Informe: Coordinación represiva contra el pueblo mapuche entre Argentina y Chile

- Argentina:
Cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas

09 de Octubre de 2021

Informe: Coordinación represiva contra el pueblo mapuche entre Argentina y Chile

(CELS) - El documento reconstruye y analiza cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas.

- Recorre los principales hitos de la construcción de la “amenaza mapuche” en la Argentina y en Chile y da cuenta de cómo las prácticas judiciales y de las fuerzas de seguridad, que incluyeron operaciones de inteligencia ilegal, estuvieron alineadas con decisiones políticas que tuvieron, y tienen, como objetivo perseguir y criminalizar a les activistas mapuches y a quienes les acompañan, del modo que sea.

El documento también analiza en qué medida los dueños de las tierras presionan a los Estados y traza una agenda pendiente en materia de efectivización de los derechos que el marco normativo argentino reconoce a los pueblos originarios.

Durante más de un siglo, los Estados argentino y chileno anexaron millones de hectáreas que hasta entonces ocupaba el pueblo mapuche. El exterminio físico, la desarticulación de comunidades y familias, el desplazamiento forzado y la negación de la identidad cultural fueron algunos de los métodos utilizados para ese fin. En la Argentina, en la última parte del siglo XX el Estado reconoció, de manera siempre parcial y más bien formal, algunos derechos de los pueblos originarios. Al mismo tiempo, diversas comunidades mapuche protagonizaron procesos de recuperación y reconstrucción identitaria, que incluyen la reivindicación territorial, en tanto identidad y territorio son inseparables en la cosmovisión mapuche.

En paralelo, en las últimas décadas se produjo la creciente valorización de las tierras de la Patagonia, que las transformaron en un objetivo preciado para terratenientes, extractivismos y mega emprendimientos turísticos. Estos actores avanzaron sobre las tierras esgrimiendo un derecho a la propiedad privada que muchas veces está muy flojo de papeles y que no reconoce las reivindicaciones ancestrales de las comunidades.

En la Patagonia, la enorme presión de intereses privados se articula de manera muy fluida o directamente coincide con los intereses político-culturales de sectores “criollos” (“vecinos”) que rechazan cualquier modificación de un statu quo que les garantiza una posición social dominante, mientras que los considerados “indios” son estigmatizados y tratados como ciudadanos de segunda categoría.

En defensa de esta trama de intereses globales y locales se vienen movilizando también autoridades provinciales, muchos funcionaries judiciales y partidos políticos nacionales. Frente a esta acumulación de poder, los avances legislativos en términos de reconocimiento identitario y territorial de los pueblos indígenas quedan sin efecto en la práctica. Y las estrategias reivindicativas de las comunidades, que en algunos casos incluyen la recuperación territorial, son catalogadas como episodios de violencia y sedición como si estuvieran desconectadas de una larga historia de racismo estatal...

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CELS Centro de Estudios Legales y Sociales

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