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11 de Mayo de 2021

El síndrome de la minería avanza en Paraguay



"La organización de la población es muy importante, ya que ella puede conseguir normativas que eviten una profundización y la definitiva expulsión del territorio de las empresas mineras. La instalación y funcionamiento de una planta minera corresponde exclusivamente al gobierno central, pero la decisión de permitir su actividad en su localidad es competencia del municipio, que tiene autonomía suficiente para decidir su aceptación".

Por Guillermo Ortega y Sarah Zevaco - Revista Biodiversidad, sustento y culturas #108

La minería en Paraguay tiene pocos antecedentes: solamente se tiene registrada una mina de hierro explotada en la época de la presidencia de Carlos Antonio López (1790-1862), quien mandó construir una fundición de hierro, iniciándose en 1854, contratando profesionales extranjeros, con la intención de dotar al país de un soporte tecnológico para el desarrollo del país. En la época, fue la primera industria que se levantó en la región, con el propósito de fabricar implementos agrícolas, herramientas, utensilios y armas.

Durante la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), dicha industria ocupó un papel preponderante en la fabricación de armas para la defensa del país. En 1869, la misma fue destruida por soldados brasileños; un año después, se inició la dependencia del país hacia los imperios y a las decisiones extranjeras [1].

Pasadas las décadas siguientes, recién en el siglo XX, entre los años 1970-1983, se realizaron en la región oriental investigaciones geológicas, por parte de una empresa estadounidense (Zevaco 2019: 15), la cual actualizó el mapa geológico del país. Con el golpe de 1989, que derrocó al régimen dictatorial de Stroessner (1954-1989), se impulsó un acuerdo con el gobierno alemán para iniciar la prospección de recursos no metálicos (talco, cal, diamante) y la creación de un servicio geológico nacional (ídem: 16) [2]. En esta etapa las cooperaciones entre el Estado y las empresas privadas le apuestan al capital extranjero para el direccionamiento de los emprendimientos de yacimientos de minerales y/o hidrocarburos, y a partir del 2000 se dio un auge de las concesiones de prospección a empresas privadas que invierten en la búsqueda de oro, titanio y uranio.

El oro


Foto de Viviana Sánchez Prada.
La empresa de origen canadiense Latin American Minerals Paraguay (Lampa) tomó el control de más de 10 mil hectáreas en el distrito de Paso Yobai, del Departamento de Guairá, a 200 km de la ciudad de Asunción, realizando inversiones para la explotación de oro en la zona; en 2007, a partir de la compra de “Minas Guairá” y “Minas Paraguay”, empezó a extraer oro y a gestionar su exportación en forma de lingotes. La “fiebre de oro” en Paso Yobai inició con el anuncio de la presencia de pepitas de oro en un arroyo de la zona, en 1994, y desde ese momento, fueron proliferando los buscadores —empresas, pequeños, medianos mineros artesanales— que exploran el territorio; la zona pasó a convertirse en un territorio de permanente conflicto y destrucción de la naturaleza (Zevaco: 101).

Paso Yobai antiguamente era un centro de producción de yerba mate, existiendo dos o tres empresas medianas dedicadas al ramo: una zona netamente agrícola. La explotación del oro modificó sustancialmente la tradición agrícola, donde campesinas y campesinos experimentaron el despojo de sus tierras, el desplazamiento de su base económica por la del oro, una actividad extraña a la cultura campesina.

La disputa por el oro ocurre entre pequeños mineros (artesanales), medianas y empresas extranjeras, que se manejan con escalas distintas para la explotación.

Se incorporan intereses políticos partidarios (principalmente, el partido Colorado y el partido Liberal) que se disputan el control del negocio de la explotación del oro, y se mezclan con otros intereses de negocios ilícitos y contrabando. Tal vez la caída del precio internacional del metal haya producido la crisis de Lampa que vendió su derecho de explotación a otra empresa (AET Paraguay SA), la cual realiza actualmente la explotación del oro, junto con otros grupos mineros (cooperativas, mineros individuales).

Ante la nula o poca presencia de organismos de protección de la naturaleza y de los bienes públicos, la actividad minera del oro está causando efectos peligrosos en la zona. Paso Yobai cuenta con 13 arroyos y un río que desembocan en el Río Tebicuarymí, importante afluente del Río Tebicuary, que conforma la cuenca hídrica de dicho río [3]. La extracción del oro requiere del uso de dos sustancias altamente tóxicas, el cianuro y el mercurio. La contaminación de las fuentes de agua de la zona se verifica con la aparición de algunas enfermedades relacionadas a ellas, como el cáncer y diversos problemas gastrointestinales. (Zevaco: 106). El país es signatario del Convenio Minamata, que realizó un estudio sobre el uso del mercurio en el país [4].

Las denuncias sobre mortandad de peces, cambio de color y olor fuerte, son frecuentes a lo largo del Río Tebicuarymi, y posiblemente causadas por el uso del mercurio y el cianuro. Este río provee de agua a la empresa estatal ESSAP, que extrae el agua para su tratamiento y distribución a tres distritos de la región. Hasta el momento no se ha obtenido ninguna medida que proteja a los consumidores frente al desamparo de los organismos gubernamentales.

Uranio

Es un mineral de reciente exploración en Paraguay, relacionado con el precio elevado en el mercado mundial y por la instalación de una central nuclear en la vecina provincia de Formosa. La exploración del mineral se centra en el distrito de Yuty, departamento de Caazapá, cercano al Departamento de Guairá, donde se concentra la extracción de oro.

La empresa canadiense Transandes fue la encargada de realizar los trabajos de exploración, en el transcurso de los cuales encontró una mina de cuatro toneladas de uranio; luego esta empresa fue adquirida por Uranium Energy (capital estadounidense y canadiense) (Zevaco: 132). Para la etapa de exploración, el viceministerio de Minas y Energía y el Congreso le concedieron una extensión de 318.650 ha, lo cual representa el 22% del territorio del distrito. La mina de uranio está parada en este momento por un precio internacional bajo en comparación con el costo de producción, según los directivos de la empresa. Lo que se sospecha es que se estará reiniciando el proyecto, a partir de la instalación de la central nuclear en Formosa. El peligro de este tipo de emprendimiento es el desecho tóxico que deja en el suelo, que contamina todo lo que se encuentra a su alrededor.

La zona de exploración se encuentra sobre la cuenca hídrica del Tebicuary, un río importante que abarca varios distritos hasta su desembocadura en el Río Paraguay.

Titanio

Es otro de los minerales apetecibles para la empresa Uranium Energy, con un yacimiento ubicado en el distrito de Minga Porá, departamento de Alto Paraná. El gobierno le concedió alrededor de 332 mil ha, donde se realizaron los trabajos de prospección y exploración. En su etapa de explotación —que no inició aún— la utilización de agua sería de alrededor de 3 mil litros/tonelada de tierra para extraer 11 gramos de dióxido de titanio.

La zona concedida está cercana a una población que se verá afectada por la explotación del mineral. Existe preocupación de la comunidad por el uso del agua, por las posibilidades de quedarse sin el líquido vital y la contaminación de la misma, luego de su utilización para la extracción del metal. El inicio de la etapa de explotación depende del precio del titanio.

Avance en la defensa de la cordillera del Ybytyruzu

En el contexto que se menciona, grupos sociales y ecológicos promovieron la presentación de una propuesta de modificación de la ley 5.399/2015 que permitía al ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) otorgar permiso para la instalación de empresas mineras dentro de la reserva de 24 mil ha, considerado unos de los últimos remanentes boscosos del bosque atlántico paranaense. La reserva del Ybyturuzú, ocupa tan sólo 1% del territorio del bosque atlántico interior, pero guarda en ella el 33% de las especies de plantas, representando una muestra significativa de la biodiversidad del casi extinto bosque.

La propuesta era que “en ningún caso se permitirá la prospección, exploración ni explotación de minerales, hidrocarburos en el área declarada como reserva y su zona de amortiguamiento”: fue aceptado por las dos cámaras, promulgándose la ley 6341 del año 2019. Este logro significó un alivio, pero no eliminó el peligro de instalación de pequeñas empresas mineras en zonas aledañas a la reserva o dentro de la misma. Los organismos gubernamentales no demuestran interés en resguardar la reserva y otorgan licencias ambientales para la exploración de minerales en la zona.

El problema del titanio y la movilización de la población de Minga Porá

La población del distrito se movilizó para evitar la continuidad del proyecto de explotación del titanio. Realizaron audiencias públicas para informarse y plantear acciones al municipio de la ciudad. El planteamiento es el impulso de un plan de ordenamiento territorial donde se delimite la producción agropecuaria y minera, atendiendo principalmente al uso del agua, de la tierra y el cumplimiento tributario para la municipalidad, con posibilidad de generar recursos complementarios para proyectos productivos.

Perspectivas

Ocurrió en el mercado una disminución en los precios de los metales señalados, que permite que las empresas mineras no tengan interés, temporalmente, en el inicio de la explotación. Por lo tanto, existe posibilidad ahora de generar leyes que eviten mayor devastación en la naturaleza y efectos nocivos en la población.

La organización de la población es muy importante, ya que ella puede conseguir normativas que eviten una profundización y la definitiva expulsión del territorio de las empresas mineras. La instalación y funcionamiento de una planta minera corresponde exclusivamente al gobierno central, pero la decisión de permitir su actividad en su localidad es competencia del municipio, que tiene autonomía suficiente para decidir su aceptación. Del poder de las organizaciones territoriales depende que se consiga el apoyo del gobierno local a las iniciativas comunitarias para la generación de alternativas económicas y protección de la naturaleza. Ello se logra a través de la información y comunicación sobre los proyectos, además del desarrollo de la conciencia colectiva sobre los intereses comunes y los bienes públicos compartidos. En particular, es necesario plantear salir de la dinámica estatal que se dio hasta ahora, que es la de obedecer al sector privado, por supuesta falta de capacidades estatales, y asumir la responsabilidad de la gestión del subsuelo como bien común.

Notas:

1- https://fdra-historia.blogspot.com/2013/12/guerra-delparaguay-la-fundicion-de.html

2- Zevaco, S. 2019 Minería en el territorio paraguayo, Asunción: Base Investigaciones Sociales

3- Portillo, A. y Ortega, G 2015 El Agua: ¿bien común o mercancía?, Asunción: Base Investigaciones Sociales

4- http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/MIAs/Paraguay-MIA-2019-SP.pdf

Imagen principal: - De modo precario un trabajador manipula químicos tóxicos para obtener el oro. Foto: Viviana Sánchez Prada

Revista Biodiversidad, sustento y culturas #108

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-sindrome-de-la-mineria-avanza-en-Paraguay

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