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01 de Febrero de 2021

Conversaciones Eco-Constituyentes: la importancia de la naturaleza en sí misma como sujeto de sus propios derechos



Camila Zárate, del Movimiento por el Agua y los Territorios y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 7, y Cristian Frene, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, dialogaron en Conversaciones Eco-Constituyentes: un programa sobre desafíos socioambientales sobre la necesaria redistribución de poder y consagración de derechos del agua y los suelos.

Por Christopher Cortez | Transcripción de entrevista realizada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y RESUMEN

En la sexta edición del programa colaborativo entre RESUMEN y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), ambos ambientalistas se refirieron al actual poder concentrado y mal uso de las empresas extractivistas sobre el elemento hídrico y los suelos, además de la necesidad de una nueva administración descentralizada para una mejor protección ambiental.

Puedes revisar también la conversación del capítulo anterior | Daniela Albornoz y Francisca Rodríguez sobre proceso constituyente: «Aquí lo más importante es el programa, son las ideas, son los conceptos, son las cosas que queremos delimitar y que no vamos a ceder»


¿Cómo evalúas la gestión que hace el Estado sobre la protección de la naturaleza?

Cristian Frene:

A mi juicio es una muy mala gestión, tenemos muchas cosas por hacer aún. Esto tiene muchos fundamentos: primero, ya desde la Constitución hecha en dictadura, se estipula que la propiedad privada está por sobre otros valores sociales. Ahí ya partimos mal, porque, en el fondo, quien posea la propiedad de la tierra o del agua, puede hacer con ella lo que sea, y eso es un problema para el resto. Si nosotros habitamos un territorio y llega una persona y se adueña del agua o las tierras, nos vamos a ver todos afectados.

Segundo, todo el sistema que tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental, por donde tiene que pasar cualquier proyecto productivo que se quiera instalar, tiene varios problemas. Los proyectos se presentan por parte, es decir, yo puedo tener una planta de celulosa en un lugar y, al lado, una de tratamiento de aguas servidas, y no se evalúan como la sinergia que son, con la que dañan a un ecosistema completo. Después, la normativa en sí es muy laxa y, cuando no lo es, los legisladores fallan a favor de las empresas, en casos que vemos repetidamente. Sumado a eso, los representantes de los organismos públicos no tienen las competencias para evaluar bien un proyecto y, finalmente, como la guinda de la torta, la participación ciudadana no es vinculante. Por lo tanto, por muchas observaciones y muy buenas que se hagan desde la academia, la sociedad civil, etc., pueden no ser tomadas en cuenta.

Vemos que, en general, tenemos una legislación ambiental muy débil y muy permisiva, por ende, la conclusión es que podemos recorrer nuestro territorio e identificar decenas, sino cientos de conflictos ambientales en todas las actividades productivas.

Como pre-candidata del Distrito 7 a la Convención Constituyente, queremos saber cómo estás mirando este proceso y cómo lo ves en cuanto a poder lograr una verdadera protección de la naturaleza

Camila Zárate:

No hay que olvidar que el momento constituyente que estamos habitando forma parte de un proceso constituyente que es más amplio, y que venimos pujando hace muchos años desde los movimientos sociales. Lo que menciona Cristian, acerca de esta propiedad del agua, es una propiedad que tiene un anclaje constitucional, no es algo que sucedió de facto, sino que tiene que ver con una intencionalidad de la junta militar por entregar un beneficio a la clase terrateniente que tenía una preponderancia para ellos en esos años. Es un proceso netamente político y los posteriores gobiernos lo han mantenido sin ningún tapujo. Incluso, con una reforma en 2005 esto no ha cambiado. Por lo mismo, decimos que este modelo anclado de mercantilización y privatización del agua, tiene que cambiarse con un nuevo paraguas, un nuevo marco normativo y no basta un código o una ley específica.

Vemos también que existen complejidades. Estamos en un proceso que no es precisamente lo que estábamos buscando. Nosotros y nosotras en las calles lo que demandamos es una Asamblea Constituyente. No nos acomodan estas reglas electorales. No nos acomoda que en estos momentos estemos siendo candidatas a esto porque, la verdad, siempre lo pensamos como un espacio de asambleas territoriales desde las cuales se formaran delegaciones y, así, permitir una participación democrática y horizontal.

Lamentablemente el proceso ha sido distinto. También tuvimos que recolectar firmas con todo en contra: navidad, año nuevo, desinformación, aprender a hacer negociaciones para conformar listas o la dispersión. Ha sido bien complejo, pero ya estamos acá y entendimos que no podemos estar aislados de este proceso porque, justamente, es un proceso que se demandó en la calle. Una de las demandas más emblemáticas de la revuelta de octubre fue justamente la desprivatización del agua, junto con no más zonas de sacrificio y no al TPP-11, pero son demandas emblemáticas y claves en este proceso constituyente. Por lo mismo y, pese a las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, a los presas y los presos políticos, a la importancia de pujar igual la asamblea constituyente, entendemos que esta es la vía para llegar a grandes decisiones respecto a temáticas donde nos vemos sin ninguna facultad desde el movimiento social para poder llegar a grandes soluciones.

Lo vemos también por lo que pasó ahora con los incendios donde, nuevamente, vemos a una autoridad negligente, que no le interesa el daño que está ocurriendo en las comunidades. Ya lo habíamos visto por muchos años con el abandono del Estado respecto a las zonas de sacrificio y observamos una impotencia que se genera en la gente, y entendemos también la importancia de pensar una planificación con enfoque ecosistémico y que esté consagrado en la Constitución con un enfoque ecológico. También pensamos en la posibilidad de establecer los derechos de la naturaleza, y que la naturaleza en sí misma sea reconocida como sujeto de sus propios derechos. Por ejemplo, que se respete su ciclo hidrológico, que no está considerado en ningún cuerpo normativo, justamente porque el código de aguas tiene un carácter profundamente productivo. Es un código que se preocupa de cómo explotar el agua, no protegerla.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la gestión local y los casos que han podido acompañar?

Cristian Frene:

Yo creo firmemente en las pequeñas soluciones y pequeñas acciones que hacemos a una escala muy local, y que finalmente tendrán un impacto global si empezamos a sumar. En ese sentido, llevo como 15 años trabajando con la gestión integrada de cuencas abastecedoras de agua en la Región de la Araucanía, la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos, con distintas comunidades. Nos acercamos a comunidades que tienen  problemas de abastecimiento de agua. Siempre se le echa la culpa al cambio climático, pero hay una combinación de factores. El cambio climático tiene que ver, pero, por ejemplo, el mal uso del territorio tiene un impacto directo sobre la cantidad y la calidad de agua, porque se sacan bosques nativos o matorrales esclerófilos para el monocultivo de otras especies, y dañamos el suelo, que no retiene el agua como lo hace naturalmente.

Hemos identificado las causas de por qué se quedaron sin agua. Vemos los registros de largo plazo de las lluvias y caudales y, efectivamente, tenemos merma, sobre todo en el sur de Chile, donde no llueve menos, sino que llueve menos en verano y muy fuerte en invierno. Eso nos genera un problema porque, si nuestras principales actividades productivas ocurren en el verano, estamos en un eventual colapso. Además, nos damos cuenta que en la mayoría de los territorios de Chile se ha producido una modificación del paisaje. Se han cambiado los bosques nativos por zonas de monocultivo y sintetizantes sintéticos promovidos por el Estado. Una vez que diagnosticamos todos estos problemas, pensamos en soluciones desde el territorio, para que las familias dejen de depender de un camión aljibe, que dejen de elegir entre tomar agua o darles a los animales, y tengan la capacidad de autogestionar su agua de una manera eficiente. Entonces, con un equipo multidisciplinario de profesionales, abordamos el territorio y luego proponemos medidas que son de planificación ecológica del territorio. Tenemos que tener una matriz que nos permita sostener la vida, sostener los procesos ecológicos y, de paso, producir bienes y servicios.

Cuando llegamos a esa configuración, la misma gente que habita en esas pequeñas cuencas cambia sus prácticas. Por ejemplo, tenemos una familia en Chiloé que produce queso. Nosotros no le decimos que se ponga a hacer turismo, sino que siga haciendo queso, pero con buenas prácticas de manejo: rotación de praderas, bebederos para que no contaminen el agua, plantamos bosque nativo para ir recuperando la esponja natural y, así, a través del cambio de prácticas, vamos mejorando la calidad de agua y protegiendo las fuentes. 

Esto ha dado como resultado que varias comunidades han podido generar un proyecto de vida. Ahora las personas se ven en el territorio, porque tienen agua. Es fundamental el cómo cambiamos la visión de corto plazo hacia un sistema que se sostiene y que le entrega bienes y servicios a quienes habitan los territorios y, para eso, también se necesita estar informados. En paralelo a este trabajo de investigación, generamos capacitaciones para, luego de dos o tres años, retirarnos.

Todo esto lo hemos hecho con apoyo del Estado o de fondos internacionales a pequeña escala, pero, lamentablemente, no logramos que esto se convierta en política pública, por ejemplo, por el negocio de los camiones aljibes, el agua potable, los negocios en general. Ahí está el gran desafío.

Camila, queremos que nos cuentes de tu experiencia detrás de la publicación del Decálogo del Agua en 2020 y cómo las personas que participaron de ella conciben la gestión comunitaria del agua.

Camila Zárate:

Este decálogo nace de un proceso de deliberación colectivo que surgió a principios de 2019. Desde la ruralidad ya se entendía. Al mismo tiempo, ya se estaba trabajando el fortalecimiento de economías locales y solidarias, y es cosa de notarlo con la pandemia. No es casual que, de repente, empiecen a proliferar cosas como las ollas comunes. La importancia también de la gestión integral de cuencas o la conservación de los humedales. Ya había un diagnóstico de las comunidades, se sabían cuáles eran las grandes soluciones, sin embargo, se veía un gobierno que se galardonaba por tener la COP-25 en Chile, pese a que mantenía la idea de la privatización y Sebastián Piñera quería seguir dándole poder a los mismos. 

Ya venía una política de desazón donde las personas habían entendido que de las autoridades no venia la solución. Justamente, desde ese desencanto, es que las comunidades se atreven a tomar acciones directas y, al mismo tiempo, entender la importancia de empezar a juntarnos y buscar cómo queremos vivir, y empezar a generar estos procesos de deliberación colectiva independiente de lo que haga o no haga la autoridad, porque ya sabemos a qué intereses responden. Por lo mismo, comenzamos a pensar en estos procesos de cabildos, por eso digo que la revuelta ya venía desde antes en la zona rural. 

Desde el Movimiento por el Agua de los Territorios (MAT) generamos una metodología que fue súper interesante porque el MAT articula organizaciones de Arica a Magallanes y generamos pautas de preguntas comunes y, luego, estas se comenzaron a replicar en octubre en los distintos territorios. Hicimos más de 50 cabildos en distintas localidades de todas las regiones, donde participaron muchas comunidades campesinas: eso es súper importante porque no solo es un proceso radicado en lo urbano.

¿Cómo se concibe? Justamente la necesidad de crear los cabildos también pasaba por tomar ciertas definiciones que no habíamos podido tomar años anteriores. Por ejemplo, cómo nos planteamos frente a la demanda de la nacionalización, que es una demanda histórica de las izquierdas pero que, a nosotros, no nos satisfacía y no teníamos muy claro el porqué. Entonces, fue súper interesante esta deliberación porque entendimos que, finalmente, lo que nos molestaba era la idea de mantener al agua bajo la lógica de la cosificación y la propiedad. Básicamente, pasar una propiedad privada para ser propiedad del Estado, entendiendo el corporativismo y los favores políticos, significa entrar al ámbito de las concesiones donde el agua sigue siendo de privados. A su vez, significaba no salir del extractivismo. Por eso, buscamos sacar el agua del ámbito de la propiedad y entender que, en sí misma, tiene sus derechos implícitos, por eso el decálogo de los derechos de las aguas y no del agua. Hay que pensarla en todas sus expresiones: glaciares, suelos, humedales o nosotros mismos, que somos agua en su mayoría.

Entonces, fueron reflexiones acerca de cómo nosotros y nosotras salimos de esta lógica de la propiedad. Desde las mismas comunidades se entendió la importancia de salir del ámbito de la cosificación y apropiación. Rompiendo con esas lógicas, hay una posibilidad de pensar en una protección real y efectiva.

Sabíamos que queríamos la gestión comunitaria pero no teníamos muy claro quiénes eran estos actores y cómo se podían organizar. Nos sirvió ver experiencias de otros países pero, al mismo tiempo, saber que hay que tener ejes mínimos comunes para poder vivir y dejar vivir a los demás, entendiendo que no solamente el agua es para las comunidades humanas sino también para todas las formas de vida.

¿Cómo es posible consagrar este derecho al agua y del agua, tanto para la naturaleza como también para las personas, en una nueva Constitución?

Camila Zárate:

En primer lugar, hemos sido super enfáticos y enfáticas en que debemos salir del ámbito antropocéntrico, pero eso no implica que no nos interese esta demanda tan importante. Sabemos que en la actualidad se está vulnerando sistemáticamente el derecho humano al agua y es super relevante porque es una consagración al derecho a la vida, entonces es muy importante que esté establecido con la misma jerarquía que el derecho a la vida. Eso va a ser un cambio sustancial porque hay comunidades que sufren racionamiento del agua, bajo los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También debe haber financiamiento e instituciones para que esto se permita. 

No olvidemos que, por ejemplo, cuando se establecen los decretos de escasez hídrica, uno esperaría que estos decretos salvaguarden el derecho humano al agua, pero, en la práctica, muchas veces los primeros en enterarse son las industrias y los negocios, quienes siguen concentrando el agua en vez de distribuirla y entregarla a personas que no tienen acceso digno a ella. Porque eso también es importante: el derecho humano al agua no solo tiene que ver con cantidad o acceso, sino también con calidad. Tenemos empresas como Esval en Valparaíso que entregan agua contaminada con materiales que tienen graves perjuicios para la salud.

En segundo lugar, nos parece súper relevante establecer que el agua sea un bien común inapropiable. Debería tener una regulación más parecida al aire, donde nadie es dueño de él pero, de alguna manera, igual generamos normativas para poder regularlo. Con esta idea, puede existir un deber de protección con respecto a este bien común, sin necesidad de que el Estado se haga dueño.

En otro ámbito, también nos parece importante establecer las prioridades de uso, algo que se ha generado en constituciones como la de Uruguay, y reestablecer lo que existía antes del Código de Aguas de 1980.

En esta nueva forma, ¿Cuál crees que es el rol de las organizaciones territoriales?

Camila Zárate:

Es un rol fundamental porque, justamente, si no fuera por las organizaciones sociales que levantaron y pujaron estas grandes demandas, no estaríamos hablando siquiera de estos temas. No podemos pasar de largo que el conflicto de Pascua Lama, el de Agrosuper en Melipilla, el de Petorca y otros, han sido claves para instalar estas problemáticas y soluciones. Porque nosotros no estábamos desde la calle planteando que queremos carreteras hídricas, nosotros hemos planteado la desprivatización, descosificar el agua, y es eso lo que queremos en un nuevo proceso constituyente. Si este se hace de espaldas a la ciudadanía, claramente el resultado final de este proceso no va a ser lo que nosotros esperamos y, por lo mismo, vamos a tener incluso que repetirlo. Es clave, muy clave que las comunidades estén siendo escuchadas, y que existan procesos deliberativos y vinculantes.

Cristian Frene:

Suscribo todo lo que planteó Camila. Lo primero es entender al agua como un elemento, no como un recurso, por lo tanto, tenemos que abandonar esta idea de la propiedad del agua. Es un bien común y su gestión puede ser entregada a particulares o, eventualmente, al mismo Estado. Yo tampoco soy muy amigo de que se nacionalice y sea el Estado el dueño, porque eso no nos garantiza nada. Los ciclos políticos en todo el mundo nos indican que pueden haber cambios fundamentales si es que le entregamos toda la tutela al Estado. 

El agua es básica para la vida pero también para los sistemas productivos. Más o menos el 75% del PIB de Chile, depende del agua. Sin agua no tenemos economía ni vida.

El segundo punto es el tema de las prioridades de uso. Para mi, la prioridad número uno debería ser el agua para los ecosistemas. Se debe asegurar una cantidad de agua adecuada para que los ecosistemas sigan funcionando naturalmente en cada territorio, desde un enfoque ecosistémico, porque el proceso del agua es cíclico. Con esta lógica del desarrollo y crecimiento de la economía pensamos que la cuestión es lineal y no es así. Cuando salgamos de ese paradigma, vamos a entender que no siempre vamos a tener toda el agua que quisiéramos.

Se han hecho ejercicios, por ejemplo en Australia, donde se determinó que alrededor del 40% de cualquier curso de agua debe ser reservado para los ecosistemas. 
Una segunda prioridad debería ser el agua para uso humano: consumo y agricultura de subsistencia. Todos los habitantes de Chile deberían tener derecho a una cantidad mínima de agua no solo para tomar, para asearse o cocinar, sino también para poder producir sus propios alimentos. Esto es especialmente relevante en los sectores rurales. Calculando, debería ser entre un 15% y un 20% de todos los caudales.

Ya tenemos un 60% de un río que está, entre reservado para que funcione el ecosistema y para que los seres humanos que habitan el territorio puedan satisfacer sus necesidades básicas. En un tercer orden estaría el agua para la productividad, pero, en un contexto de cambio climático, el restante no va a ser siempre el 40%. ¿Y a quién se le debe "castigar"? A la industria, no a las personas. El sector productivo debe adaptarse. Esto, por supuesto, con normas irrestrictas. No porque yo viva en un territorio puedo hacer lo que quiera. Si saco agua pura, tengo que devolver agua pura. 

Un tercer elemento que a mi juicio es clave y nunca se comenta, es el tema del monitoreo. Necesitamos buenos sistemas que nos digan cuánta agua tenemos y dónde está. Hoy en Chile no tenemos claridad al respecto. Tenemos un sistema de monitoreo que lo lleva la Dirección General de Aguas pero que es absolutamente insuficiente. Sabemos más o menos cuánta agua hay en las grandes cuencas, pero en las pequeñas no tenemos idea. No sabemos dónde están las aguas subterráneas y cuántas son. Lo saben las mineras en el norte pero es información privada.

Citaré nuevamente a Australia porque me parece un ejemplo interesante y parecido a Chile por el régimen capitalista, y es que el Estado lo que hizo fue un sistema de monitoreo super acucioso y se encontraron que tenían más agua de la que pensaban. Si eso lo hacemos en un largo plazo, podemos entonces predecir lo que va a ir ocurriendo y conocer las tendencias. Junto al monitoreo, debe haber una fiscalización férrea. Las que tenemos hoy son insuficientes y eso es a propósito, porque no quieren fiscalizar a las empresas. Eso es un pilar fundamental del sistema actual. En Chile ya no podemos creer en la autorregulación de las empresas, llevamos 40 años de un modelo extractivista donde eso es falso.

El punto cuatro es la gestión colectiva. En el fondo, deberíamos hacer planes de cuenca por región o macro zonas que nos digan qué podemos hacer y qué no. Los ecosistemas tienen límites. La minería y la agricultura piden agua como si fuera infinita. Esto me lleva a la última reflexión: la gestión colectiva implica deberes y no solo derechos. Tenemos el deber de cuidar nuestra agua. Los habitantes de los territorios deben transformarse en guardianes, porque un río no puede defenderse solo.

Y, en todo esto, ¿Qué rol debería jugar la ciencia?

Cristian Frene:

La ciencia es un tipo de saber, no es la dueña de la verdad. El conocimiento lo tenemos que poner a disposición de las comunidades, pero también hay que entender que las comunidades tienen un saber. Hay ahí un valor enorme que, cuando lo ponemos en práctica, suceden soluciones maravillosas.

Los científicos tienen que bajarse de su pedestal y ponerse a trabajar directamente en los territorios. Yo creo que, en vez de que los midieran en las universidades por cuántos papers publican, en inglés por cierto, deberían preguntar a cuántas asambleas en el territorio fue, cuántas soluciones aportó en la comunidad. Esos deberían ser los grandes indicadores.

¿Es posible que, con nuevas leyes constitucionales respecto de materias ecológicas, se puedan revocar los derechos de concesiones de agua ya otorgados a perpetuidad?

Camila Zárate:

Hay una confusión. El agua, más que entregarse en concesión, se entrega en derecho real, lo que significa que existe una propiedad sobre el agua. No sobre el líquido propiamente tal, pero sí sobre el uso. Respecto a eso, tú puedes hacer con ella cualquier tipo de acto y contrato. Justamente esa es la figura mediante la cual el Estado, en esta lógica subsidiaria, entregó los derechos del agua para que esto circulara en un mercado, que fue lo que posteriormente se generó. Entonces, están los derechos que se entregaron de manera original, gratuita y a perpetuidad, y están los derechos que finalmente se compraron porque comenzaron a circular en este mercado.

Esto es super importante incluso cuando se habla de temas tan relevantes como el TPP-11. Finalmente, con esto del mercado del agua, se produce también la concentración, donde las grandes mineras terminan comprando el agua pero con intereses de especulación, entendiendo que termina siendo un bien de capital y poder financiero, económico y político.

En ese paraguas estamos y respecto de eso tenemos que accionar cuando queremos reivindicar la desprivatización. Lo que queremos es eliminar la lógica de apropiación y, por tanto, dejarían de existir los derechos de aprovechamientos de agua propiamente tal.

Cristian Frene:

Yo no estoy de acuerdo con esto de crear leyes para todo. Ya conocemos el dicho popular: "hecha la ley, hecha la trampa". Esto es una cuestión de poder, de cómo le quitamos el poder a quienes hoy lo concentran. Esto es lo principal por sobre todo. 

Yo soy más de la idea de reestructurar completamente. Estamos en un proceso constituyente y, entonces, invitemos a pensar un nuevo Chile. Y ese nuevo Chile tiene que partir por cómo se organiza el Estado. Deberíamos partir por ser un Estado federado o, al menos, con un regionalismo autónomo, donde las macro zonas tengan poder de decisión y tengan un presupuesto para ejecutar esas decisiones. Si logramos dar ese paso, ya le vamos a quitar una cantidad importante de poder al centro. 

Luego, debemos generar un proceso de planificación territorial a nivel país, que reconozca las diversidades territoriales y culturales que tenemos en Chile, existiendo una ley de planificación general que ofrezca los grandes lineamientos de cómo debemos usar nuestro territorio. Eso nos permite tener un desarrollo ordenado. El concepto de "desarrollo sustentable" es un gran tongo que nos metieron las transnacionales para poder blanquear sus actividades productivas, y no ha dado ningún resultado.

Por cierto, no podemos seguir teniendo este régimen presidencialista que parece una pequeña monarquía. Tenemos que cambiarlo por un régimen semiparlamentario o algo más moderado que nos permita repartir poder.

Respecto a la revocación de los derechos actuales de agua, nosotros planteamos que hay que quitarle el agua a quienes tienen el poder altamente concentrado. Si el 70% de los derechos del agua está en manos del 1% de este país, claramente tenemos que revertirlo. Nosotros somos la anomalía en el planeta y eso hay que entenderlo. Chile es el único país que entrega los derechos a perpetuidad del agua como un auto o una casa. Eso es absolutamente anómalo. Somos un ejemplo extremo de neoliberalismo.

Si recibiste derechos a perpetuidad, costo cero y diste mal uso al recurso por muchos años, la tienes que devolver y sin indemnización. Rearmamos el sistema y entregamos el agua como concesiones, para que la gente pueda gestionar en los territorios y también para consorcios o corporaciones privadas con reglas muy claramente establecidas, pero sin pasarse, con una fiscalización dura. Si lo hacen mal, se les quita.

¿Cómo han abordado el emplazamiento que se realiza respecto a la participación y los cupos para el proceso constituyente?

Camila Zárate:

Respecto al aprovechamiento de la élite política, está super relacionado. El ex Ministro Walker, que fue acusado de tener derechos de aprovechamiento de agua por 29.000 litros por segundo, ahora va de constituyente. ¿A quién va a ir a defender? Claramente al agronegocio, a las grandes corporaciones y a ellos mismos, porque en el fondo tienen intereses en juego. Entonces, pese a que se van a lanzar igual este tipo de personajes, es la comunidad informada la que tiene que ser capaz de no votar por ellos y no dejarse llevar por pantallas. Eso es lo que nosotros estamos reivindicando desde la Lista del Pueblo, que es de la cual formamos parte, pero también de todas las candidaturas que están respaldadas por el Movimiento por el Agua y los Territorios. 

Hay que estar súper atentos y atentas en este proceso, porque también hay otras listas de independientes que no son tan independientes, ya que reciben ciertos financiamientos empresariales.

Sobre la experiencia de recuperación del agua, ¿Qué trabajo hicieron en terreno? ¿Cuáles son las mejores estrategias?

Cristian Frene:

Es una cuestión bien técnica. Primero, establecimos cercos para protección de zonas ribereñas, es decir, protegemos el curso del río y la vegetación nativa que está circundante para que no entren las vacas ni nadie a destruir. Sacamos las vacas de los esteros y pusimos bebederos, y también hicimos apotreramientos para que las vacas circulen en distintos potreros y así dejamos descansar la tierra para que los pastos tengan mayor productividad. 

Establecimos también zanjas de infiltración, que son técnicas que vienen de los incas, que hacen que el agua entre en el suelo en vez de escurrir superficialmente. Hicimos un humedal artificial, plantaciones de especies nativas y, así, una serie de acciones bien concretas que permitieron mejorar el sistema productivo de los campesinos.

Quería cerrar diciendo algo sobre los constituyentes. Hoy día, si bien intentaron desde la clase política poner todas las trabas posibles para que los independientes pudieran inscribirse, aún así lo logramos. Ahora viene el siguiente paso, la votación: por favor, no voten por los pactos de los partidos políticos de siempre, votemos independientes. ¿Por qué? Esto nos va a asegurar caras nuevas, gente que no ha militado o que tiene intereses con las empresas, y vamos a tener una muestra bastante más representativa de nuestra población. Porque hoy, bajo el actual sistema de elecciones, tenemos absolutamente sobrerrepresentadas a las tres comunas de Santiago.

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