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- Chile:

24 de Febrero de 2022

En defensa de la Soberanía Alimentaria



Durante las últimas semanas, medios de comunicación como El Mercurio y Radio Agricultura han atacado con especial empeño a la Comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional. Entre quienes han encendido las alarmas, se encuentra la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta) y la Asoc. Gremial Nacional de Productores de Semillas (Anpros), las principales agrupaciones gremiales del empresariado agroexportador.

Por Francisco Caamaño y Nicolas Arraño (*)

Una de las iniciativas aludidas, es la número 113-5 que consagra el Derecho a la Soberanía Alimentaria, presentada por 14 convencionales de los conglomerados Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Coordinadora Plurinacional y Chile Digno, agrupados en lo que se ha llamado la Bancada Rural. Este espacio, ha logrado converger a convencionales con diferentes organizaciones representativas del mundo rural, campesino y pesquero, que cuentan con larga trayectoria de lucha por sus demandas y vasta experiencia en la producción, recolección y abastecimiento de alimentos.

Diferente al caso de la SNA, Fedefruta y Anpros, que representan al sector empresarial que produce bienes de consumo para enviar al mercado exterior, entre quienes convergieron en la iniciativa de Soberanía Alimentaria se encuentra una coordinación de 12 asociaciones de representación nacional, que son la voz de aquellas y aquellos campesinos, pescadores, recolectores y abastecedores de alimentos que según cifras de FAO y ODEPA, proporcionan más de la mitad de las frutas y verduras, y cerca de un tercio del pescado fresco que consumimos las y los habitantes del país [1].

Entre algunas de las críticas a la iniciativa, se sugiere que esta propone una “agricultura sin agricultores” al supuestamente excluir a gran parte de ellos de políticas estatales en materia de apoyo, regulaciones y acceso a tecnología [2]. Sin embargo, esto es falso , ya que al menos 260.000 de los 301.000 titulares registrados por el Censo Agropecuario y Forestal de 2007, entrarían en la categoría de “campesinas y campesinos, pescadores, recolectores artesanales, crianceros y apicultores, pueblos indígenas y otras personas y comunidades que trabajan en la producción y recolección artesanal y tradicional de alimentos” que son reconocidos en la norma como actores esenciales para la alimentación del país.

Así también, se ha insinuado que la norma intenta un “cierre de fronteras al libre intercambio de alimentos” [3] al querer consagrar como principio de la producción de alimentos el del consumo interno. Efectivamente, la propuesta señala que el principal objetivo de la producción alimentaria debe ser ofrecer y abastecer de alimentos sanos y nutritivos a la población del país, pero ello no quiere decir que así sea exclusivamente y que se pretenda eliminar el comercio internacional de alimentos, sino que el derecho a la alimentación de quienes habitamos en Chile debe ser considerado como una prioridad por sobre la exportación de frutas y verduras a Asia, Europa y Norteamérica. Así, aunque Anpros ha señalado que “las fronteras abiertas y el intercambio comercial entre los países son también fundamentales para la seguridad alimentaria”, omiten que tal modelo ha resultado insuficiente para satisfacer nuestras necesidades nutricionales y combatir el cambio climático, cuestión por la que que los organismos internacionales han realizado llamados a fomentar la agricultura familiar campesina e indígena, reconociendo su rol primordial en la mitigación de sus efectos.

Aún más, el actual modelo de producción y distribución de alimentos para el mercado internacional es una de las actividades que emite la mayor cantidad de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el mundo, lo cual se debe a las implicancias ambientales de los circuitos largos de comercialización que mueven alimentos de un lado a otro del globo, al uso intensivo de suelos que los ha degradado gravemente, la sobreexplotación del agua y las millones de hectáreas deforestadas. En nuestro propio país, la agroexportación es la segunda actividad que más GEI emite, siendo superada tan sólo por la gran minería. En tanto, el deterioro ambiental provocado por esta actividad ha llegado a comprometer las condiciones de vida de las comunidades rurales y el despliegue económico de pequeños y medianos productores y recolectores de alimentos, poniendo así en peligro la disposición de frutas, verduras, pescados, mariscos y diferentes alimentos sanos y nutritivos para las presentes y futuras generaciones.

Así también, el comercio internacional, al estar sujeto a las dinámicas de la convivencia global y las coyunturas geopolíticas, sufre variaciones muchas veces impredecibles, por lo que nuestro acceso a ciertos alimentos indispensables para la dieta nutricional no puede depender de un mercado que podría ser incapaz de abastecernos en caso de guerras, epidemias, conflictos comerciales, crisis sociales, catástrofes naturales o cualquier evento que pueda alterar el ciclo de producción y distribución internacional de alimentos. Por ello, sostenemos que la soberanía alimentaria, permitiría al país resistir con mayor solidez ante vaivenes del comercio internacional que pudieran afectar nuestro acceso a alimentos, muchos de los cuales hace algunas décadas eran producidos en Chile, pero que hoy se importan, como las legumbres y cereales.

Por otra parte, con este modelo de comercialización internacional los alimentos en Chile se han encarecido y el costo de una lista de alimentos en un supermercado europeo puede ser 40% más barato que el costo del mismo listado en un supermercado chileno. Esto significa que hoy una de cada cinco personas en Chile no tiene su alimentación asegurada, a lo cual habría que sumarle que el quintil más pobre no tiene acceso a alimentos sanos, pues las dietas saludables pueden llegar a ser cinco veces más caras que las dietas con baja nutrición, de modo que actualmente tres cuartas partes de la población en el país sufre de obesidad o sobrepeso.

De todas maneras, la propuesta de soberanía alimentaria no discrimina bajo ningún punto de vista a los grandes productores agropecuarios volcados al comercio internacional, tan solo que pretende hacerse cargo de quienes con menos recursos y apoyo institucional logran abastecer al mercado interno, no así de quienes se dedican a la venta de productos par la exportación. Aún así, la seguridad alimentaria que defienden desde Fedefruta, Anpros y SNA, resulta absolutamente compatible e incluso está contemplada en la definición de “soberanía alimentaria”, pues como señala Manuela Cuvi, oficial jurista de FAO en Chile consultada por la propia Radio Agricultura, esta “no implica ir en desmedro del comercio internacional. Incluso países que reconocen la soberanía alimentaria en sus ordenamientos jurídicos, como Ecuador o Bolivia, comercializan alimentos a nivel internacional” [4].

De esta forma, resulta engañoso sostener que la soberanía alimentaria pretende acabar con el mercado agroexportador, pues por el contrario, creemos importante que este sector pueda aportar al país. No obstante, la vocación de garantizar el derecho a la alimentación a la población es y debe seguir siendo de la agricultura familiar campesina e indígena junto con la pesca y recolección artesanal y tradicional de alimentos, y por ello, merecen el reconocimiento y apoyo del Estado, que les debe garantizar su acceso a tierra, agua, semillas, al mar y a la comercialización, tal y como lo han recibido desproporcionadamente los gremios representados en SNA, Fedefruta y Anpros.

En ese sentido, resulta paradójica la paranoia de este sector empresarial de ver permanentemente en la norma la intromisión del Estado, cuando ha sido esa intromision, posible en su momento por el terrorismo de Estado que llevó adelante una “contrarreforma agraria” despojando las tierra a las familias campesinas y que creó un marco institucional pro empresarial, la que les ha proporcionado al gremio agroexportador tierras fértiles; derechos de aprovechamiento de aguas de manera gratuita y perpetúa; subsidios varios; una blanda normativa ambiental; y un modelo de precariedad laboral a su favor.

Esperamos a futuro contar con más espacios para responder ataques infundados y así realizar un debate serio y responsable, que no instale una campaña del terror en base a mentiras y pretenda maquillar y defender un modelo alimentario que nos ha llevado a la crítica situación alimentaria y nutricional en la que estamos inmersos como país. Llamamos a la ciudadanía a creer y confiar en la experiencia y responsabilidad social de quienes se encargan de producir, recolectar y proporcionar gran parte de los alimentos frescos, sanos y nutritivos que llegan a todas las mesas del país.

* Francisco Caamaño - Activista Ambiental y Constituyente D14
Nicolas Arraño - Corporacion Mundo Rural Pro


1. Anamuri, Conaproch, Conagro, Confederación Campesina Ranquil, Red Nacional Apícola, entre otras.
2. El Derecho a la Alimentación en riesgo: cinco razones.
3. Ibid.
4. Ibid.

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