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Interferencia: Especial Independientes 202112 de Febrero de 2021
Poner fin a la "piedra de tope" constitucional en temas ambientales: La misión de Lucio Cuenca, el continuador de Max Neef
El activista ambiental y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales compite como independiente en el Distrito 12, respaldado por la Red Metropolitana No Alto Maipo y el Movimiento por el Agua y los Territorios. En esta entrevista aborda su historia política, desde su rol como jefe de campaña de la candidatura presidencial de Manfred Max Neef en 1993 hasta su involucramiento y constante participación en bullados conflictos socioambientales de las últimas décadas.
Por
Joaquín Riffo Burdiles -
INTERFERENCIA
Como parte del especial periodístico “Independientes 2021”, INTERFERENCIA se traslada al Distrito 12 -que aglutina a las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo- para seguir entrevistando a candidatos que no cuentan con apoyo de partidos políticos y que encabezan la primera o segunda mayoría de patrocinios en sus respectivas listas.
Es el caso de Lucio Cuenca Berger, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien obtuvo la segunda mayoría en patrocinios de su lista “Voces Constituyentes”. Con una dilatada trayectoria política ligada a la defensa del medio ambiente, que comienza con la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (FEUSACH) en 1992 y su rol como jefe de campaña de la candidatura presidencial del economista ambientalista chileno Manfred Max Neef en 1993, Cuenca recuerda cómo precisamente a comienzos de la década de los 90 ya se avisoraban una serie de problemáticas que han sido foco de conflicto en la actualidad.
“Esa candidatura de Max Neef de alguna manera recogía la temprana disidencia y descontento que había con la transición, con la falta de cumplimiento con las promesas que se habían hecho entre 1988 y 1990, y que los rumbos que estaba tomando el país no estaba en la línea de esos acuerdos.
La decisión articuló a distintos movimientos sociales pero particularmente se levantó como una candidatura ecologista y se planteó en torno a los ‘temas ausentes’, justamente aludiendo a algunos temas relevantes dentro de la transición como la falta de democratización, las deudas pendientes en derechos humanos, la deuda social y particularmente la falta de preocupación por la política ambiental”, explica.
Desde ahí, el candidato derivó a trabajar y enfocarse principalmente en el mundo socioambiental, y particularmente en los conflictos. A partir de eso ha estado trabajando en el proyecto del cual es director hasta la fecha: el OLCA. “Por un lado, trabajamos en apoyar procesos locales de conflicto frente al extractivismo en distintas áreas pero sobre todo los sectores más relevantes y agresivos de la economía como la actividad minera y forestal en sus distintas facetas, la agroindustria y también los problemas ambientales asociados a las megaciudades como la basura y la contaminación del aire”, describe.
En conversación con INTERFERENCIA, Cuenca relata que “encontramos allí un espacio para construir propuestas y construir organización, movimiento socioambiental. La gente en general se moviliza porque defiende lo que tiene y las opciones que ha hecho de vida, que vienen a ser alteradas por estas decisiones políticas. A partir de eso se fue gestando en el tiempo un impulso fuerte a la gestación del movimiento socioambiental, en particular respecto a algunos ejes articuladores de algunos problemas ambientales como es el agua.
El agua se transformó en una preocupación transversal de los distintos tipos de conflicto y en un eje articulador. Hasta el día de hoy, en los últimos 10 años, hemos trabajado en el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es la principal articulación que de hecho apoya mi postulación a constituyente por el Distrito 12”.
De esa forma, su trabajo independiente ha estado enfocado en fortalecer y promover el movimiento socioambiental. A partir de ahí, le ha tocado participar en conflictos que han sido de alta relevancia en el contexto político ambiental del país. “Hemos acompañado el conflicto contra el proyecto Pascua Lama desde su origen en 2001 hasta ahora, que está con un fallo de clausura total y definitiva. También estuve involucrado en la defensa de la bahía de Mehuín frente a la celulosa Arauco, en el caso de la termoeléctrica Castilla cerca de Copiapó -la que iba a ser la más grande de Latinoamérica-.
En el último tiempo he estado ligado a la defensa del Cajón del Maipo y la cuenca frente al proyecto Alto Maipo en la Red Metropolitana No Alto Maipo que de hecho es la organización territorial que levanta mi candidatura en este distrito. También acompañamos en la defensa del Valle de Putaendo frente a la minería, un conflicto que ha estado vigente en los últimos años”.
El director del observatorio ambiental afirma que desde el OLCA han construido una propuesta de gestión comunitaria de conflictos socioambientales que pone al centro de la estrategia la acción de la comunidad “y desde ahí va desarrollando planes de acción para lograr los objetivos que esa comunidad se plantea”.
Según su experiencia, ¿qué evaluación hacen de lo que está contemplado actualmente en la constitución respecto a medio ambiente y qué trabas existen a nivel constitucional para la defensa de conflictos socioambientales?
En esta experiencia que hemos hecho fuimos tomando conciencia y relacionando los problemas locales y la existencia de ciertas políticas y proyectos en los territorios directamente con el texto constitucional. Nosotros hablamos de bienes comunes, no de recursos naturales, porque tratamos de resignificar o cambiar ciertas conceptualizaciones que justamente se instalan las institucionalidades como la constitución de 1980, de reducir la naturaleza y el medioambiente a cosas mercantilizables y bienes económicos.
En ese sentido, desde esos procesos y la reflexión que hemos venido haciendo con las organizaciones, se identifica que la constitución actual es la piedra de tope de muchas de las demandas que los territorios tienen en materia ambiental. Este proceso de aportar en el cambio constitucional en el caso nuestro viene desde hace cinco o seis años, cuando fueron los primeros impulsos por tratar de abrirle paso a una nueva constitución, por lo que hemos ido construyendo en el tiempo.
Quizás el movimiento socioambiental en algunos aspectos tempranamente identifica estos nudos que tiene la constitución que hacen que el extractivismo esté anclado en la constitución. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el Estado subsidiario, y los mecanismos que se instalan para proteger la propiedad privada, para entregar garantías y libertades a la realización de distintos tipos de emprendimientos e inversiones -extranjeras, en particular- pero también la privatización de bienes comunes como el agua, recursos minerales e incluso de algunas funciones que cumple la naturaleza para poder existir, como los bonos de carbono o los mecanismos de transacción de emisiones que se han ido ideando en el tiempo, y se han ido adaptando a las políticas internas de nuestro país.
También hay un problema con tercerizar la fiscalización y la regulación que debe hacer el Estado. Hay muchas cosas que se deberían garantizar a nivel estatal y que hoy están entregadas a los privados. Hoy son los privados quienes hacen los Estudios de Impacto Ambiental, son los privados quienes se auto-fiscalizan y quienes informan al Estado de ciertos monitoreos. No hay una proactividad fiscalizadora a nivel estatal para garantizar el medio ambiente y los derechos de la comunidad, esas cosas están enraizadas.
Pero también está la falta de democracia. Este Estado que no permite la participación vinculante en las decisiones. Entonces todo ese conjunto de temáticas de alguna manera hacen que rápidamente las demandas sectoriales del mundo socioambiental se tradujeran también en una demanda de asamblea constituyente y por una nueva constitución. Por ejemplo, antes del estallido social y después de la revuelta, nosotros en el Movimiento por el Agua y los Territorios diseñamos un proceso de construcción programática donde se lograron realizar más de 70 cabildos por el agua a lo largo de todo Chile y de lo cual salió una propuesta que está establecida en un decálogo de la recuperación y la gestión comunitaria del agua.
Entonces se han ido generando propuestas que de alguna manera nos han animado, en esta profunda crisis política que estamos viviendo, a auto representarnos en este proceso constituyente, considerando todas las limitaciones y los desacuerdos que tenemos con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.
Decidimos en un debate muy largo y profundo, quizás más extendido de lo que a veces nos gustaría en los procesos de toma de decisiones, pero finalmente hemos llegado a concluir en la mayoría de los territorios que se trata de un proceso que hemos abierto en conjunto con los movimientos sociales y las organizaciones territoriales, y que tenemos que trabajar para que efectivamente nuestros planteamientos se plasmen en este debate.
Sin duda, las limitaciones impuestas hay que ver cómo las vamos a enfrentar en su momento cuando se constituya la convención constitucional, pero no vamos a dejar que los espacios abiertos o las respuestas políticas parciales que se nos han ido dando sean espacios ocupados por otros que no son los movimientos sociales y territoriales que han sido protagonistas de este proceso en el último tiempo.
Por ahí viene nuestra motivación para participar de este proceso constituyente. Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios hay al menos 10 candidaturas que se levantaron territorialmente y hoy cuentan con apoyo para su mejor instalación en esta instancia.
Pensando en el texto constituyente, ¿tiene algún modelo o referencia de constitución que le gustaría aplicar en Chile?
Como Chile ha sido el modelo del neoliberalismo, y el ensayo del neoliberalismo a nivel mundial, en realidad si bien uno recoge experiencias de otros países, el verdadero desafío es crear una propuesta de país y sociedad distinta que pueda superar ese sistema. Que pueda superar el extractivismo como base de la economía, que pueda poner en el centro la vida y no el mercado y la privatización. Nosotros hablamos de desmercantilizar la Constitución, de garantizar derechos sociales, y también hablamos de experiencias de otros países, como es lo que se ha hecho en otras constituciones sobre materia medioambiental.
Una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, de manera que la valoración que podamos hacer de la naturaleza es que tiene derechos, más allá de la funcionalidad o utilidad que esta pueda tener para los seres humanos. Que haya un reconocimiento y valoración de la existencia misma de la vida de distintas especies.
Y pensamos que esa propuesta, que en este caso está consagrada en la Constitución ecuatoriana, puede ser recogida por nuestro país en la nueva constitución de manera efectiva y así se pueda hacer cargo de la crisis ambiental que es parte de la crisis política que estamos viviendo.
Ahí hay un tema de debate que se está abriendo camino. Hay muchas candidaturas que están hablando de reconocer los derechos de la naturaleza, lo cual es un paso que el movimiento socioambiental ha ido instalando en este debate, lo cual recoge también la cosmovisión de los pueblos indígenas y las distintas corrientes de debate latinoamericano sobre cómo generar una propuesta alternativa al concepto de desarrollo tradicional, que pensamos que está absolutamente superado y agotado, y que de alguna manera eso de un giro al enfoque que puede tener la nueva constitución.
¿Cuál cree que deba ser el rol económico del Estado en materias de salud, educación y recursos naturales?
Cuando estamos hablando de superar el Estado subsidiario estamos hablando de consolidar un Estado solidario y un Estado que sea garante de derechos. Entendemos que la salud, la educación, la seguridad social, son parte de los bienes comunes sociales y por ende, debieran ser parte de los derechos garantizados por el Estado. Debiera ser indelegable la manera en que estos derechos se garantizan.
La manera en que estos derechos se deban garantizar con justicia, con calidad, con igualdad, debe ser abordado directamente por el Estado. Porque ya hemos tenido la experiencia de 40 años de Estado subsidiario, donde por ejemplo se habla de derecho a la salud, pero finalmente eso se transfiere a los privados y desde ahí se diluye la garantía de los derechos y se convierte en una mercantilización de los derechos.
Esto ha ocurrido con las pensiones en el caso de las AFP, ocurre con el sistema de salud, y también con más del 50% del sistema educacional que está transferido a educación particular subvencionada. En ese sentido creemos que el Estado debe jugar un rol preponderante, de forma que no se delegue la garantía de los derechos sociales que se definan en la nueva constitución.
¿Cuál cree que deba ser el estatus de los pueblos originarios en la nueva constitución?
Desde la candidatura creemos que deben ser reconocidos constitucionalmente. Debe reconocerse su preexistencia al Estado, de manera que de acuerdo a los convenios y acuerdos internacionales se debe reconocer sus derechos como pueblo, como el derecho a la autodeterminación, a tener territorio, a expresar libremente su cultura, sus creencias, su idioma, y sobre todo que el Estado se haga cargo de la reparación de las consecuencias políticas que ha tenido la destrucción racista y desconocimiento de su existencia como tal.
Eso pasa por entendernos como un país plurinacional en el que se reconozcan constitucionalmente a los pueblos indígenas con plena garantía de sus derechos consagrados en distintos marcos regulatorios internacionales.
¿Qué personaje histórico de Chile, hombre o mujer, le parece interesante o le genera admiración?
Hay corrientes democráticas y descentralizadoras, o derechamente federalistas, como la que en su momento representó Francisco Bilbao. Pero más recientemente, hago un reconocimiento al rol de la candidatura de Manfred Max Neef. Creo que fue una persona que hizo aportes interesantes, quizás no tan conocidos, pero desde el punto de vista político y social, creo que su candidatura abrió el campo de la preocupación política sobre el medio ambiente y la naturaleza.
También admiro mucho el rol que tuvieron las hermanas Quintremán en la resistencia contra Endesa en el Alto Bío Bío, más allá de los resultados finales de ese conflicto. Pero creo que en ellas se vieron muchas de las convicciones que hemos recogido los movimientos socioambientales y de defensa de los territorios, en alianza y complicidad con las luchas de los pueblos indígenas.
También destaco el rol de Macarena Valdés. Me tocó conocer el territorio de Panguipulli, antes del desenlace de su asesinato, y fue una mujer que encarna todo el proceso de recuperación cultural y regreso a la tierra, la cual participando de un conflicto de esas características terminó asesinada debido a la amenaza que ella representaba para los intereses económicos de empresas transnacionales. Son gestos y actitudes frente a la vida que debemos rescatar y tener presentes permanentemente.
De la actualidad, ¿hay algún personaje político nacional o internacional que le genere admiración o le parezca interesante?
Me parece interesante lo que está haciendo Yaku Pérez en Ecuador, que está actualmente participando del proceso eleccionario presidencial. Pero más que este evento mismo, el hecho de que haya encabezado una lucha en su provincia por el agua. Junto con estas elecciones se realizó una consulta donde más del 80% de la gente se pronunció por la defensa del agua y prohibir la mega minería en cinco ríos de esa provincia.
Me parece que dentro de Latinoamérica es una personalidad y liderazgo de otro tipo, que viene arraigado desde el movimiento indígena, pero también del movimiento feminista y ambientalista de la sociedad ecuatoriana, que está mostrando caminos en lo que deberían ser los cambios que en el resto de los países se vayan dando.
Fuente:
https://interferencia.cl/articulos/poner-fin-la-piedra-de-tope-constitucional-en-temas-ambientales-la-mision-de-lucio-cuenca778
