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28 de Junio de 2021

Pensiones: Cómo la ciudadanía financia a las grandes empresas que violan la ley



Colusión de precios, contaminación de ríos y océanos, financiamiento ilegal de partidos políticos, muerte masiva de animales y familias expuestas a constantes intoxicaciones. Todo provocado por empresas con un factor clave en común: una inversión multimillonaria que llega desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las sociedades privadas con fines de lucro que deciden cómo se invierte el dinero que ahorran los trabajadores para sus futuras jubilaciones.

Texto e investigación: Paulette Desormeaux, Constanza Pérez y Gabriela Pizarro
Apoyo en datos de Juan José Lyon


*Este reportaje fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y el Instituto de Prensa y Sociedad y es parte de un especial transnacional donde colaboraron 32 periodistas de 13 medios de Latinoamérica.


Sábado 18 de enero de 2014. Un día de verano al sur de Chile que se transformó en pesadilla para los habitantes de la comuna de San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos. Esa tarde, los bañistas que habían ido a pasar el calor al Río Cruces miraron con espanto sus cuerpos, atacados por una reacción cutánea inexplicable. Picazón, ardor, ronchas, dolor. ¿Qué pasó? Corrió la voz entre los habitantes. Hablaron sobre la temperatura del agua –inusualmente alta ese día– y de los miles de peces que aparecieron muertos en el río esa misma jornada. En ese momento no lo sabían, pero la explicación estaba 800 metros río arriba, donde la Planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) descarga sus residuos líquidos. Allí, la compañía había arrojado un peligroso líquido conocido en la industria de la celulosa como licor verde, una solución corrosiva que al contacto con la piel puede causar quemaduras químicas.

Lo que tampoco sabían los afectados, era que ese mismo mes, enero de 2014, el multimillonario pozo controlado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tenía invertidos casi $277 mil millones en Celulosa Arauco y Constitución (Celco). Un pozo cuyo destino se define por las reglas del mercado, que cada mes es alimentado por los ahorros previsionales de más de 5,6 millones de trabajadores, y que hasta antes de la pandemia equivalía al 80% del PIB chileno.

El propósito central de las AFP es hacer crecer los ahorros de los futuros jubilados invirtiendo en acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Sin normas que las obliguen a descartar compañías con malas prácticas, en la última década éstas han invertido el dinero de los trabajadores en empresas sancionadas por coludirse, financiar ilegalmente la política o destruir el medio ambiente, como Celco. Así, las mismas personas afectadas por las violaciones graves a las normas cometidas por estos grupos económicos, son quienes financian involuntariamente sus negocios.

Juan Santana lleva más de tres décadas pescando en la desembocadura del Río Cruces. Conoce de cerca el impacto que ha tenido Celco en el entorno del río, pero, según dice, ni siquiera imaginaba que la misma empresa era beneficiada mensualmente con millonarias inversiones desde los fondos de pensiones. “No creo que por la mente de una persona común pase la idea de que Celco se beneficia de las AFP. Me gustaría protestar una vez más y presionar para que todo el mundo se entere de esto”, advierte el pescador.

Quien sí tiene esa información es la Superintendencia de Pensiones. Para esta investigación, un grupo de periodistas y programadores desarrolló una herramienta que permite monitorear, en base a esos datos públicos, dónde ha estado invertido el dinero de los trabajadores entre 2010 y 2019 (ver herramienta).

Al revisar la extensa lista de sanciones y juicios que esas compañías han enfrentado, se revela una historia desconocida para la mayoría de la población. Solo en los últimos cinco años, 36 empresas que se dedican a rubros de servicios como el transporte o el retail –y que reciben dineros de las AFP– acumularon casi 3.500 multas de la Dirección del Trabajo. Accidentes graves, lesiones, agresiones sexuales no investigadas, malas condiciones de seguridad, violación de contratos y obstáculos a la fiscalización, son algunas de las razones por las que estas empresas, o sus filiales, han sido sancionadas. Hasta julio del año pasado, las multas sumaban casi $52 mil 500 millones.

En 2020, Cencosud fue la empresa favorita de las AFP en el sector de servicios. No importó que la Dirección del Trabajo hubiese cursado 138 multas a sus filiales –como Santa Isabel, Easy y Paris–. Ese año, las administradoras de fondos de pensiones llegaron a invertir casi 1,2 billones de pesos en la compañía. Las sanciones no fueron un hecho aislado. Entre enero de 2015 y mayo de 2021, Cencosud y 14 de sus filiales acumularon más de dos mil multas por violar las normas laborales (ver base de datos con multas ejecutoriadas por empresa).

Hasta ahora, las iniciativas para regular el factor ético o de responsabilidad social en las inversiones que realizan las AFP funcionan como una declaración de principios adoptadas por algunas administradoras. Hay cláusulas en sus Códigos de Ética y algunas han adherido a principios internacionales de inversión responsable (vea aquí las iniciativas). Estos compromisos no son vinculantes. Es decir, ningún organismo fiscalizador en Chile comprueba que las AFP efectivamente cumplan con esas promesas que adquieren, ni existen sanciones en caso de que no lo hagan. Sin embargo, en mayo de este año empezó a regir una nueva norma que les exigirá considerar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, así como riesgos asociados al cambio climático, por el efecto que estos puedan tener en la sustentabilidad a largo plazo de los ahorros.


Río Cruces, ubicado en la Región de Los Ríos. Fotografía: Fundación Terram.

El dinero tras la contaminación

Dada la débil capacidad del Estado para fiscalizar, y la cantidad de años que puede demorar el cierre de un caso, no es fácil multar a una compañía que viola las normativas que buscan proteger al medio ambiente. Sin embargo, diez grandes empresas que operan en Chile y que han sido financiadas por las AFP, han sido sancionadas o están siendo investigadas por infracciones a las leyes medioambientales: Aes Gener, Agrosuper, CAP, Celco, Codelco, Empresas CMPC, COPEC, ENAP, Enel Generación y SQM.

Desde 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente ha cursado un total de 39 sanciones contra seis de ellas, sumando más de $2.500 millones en multas pagadas. Nueve empresas tienen procesos sancionatorios en curso en la Superintendencia de Medio Ambiente por 122 infracciones a la normativa medioambiental, entre ellas Celco, SQM, Codelco, Enap y Aes Gener (ver base de datos con sanciones y procesos en curso). En el caso de esta última compañía, la Superintendencia examina sus operaciones en el cordón industrial Ventanas, ubicado en el sector de Puchuncaví y Quintero en la región de Valparaíso, declarado como zona saturada por la contaminación que generan las empresas instaladas en el lugar. Cinco de las once compañías que operan ahí reciben dinero de las cotizaciones de millones de futuros pensionados (ver inversiones).

En agosto de 2018, cientos de habitantes de ese sector debieron acudir a centros de salud por indicios de intoxicación. Sufrieron náuseas, vómitos, dolor de cabeza y desvanecimiento. El Gobierno suspendió las clases escolares y decretó alerta sanitaria. Mientras todos apuntaban a la responsabilidad de las industrias ––y el Gobierno paralizaba las operaciones de algunas de ellas––, las AFP mantuvieron sus inversiones en las empresas de la zona. Incluso, al mes siguiente de la intoxicación, las administradoras aumentaron su inversión en Aes Gener, alcanzando casi 327 mil millones de pesos. Lo mismo ocurrió con Empresas Copec, llegando a más de 1 billón 247 mil millones de pesos (ver herramienta).

En el caso de Celco, el historial de daño ambiental es contundente. En 2004 la empresa protagonizó uno de los desastres ecológicos más graves del país: la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro a raíz de los contaminantes que depositó en el Río Cruces. La sanción tardó casi una década en llegar. En 2014, un año después de que fuera condenada por la muerte de los cisnes, la empresa derramó licor verde en el mismo río. El hecho motivó una demanda del Estado por grave daño ambiental, dos demandas civiles por el daño moral causado a los trabajadores y habitantes del sector, y una querella criminal por las lesiones en la piel que sufrieron los bañistas. Estos procesos siguen en curso y quienes conviven cerca de Celco, en San José de la Mariquina, aún esperan una respuesta.

“Aquí nadie se preocupa de medir el impacto que ha tenido Celco. Es como un castigo psicológico vivir así, pensando todo el tiempo en qué es lo que puede pasar mañana o tener que estar cuidándome del agua por si está contaminada, para no sufrir los efectos de años atrás”, se lamenta Juan Santana.

Pero ni las sanciones millonarias, ni los juicios por daño ambiental, han impedido que el dinero de las cotizaciones se siga invirtiendo en esa empresa. Tampoco el hecho de que el Grupo Angelini, dueño de Celco, haya financiado ilegalmente a distintas figuras políticas a través de más de 1.422 millones de pesos escondidos tras boletas y facturas fraudulentas, según reveló una investigación de la revista Qué Pasa en 2015.

¿Por qué sucede esto y quién decide que sea así? La explicación se encuentra en el corazón del sistema de pensiones chileno: un esquema basado en el ahorro individual obligatorio por ley, que es administrado por las AFP para que rinda según los vaivenes del mercado. Si a la empresa donde está invertido el dinero le va bien, el ahorro crece. Y si le va mal, el futuro pensionado debe asumir las pérdidas. Fue el caso de muchos trabajadores que se jubilaron en 2011. Ese año estalló el fraude de La Polar, una multitienda que brillaba en la Bolsa gracias al sorprendente éxito de la tarjeta de crédito que ofrecía a los clientes. Sus principales inversionistas eran las AFP. Éstas no detectaron que los resultados financieros que La Polar entregaba al mercado eran falsos, al estar basados en repactaciones unilaterales de las deudas impagas de los clientes. Cuando se descubrió el fraude, el valor de las acciones de La Polar se desplomó en la Bolsa, hundiendo también los fondos de los futuros pensionados.

Este sistema contribuyó a que Chile liderara el crecimiento económico en América Latina durante 18 años –considerando el PIB per cápita según cifras del Fondo Monetario Internacional–, asegurando un fondo gigante de inversión directa en los grandes grupos económicos que operan en el país. Desde que fueron creadas hace 40 años, las AFP se han convertido en lo que Fundación Sol –un centro de investigación enfocado en temas de trabajo y desarrollo– describe como “un engranaje fundamental en la financiarización de la economía nacional, al brindar a un sector de las compañías (…) mecanismos de capitalización independientes de la banca”. Pero este sistema no ha logrado brindar seguridad previsional: para muchos, la jubilación simplemente no alcanza para vivir (ver crónica). Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a abril de 2021 las mujeres jubiladas recibían en promedio 202 mil pesos mensuales producto de su ahorro individual. En el caso de los hombres, el monto era de 293 mil pesos.

A juicio de Marco Kremerman, investigador de Fundación Sol, el sistema es una especie de chaleco de fuerza que no solo falla a la hora de entregar buenas pensiones, sino que también condiciona el desarrollo del país. “Este sistema de AFP impide que haya cambios en la forma en que nos desarrollamos, porque le mete plata a las mismas empresas y grupos económicos que vienen haciendo lo mismo hace mucho tiempo. Es reproducir una estrategia de desarrollo que ya está totalmente desgastada”, asegura el investigador.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en febrero de 2020 el 6,2% del total de fondos de pensiones estaba invertido en empresas extractivistas o de servicios que operan en Chile. La Asociación de AFP, organización gremial que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, decidió no responder las preguntas enviadas para este reportaje. Lo mismo ocurrió con la Superintendencia de Pensiones.

Colusión y corrupción política

En el rubro de explotación de recursos naturales, la segunda compañía donde más dinero tenían invertido las AFP en febrero de 2020, era Empresas CMPC. Esta fue condenada por protagonizar una red de colusión en el mercado del papel higiénico, fijando precios de distintos productos entre 2000 y 2011, año en que las administradoras llegaron a invertir 643 mil millones de pesos en la empresa. En 2020, tras una larga pelea judicial, la Corte Suprema condenó a CMPC a pagar una multa millonaria, no solo por haber organizado la colusión, sino también por la coacción económica que ejerció sobre sus competidores para que se unieran al fraude y permanecieran en él. Así, los chilenos y chilenas pagaron durante años un precio más alto por el papel higiénico, fijado ilegalmente por estas compañías financiadas por las AFP.

Una historia parecida es la de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), una de las compañías de Julio Ponce Lerou, quien fue yerno del dictador Augusto Pinochet. En diciembre de 2020, las AFP tenían invertidos más de 664 mil millones de pesos en SQM. La empresa se había transformado en el ícono de la corrupción de la política, cuando en febrero de 2015 se descubrió el financiamiento ilegal que le brindaba a una amplia lista de partidos, tanto oficialistas como de oposición. Ese mes, las AFP tenían más de 191.700 millones de pesos invertidos en la empresa.

Un año después de que estallara el caso, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) acusó a la empresa de “incumplimientos gravísimosen su proyecto Pampa Hermosa. SQM no había implementado las medidas de mitigación ordenadas por la autoridad para evitar daños irreversibles generados por su extracción de agua. Hoy está ejecutando el programa de cumplimiento ordenado por la Superintendencia. Lo mismo ocurrió en otra planta de la empresa ubicada en San Pedro de Atacama, que desde 2016 enfrenta acusaciones calificadas como “gravísimas” por parte de la autoridad ambiental. Luego de casi cinco años, el caso aún se encuentra en curso.

Un modelo a seguir

El Fondo Global de Pensiones del Estado noruego es un ejemplo a nivel mundial. Es uno de los fondos públicos más grandes del mundo y tiene el objetivo de ahorrar para asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del país. Cada año, el organismo publica informes de responsabilidad social, donde precisa en qué empresas ha dejado de invertir por no cumplir con el marco normativo ambiental o estar involucradas en casos de corrupción. Estas directrices son definidas por el parlamento noruego, y luego son aplicadas a través de un Consejo de Ética que propone vetos o el levantamiento de los mismos. Noruega ha acordado que el ahorro de sus trabajadores no puede estar invertido en empresas que producen armas nucleares, tabaco o que causen daño ambiental severo.

Por ejemplo, en 2006 la transnacional Walmart ––presente en Chile a través de los supermercados Líder–– fue expulsada de la cartera de inversiones del fondo noruego por “graves violaciones a los derechos humanos”, según consignó Forbes. En esa ocasión, el Consejo de Ética argumentó que las infracciones de Walmart eran abundantes y sistemáticas, incluyendo trabajo infantil, condiciones de trabajo peligrosas y discriminación sexual, tanto en la operación propia del negocio, como en su cadena de abastecimiento. La decisión fue revocada recién en junio de 2019, tras 13 años de veto. El año pasado, el fondo retiró sus inversiones de 32 empresas porque no cumplían con los estándares que ha decidido respetar.

El fondo noruego forma parte de la PRI Association (Principios para una Inversión Responsable), una asociación de inversionistas internacionales apoyada por la ONU, que busca fomentar la inclusión de criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en las inversiones de las empresas. En Chile, AFP Cuprum fue la primera en adherirse a esta organización, en enero de 2019. La administradora dice que su prioridad, y mandato legal, es rentabilizar los ahorros de sus afiliados, pero quiso tomar un compromiso mayor en materia de responsabilidad de inversiones.

Luego de adherir a esos compromisos, Cuprum siguió invirtiendo en empresas con graves cuestionamientos medioambientales. Consultada por esa decisión, la AFP explica que se trata de “un proceso largo, que hemos ido avanzando por etapas. Este es el segundo año que reportamos en estas materias, y avanzaremos año a año porque estamos convencidos que es y será muy relevante para el futuro de las inversiones, la sociedad y el planeta en el que queremos vivir”.

La discusión impostergable


Movimiento No más AFP. Fotografía: El Desconcierto.

En 2017, el senador RD Juan Ignacio Latorre publicó un artículo académico planteando la posibilidad de incorporar criterios éticos en las inversiones de las AFP. En ese entonces, dirigía el Centro de Ética y Reflexión Social “Fernando Vives SJ” de la Universidad Alberto Hurtado, y su análisis se basó en la experiencia de fondos de pensiones internacionales que los aplicaban. “La pregunta tiene que ver con qué modelo de desarrollo queremos y las inversiones no son neutras en ese sentido, ya que fomentan un tipo de economía y un tipo de sociedad”, dice.

La discusión sobre el sistema previsional está hoy en el centro del debate de la convención que deberá escribir una nueva Constitución para el país. Para Latorre esta puede ser una muy buena oportunidad “para repensar el rol del Estado, el rol de los parlamentarios, sobre todo si queremos tener en el horizonte una sociedad post pandemia con más justicia social y ambiental”, asegura.

El rol de las AFP se ha convertido en uno de los puntos clave en la discusión de los programas de Gobierno de los candidatos de las elecciones presidenciales de noviembre. Más allá de las fórmulas que sean planteadas, el cambio de un sistema de ahorro individual a uno mixto parece inminente. Dado el modelo actual, la discusión no podrá limitarse a la mejor forma de asegurar una previsión que dé dignidad a los jubilados. También deberá abordar el destino de los ahorros de los trabajadores, presentando una oportunidad histórica de regular la inversión en empresas que hoy contribuyen a la destrucción de la naturaleza y la vulneración de los derechos de las personas.

La Pública


https://lapublica.cl/pensiones-como-la-ciudadania-financia-a-las-grandes-empresas-que-violan-la-ley/

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