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21 de Abril de 2021

Comunidades denuncian las distorsiones de la Ley de Riego que secan los territorios



Ayer martes 20 de abril, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por Ramón Barros, diversas organizaciones presentaron sus críticas, observaciones y propuestas ante el proyecto de prórroga de la Ley de Riego 18.450, que se discute en estos días, con carácter de "suma urgencia".

La presentación fue realizada por Bárbara Salinas y Aníbal Carmona, de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento; Nelson Veas, de la Mesa de Turismo de Monte Patria y Leticia Ramírez y María Consuelo Infante, del Consejo Regional Campesino de Coquimbo, ejerciendo la vocería de organizaciones sociales como la Escuela de Agroecología Germinar, de la Provincia de Petorca; Catemu en Movimiento, de la comuna de Catemu, provincia de San Felipe, y la Coordinadora Valle Akunkawa, organización interprovincial de la región de Valparaíso. La iniciativa cuenta con el patrocinio de FENAPRU CHILE, y candidatos y candidatas Eco-Constituyentes por el Buen Vivir, pertenecientes al MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios.

Esta ley proviene del año 1985, cuando fue promulgada con el objeto de "fomentar la inversión privada en obras de riego y drenaje". La última de sus sucesivas prórrogas, rige hasta diciembre de 2021.

La Comisión Nacional de Riego (CNR) hace una positiva evaluación de la ley, señalando que el 80% de los beneficiarios correspondería a pequeños productores, por lo que recomienda su renovación por 12 años más. No considera en absoluto la situación de escasez hídrica observada en gran parte del país, que hoy afecta, incluso, a la Isla de Chiloé. Tampoco se ha abierto la discusión para contemplar factores como las diversas formas de agricultura, que pueden impactar de diferentes maneras el medioambiente; no se contempla cuál es el propósito final del subsidio, si debiera por ejemplo orientarse a agricultura familiar campesina por sobre la agroindustria exportadora; no se evalúa el efecto a largo plazo que tendrá en el medioambiente, las cuencas y el ciclo hidrológico la construcción de lo que para las comunidades han sido falsas soluciones a la crisis hídrica, tales como embalses, pozos profundos o canalización y entubamiento de canales y esteros. No se evalúa cómo se cruza la prórroga de esta ley con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con los eventuales cambios constitucionales y desde ahí en el Código de Aguas, ni se considera la vulnerabilidad país al cambio climático ni la crisis sanitaria global, con la consiguiente urgencia de promover la soberanía alimentaria. Tampoco se atiende el sobreotorgamiento de derechos de agua, dada la variación negativa experimentada por los caudales de aguas superficiales y volúmenes de acuíferos subterráneos. Lamentablemente, las y los campesinos que practican la agricultura familiar, a pequeña escala, no caben en la definición de "pequeños productores" a los que se refiere la CNR.

En definitiva, no se está convocando a expertos, ni a las comunidades afectadas. Más bien, se está intentando -con suma urgencia- "amarrar" la continuidad de una ley que ha contribuido, desde la dictadura, a la concentración de la riqueza, el agua, la tierra y el poder, en desmedro de las comunidades campesinas y del medioambiente.

En el análisis comunitario de los datos disponibles, sobre la titularidad de las aguas entregadas por el Estado (CPA 2015) y las bonificaciones por la ley de riego -ley 18.450- en la cuenca del Limarí (CNR 2019), por ejemplo, llama la atención que el 63% del agua otorgada -a perpetuidad- en ejercicio permanente y continuo, esté disponible para regar a sólo 53 titulares, mientras que más de 7000 titulares se deben repartir un 5% del caudal total otorgado, con una cantidad promedio por regante menor a 1 [lt/seg], versus los 430 [lt/seg] promedio que concentran los titulares con mayor "poder hídrico". Por su parte, como acusa el mundo campesino, el enfoque de la ley es productivista, fomentando la gestión territorial basada en el acaparamiento y la concentración de recursos (tierra, agua y financiamiento), distorsionando el sentido del "crecimiento" y el "desarrollo", afectando también a la naturaleza, suelos, ríos y acuíferos, posibilitando que aunque hay 40% de déficit en las precipitaciones, los monocultivos, incluso en laderas de cerros, se hayan multiplicado. La ley ha beneficiado principalmente a grandes productores, sobre todo exportadores, que concentran la propiedad de tierras, aguas y las utilidades.

Las propuestas clave de los concurrentes dicen relación con: Restringir la duración de la prórroga a un máximo de 3 años; incluir a las y los campesinos como beneficiarios sin someter a concurso las obras de pequeña escala destinadas a la subsistencia; modificar los criterios de asignación de puntaje para las obras de mayor envergadura, privilegiando la producción para el mercado local y que trabaja con la naturaleza, no contra ella; eliminar las distorsiones en la asignación de recursos como el multirut, el "riego ponderado" y la ganancia contra porcentaje de las consultoras, entre otras cuestiones. Todo ello con el objetivo de cautelar la capacidad de las cuencas de recuperarse y de promover la reparación de los abusos impuestos por el modelo extractivista.

Bárbara Salinas comentó que esto es parte de una estrategia mayor, en la que es central la difusión, la presión, la reflexión comunitaria y la incidencia parlamentaria; ahora en agricultura, luego será en hacienda, y en todos los espacios que sea necesario para defender el agua para la vida. Leticia Ramírez, por su parte, se mostró optimista luego de esta primera intervención ante la comisión de Agricultura, y considera que, con organización, quienes habitamos en el campo, las comunidades agrícolas y las comunidades de regantes, podemos cambiar el curso de los acontecimientos.

Presidida por el diputado Ramón Barros, diversas organizaciones presentaron sus críticas, observaciones y propuestas ante el proyecto de prórroga de la Ley de Riego 18.450, que se discute en estos días, con carácter de "suma urgencia".

La presentación fue realizada por Bárbara Salinas y Aníbal Carmona, de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento; Nelson Veas, de la Mesa de Turismo de Monte Patria y Leticia Ramírez y María Consuelo Infante, del Consejo Regional Campesino de Coquimbo, ejerciendo la vocería de organizaciones sociales como la Escuela de Agroecología Germinar, de la Provincia de Petorca; Catemu en Movimiento, de la comuna de Catemu, provincia de San Felipe, y la Coordinadora Valle Akunkawa, organización interprovincial de la región de Valparaíso. La iniciativa cuenta con el patrocinio de FENAPRU CHILE, y candidatos y candidatas Eco-Constituyentes por el Buen Vivir, pertenecientes al MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios.

Esta ley proviene del año 1985, cuando fue promulgada con el objeto de "fomentar la inversión privada en obras de riego y drenaje". La última de sus sucesivas prórrogas, rige hasta diciembre de 2021.

La comisión nacional de riego (CNR) hace una positiva evaluación de la ley, señalando que el 80% de los beneficiarios correspondería a pequeños productores, por lo que recomienda su renovación por 12 años más. No considera en absoluto la situación de escasez hídrica observada en gran parte del país, que hoy afecta, incluso, a la Isla de Chiloé. Tampoco se ha abierto la discusión para contemplar factores como las diversas formas de agricultura, que pueden impactar de diferentes maneras el medioambiente; no se contempla cuál es el propósito final del subsidio, si debiera por ejemplo orientarse a agricultura familiar campesina por sobre la agroindustria exportadora; no se evalúa el efecto a largo plazo que tendrá en el medioambiente, las cuencas y el ciclo hidrológico la construcción de lo que para las comunidades han sido falsas soluciones a la crisis hídrica, tales como embalses, pozos profundos o canalización y entubamiento de canales y esteros. No se evalúa cómo se cruza la prórroga de esta ley con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con los eventuales cambios constitucionales y desde ahí en el Código de Aguas, ni se considera la vulnerabilidad país al cambio climático ni la crisis sanitaria global, con la consiguiente urgencia de promover la soberanía alimentaria. Tampoco se atiende el sobreotorgamiento de derechos de agua, dada la variación negativa experimentada por los caudales de aguas superficiales y volúmenes de acuíferos subterráneos. Lamentablemente, las y los campesinos que practican la agricultura familiar, a pequeña escala, no caben en la definición de "pequeños productores" a los que se refiere la CNR.

En definitiva, no se está convocando a expertos, ni a las comunidades afectadas. Más bien, se está intentando -con suma urgencia- "amarrar" la continuidad de una ley que ha contribuido, desde la dictadura, a la concentración de la riqueza, el agua, la tierra y el poder, en desmedro de las comunidades campesinas y del medioambiente.

En el análisis comunitario de los datos disponibles, sobre la titularidad de las aguas entregadas por el Estado (CPA 2015) y las bonificaciones por la ley de riego -ley 18.450- en la cuenca del Limarí (CNR 2019), por ejemplo, llama la atención que el 63% del agua otorgada -a perpetuidad- en ejercicio permanente y continuo, esté disponible para regar a sólo 53 titulares, mientras que más de 7000 titulares se deben repartir un 5% del caudal total otorgado, con una cantidad promedio por regante menor a 1 [lt/seg], versus los 430 [lt/seg] promedio que concentran los titulares con mayor "poder hídrico". Por su parte, como acusa el mundo campesino, el enfoque de la ley es productivista, fomentando la gestión territorial basada en el acaparamiento y la concentración de recursos (tierra, agua y financiamiento), distorsionando el sentido del "crecimiento" y el "desarrollo", afectando también a la naturaleza, suelos, ríos y acuíferos, posibilitando que aunque hay 40% de déficit en las precipitaciones, los monocultivos, incluso en laderas de cerros, se hayan multiplicado. La ley ha beneficiado principalmente a grandes productores, sobre todo exportadores, que concentran la propiedad de tierras, aguas y las utilidades.

Las propuestas clave de los concurrentes dicen relación con: Restringir la duración de la prórroga a un máximo de 3 años; incluir a las y los campesinos como beneficiarios sin someter a concurso las obras de pequeña escala destinadas a la subsistencia; modificar los criterios de asignación de puntaje para las obras de mayor envergadura, privilegiando la producción para el mercado local y que trabaja con la naturaleza, no contra ella; eliminar las distorsiones en la asignación de recursos como el multirut, el "riego ponderado" y la ganancia contra porcentaje de las consultoras, entre otras cuestiones. Todo ello con el objetivo de cautelar la capacidad de las cuencas de recuperarse y de promover la reparación de los abusos impuestos por el modelo extractivista.

Bárbara Salinas comentó que esto es parte de una estrategia mayor, en la que es central la difusión, la presión, la reflexión comunitaria y la incidencia parlamentaria; ahora en agricultura, luego será en hacienda, y en todos los espacios que sea necesario para defender el agua para la vida. Leticia Ramírez, por su parte, se mostró optimista luego de esta primera intervención ante la comisión de Agricultura, y considera que, con organización, quienes habitamos en el campo, las comunidades agrícolas y las comunidades de regantes, podemos cambiar el curso de los acontecimientos.

Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento
Mesa de turismo de Monte Patria
Consejo Regional Campesino de Coquimbo
Modatima Limarí
Escuela de Agroecología Germinar, provincia de Petorca
Catemu en Movimiento
Coordinadora por la Defensa de Akunkawa
FENAPRU Chile
MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios
Eco constituyentes por el Buen vivir: Constanza San Juan, D 4; Consuelo Infante, D5; Daniela Albornoz, D6; Alvin Saldaña, D15; Gloria Alvarado,D16

https://resumen.cl/articulos/comunidades-denuncian-las-distorsiones-de-la-ley-de-riego-que-secan-los-territorios

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