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03 de Febrero de 2022

Debatir el desarrollo en la constituyente: no hay que temerle porque es indispensable

Eduardo Gudynas


A medida que se suman los temas que aborda la Convención Constituyente, se multiplican las polémicas sobre las relaciones entre desarrollo y ambiente. La convención tiene una estructura temática original que nunca se había aplicado en América Latina, al contar con una comisión encargada de los temas ambientales a la vez debe abordar lo que llamaron como “modelo económico”.

Se han sucedido las advertencias y temores sobre cómo se manejará esa pareja economía-ecología. En ese sentido, están quienes cuestionan que la convención pueda o deba abordar normas sobre el “modelo de desarrollo”. Un ejemplo en ese sentido es una reciente reflexión de Julio Torres, docente en la Universidad de Chile y secretario del Colegio de Ingenieros Forestales (1).

Critica que la Convención discuta los modelos de desarrollo bajo el temor que pueda imponerse uno. Argumenta que actuando de ese modo la convención no es deliberativa, que se desestima la opinión de ciertos actores, que podría encaminarse a imponer normas unilateralmente apelando a utopías, voluntarismo, exceso de ideología y poca reflexión. Esa sombría situación es descrita por Torres desde una defensa al sector forestal.

Es importante analizar, con calma, y paso a paso, ese tipo de ideas. El punto de partida es si es adecuado, o no, que una constitución pueda “imponer” un “modelo” de desarrollo. Dicho de ese modo, es evidente que la futura constitución no debería imponer una estrategia de desarrollo. En ese entendido, la advertencia de Torres es acertada, pero el problema está en que en su argumentación dice mucho más, y en que la secuencia de su análisis repite un error común. Rechazar que la convención aborde la temática del desarrollo es una equivocación, para nada menor, y en realidad la conclusión debería ser la opuesta: los constituyentes están obligados a hacerlo.

Es necesario tener presente que la actual constitución de Chile, aprobada en 1980, en su texto y en las leyes y decretos que originó, impide por un lado explorar otras opciones de desarrollo, y de ese modo, por otro lado, hace que solo sean posibles algunas variedades de desarrollo. Estamos ante un entramado legal con contenidos tales como la subsidiaridad del Estado o los regímenes de propiedad que bloquean otras opciones de desarrollo, a veces de forma explícita, a veces de forma implícita. No impone una estrategia de desarrollo pero sólo hace posible a algunas, y bloquea a casi todas las demás.

Es por eso que a lo largo de los años, todas las variedades de desarrollo que se han seguido estuvieron ancladas en la exportación de materias primas a los mercados globales. Sin duda no han sido idénticas, y son conocidas las diferencias del actual gobierno con, por ejemplo, los de la vieja Concertación. Pero todas ellas giraban alrededor de las mismas bases, y los cambios de la inserción exportadora han estado en pasar de un commodity a otro. Así como años atrás se sumaron los salmones, están los que quieren que el año próximo se agregue el litio. Por lo tanto, la interrogante más aguda ante la situación chilena no está en las diferencias de los desarrollos bajo las distintas presidencias, sino en las razones por las cuales todos los que han estado en La Moneda han sido extractivistas.

Esa permanencia se debe a varios factores, tanto culturales, políticos como económicos. Entre ellos, como ya se adelantó, está que el marco jurídico que parte desde la constitución de 1980, y que actúa al menos de dos modos. Por un lado, refuerza ciertas estrategias de desarrollo, esas que todos conocemos, gracias a normas constitucionales y el entramado jurídico derivado. Por otro lado, se impide, traba o entorpecen los caminos institucionales y legales para abordar otras variedades de desarrollo. Por ejemplo, el régimen de propiedad constitucional reconoce que los recursos pertenecen a los chilenos, pero las leyes derivadas imponen su privatización, y ello lo blindan como si fuera un derecho esencial apelando a esa misma constitución. Cristalizaron categorías jurídicas y constitucionales que se dan como válidas, se impide que se las ponga en discusión, con los cual se despolitizar la construcción de las estrategias de desarrollo como si fuera solamente una cuestión técnica.

La conocida metáfora de los candados en la Constitución de 1980 es correcta. El recordado dicho de Jaime Guzmán revelando que aquel diseño constitucional debía neutralizar la agencia política del pueblo, también explica las permanencias en las variedades de desarrollo chilenas. Por lo tanto, sería un enorme avance si la futura constitución anulara esos candados para permitir explorar otras alternativas. ¿O es que el futuro de Chile sólo puede ser imaginado desde la exportación de recursos naturales de aquí a la eternidad?

Como la crítica de Torres a que los convencionales aborden la problemática del desarrollo también se basa en defender a los extractivismos forestales, se vuelve un ejemplo del doble proceso que se acaba de describir. En su argumentación apoya los extractivismos convencionales, que son parte esencial de las variedades de desarrollo actualmente predominantes, al mismo tiempo que rechaza otras opciones, tales como aprovechamientos forestales a menor escala, y califica ese esfuerzo muy negativamente.

En cambio, un proceso constitucional sano debería avanzar en una dirección opuesta. Debería alumbrar nuevas instituciones y mecanismos que permitieran que la ciudadanía discuta, politice y tome decisiones sobre el desarrollo de su propio país. Es imposible saber cómo se tratarán estas cuestiones en la comisión respectiva como en el plenario de la convención, si se anularán los viejos candados, si se podrán promover normas e instituciones que permitan las alternativas. O bien, si el resultado final caerá en algo muy similar a la vieja constitución. Esa evaluación es una tarea para un futuro cercano, pero nada en esto invalida la necesidad de discutir el desarrollo.

Prejuzgar que en esa tarea se impide la deliberación, que es unilateral, o incluso que está reñida con la democracia, carece de fundamento. Es que la convención tanto en su composición como en su funcionamiento es democrática, cualquier podía elevar opiniones, y sus discusiones son públicas. Los convencionales no deben ignorar ni esquivar a la problemática del desarrollo; su responsabilidad está en tratarlo, desmenuzarlo, masticarlo. Es inconcebible que no lo hagan porque las estrategias de desarrollo tienen influencias enormes en la marcha de todo el país. En esa tarea hay que apoyarlos.

(1) ¿Un modelo de desarrollo de origen constitucional?, J. Torres, Opinión, Radio Cooperativa, 1 febrero 2022, https://opinion.cooperativa.cl/opinion/medio-ambiente/un-modelo-de-desarrollo-de-origen-constitucional/2022-02-01/093100.html

El autor es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) e investigador asociado en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

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