- Chile:
Fallo histórico en Ovalle:09 de Noviembre de 2021
Comunidades logran re evaluación de Proyecto minero San Cayetano en Llanos de la Chimba
Corte Suprema dio la razón a organizaciones vecinales de los Llanos de la Chimba que presentaron un recurso de protección, luego de que el SEA regional y nacional, les negara participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental de la ampliación de proyecto minero de Diómedes Cruz.
Foto archivo de Ovalle Hoy
En fallo unánime, difundido el 4 de noviembre, las y los jueces de la tercera sala de la Corte Suprema, determinaron que el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo habría actuado de manera ilegal al negar la participación ciudadana en el proyecto minero San Cayetano. El proyecto, pretende ampliar la producción de cobre de 5 a 60 toneladas anuales, para lo que requeriría emplazar tres botaderos de estériles y un tranque de relaves a metros de donde habitan las comunidades, sin embargo la autoridad consideró que la comunidad no tenía nada que decir en el asunto.
Las organizaciones locales al ver que su solicitud de participar era rechazada tanto a nivel regional como nacional, pese a cumplir con todas las exigencias legales, llevaron el caso a la Corte de Apelaciones de la Serena, donde siguió imperando el criterio de no abrir espacios a la ciudadanía; sin rendirse recurrieron en enero a la Corte Suprema, la que hoy estableció que la participación es legal, debe hacerse, y debe dejarse si efecto la resolución favorable del proyecto.
El recurso de protección fue interpuesto por los abogados Luis Olivares O. y Alan Carvajal J, en representación del Comité de Agua Potable Rural Vida Nueva de Los Llanos de La Chimba y de la Junta de Vecinos Alto Las Mollacas; y la abogada María Parada B, en representación del Condominio “Hacienda Altos La Chimba” en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, y fue resuelto en todos sus puntos acorde a las expectativas de los recurrentes: el SEA actuar de manera ilegal al rechazar la solicitud de participación, la evaluación ambiental debe retrotraerse hasta antes de la calificación favorable, y se debe abrir un procedimiento de Participación Ciudadana en el DIA del “Proyecto Minero San Cayetano” de Dicave Ltda.
Para el abogado Alan Carvajal “este es un triunfo de una comunidad que desde 1997 está luchando para que no se realice megaminería en su territorio, encontrándose una y otra vez con autoridades que solo ven riqueza en los minerales extraídos, y no en la gente, en las culturas locales, en un ambiente limpio, en la vida sencilla que por siglos la comunidad ha sabido llevar en el territorio”. No obstante, advirtió, que todo el trabajo jurídico hecho hasta ahora, necesita en esta nueva fase el protagonismo activo de las y los vecinos, quienes tendrán que explicar por qué este proyecto resulta inviable y peligroso para la vida no solo de La Chimba, sino que de toda la comuna.
Carvajal hace referencia a que el proyecto había ingresado al Sistema de Evaluación cuando aún existía la CONAMA, pero no cumplía con los requisitos mínimos para su aprobación, entonces su titular desistió de la presentación. Posteriormente el 2007, con autorización de Sernageomin, comenzó a operar la minera, saltándose la evaluación, dado que según la autoridad el proyecto era de pequeña minería, por lo tanto no tenía que pasar el SEIA. No obstante, la comunidad logró demostrar que el empresario Cruz estaba promoviendo una interpretación mañosa de la ley, y recurrió a la Superintendencia de Medio Ambiente por fragmentación de proyecto, mostrando que el proyecto se componía de varias faenas de menos de 5 mil toneladas año, todas en el mismo sitio y con dueños pertenecientes a la familia de Cruz. Se probó la ilegalidad de esta conducta y la empresa fue sancionada.
Sin embargo, nuevamente en 2019, ahora mediante una Declaración de Impacto Ambiental, el empresario chileno peruano pretendía obtener los permisos ambientales que ya desde el 1997 le habían sido negados, para eso, era necesario el apoyo del poder ejecutivo y asegurarse de que no hubiera participación ciudadana, porque eso complicaría la tramitación. Pero la amenaza a la vida de cientos de familias y el impacto ambiental para toda la comuna era tan evidente, que la comunidad se movilizó y logró demostrar la validez de sus argumentos en un fallo que es inapelable.
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