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03 de Diciembre de 2021

Negociando el cambio climático: el continuado fracaso de la política convencional

Eduardo Gudynas


Casi doscientos gobiernos firmaron un nuevo compromiso para enfrentar el cambio climático en su encuentro en la ciudad de Glasgow (Escocia). No es el primero, sino que es uno más en una larguísima sucesión de cónclaves gubernamentales que se inició hace casi tres décadas atrás, en 1992, cuando acordaron un Convenio Marco sobre el Cambio Climático. Tras este último encuentro negociador, el número 26 y por ello llamada COP26, se sucedieron todo tipo de análisis. La mayor parte de ellos repetían argumentaciones discutidas en el hemisferio norte; algunos consideraron que hubieron avances aunque reconocen que son insuficientes; otros, y en especial desde América Latina, insistieron en que el cambio climático es esencialmente una responsabilidad del norte y que esas naciones deben resolverlo, mientras que nuestros países poco más pueden hacer más allá de reclamar ayudas financieras.

En esas perspectivas es común que se repitan eufemismos que en lugar de exponer la gravedad de la crisis actual terminan opacándola. Seamos claros: el encuentro COP26 fue un fracaso. Lo fue en el sentido de su incapacidad para imponer medidas que efectivamente detuvieran el cambio climático. La situación es aún más dramática porque los propios gobiernos son quienes reconocen en el documento que firmaron en Glasgow que están haciendo todo lo contrario de lo que prometieron pocos años atrás. Pero esa confesión casi que pasó desapercibida, tanto para la prensa convencional como para muchos analistas. Todos los gobiernos son responsables de esta situación, incluidas todos los países de América Latina, cada uno a su manera pero en una situación donde casi no hay inocentes.

En las líneas que siguen se elaboran sumariamente, a veces esquemáticamente, un análisis crítico sobre estas recientes negociaciones en cambio climático, buscando desmontar algunas de las simplificaciones más usuales. En realidad estamos ante un problema que atraviesa a casi todas las ideologías políticas y por ello tiene raíces mucho más profundas.

Un pacto que fracasó

El documento firmado por los gobiernos en Glasgow, nombrado como un “pacto”, reconoce que la meta es evitar que la temperatura media del planeta aumente más allá de 1,5 grados. Esa meta es la que fue señalada por el Panel Internacional en Cambio Climático. Para poder respetar ese límite, el mismo texto afirma que es necesaria una reducción del 45% de las emisiones de CO2 al 2030, y asegurar cero emisiones netas hacia el 2050. Tanto esas metas como esas obligaciones ya están incluidas, en su esencia, en compromisos previos así como en el Acuerdo de París que esos mismos países firmaron en 2015.

Sin embargo, en unos párrafos más adelante, en el Pacto de Glasgow se admite que los compromisos asumidos por los gobiernos no resultan en una reducción, sino que por el contrario, habrá un incremento del 13,7 % al 2030. Eso es impactante, ya que al mismo tiempo admiten que no cumplen con la palabra empeñada y confiesan su incompetencia para detener el cambio climático.

Otros acuerdos que se firmaron en Glasgow tuvieron amplia cobertura con la prensa pero en realidad no implican un cambio sustancial. En efecto, los compromisos para detener la deforestación, para reducir las emisiones de gases de metano, o para abatir el uso del carbón, cada uno a su modo es sobre todo una declaración de aspiraciones, no impone mandatos que fuercen su cumplimiento, y actuaron sobre todo como acciones publicitarias.

Por lo tanto, las notas de opinión que hablan de avances, de nuevos compromisos, o de cualquier otra esperanza, posiblemente no están entendiendo lo que ocurrió en Glasgow. Lo que allí quedó en evidencia es que los gobiernos no están cumpliendo sus compromisos y el cambio climático sigue su marcha. Esto se debe a varias razones y algunas de ellas se exploran en las secciones siguientes.

Compromisos en deforestación, metano y carbón

En Glasgow se firmaron distintos documentos que tienen relaciones directas con el contexto latinoamericano y que recibieron mucha publicidad. El primero estaba orientado a detener la deforestación al año 2030[1]. Sin embargo, cuando se examina ese documento se encuentra que es un “declaración”, que está enfocada en bosques y uso de la tierra, pero no contiene ningún mandato obligatorio.

La declaración recibió el apoyo de 141 países, que según sus promotores cubren el 90,9 % de la superficie de bosques en el mundo. Muchos países latinoamericanos la firmaron, entre ellos algunos de los que tienen los mayores registros de deforestación (como Brasil, Colombia o Paraguay), aunque hay ausencia notables (como Bolivia) (véase la tabla 1).

El texto utiliza un lenguaje tal como señalar que se “reforzarán” esfuerzos compartidos para proteger los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerarán su restauración, se “promoverá” el desarrollo sostenible por medio de medidas en el desarrollo y comercio, o se “reducirá” la vulnerabilidad empoderando a las comunidades. Agrega elementos interesantes, como referencias a la agricultura sostenible y seguridad alimentaria o al “facilitamiento del alineamiento” de los flujos financieros internacionales para detener la deforestación. Pero como puede verse ese lenguaje es apenas una declaración de aspiraciones. En tanto es una “declaración” no hay compromisos específicos de ningún tipo.

Es importante tener presente que la deforestación no es competencia directa de la Convención en Cambio Climático, sino de la Convención de la Diversidad Biológica. Pero como es muy relevante para el cambio climático, ya se habían asumido compromisos similares en el pasado. El último de ellos ocurrió en 2014, con la Declaración sobre Bosques de New York, promovida por Naciones Unidas en la cumbre de cambio climático de ese año[2]. Esos mismos gobiernos se comprometieron a reducir a la mitad la deforestación al año 2020 y detenerla al 2030. No cumplieron aquel compromiso y la deforestación siguió su marcha.

Es más, varios de los gobiernos firmantes son muy conocidos por carecer de medidas efectivas para detener la deforestación, como ocurre con Ivan Duque de Colombia, o incluso de promoverla, como sucede con la gestión de Jair Bolsonaro en Brasil.


En Glasgow también se firmó la llamada Promesa Global sobre el Metano, que fue promovida sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea[3]. Este es un gas invernadero muy potente, que se produce sobre todo desde la agricultura (por ejemplo los cultivos de arroz), la ganadería (por las emisiones del ganado), los cambios en el uso de los suelos (incluida la deforestación) y las pérdidas en refinerías de hidrocarburos o plantas de extracción o procesamiento de gas. El volumen de metano en la atmósfera es mucho menor al de CO2 (se la estima en 1,8 partes por millón), y su permanencia es más corta que la de CO2 pero su potencial en el calentamiento global es mucho mayor (estimada en 84 veces la del CO2 durante 20 años, y en 28 veces en cien años), y por ello se considera que es responsable en aproximadamente el 30% del cambio climático[4]. Es por esas razones que una reducción en las emisiones de este gas, que puede ser comparativamente mucho menor a las requeridas con el CO2, tendrían un enorme efecto en aminorar el cambio climático.

En el texto se dice que se trabajará conjuntamente para “colectivamente” reducir las emisiones de metano antropogénico a través de todos los sectores por lo menos en el 30 % al año 2030 (tomando como referencia al nivel de 2020)”. Este texto también es genérico y eso se confirma en los demás asuntos que aborda. Es así que se comprometen a “moverse hacia el uso” de las mejores metodologías para evaluar las emisiones de ese gas, que buscarán dar informaciones actualizadas y transparentes sobre los compromisos y las acciones, y que apoyarán iniciativas internacionales en esa materia. Pero aquí tampoco hay mandatos, obligaciones ni mecanismos que impongan cumplimientos. Es más, como la meta es global no hay asignadas responsabilidades para cada uno de los países.

Esta “promesa” logró la adhesión de al menos 110 países, incluyendo al menos 15 de los grandes emisores globales de metano, y podrían totalizar el 70% de las emisiones antropogénicas. Pero no se sumaron algunos de los demás mayores contaminantes, como son China, India, Rusia y Australia. En América Latina firmaron la promesa varios países que tienen grandes sectores agropecuarios y que por lo tanto el metano es un componente importante en sus emisiones, como fueron los casos de Argentina, Brasil y Uruguay (Tabla 1). Cualquier reducción en esos países implicaría fuertes conflictos con empresas y corporaciones del agronegocio, y por ello es llamativo que esas naciones sudamericanas se adhirieran. Pero distintos actores desde esos gobiernos admitieron que lo hicieron porque no les imponía ningún compromiso específico. Dejan en claro, de ese modo, que no están dispuestos a reformas sustanciales en cuanto al manejo de tierras y las prácticas agropecuarias para reducir sus aportes de metano.

En esta iniciativa EE UU sobre todo apunta a Rusia y otros que originan emisiones desde el sector petrolero. Es más accesible actuar en ese nivel, existen mayores opciones tecnológicas, y no desencadenan reacciones en contra tan intensas como lo que ocurre con la agropecuaria. Dentro de EE UU existe una fuerte presión ciudadana para reducir esas emisiones y la administración Biden ya tiene en marcha su estrategia[5].

En esta temática, un poco antes de la COP26 en Glasgow, en la cumbre del G20, se lanzó un observatorio internacional de emisiones de metano, entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Europea (su relevancia se discutirá más abajo)[6].

Finalmente se destaca un acuerdo enfocado abandonar el uso de carbón para generar energía. El compromiso plantea alcanzar esa meta en el 2030 en países considerados grandes economías y al 2040 para los países más pobres[7]. Recibió la adhesión de 77 países; varios de ellos que usan carbón como Canadá, Polonia o Corea del Sur, incluyendo en América del Sur a Ecuador y Chile (este último es un gran consumidor de carbón para sus plantas de energía eléctrica) (Tabla 1). Pero no fue firmado por EE UU, India, Australia o China, todos ellos grandes consumidores de ese mineral. En América Latina, no se sumó Colombia que es un gran exportador de carbón.

Al mismo tiempo, un conjunto de bancos indicaron que dejarán de financiar nuevas plantas que quemen carbón cuyas emisiones no sean abatidas, lo que fue acompañado por algunos países como por ejemplo EE UU.


Termoeléctrica a carbón en la localidad de Ventana, en la costa oceánica de Chile. Esta central y otros emplazamientos en ese lugar tienen severísimos impactos ambientales y sanitarios en las comunidades, han sido objeto de repetidas denuncias y resistencias ciudadanas, y son responsables de sustantivas emisiones de gases invernadero. Foto de Pablo CM en Flickr.

Más allá del petróleo

Hay otros acuerdos que deben ser mencionados ya que apuntan hacia las medidas necesarias ante la crisis climática. Por un lado, en la COP26 se concretó una “Alianza más allá del petróleo y el gas”, que postula una moratoria en la extracción de hidrocarburos en sus territorios[8]. La iniciativa fue promovida por Costa Rica y Dinamarca, y logró la adhesión de Francia, Suecia, Irlanda, Groenlandia y Gales, y asociados como el estado de California en EE.UU. Su objetivo es justamente el que se requiere en la actualidad en tanto se impone ese tipo de moratorias. Sin embargo, ninguno de los países que extraen volúmenes significativos de hidrocarburos se sumó. Eso hace que su intención es meritoria pero no ha conseguido los apoyos como para convertirse en una medida que tenga impacto en reducir las emisiones.

También debe ser bienvenido el Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de Vehículos, que plantean para los mercados más importantes en 2025 y a nivel global en 2040[9]. Se propone que todos los autos y camionetas tengan cero emisiones a esas fechas, y por lo tanto es una moratoria sobre la venta de vehículos con motores a gasolina o diesel. El acuerdo tiene como adherentes a países, gobiernos subnacionales, empresas que manufacturas vehículos o que manejan transporte, y financiadores. Se sumaron por ejemplo Canadá y el Reino Unido, y desde América Latina participan Chile, El Salvador, Paraguay, Uruguay. Entre los gobiernos regionales o ciudades firmaron los de Barcelona, Seúl, Los Angeles, Nueva York; desde América Latina se cuentan a Buenos Aires, La Paz, Rio de Janeiro y São Paulo. Entre los manufacturadores de vehículos adhirieron Ford, General Motors, Mercedes Benz, Volvo, BYD, Tata Motors; y entre las empresas de movilidad está Uber. Es importante tener presente que algunos países ya han advertido que en un futuro cercano no habilitarán o permitirán circular a vehículos con motores diésel, gasolina o híbridos.

El lenguaje es también muy genérico, y específicamente indican que es una declaración que no impone obligaciones y que sus metas son globales y no nacionales. No adhirieron los países con los mayores mercados comercialización de automóviles, como EE.UU. China, Japón o naciones europeas, ni varias de las grandes empresas fabricantes (como Toyota, Volskwagen o Nissan Renault).

Casi todos hacen trampas

Mientras los gobiernos estaban reunidos en Glasgow vio la luz una revisión de los reportes que cada país presenta sobre sus emisiones de gases invernadero[10]. Quedó en evidencia algo que muchos sospechaban: varios gobiernos hacen trampas en esos informes. En efecto, analizando los reportes de 196 países, se encontró que muchos no aportaban datos actualizados (como ocurre con varias naciones petroleras; por ejemplo, Argelia no reporta desde el 2000, y hay 45 países que no lo hacen desde el 2009). En otros casos, los datos son cuestionables porque no contabilizan adecuadamente las emisiones (por ejemplo, Canadá no incorpora los gases invernadero producidos por la deforestación o Australia no cuenta los que generan sus enormes incendios). Finalmente, están los que exageran las capacidades en absorber gases invernadero para así mejorar sus balances finales (como hace Malasia, presentando a sus bosques nativos como increíbles máquinas para capturar carbono).

La suma de las emisiones de gases invernadero de los reportes nacionales oficiales totalizan aproximadamente 44,2 mil millones toneladas CO2 equivalentes. Sin embargo, esas emisiones no reportadas se estiman de 8,5 a 13,3 mil millón ton CO2e, y además hay al menos otros mil millones producidos por los aviones que no se adjudican a ningún país. Por lo tanto, la cifra total real está en el orden de los 55 mil millones de ton CO2e. La situación es, por lo tanto, todavía más grave.


Incendios en la Amazonia. Quemas en el estado de Acre,
Amazonia de Brasil, agosto 2020. Foto S. Vae / F. Pontes.

En el mismo sentido, hay países que ofrecen programas de reducción de emisiones de gases invernadero que al final de cuentas les permite emitir todavía más. Lo hacen prometiendo una reducción de las emisiones ponderada contra un indicador económico, por ejemplo el producto bruto interno. En forma simplificada puede decirse que proponen que por cada millón de dólares que mueve una economía nacional se bajarán las emisiones de gases; este es el camino elegido por ejemplo por Uruguay. Pero en esto hay una falacia, porque más allá de la eficiencia, si la economía crece puede haber también un aumento del volumen neto de los gases emitidos[11].

De este modo navegamos una situación donde tanto los inventarios sobre los gases que genera cada país, así como sus planes para mitigarlos, están repletos de problemas, trucos, exageraciones, omisiones y maniobras.

Las limitaciones de las clásicas divisiones norte – sur

Las clásicas divisiones entre un “norte” rico, industrializado, contaminador y un “sur” más pobre, en vías de desarrollo, que es contaminado desde afuera, no siempre son de utilidad para analizar lo que ocurre con el cambio climático. Es cierto que Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental, han estado por largo tiempo en los primeros puestos por sus emisiones de gases invernadero. Pero en la actualidad, China es el primer contaminador global, emitiendo casi el doble que EE UU, que ocupa el segundo puesto, siendo seguido por India, Rusia, Indonesia, Brasil y Japón. Si se agrupa a los países de la Unión Europa (UE con 27 miembros), pasan a ocupar el tercer puesto[12]. Pero como puede verse, los del sur y norte aparecen entreverados en la lista de los más grandes contaminadores. Hay países, como China, que a veces se presenta como parte de un “sur” imaginado en vías de desarrollo y otras veces es claramente integra ese “norte”, también imaginado, industrializado y contaminador.

Otras ponderaciones confirman que todos los países son responsables, donde los del “norte” y “sur” se entremezclan. Considerando las emisiones por persona, en lugar de los aportes totales, al tope del ranking se contarán por ejemplo a las naciones petroleras del Medio Oriente, pero luego están todos entremezclados. Las emisiones per capita desde Estados Unidos están en el orden de 17,74 ton CO2e, y las de un boliviano en 11,12; un uruguayo arroja 9,97 ton y un alemán 9,37 ton, y un argentino sería responsable de 8,89 mientras que un chino de 8,40[13].

También están lo que consideran que el abordaje debe ser histórico. Es cierto que los países industrializados tienen una enorme responsabilidad en esta situación, pero una vez más la situación no es tan simple. Considerando los gases emitidos entre 1850 y 2021, el primer responsable es Estados Unidos con el 20% de ese total[14]. Le siguen China con 11%, Rusia 7%, Brasil 5%, e Indonesia con 4%. Hay países europeos, como Alemania (4%) e Inglaterra (3%), que seguramente están subvalorados porque debería sumarse las emisiones originadas en el pasado desde sus colonias. Pero como puede verse, una vez más hay responsables tanto en el sur como en norte.


Emisiones históricas acumuladas de 1850 a 2021 de CO2 (millones de toneladas). Basado en el reporte de S.
Evans, en Carbon Brief (más informaciones en el texto).

Estas particularidades muestran que una división entre “norte” y “sur” ya no tiene los mismos significados que en el pasado y debe ser manejada con cautela. Sin duda los clásicos representantes del “norte” tienen mayores responsabilidades en varios sentidos, pero eso no debe llevar al simplismo de entender que el “sur” no contribuye al cambio climático y que poco o nada debería hacer para reducir sus emisiones.

Todos somos responsables

Como varios de los gobiernos del “sur” insisten en que no son responsables de la situación actual, o lo son en una muy pequeña proporción, utilizan ese argumento para justificar acciones que siguen contribuyendo al cambio climático. En esa posición se ubican no solamente gobiernos, sino buena parte de los actores político partidarios, pero también muchos actores en la academia y entre organizaciones ciudadanas.

Ese razonamiento se escucha repetidamente en América Latina. Uno de los ejemplos más conocidos lo expresa Brigitte Baptiste, que desde la dirección de un instituto estatal dedicado a temas de ambiente y conservación, insistía que Colombia debía sacar y vender hasta la última gota de petróleo[15]. Su razonamiento se basa en que Colombia representa una baja proporción de las emisiones de gases invernadero en el total planetario y que el país necesitaría el dinero que se recaudaría por las exportaciones de hidrocarburos. Al mismo tiempo, esas posturas reclaman que la reconversión energética debería estar financiada por el “norte” adinerado. Estas son posiciones muy comunes entre muchos sectores latinoamericanos.

Pero ese razonamiento exhibe muchos problemas. Se omite que los hidrocarburos o el carbón que se exporta desde países como Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú o Ecuador, finalmente se quemarán en algún rincón del planeta, y desde allí se emitirán gases invernadero. También se olvida la importancia que tienen sus emisiones por deforestación, agropecuaria y otros cambios en el uso de la tierra (sobre todo de metano). Finalmente, se minimiza que todos son responsables, aún el país que emite el 0,01 % del total mundial, porque cada uno de esos aportes se suman entre sí. Por lo tanto, todas las naciones deben reducir sus emisiones de gases invernadero.

Sin embargo esta cuestión volvió a estar presente en la COP26. Ante un borrador muy avanzado del Pacto de Glasgow, la sección dedicada a la mitigación de las emisiones de gases fue rechazada por un grupo de 21 países (incluyendo a China, Cuba, India, Indonesia, Malasia, Irán y Bolivia entre otros), por exigir que todos los países incrementaran sus recortes en emisiones de gases. El negociador por Bolivia, Diego Pacheco, en nombre de aquel grupo, defendió ese rechazo afirmando que no se podían imponer las mismas exigencias a los países “en desarrollo” porque no eran históricamente responsables y que para muchos sería imposible alcanzar cero emisiones netas en 2050[16]. Pacheco entendía que aquella exigencia era una forma de “colonialismo del carbono”, y que si se esperaba que los países “en desarrollo” asumieran mayores compromisos se les debía proveer con financiamiento.

Como puede verse ese tipo de argumentaciones aparecen una y otra vez en las negociaciones de cambio climático. Existe varias simplificaciones en las posiciones de ese grupo porque como se mostró arriba las responsabilidades históricas también son compartidas. Al mismo tiempo, en el caso de Bolivia se repite esa contradicción entre una retórica sobre el cambio climático y la gestión gubernamental que subsidia y apoya al sector petrolero; una de las últimas medidas ha sido destinar US$ 400 millones para 20 proyectos de exploración de hidrocarburos mientras se flexibilizan regulaciones sociales y ambientales para hacer algunas de esas actividades dentro de áreas protegidas o territorios indígenas[17].

Ensimismados con el dinero

Las negociaciones sobre cambio climático se empantanan todavía más porque siempre sufren por los regateos y tironeos económicos. Por momentos parecería que los países de ese “sur” global dedican buena parte de sus esfuerzos en reclamar más dinero a las naciones del “norte”, quienes prometen ayudas, las que luego se vuelven escasas o casi desaparecen.

Los gobiernos habían acordado ayudas financieras que debían alcanzar los cien mil millones de dólares por año en 2020. Ese monto debía ser aportado sobre todo por las economías más ricas. Aunque era sabido, de todos modos en Glasgow todos los gobiernos debieron reconocer que ese objetivo no se cumplió. Las naciones que debían dar los mayores aportes, comenzando por Estados Unidos, no lo han hecho[18]. Al mismo tiempo, es posible que el volumen de asistencias financieras que se otorgaron también estuviera inflado de diversas maneras, y que en los hechos fuera todavía menor.

Es necesario dejar en claro que es indispensable un aumento de la asistencia financiera para lidiar con el cambio climático, tanto para reducir sus emisiones (lo que implican apoyar alternativas energéticas) como en la adaptación a los problemas que ya están en marcha. Esa ayuda en dinero debe ser provista sobre todo por los países más ricos. Los países del “norte” no pueden argumentar que no cuentan con esos fondos, sino que bastaría que reorientaran sus masivas ayudas económicas a los combustibles fósiles.

En estos asuntos se insinúa otra estrategia que debe despertar preocupación ya que consiste en apelar al financiamiento privado. Esta postura es liderada por Joe Biden desde EE UU, concibiendo al empresariado como un gran financiador de los cambios ante el cambio climático. Esto implica inevitablemente una privatización que traslada a las corporaciones del “norte” la gestión de múltiples sectores, tales como pueden ser equipamientos para energía eólica o solar, mineración de litio, etc. Ellas a su vez se extienden sobre las naciones del “sur”, y de ese modo se reproducen los conocidos mecanismos de subordinación. A su vez, algunas de esas opciones empresariales que en el “norte” son presentadas como alternativas amigables con el ambiente, en el “sur” tienen severos impactos ecológicos y sociales (como ocurre con la minería de litio).

Una expresión concreta fue la creación de la Alianza de Glasgow para las Emisiones Cero, que es una coalición de grandes bancos, fondos de inversión, aseguradoras y analistas de riesgo financiero, los que prometen movilizar US$ 130 millones de millones[19].
Al mismo tiempo, algunas posiciones de gobiernos del “sur” también merecen ser sopesadas. Son los casos de hacer poco o nada para reducir las emisiones de gases hasta no recibir dinero a cambio. Esto se ha vuelto muy común, y posiblemente el caso más estridente ocurrió en Glasgow cuando los delegados de India reclamaron más ayudas financieras y al mismo tiempo defendían el uso del carbón[20].

Hay múltiples contradicciones en reclamar dinero cuando al mismo tiempo un gobierno en el “sur” subsidia a los combustibles fósiles o alienta la deforestación. Por ejemplo, Argentina participa de los reclamos por más dinero para enfrentar el cambio climático, y en Glasgow, su presidente, Alberto Fernández, llegó a plantear que parte del pago de la deuda externa en lugar de regresarla al acreedor fuese utilizado en medidas ante el cambio climático. Sin embargo, su gobierno tiene un enorme programa de subsidios económicos a la explotación de hidrocarburos[21]. De modo análogo, el gobierno de Perú anunció en Glasgow que declarará la “emergencia climática”, y al mismo tiempo defiende una masiva diseminación del consumo de gas natural dentro del país a partir de los propios yacimientos. Eso implicaría todavía más emisiones a escala nacional y posiblemente una violación al Acuerdo de París[22].

Tanto las naciones del “norte” como del “sur” comparten una contradicción esencial entre los masivos subsidios que otorgan a los combustibles fósiles y sus promesas de combatir el cambio climático lo que requiere abandonarlos. Esos subsidios, que en su mayor parte corresponden a los costos por impactos ambientales, representan el 6,8% del producto bruto global, y aumentarán al 7,4% en 2025[23]. Se los estima en US$ 11 millones por minuto. Si fueran desmontados y se aplicaran precios adecuados a esos combustibles, las emisiones de CO2 podrían caer 36%.

Una geopolítica distinta

Es importante advertir que la cumbre climática de Glasgow se inserta en lo que parecen ser importantes cambios geopolíticos que van más allá de esas reconfiguraciones entre “norte” y “sur”. También se suman las intenciones de lograr algunas metas ambientales aplicando medidas sobre el comercio internacional de mercaderías, gobiernos y organismos multilaterales que ceden roles crecientes a las corporaciones tanto en financiamiento como gestión relacionadas con el cambio climático y la energía, y las rediscusiones sobre el papel de la soberanía nacional. Aunque estos temas exceden el propósito del presente texto es posible señalar algunos aspectos destacados.

En primer lugar hay gobiernos de países industrializados que están considerando imponer medidas sobre el comercio internacional que estén ligadas al desempeño en el cambio climático. Esos mecanismos podrían resultar en enormes presiones sobre varios países exportadores de materias primas, usualmente del “sur”, y pueden ser mucho más efectivas que las medidas voluntarias suscritas en Glasgow. Considérese por ejemplo que se apliquen restricciones a las importaciones de bienes que son obtenidos a costa de una alta huella de emisiones de carbono, lo que obligaría a las naciones exportadoras a modificar sus tecnologías o incluso cambiar sus ofertas de productos.

En la actualidad se están considerando tres tipos de mecanismos. Uno es condicionar importaciones atendiendo a estándares de reducción de emisiones de CO2, y el ejemplo más actual es el acuerdo de EE UU y la Unión Europea sobre el comercio de acero y aluminio[24]. En ese caso se flexibiliza el comercio entre ellos y a la vez se instala una barrera a otros proveedores que ofrecen esos metales pero con una elevada huella de carbono. Ese es justamente el caso de China, que manufactura su acero con energía subsidiada que proviene en buena parte de centrales de carbón que son muy contaminantes. Además podría afectar a Brasil ya que su aluminio también tiene una importante huella de carbono. Se observa con mucho detenimiento este caso porque sería el primer acuerdo comercial firmado por EE UU que incluye una condicionante ligada al cambio climático.

Un segundo caso es el impuesto de ajuste de emisiones de carbono en frontera (conocido como CBAM por su denominación en inglés: carbon border adjustment mechanism)[25]. Esta es una iniciativa en marcha en la Unión Europea bajo su conocido Pacto Verde, y que busca evitar competencias desleales en importar bienes que son obtenidos con una gran huella de carbono. La medida se iniciaría con acero, aluminio, cemento y fertilizantes, pero podría incluir en el futuro cercano a agroalimentos. Esto causa preocupación en los grandes agroexportadores como Brasil, Argentina o Uruguay. La aprobación del Observatorio Global del Metano, promovido por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), y apoyado por la Unión Europea, va en ese mismo sentido, ya que proveería registros a mundiales a ser tomados como referencia.

Finalmente se podrían aplicar aranceles acordados internacionalmente a las importaciones de bienes que son intensivos en carbono. Este es un mecanismo comercial propuesto por algunos académicos, y que implicaría una coordinación entre las reglas de la Organización Mundial de Comercio y con acuerdos o indicadores ambientales y climáticos. Su racionalidad es similar al reciente impuesto mínimo global instalado por los países del G7, que impone al menos un 15% a las corporaciones.


Todos estos mecanismos se encuentran en discusión o fases iniciales de aplicación. Más allá de ello, lo que muestran es que nos aproximamos a situación donde las reglas de comercio adoptarán algunas condicionalidades en cuanto a las emisiones de gases invernadero en los bienes comercializados. Como en el pasado, América Latina tiene escasos márgenes de maniobra para lidiar con esos cambios en el comercio global pero a la vez es muy dependiente de sus mercados de exportaciones.

Otro flanco consiste en que varios de los acuerdos firmados en Glagow colocan al empresariado, y en especial a las grandes corporaciones e incluso a los billonarios, como socias o colaboradores de los gobiernos. El propósito más evidente es recurrir a ellos para conseguir financiamientos adicionales. En algunos casos eso se logra con mecanismos propios de la filantropía, como son las donaciones de algunos billonarios, pero en la mayor parte se articulan con coparticipaciones y negocios conjuntos que tienen expectativas de rentabilidad, tal como se señaló arriba. Se debe advertir que esas posturas a su vez están en disputas con otras corporaciones que se resisten, rechazan o cuestionan sea el cambio climático como cualquier tipo de coparticipación de ellas en ese terreno, como ocurre con mineras y petroleras. Entonces estamos ante una discusión entre estilos de gerenciamiento corporativo. Más allá de eso existe el peligro que una parte sustantiva de las políticas nacionales e internacionales se privaticen de modos directos o indirectos.

Un tercer flanco se expresa en los cuestionamientos a la soberanía racional. Se razona que algunos ecosistemas, como la Amazonia, guardan un papel ecológico a escala planetaria y por lo tanto otros países podrían imponer condiciones a las naciones amazónicas para obligarlas a protegerla. Algunos dan unos pasos más considerando que el concepto de soberanía nacional ya no puede ser aplicado en el siglo XXI ante algunos problemas ambientales planetarios[26]. Un conflicto que expuso esa tensión ocurrió en 2019 cuando el presidente francés Emmanuel Macron responsabilizó a Jair Bolsonaro de Brasil por los graves incendios de bosques que ocurrieron en ese entonces[27]. A pedido de Macron, los países del G7 discutieron la gestión brasileña de los bosques amazónicos y como reacción Bolsonaro esgrimió un fuerte discurso nacionalista. Desde aquel entonces está en marcha un cambio en la postura de algunos gobiernos del norte que consideraban al cambio climático como parte de las políticas ambientales, para comenzar a observarlo como una cuestión de seguridad nacional y de comercio internacional[28].

Esa perspectiva está repleta de problemas que contienen enormes riesgos para las naciones latinoamericanas, en tanto pueden poner en riesgo las soberanías nacionales. Pero a la vez, es necesaria una reflexión propia, desde América Latina, sobre los modos más justos para repensar y diseñar esas soberanías para evitar, entre otros asuntos, caer en gobiernos que violen tanto los derechos humanos como destruyan su propia naturaleza.

Una obsesión prepolítica

En Glasgow, como ocurrió en las anteriores cumbres de cambio climático, todos los delegados gubernamentales, desde los jefe de Estado al diplomático más humilde, todo ellos, desplegaron floridos discursos que reconocen la crisis ambiental y llaman a medidas concretas y urgentes. Pero al mismo tiempo apoyan a los sectores que generan el cambio climático y sus acciones son totalmente insuficientes para frenar el calentamiento planetario.

Es así que, por ejemplo, Iván Duque de Colombia prometió reducciones de 51% al 2030 y neutralidad en 2050 aunque apoya el fracking, a las petroleras y la minería de carbón; Pedro Castillo de Perú anunció la emergencia climática pero quiere masificar el uso del gas natural; Alberto Fernández quiere reducir las emisiones pero subsidia al fracking; el gobierno de Chile habría prometido cerrar centrales a carbón en la anterior cumbre de cambio climático pero en 2021 volvió a encender una y considera hacerlo con otras, y así sucesivamente[29].

Existen algunas medidas que deben ser reconocidas y valoradas, como esos primeros compromisos nacionales con moratorias a la explotación de hidrocarburos o la comercialización de vehículos alimentados por combustibles fósiles. Pero, como se indicó arriba, esas iniciativas son por ahora marginales, la mayor parte de los estados y de las empresas no las apoyan, y se basan en documentos que tienen un lenguaje declarativo que no impone compromisos. Ninguno de ellos es una amenaza a todo el sector de los combustibles fósiles.

De hecho, el mayor número de delegados en la COP26 correspondió al sector de los combustibles fósiles con 503 personas, superando al país con la delegación más numerosa, Brasil, con 479 integrantes. Eran representantes más de 100 corporaciones y 30 organizaciones empresariales enfocadas en los intereses de petroleros y del carbón, y además fueron incluidos en las delegaciones de al menos 27 países (como Rusia, Canadá y Brasil)[30]. Ese número duplica, por ejemplo, a los participantes de las organizaciones indígenas, y es mayor a las delegaciones gubernamentales sumadas de ocho países muy afectados por el cambio climático (como Haití, Filipinas, Bahamas, Bangladesh o Pakistán).

Por lo tanto, la adicción a los combustibles fósiles dominó a la COP26, está presente en el “norte” y en el “sur”, ello responde a que está presente en casi todas las ideologías político partidarias. Es una condición pre-política en el sentido que afecta a la mayor parte de las ideologías político partidaria.


<Los negociadores en cambio climático de China, Xie Zhenhua, y de los Estados Unidos, John Kerry, en Glasgow (Escocia).

Un ejemplo cristalino de esta condición fue el acuerdo entre Estados Unidos y China durante la COP26 en Glasgow[31]. No es que se brindaran medidas concretas, ya que fue más bien un anuncio de buenas intenciones que sirvió como un alivio publicitario. Pero el acuerdo entre los negociadores en cambio climático de esos países, John Kerry y Xie Zhenhua, reveló las coincidencias entre dos regímenes político partidarios muy distintos. De un lado el capitalismo corporativo de Washington, con su democracia formal y representativa, su imperialismo comercial y militar, y del otro, el desarrollismo de Beijing, guiado por un partido que se reivindica comunista, con su empresariado estatizado y control ciudadano, y su despliegue comercial planetario. Coinciden en el desarrollo convencional, ambos buscan el crecimiento económico a toda cosa, alientan el consumismo interno, y no dudan en externalizar al resto del planeta sus impactos ambientales. Ambos lanzan discursos para frenar el cambio climático, pero cada uno defiende aquellos combustibles fósiles que necesita (China lo hace con el carbón, Estados Unidos con el petróleo). Esto deja en evidencia que la política convencional que se observa en los países es adicta a los combustibles fósiles.

Celebración del continuo fracaso

Tomando en cuenta los elementos repasados arriba, es evidente que el Pacto de Glasgow es otro fracaso más en asegurar medidas efectivas para detener el cambio climático. No es el último, porque se han celebrado 26 cumbres de los gobiernos, a lo largo de casi tres décadas. Eso hace que cuando los delegados aplaudían el texto firmado en Glasgow, en realidad estaban celebrando un continuado fracaso.

Muchos podrán argumentar que han existido avances, y es cierto que algunos se pueden identificar. Pero en cuanto al propósito concreto y prioritario de todo el proceso negociador iniciado en 1992, que es frenar el cambio climático, hasta hoy no lo han logrado. Cuando se firmó aquella convención en 1992, la concentración de CO2 en la atmósfera estaba un poco por encima de 350 partes por millón; en el año 2000 alcanzaba las 370 partes, cuando se logró el Acuerdo de París, en 2015, ya alcanzaba las 400 ppm, y este año, tras el Pacto de Glasgow subió a más de 410 ppm.


Niveles de CO2 en la atmósfera medidos en partes por millón (ppm) y los principales acuerdos internacionales para
enfrentar el cambio climático. Información del observatorio en Mauna Loa (Hawái). Redibujado de Scripts Institution of
Oceanography, UC San Diego y NOAA.

Ni siquiera hay expectativas fundadas de una mejora en el futuro inmediato, porque los indicadores que esos mismos gobiernos reconocieron en Glasgow muestran que sigue aumentando el uso de los combustibles fósiles. Si cumplieran todas las promesas de los gobiernos, se estima que el aumento de la temperatura al final del siglo superará la barrera de 1,5 grados, y alcanzará 1,8 grados. Pero como sabemos, los países no cumplen sus propias promesas, y si persisten estrategias como las actuales se estima que la temperatura alcanzará un aumento de 2,7 grados[32]. Esto deja en claro que estamos ante un fracaso de las políticas ambientales, tanto nacionales como multilaterales, y como tal debe ser asumido y analizado.

Se puede analizar la cuestión haciendo otro recorrido. Si se desea asegurar que la temperatura media del planeta no supere los 1,5 grados, las emisiones de gases invernadero no pueden superar la 26,6 GigaTon. Pero los acuerdos asumidos antes del encuentro en Glasgow proyectaban emisiones de aproximadamente el doble (52,4 GigaTon) y si suman todas las promesas y declaraciones de la COP26, ese volumen será menor, pero de todos modos se supera y por mucho aquel límite, llegando a los 41,9 GigaTon[33].

Aunque en otro sentido podría argumentarse que no hay tal fracaso, sino que esas políticas están organizadas y son defendidas porque permiten mantener la adicción a los combustibles fósiles. Dicho de otro modo, no es que fallen, sino que proveen justificativos y excusas para seguir explotando esos combustibles y persistir en la deforestación, siendo de ese modo funcionales a las clásicas concepciones del desarrollo.


Estimaciones de las emisiones de gases invernaderos al 2030, medidas en Giga toneladas. Se comparan las emisiones estimadas antes de la COP26, aquellas prometidas en la COP26 y las que son necesarias para cumplir con el objetivo de no superar un aumento de temperatura de 1,5 C. Redibujado de COP26: New global climate deal struck in Glasgow, P. Rincon, BBC, 14 noviembre 2021, https://www.bbc.com/news/world-59277788

La consecuencia de este tipo de política y sus estrategias, es que las medidas para mitigar el cambio climático son insuficientes y éste seguirá su marcha. Esto implica un creciente impacto sobre los ecosistemas y sobre su diversidad, se espera una mayor variabilidad climática con eventos extremos cada vez más frecuentes y graves, tales como inundaciones, sequías, incendios, etc. Aumentan los riesgos de cambios drásticos ecológicos encadenados que puedan llevar a situaciones aún más graves. Estas condiciones corresponden a diversos escenarios previstos para América Latina que incluyen desde la desaparición de glaciares a la savanización de la Amazonia.

Todo esto tiene múltiples impactos sobre las comunidades humanas, tanto en su salud como en su calidad de vida, como puede ocurrir por las alteraciones en la agricultura y ganadería, restricciones en el acceso al agua, olas de calor, etc.

Bajo esas condiciones en América Latina los pueblos indígenas están bajo riesgos aún mayores. Las organizaciones indígenas amazónicas habían advertido esto antes de la COP26, señalando los problemas que enfrentaban por la ausencia de adecuados planes de mitigación y adaptación o por la expansión de los extractivismos[34]. Los territorios indígenas están amenazados por el cambio climático y a la vez por algunas de las medidas para mitigarlo (como pueden ser la construcción de nuevas represas para hidroelectricidad), así como por emprendimientos conocidos como minería, ganadería o agricultura, ahora reforzados al ser vistos como opciones de salida económica ante la pandemia.

El continuado fracaso de la política convencional que se acaba de describir se corresponde y confirma la alerta de las organizaciones indígenas en Glasgow: la COP26 fue una “sentencia de muerte”[35]. Sostienen que se los ha sacrificado al posponer la acciones necesarias ante el cambio climático y al blindar los intereses corporativos.

Incompetencia, indiferencia y negación

Cuando se repasan las cuestiones que se acaban de enumerar surgen algunas conclusiones. La primera es advertir que los conglomerados de actores políticos no entienden la evidencia científica sobre el cambio climático. No logran comprender o aprehender lo que está en juego. Hay algunos individuos que sin duda entienden lo que expresan los indicadores, las gráficas o los modelos, pero lo que aquí se quiere indicar es que como colectivo, como conjunto, e incluso como clase, no asumen lo que está sucediendo ni sus consecuencias. En muchos casos las evaluaciones proceden de modelaciones probabilísticas, son estimaciones de riesgo, y se despliegan en escalas de tiempo de décadas hasta el 2100. Ese tipo de razonamientos y ese horizonte de tiempo es ajeno a los políticos convencionales. Para dejarlo en claro, estoy persuadido que varios presidentes, y sus equipos, no comprenden esta cuestión, y entre ellos se pueden señalar a Jair Bolsonaro, Ivan Duque, Nicolás Maduro, Sebastián Piñera o Aníbal Fernández.

Esto se confirma al observar que los gobiernos no entienden la evidencia que citan en las declaraciones que firman, como el Pacto de Glasgow. Esa es la explicación por la cual en un mismo texto por un lado reclaman reducir las emisiones de gases invernadero y por otro reconocen que no lo hacen, y como esa contradicción no les incomoda, la toleran en sus declaraciones finales.

Esas incomprensiones hace que la clase política termina pecando por la indiferencia ante la pérdida de la diversidad de la vida, de la destrucción de ecosistemas, y ante el sufrimiento de millones de personas que estarán afectadas por el cambio climático. Esta es una expresión de la necropolítica, entendiéndola como la política que deja morir a las personas y a la Naturaleza a costa de mantener viva a la economía[36].

Los repetidos fracasos no angustian a los gobiernos, sino que en Glasgow lo volvieron a reconocer, y otra vez anuncian que los temas pendientes lo solucionarán el próximo año en su siguiente encuentro. Pero el hecho es que ningún jefe de Estado, ningún ministro del ambiente, renunció por haber sido incapaz de lograr la reducción de sus emisiones de gases tal como habían prometido. Por el contrario, los presidentes o ministros se reunían en fiestas y cocteles en Glasgow, o compartían foros con las empresas, para supuestamente buscar soluciones a esta crisis ecológica.

La política convencional rechaza medidas necesarias, tales como moratorias a los combustibles fósiles. No solo eso, sino que ni siquiera toleran mencionarlas. Eso quedó muy en claro hacia el final de las negociaciones sobre el texto final cuando varios países petroleros, apoyados estridentemente por India y China, se negaron a que esa posibilidad estuviese siquiera mencionada en el Pacto de Glasgow.

Por todas estas razones, el encuentro sobre cambio climático en Glasgow es un nuevo fracaso donde todos son culpables. Los más afectados en el futuro cercano serán los estados insulares, las comunidades que viven en zonas de riesgo climático, y los pueblos indígenas, pero enseguida le seguirán muchos otros más. Este un balance duro pero necesario si es que se desean buscar las alternativas que son necesarias y urgentes.

Referencias

[1] Glasgow leaders’ declaration on forests and land use, UN Climate Change Conference UK 2021, 2 noviembre 2021, https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/

[2] New York Declaration on Forests. Declaration and Action Agenda. Climate Summit 2014, UN Headquarters New York.

[3] El texto completo en www. https://www.ccacoalition.org/en/resources/global-methane-pledge; más informaciones sobre la iniciativa en https://www.globalmethanepledge.org/

[4] Methane feedbacks to the global climate system in a warmer world, J.F. Dean y colab., Reviews Geophysics 56: 207-250, 2018.

[5] U.S. to sharply cut methane pollution that threaten the climate and public health, Environmental Protection Agency, 2 noviembre 2021, https://www.epa.gov/newsreleases/us-sharply-cut-methane-pollution-threatens-climate-and-public-health

[6] International methane emissions observatory launches to boos action on powerful climate-warming gas, European Commission, Bruselas, 31 octubre 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5636

[7] Global coal to clean power transition statement, UN Climate Change Conference, 4 noviembre 2021, https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/

[8] Informaciones adicionales en https://beyondoilandgasalliance.com/

[9] COP26 declaration on accelerating the transition to 100% zero emission cars and vans, UN Climate Change Conference, 10 noviembre 2021, https://ukcop26.org/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans/

[10] Véase Countries’ climate pledges built on flawed data, Post investigation finds, C. Mooney y colaboradores, Washington Post, 7 noviembre 2021.

[11] Esto se analiza por ejemplo en Uruguay aumentará sus emisiones en cumplimiento del Acuerdo de París, G. Honty, La Diaria, Montevideo, 9 setiembre 2017, https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2017/9/uruguay-aumentara-sus-emisiones-en-cumplimiento-del-acuerdo-de-paris/

[12] Países ordenados por sus emisiones de gases invernadero totales (incluyendo CO2 como otros gases, tales como metano); datos para 2018; basado en CAIT (WRI) en Climate Watch Data.

[13] Valores en toneladas de CO2 equivalentes; datos para 2018; basado en CAIT (WRI) en Climate Watch Data.

[14] Which countries are historically responsible for climate change?, S. Evans, Carbon Brief, 5 octubre 2021, https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change

[15] Entrevista en Crudo Transparente, Bogotá, 14 diciembre 2017, video en: https://www.youtube.com/watch?v=D-ij-wOrKBk

[16] India, China & 20 other nations are dead set against COP26 draft on climate mitigation. Here’s why, News 18, Nueva Delhi, 12 noviembre 2021, https://www.news18.com/news/india/india-china-and-20-other-nations-are-dead-set-against-cop26-draft-on-climate-mitigation-heres-why-4433636.html

[17] YPFB estima inversión de $US 400 millones en 20 proyectos de exploración, El Deber, Santa Cruz, 8 marzo 2021, https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-estima-inversion-de-us-400-millones-en-20-proyectos-de-exploracion_223491

[18] The broken $100-billion promise of climate finance — and how to fix it, J. Timperley, Nature, 20 octubre 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3

[19] Financial firms announce $130 trillion in commitments for climate transition, but practical questions loom, J. Stein, Washington Post, 3 noviembre 2021, https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/11/03/climate-glasgow-bloomberg-carney/

[20] Need more money to fight climate change: At COP26, India bats for Paris Agreement rulebook, India Today, 1 noviembre 2021, https://www.indiatoday.in/science/story/india-cop26-summit-environment-bhupender-yadav-climate-change-finance-un-1871961-2021-11-01

[21] En el caso de las explotaciones en Vaca Muerta, uno de los últimos paquetes de ayudas alcanzaría un costo fiscal de US$ 5 062 millones; El gobierno lanzó un subsidio a la producción de gas en Vaca Muerta para evitar la importación y la salida de más dólares, D. Cayón, Infobae, Buenos Aires, 15 octubre 2020, https://www.infobae.com/economia/2020/10/15/el-gobierno-lanzo-un-subsidio-a-la-produccion-de-gas-en-vaca-muerta-para-evitar-la-importacion-y-la-salida-de-mas-dolares/

[22] Gobierno aprobará declaratoria de emergencia climática, Minam, Lima, 25 octubre 2021, https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/548665-gobierno-aprobara-declaratoria-de-emergencia-climatica

Presidente Castillo anuncia masificación del gas natural en todo el Perú, Andina, Lima, 10 noviembre 2021, https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-castillo-anuncia-masificacion-del-gas-natural-todo-peru-868931.aspx

[23] Still not getting energy prices right: a global and country update of fossil fuel subsidies, I. Parry, S. Black y N. Vernon, IMF Working Paper, setiembre 2021.

[24] The E.U.-U.S. steel deal could transform the fight against climate change, B. Allan y T. Tucker, 31 octubre 2021, https://www.washingtonpost.com/politics/2021/10/31/eu-us-steel-deal-could-transform-fight-against-climate-change/

[25] Más informaciones en Carbon Border Adjustment Mechanism, Comisión Europea, https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_es

[26] Véase por ejemplo Climate change will kill national sovereignity as we know it, A. Kluth, Washington Post, Washington, 3 noviembre 2021, https://www.washingtonpost.com/business/climate-change-will-kill-national-sovereignty-as-we-know-it/2021/11/03/f7e83020-3c77-11ec-bd6f-da376f47304e_story.html

[27] Véase por ejemplo Macron tilda de “crisis internacional” los incendios de la Amazonia y quiere que se aborden en el G7, J. Oliveira, El País, São Pualo, 22 agosto 2019, https://elpais.com/internacional/2019/08/22/actualidad/1566501636_486466.html

[28] Véase como ejemplo la discussion en EE.UU.: What climate change will mean for US security and geopolitics, J.R. Allen y B. Jones, Brookings Institution, Washington, 4 febrero 2021, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/04/what-climate-change-will-mean-for-us-security-and-geopolitics/

[29] Esos y otros ejemplos se indicaron arriba. Sobre el caso de I. Duque (Colombia) véase ‘Camino a Cero’: así es la estrategia contra el cambio climático, El Tiempo, Bogotá, 1 noviembre 2021, https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/camino-a-cero-asi-es-la-estrategia-contra-el-cambio-climatico-del-pais-629226

Sobre el caso de Chile, véase A ocho meses de su retiro, central a carbón Ventanas 1 volverá a operar por motivos de seguridad, Emol, Santiago, 6 agosto 2021, https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/08/06/1028874/ventanas-1-volvera-a-operar.html

[30] Hundreds of fossil fuel lobbyists flooding COP26 climate talks, Global Witness, 8 noviembre 2021, https://www.globalwitness.org/en/press-releases/hundreds-fossil-fuel-lobbyists-flooding-cop26-climate-talks/

[31] U.S.-China joint Glasgow Declaration on Enhancing Climate Action in the 2020s, US Department of State, 10 noviembre 2021, https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/

[32] Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to climate action, Climate Action Tracker, noviembre 2021.

[33] COP26: new global climate deal struck in Glasgow, P. Rincon, BBC, Londres, 14 noviembre 2021, https://www.bbc.com/news/world-59277788

[34] Pueblos indígenas declaran emergencia climática en la Amazonia, COICA, Quito, 23 diciembre 2020, https://coicamazonia.org/pueblos-indigenas-declaran-emergencia-climatica-en-la-amazonia/

[35] ‘A death sentence’: Indigenous climate activists denounce Cop26 deal, N. Lakhani, 16 noviembre 2021, The Guardian, Londres, https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/16/indigenous-climate-activists-cop26-endangers-native-communities

[36] Esta condición se explora en detalle en Necropolítica: la política del dejar morir en tiempos de pandemia, E. Gudynas, Palabra Salvaje No 2: 100-123, 2021, en www.palabrasalvaje.com

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Reporte publicado conjuntamente por OLCA (Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales) y CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) el 3 de diciembre de 2021. Las opiniones son responsabilidad del autor y no comprometen a ninguna de estas instituciones.

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