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01 de Diciembre de 2021

El debate que abrió la Convención sobre la extracción de tierras raras en su paso por el Bío Bío



El proyecto BioLantánidos, controlado por la minera inglesa Hochschild Mining, busca la extracción de lantánidos en Penco, lo que supone una importante afectación socioambiental e importantes ganancias en un mercado internacional emergente de electromovilidad. Si bien en un comienzo el entonces intendente y hoy gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, apoyaba la iniciativa -que contaba con el interés de varios multimillonarios chilenos- ahora le quitó el respaldo en consideración a la comunidad local.

Por Camila Higuera - INTERFERENCIA
Imagen: Planta de lantánidos. Fuente: Resumen.cl

El martes 23 de noviembre mientras la Convención sesionaba en la ciudad de Concepción, recibiendo audiencias públicas, entre ellas destacó la exposición de Micol Rivera y Violeta Cartes, integrantes de la Agrupación Social Campesina por el Progreso Rural de Tomé, quienes expusieron ante el Pleno el conflicto que ha significado el proyecto minero BioLantánidos que busca la extracción de tierras raras en la zona de Penco y Tomé, región del Bío Bío.

En la instancia, las expositoras manifestaron que el proyecto, que posee una planta piloto en Penco y que es de propiedad de la minera británica Hochschild Mining, pone en serio riesgo el medioambiente y la soberanía territorial de quienes habitan la zona que está siendo explorada. Actualmente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto BioLantánidos se encuentra en su última etapa en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) esperando su aprobación para tener operativa la planta en 2023.

Las tierras raras –o lantánidos– son materiales de alto interés para potencias económicas como Estados Unidos o China, quienes los utilizan para la elaboración de tecnologías como smartphones, drones, motores, armas, entre muchas otras cosas más, siendo “elementos estratégicos para el mundo de la electromovilidad y energías limpias”, según indica el sitio web de BioLantánidos.

En la actualidad, China es el mayor explotador y consumidor de tierras raras, concentrando cerca del 95% de su producción mundial y el 85% de su demanda. En Chile, los lantánidos se encuentran principalmente en las regiones de Atacama y del Bío Bío, siendo esta última el foco de proyectos mineros que busca su exploración, extracción y producción.

Para la región del Bío Bío, la idea de abrir una minera destinada a la extracción de tierras raras tomó fuerza cuando el intendente era Rodrigo Díaz, el actual gobernador de la región, quien impulsó a grandes empresarios chilenos a que se hicieran parte del proyecto.

En 2015, cuando se inauguró la planta piloto de una hectárea en el Fundo El Cabrito en Penco, el proyecto tenía como controlador a Minería Activa, el brazo minero del grupo financiero LarraínVial, mismo conglomerado que levantó el polémico proyecto Dominga en la región de Coquimbo, en el cual Sebastián Piñera tenía acciones a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo. Acciones que vendió luego de convertirse en Presidente a empresas de Andes Iron, de su íntimo amigo Carlos "Choclo" Délano.

Estos hicieron todas las gestiones del estudio inicial, las exploraciones y la instalación de la Planta Piloto El Cabrito. Según indicó La Tercera, en 2019, Minería Activa vendió el 93,8% de su participación en el proyecto BioLantánidos a Hochschild Mining, de propiedad del empresario peruano Eduardo Hochschield en US $56,3 millones, que controla la minera mediante la sociedad REE Uno SpA.

Entonces, también entraron al negocio como inversionistas la familia Cueto, quienes son controladores de Latam y Oscar Lería, esposo de Paola Luksic; demostrando la importancia de un tipo de minería que no se ha explotado en Chile, y sobre la cual los empresarios más importantes del rubro en el país están poniendo sus ojos.

Por ese entonces, Rodrigo Díaz defendía el proyecto con el argumento de que este se ajustaba a la Estrategia Regional de Desarrollo del Bío Bío para el periodo 2015-2030. En este se plantea en su segundo lineamiento estratégico respecto a las inversiones publicas, que estas buscarán “incrementar la creación de valor en la Región del Bío Bío desarrollando y atrayendo iniciativas e inversiones diversas, con alto potencial de crecimiento, las que mediante prácticas de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, generen nuevos bienes y servicios para acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales”. Es decir, la medida busca que se aumenten los ingresos recibidos en procesos productivos mediante inversiones públicas y privadas.

Afectación ambiental

Según el sitio web de BioLantánidos, la planta de extracción de tierras raras que se espera construir “operará en base a altos estándares medioambientales, aportando al desarrollo de la región y el país de forma responsable con el entorno y las comunidades”. La empresa apoya la supuesta sustentabilidad ambiental bajo el argumento de que la planta no descargará residuos líquidos y que una vez finalizado el proceso de extracción en una zona, a esta se le repondrá su capa vegetal “haciendo una remediación continua a los terrenos”.

Sin embargo, según expuso Micol Rivera ante el pleno en la ciudad de Concepción, la comunidad teme que la actividad minera que trabajará con la ercilla de los suelos generará una contaminación por polución que afectará a las zonas urbanas cercanas a la planta. Debido a la aproximación del proyecto con centros como Tomé, Penco y Concepción, los trabajos de BioLantánidos tendrían un impacto directo en las actividades agrícolas y pesqueras.

El impacto es de gran magnitud puesto que para poder extraer los lantánidos de la tierra, es necesario utilizar ácidos que contaminan los suelos y las cuencas hidrográficas. De cada tonelada de tierra extraída se obtienen sólo 3,7 kilos de lantánidos, mientras que la empresa proyecta extraer unas 1.700 toneladas del material mineral al año.

Además, la cercanía de la planta con la ciudad y de zonas con parches de bosque nativo que alberga flora y fauna protegida, aumentan aún más la afectación socioambiental que tendría el proyecto minero. En ese sentido, preocupa la recarga de acuíferos y que esto provoque una escasez hídrica como ha ocurrido en zonas de la región del Bío Bío o de Arauco producto del monocultivo de pinos y eucaliptos destinados a la actividad forestal y a las plantas de celulosa.

A raíz de la resistencia que ha recibido el proyecto de parte de la comunidad y de instituciones como el Consejo Regional de Bío Bío, el gobernador Rodrigo Díaz retiró su apoyo a BioLantánidos, puesto que este ya no se ajustaría a la Estrategia Regional de Desarrollo de la región por su gran impacto socioambiental.

En ese contexto, a mediados de noviembre el consejero regional del Bío Bío, Patricio Lara (RN) manifestó que desde el Consejo Regional (Core) se solicitó al Gobierno Regional una asesoría jurídica “que permita colocar recursos de protección o recursos legales o administrativos que defiendan a los habitantes de Tomé, Penco y Concepción de esta amenaza que hoy tenemos con la minera”, según consignó Bío Bío.

En la misma línea, el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, dio a conocer que el municipio planifica una consulta ciudadana para que los habitantes de la zona determinen si quieren o no la instalación de la planta extractora de lantánidos. Según estima Figueroa, el 90% de la población de Penco estaría en contra del proyecto BioLantánidos.

Concesiones mineras y la necesidad de una Ley de Tierras Raras

En la exposición de la Agrupación Social Campesina por el Progreso Rural de Tomé ante el Pleno de la Convención, Micol Rivera manifestó el problema que supone que las concesiones mineras sean otorgadas bajo los mismos criterios establecidos en leyes elaboradas bajo un contexto económico y político radicalmente diferente al actual.

Y es que la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras (1982), el Código de Minería (1983) y el Reglamento del Código de Minería (1986), fueron redactadas y promulgadas por la Junta Militar y Augusto Pinochet durante la dictadura. Entonces, el espíritu de aquellas leyes era impulsar el extractivismo y la actividad minera en zonas despobladas y en altura.

En consecuencia, la Ley Orgánica establece en su artículo 2 que “las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles; distintos e independientes del dominio del predio superficial”. De esta forma se le otorga amplios derechos a los concesionarios por sobre los propietarios y habitantes de un territorio, lo que hoy abre un conflicto en la zona de Penco, Tomé y Concepción.

El artículo 7 de la misma ley indica que los concesionarios tienen la facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de cualquier dominio con fines mineros, y para aquello necesitan del permiso de los dueños del terreno. Sin embargo, el mismo artículo señala que en caso de recibir la negativa del propietario, “el Código establecerá un procedimiento concentrado, económico y expedito para obtener dicho permiso”.

“Sin embargo, sólo el dueño del suelo podrá permitir catar y cavar en casas y sus dependencias o en terrenos que contengan arbolados o viñedos”, finaliza el artículo 7.

A raíz de estos reglamentos, a partir de 2018, se han inscrito y publicado 54 concesiones para la exploración y explotación de lantánidos en la Provincia de Concepción. Esto se hizo evidente no solo por el mapa de concesiones de Propiedad Minera que muestra sobre 200 contratos de este tipo, sino que también por los monolitos que se instalaron en zonas rurales de Tomé y Penco y que llamaron la atención de los habitantes de aquellos territorios. Una vez comenzaron a indagar sobre ellos entraron en conocimiento de que se tratan de hitos mineros que indican un punto de concesión.


Mapa de concesiones en la Provincia de Concepción. Fuente: Propiedad Minera

“Nosotros como asociación presentamos una carta a la Dirección de Vialidad pidiendo que se pronunciaran por los monolitos y que donde corresponda sean demolidos, porque generan un punto duro para los automovilistas si llegan a salir de la calzada”, indicó Micol Rivera a este medio.

En este contexto, según informó el Diario de Concepción, en octubre de este año, Rodrigo Vera, integrante del Comité de Expertos de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Penco, llamó a los parlamentarios a crear una Ley de Tierras Raras que regule la exploración, explotación y producción del material de lantánidos en todo el país.

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