- Colombia:02 de Julio de 2021
Informe revela obstáculos para la independencia judicial en Colombia
El informe señala que la ausencia de contrapesos frente al ejecutivo además ha afectado el papel de los principales organismos de control, los cuales se han visto cooptados por el partido de gobierno, que tiene su origen y afianzamiento en la historia reciente de Colombia en el gobierno de Uribe Vélez.
Por
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
Este jueves 1 de julio, plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales que integran la
Campaña por la Independencia de la Justicia presentaron el informe
Independencia judicial en Colombia: en riesgo por un régimen autoritario en el que se documenta el deterioro de la independencia judicial, que tiene como consecuencia directa la afectación del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia para millones de personas en Colombia, entre otras.
Como señala el informe “la independencia judicial constituye una salvaguarda en contra del despotismo y el autoritarismo, la concentración del poder y la arbitrariedad. El hecho de que los que administran justicia puedan ser independientes, poner controles al poder y sancionar las faltas de quienes gobiernan es lo que diferencia las democracias de las monarquías y los regímenes absolutistas. Como tal, se trata de un valor democrático.”
Desde la cooptación de la rama judicial y los organismos de control a través de nombramientos de personas afines al gobierno, hasta el desacato de decisiones judiciales, pasando por los ataques contra trabajadoras y trabajadores de la rama y la falta de presupuesto, el informe analiza cómo la independencia judicial se encuentra en serio riesgo en Colombia, y cómo este riesgo se ha profundizado durante el actual gobierno, hasta amenazar de forma directa la división de poderes.
En relación con ataques directos a funcionarios y funcionarias judiciales, según datos del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -Fasol- recogidos en el informe, desde enero de 2019 hasta junio de 2021, han sido múltiples los ataques a su integridad: se registraron 6 homicidios, 26 amenazados, 12 atentados, 3 judicializados, 6 desplazados, 1 exiliado y 1 acceso carnal violento. Estos datos demuestran que en el Gobierno de Iván Duque persiste y se agudiza un problema estructural de desprotección del ejercicio judicial en los territorios, de la falta de capacidad de prevención y acciones encaminadas a proteger la justicia y la integridad de quienes la operan.
En materia de recursos y funcionamiento, según los datos del Consejo Superior de la Judicatura, la participación de la Rama Judicial en el Presupuesto general de la Nación estuvo en 1993 en un porcentaje del 2.1 y para el 2018 esta participación fue del 1.8% desde cuando se ha mantenido constante sin superar el 2 por ciento. En relación con el PIB, el porcentaje asignado a la Rama Judicial no supera el 0.5%. A esto se suma el rezago presupuestal que para el 2020 se ubicó en un 17%, estimado en cerca de 7 billones de pesos de presupuesto asignado frente a las necesidades de funcionamiento de la Rama Judicial.
La congestión judicial en el país alcanza el 50 % en la mayoría de las jurisdicciones, lo que significa un déficit de más de 50 jueces por cada 100.000 habitantes, sumado a los largos tiempos procesales y a los casi 2,2 procesos nuevos por día que recibe la Rama Judicial, lo que evidencia la necesidad de descongestionarla.
Esto también se ha traducido en las condiciones de trabajo de funcionarias y funcionarios judiciales. Particularmente, en el año 2020 en donde hubo confinamiento se identificaron afectaciones derivadas de las medidas de trabajo en casa como: (i) exceso de carga laboral; (ii) enfermedades mentales como estrés postraumático, ansiedad y depresión; (iii) 7 casos de suicidio. Estos datos fueron aportados por las directivas seccionales de Asonal Judicial S.I. y funcionarios (as) de las oficinas de bienestar de empleados de la Fiscalía, quienes deberían ser objeto de protección por parte de la institución y deberían contar con plenas garantías para ejercer su labor.
En relación con los desacatos a las decisiones judiciales, uno de los obstáculos más evidentes durante el actual gobierno, el informe señala al menos diez episodios en los que el gobierno Duque ha descalificado públicamente sentencias judiciales, ha emitido órdenes contrarias a las mismas o sencillamente no las ha acatado, convirtiendo esta práctica en algo natural pero que es abiertamente contrario a los estándares internacionales y nacionales en materia de independencia judicial. Si un gobierno no acata las decisiones judiciales el mensaje para el conjunto social es de irrespeto y desconfianza en la justicia.
Dos casos relacionados con la pandemia del COVID 19 fueron la tutela por el derecho a la igualdad de las personas mayores de setenta años ante medidas de confinamiento discriminatorias: “Eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario, además, a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad”, señaló entonces el presidente Duque. O las declaraciones del Ministro de Salud Fernando Ruíz, ante el fallo que obligaba a la toma de prueba PCR a viajeros y viajeras provenientes del extranjero: “Las órdenes emitidas por el juez ponen al Ministerio de Salud en una condición de imposibilidad de cumplimiento de dicho fallo”, manifestó Ruiz.
De igual manera, las declaraciones del presidente Duque ante la medida de aseguramiento decretada por la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Álvaro Uribe, jefe de su partido, en el caso que se adelanta en su contra. El presidente dijo que: “Duele, como colombiano, que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia”.
Otro ejemplo es el desacato de la sentencia que protege el derecho a la protesta y otros derechos emitida el 22 de septiembre de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuyo cumplimiento ha tenido varios intentos de dilación por parte del Gobierno hasta que recientemente fue objeto de un incidente de desacato por parte de los accionantes de la tutela, ante las actuaciones de la fuerza pública y altos funcionarios del Estado que contradicen las órdenes de la Corte.
Los repetidos intentos de regresar a las aspersiones aéreas con Glifosato y el uso de la erradicación forzada como principal política para enfrentar el problema de las drogas, son otro de los hechos que se reseñan un desacato gubernamental a decisiones de la Corte Constitucional, jueces y tribunales en los territorios que han suspendido las aspersiones y que han optado por priorizar los métodos voluntarios y concertados con las comunidades.
De igual forma, el retroceso en la implementación de la Sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional que ordenó delimitar el territorio del Resguardo Cañamomo Lomaprieta del pueblo Embera Chamí del departamento de Caldas, a fin de que se garantice el ejercicio de los derechos a la autonomía, autodeterminación y autoridad tradicional del pueblo indígena. En este caso, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y el senador Carlos Felipe Mejía, utilizaron sus influencias para que Myriam Martínez, Directora de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, beneficie a terceros cercanos al partido de gobierno, lo que desconoce la vigencia legal del título de origen colonial y conduce a la reestructuración y reducción territorial, en contravía de los derechos del pueblo indígena Embera Chamí].
En relación con los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, el informe reseña las objeciones presidenciales y las declaraciones de Duque ante el fallo emitido por la Corte Constitucional que le obligó a la sanción de ley estatutaria. También las descalificaciones por las decisiones relacionadas con la libertad transitoria de Jesús Santrich o la resolución de conclusiones en el caso 001 sobre secuestro, cuando afirmó: “… aún entendiendo la figura de la transicionalidad, que quien es sancionado por crímenes de lesa humanidad no puede revictimizar a quienes ha flagelado ostentando poder político. Y sobre todo en las más altas cumbres del poder legislativo”, ante lo cual el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, respondió “no es competencia del presidente @IvanDuque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC-EP. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho”.
En relación con el auto de priorización en el caso 003 que adelanta la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, el informe recuerda que el gobierno también aprovechó esa oportunidad para interferir en el trabajo del tribunal de justicia transicional, a través de las declaraciones del ministro de defensa: “6.402 es la cifra que busca crear una imagen negativa de nuestras Fuerzas Armadas y extorsionar el debate real, el que necesitamos para que este país pueda tener unas fuerzas con mayor legitimidad”.
Estos ataques no han sido solo verbales, sino que se presentaron iniciativas legislativas para derogar la justicia transicional: el proyecto de Acto Legislativo 024 de 2020 (Senado) y Proyecto de Ley Estatutaria 327 de 2020 (Senado) que buscaron traicionar la buena fe de lo acordado en 2016, vulnerar el derecho a la paz y los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.
El informe señala que la ausencia de contrapesos frente al ejecutivo además ha afectado el papel de los principales organismos de control, los cuales se han visto cooptados por el partido de gobierno, que tiene su origen y afianzamiento en la historia reciente de Colombia en el gobierno de Uribe Vélez.
En el caso de la Fiscalía, la falta de independencia y autonomía del Fiscal Francisco Barbosa, ternado por el propio presidente, se ha visto reflejada en casos tan notorios como la asignación del fiscal delegado para el caso Uribe, Gabriel Jaimes, los escasos avances en investigaciones como los asesinatos del 9 y 10 de septiembre de 2020, de las y los líderes sociales, entre otros, donde se señala una clara identidad entre la iniciativa investigativa, o falta de ella, y las prioridades del poder ejecutivo. Lo mismo puede afirmarse de la Procuraduría General de la Nación que con el nombramiento de Margarita Cabello, exministra de gabinete de Duque, y de Carlos Camargo, ternado por el Ejecutivo.
El epílogo del informe denominado «Las violaciones de los derechos humanos durante el Paro Nacional por desacato de órdenes judiciales” es un análisis sobre las principales expresiones y consecuencias para los derechos humanos que ha tenido esta falta de independencia judicial durante el Paro Nacional.
Aquí se recogen desde la decisión de un tribunal que buscó frenar la convocatoria del 28 de abril mediante una medida cautelar, la rueda de prensa conjunta entre las altas cortes y el presidente, la prioridad investigativa de la Fiscalía centrada en los daños a bienes e infraestructura y sin avances en las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos que comprometen a la fuerza pública, hasta el desacato del fallo de la Corte Suprema sobre protesta social ya mencionado, que se tradujo en nuevas y más graves vulneraciones en las actuales movilizaciones. También hace parte de esta sección, el análisis del decreto 575 de 2021 de militarización de la protesta en ocho departamentos y la reforma a la Procuraduría que busca darle facultades judiciales a ese organismo para destituir funcionarios de elección popular a pesar de existir un fallo de la Corte Interamericana que lo prohíbe.
Cada capítulo del documento incluye además los estándares internacionales y nacionales, y recomendaciones que buscan fortalecer la independencia judicial en Colombia, y concluye. “Para la campaña, los diversos poderes públicos y especialmente quienes los presiden deben comprometerse cabalmente en el respeto de la Independencia Judicial, elemento sustancial de la división de poderes y del Estado social y democrático de Derecho, ello implica, como mínimo, el pleno acatamiento de los fallos judiciales, la censura desde las diversas potestades a quienes ataquen a la rama judicial, sus funcionarios y sus fallos, y la protección integral de la función judicial.”
#NadiePorEncimaDeLaJusticia
Suscriben,
Plataformas de Derechos Humanos
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
- Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Organizaciones
- Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
- Comisión Colombiana de Juristas
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
- Viva la Ciudadanía
- Asonal Judicial S.I.
- Colombia Human Rights Committee
- Corporación Reiniciar
- Fasol
- Grupo Litigio Estratégico UIS
En los siguientes enlaces podrás acceder al resumen ejecutivo y al informe completo:
- Resumen Ejecutivo del Informe (Español) https://coeuropa.org.co/resumen-ejecutivo-informe-la-independencia-judicial-en-colombia/
- Resumen Ejecutivo del Informe (Inglés) https://coeuropa.org.co/executive-summary-independencia-judicial-en-colombia/
- Informe Completo https://coeuropa.org.co/la-independencia-judicial-en-colombia-en-riesgo-por-un-regimen-autoritario/Fuente:
https://coeuropa.org.co/informe-revela-obstaculos-para-la-independencia-judicial-en-colombia/449
