Los cuatro casos que presentamos en este especial confirman que la pérdida de bosque asociada a la escalada de violencia sigue siendo una constante en la región. Desde marzo de 2020 hasta la fecha, 724 557 alertas de deforestación han sido detectadas en puntos específicos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La cifra muestra que la pandemia ha creado el escenario perfecto para el incremento de actividades ilegales, sobre todo en áreas naturales protegidas y territorios indígenas Las imágenes satelitales muestran casos emblemáticos de deforestación reciente con un impacto significativo en dos ecosistemas clave: la Amazonía y la Chiquitanía. ¿Qué es lo que está pasando en los cincos puntos detectados por los satélites?

Las alertas de deforestación de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW) aparecen como puntos rojos en los mapas. Detrás de esas ubicaciones encontramos las historias de comunidades indígenas amenazadas por el narcotráfico o que han tenido que cerrar sus fronteras frente al avance de taladores ilegales. También áreas protegidas invadidas por traficantes de tierras y vías clandestinas que avanzan en silencio para beneficiar a actores ilegales.

Para este especial, Mongabay Latam ha usado como punto de partida las alertas de deforestación de Global Forest Watch (GFW). Cada alerta representa la pérdida de un espacio de 30 x 30 metros en un bosque tropical —el equivalente a dos canchas de básquetbol. Esta deforestación puede estar asociada a causas naturales o revelar una intención concreta por remover el bosque.

Entre enero y octubre del 2020, empezamos a rastrear las evidencias satelitales y las historias que encontramos aparecieron en la primera parte del especial #MapasdelDelito. En ese momento, se detectaron cuatro casos importantes de deforestación que estaban afectando tres áreas protegidas y dos territorios indígenas, poniendo además en grave riesgo a las personas que sin mayor apoyo del Estado luchan por proteger sus bosques. Las alertas de deforestación encontradas entonces nos llevaron a revelar el efecto de las incursiones de grupos armados, invasores y colonias menonitas en los bosques de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado desde entonces?

En esta segunda entrega del especial #MapasDelDelito, confirmamos que la deforestación y la escalada de violencia continuan en esos cuatro países, con un impacto significativo en los territorios indígenas que cada vez se ven más acorralados y amenazados. Un equipo de periodistas de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia buscaron las historias detrás de nuevas alertas de deforestación emitidas por los satélites en los últimos seis meses. ¿Qué encontramos esta vez? Actores ilegales -en su mayoría armados- que han ganado terreno y que empiezan a posicionarse y dominar los bosques. Se trata de narcotraficantes, disidencias de las FARC, acaparadores de tierra y taladores. A este escenario se suma, como en el caso de Colombia, un incremento importante en la apertura de vías ilegales para crear nuevas rutas que les permitan ampliar sus operaciones ilícitas.

El punto que conecta a las cinco historias es la afectación de territorios indígenas. En Perú, por ejemplo, las comunidades nativas de Flor de Ucayali, en la región amazónica del mismo nombre, y las de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku, en la región de San Martín, han tenido que renunciar a recorrer sectores completos de su territorio para no ser asesinados por narcotraficantes.

“Llegar hasta las chacras de coca significa ya no regresar”, narra un dirigente shipibo conibo de Flor de Ucayali. Mientras que un líder kichwa de Santa Rosillo denuncia que están rodeados por sicarios armados que no les permiten cruzar parte de sus tierras.

En la Amazonía de Colombia, la aparición de vías ilegales afecta a los parques nacionales Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y sobre todo al resguardo indígena Yaguará II. Este último está rodeado de nuevos caminos que han ido apareciendo de la mano de actores ilegales armados. Por otro lado, en Ecuador, las comunidades son afectadas por la extracción desmedida de la madera balsa, cuya demanda ha escalado a niveles preocupantes. En la cuenca de los ríos Bobonaza, Curaray y Villano, la explotación de esta madera ha traído invasiones, ilegalidad y ruptura del tejido social. Pobladores de la zona denuncian la aparición de negocios, la presencia de foráneos en sus tierras y el secuestro reciente de una niña wampís.

Por último, en Bolivia no se detiene el avance de los traficantes de tierras sobre un área protegida de la Chiquitania. Esto afecta directamente a las comunidades indígenas asentadas dentro. Expertos y líderes indígenas sostienen que estas invasiones o avasallamientos se dan con la venia del Estado. El Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco se ha convertido hoy en un territorio de disputa entre invasores y autoridades locales, con las comunidades indígenas en medio de este conflicto. “No puede ser que vengan los colonos y quieran cultivar soya a gran escala con la complicidad del Gobierno”, dice Pedro Pereyra, primer gran capitán de la Nación Guarasuwé.

En todos los casos, existen denuncias hechas ante las autoridades. En la mayoría de los casos estas no han sido atendidas y en otros los operativos policiales no han logrado frenar la ilegalidad que avanza junto con las amenazas de muerte. “No tenemos temor de morir por defender una causa justa. La verdad, estamos cansados, ¿a quién más podemos acudir?”, dice un dirigente kichwa en Perú, que como la mayoría de entrevistados en los cuatro países teme revelar su identidad por las posibles represalias.

Ilustración: Kipu Visual.

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