(Imagen: Flamencos en el Salar de Huasco, cerca de Quebrada Blanca. Foto: Miguel Hechenleitner)
Para mayor información:
Maria Paz Lopez, investigadora de OLCA, +56 950673150 (Español)
Lucio Cuenca, Director de OLCA +56 992402706 (Español)
Kirsten Francescone, Coordinadora del Programa América Latina, MiningWatch Canadá, +1 437 345 9881 (Inglés y Español)
Report Reveals Teck Resources’ Climate Change Policies Purely Rhetorical
The company’s star expansion project will potentially provoke serious impacts for the environment, Indigenous peoples and the workforce.
Dec. 21, 2020
Report Highlights
- The Quebrada Blanca Phase II (QBP2) Expansion Project will require more than 4.7 billion dollars in capital investment and is financed by Japanese and Canadian banks and finance corporations.
- The expansion project is an open-pit copper-molybdenum-silver mine which contemplates a life-of mine of over 25 years, with a capacity of 140,000 tonnes per day (tpd). Following construction the mine will be one of the largest mines in Chile and among the 20 largest mines in the world. It is being erected atop of the existing pit in the Tarapacá region – an area of Chile that is already saturated with large-scale mines.
- Since groundwater resources cannot satisfy the needs of the expansion – due to overuse by the mine’s existing operations – QBP2 will include building a seawater desalination plant in Patache Bay, using aqueducts to transport the water 159 km from the sea, climbing 4400 m in altitude to the mine site.
- Potential impacts identified include: loss of wetlands, loss of flora and fauna in danger, loss of cultural heritage of the Indigenous Aymara and Quechua communities, as well as impacts to the Indigenous traditional land use, impacts to the hydrological system and impacts to the health of the workforce.
(Santiago de Chile/Ottawa) A new report, published by the Environmental Conflicts Observatory in Chile (OLCA in Spanish) and MiningWatch Canada, reveals worrying findings about the open pit Quebrada Blanca Phase II expansion project in Tarapacá, Chile.
Quebrada Blanca is owned by Canadian company Teck Resources (60%), Japanese companies Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. and Sumitomo Corporation (30%), and the Chilean state company ENAMI (10%). The mine has been in operation since 1994.
The QBP2 expansion project, now under construction, will be one of the largest mines in Chile. This, in a region where generations of Indigenous and Chilean families, as well as the flora and fauna, have been suffering the consequences of Chile’s hyper-extractivist mining model. Since 2006, the project has produced 75 million tons of copper, and the expansion aims to increase capacity to 140,000 tpd for more than 25 years. The companies indicate the potential for a subsequent third phase expansion.
Due to the intensive consumption of water and electricity, the extensive network of transportation pipelines, the construction of a desalination plant, and the expansion of production capacity and thus the volume of waste generated, the report highlights many impacts of great concern for the Indigenous communities and other populations close to the installations and the mine, as well as the flora and fauna of the region.
“We are very concerned that Indigenous communities were tossed aside by the company in the Environmental Impact Study for the project’s expansion, and that the Consultation Process for Indigenous Peoples was denied by the Environmental Impact Service in Chile. This is infuriating given that these same communities have experienced the impacts of years of exploitation of the Quebrada Blanca mine,” said María Paz López, a researcher at OLCA and co-author of the report.
On its website, majority owner Teck Resources identifies eight “Strategic Priorities” which include Indigenous Peoples, Biodiversity, and Climate Change. It recently launched a goal of achieving carbon neutrality at its operations by 2050.
Kirsten Francescone, Latin America Program Coordinator at MiningWatch Canada and co-author of the report, said,
“Despite its public concerns to mitigate the contribution of its mines to climate change, the report shows us that beyond operating several contaminating coal mines in Canada, Teck’s commitment to the environment is purely discursive. In practice, this mine will, without a doubt, contribute to exacerbating the Chilean ecological crisis.”
Due to the huge investment required for the expansion, the companies acquired financing from banks and international development corporations in 2019. Among these are various Japanese banks, as well as Export Development Canada (EDC).
“The fact that EDC is financing this project is yet another indicator that the Canadian government’s commitment is not to counter climate change, but is in fact with the economic interests of large mining companies,” said Francescone.
In March, construction on QBP2 was suspended due to the COVID-19 pandemic. It was reactivated, only a few weeks later, clearly prioritizing the economic interests of the companies over the health of the workers and the communities.
“For many years, mega-mining in Chile has wreaked havoc upon the territories where it is imposed. These mega-projects destroy the ways of life of the communities and their ecosystems. Today, even during the pandemic, these projects continue to advance, without taking into consideration the territories or the health of the workers. The Canadian government should assume its extraterritorial responsibility for its companies who violate human and collective rights of Peoples, especially those who count on financing and political support,” said Lucio Cuenca, OLCA’s Director and co-author of the report.
You can find the report here.
For more information, or to set up interviews, contact:
María Paz López, OLCA, +56 9 5067 3150 (English and Spanish)
Lucio Cuenca, OLCA, +56 9 9240 2706 (Spanish)
Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, +1 437 345 9881 (English and Spanish)
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