Organizaciones denuncian desalojos forzosos de comunidades promovidos por minera Carbones del Cerrejón en el sur de la Guajira colombiana

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06 de Abril de 2022

Organizaciones denuncian desalojos forzosos de comunidades promovidos por minera Carbones del Cerrejón en el sur de la Guajira colombiana

Prensa Cajar - En los últimos meses se han cometido dos desalojos, uno en noviembre de 2021 promovido por la empresa extractiva Carbones del Cerrejón perteneciente a la compañía transnacional Glencore en las inmediaciones colindantes al resguardo indígena wayuu de Provincial en jurisdicción del municipio de Barrancas. Las familias rurales desalojadas denuncian que les están despojando de tierras que pertenecían a sus antepasados, producto de una apropiación indebida de sus terrenos y un arreglo de compra a favor de la empresa.

Así mismo denuncian que, aunque han presentado ante la inspectora de Policía del Municipio de Barrancas, Grettys Leonor Brito Puche, documentos que dan cuenta de la posesión de vieja data de sus familiares sobre estas tierras, sus pruebas y derechos no son valoradas, ya que existe una recurrente e irregular conducta de funcionarios locales de favorecimiento exclusivo a los intereses de la compañía extractiva.

El segundo desalojo ocurrió en el mes de marzo de 2022 contra una comunidad de familias que habitaban en el predio de San José en zona rural del municipio de Albania, la mayoría de las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Dicho predio fue comprado en 2020 por Corpoguajira para los programas de protección de la reserva forestal Montes de Oca, sin embargo en esta adquisición no se ha contemplado ningún programa de reubicación de estas familias o reconocimiento de la inversión y pérdidas en sus viviendas y trabajo sobre las tierras.

También, se tiene la amenaza y zozobra de la reactivación de un tercer desalojo forzado contra las familias de las comunidades del Rocío y de Tigre Pozo que habitan hacia la parte alta y media del arroyo Bruno en el municipio de Albania. En el caso de la comunidad del Rocío desde hace varios años se viene alertando que su expulsión estaría relacionado con la eventual compra de las tierras por la empresa extractiva.

Nuestra queja y denuncia pública fue radicada ante la Defensoría del Pueblo, la Personería del municipio de Barrancas y la del municipio de Albania, la Procuraduría General de la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería, para que, según las competencias de cada ente de control, se investigue el despojo administrativo y la actuación de la inspectora de policía de Barrancas, para que haya acompañamiento y vigilancia de los operativos de desalojos contra comunidades sujetos de especial protección, caracterización de las personas en condición de vulnerabilidad y espacios de interlocución para buscar alternativas, así como investigaciones independientes sobre estos operativos y el papel de la empresa en los mismos.

De manera discriminatoria y desproporcionada se han afectado a comunidades campesinas con adultos mayores, mujeres, niños, víctimas y en general familias en una situación de vulnerabilidad social y económica, a las cuales mediante la intimidación del uso de la fuerza pública se les han destruido sus viviendas y cultivos. De este modo, estos desalojos están intensificando la desigualdad, la marginación y los conflictos sociales que se padecen en una región como la Guajira.

Las graves irregularidades y arbitrariedades detrás de estos desalojos no están siendo investigadas, ni las víctimas se les han brindado garantías de reubicación y reparación ante las violaciones que se han cometido en su contra. Las autoridades locales no están actuando con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad en materia de desalojos forzosos.

Llamamos la atención en que estos desalojos se producen en un contexto sistemático de antecedentes de despojo, acaparamiento y especulación de ventas de tierras en la región que directa o indirectamente están relacionados con el desarrollo y expansión de las operaciones de mega minería de carbón a cielo abierto que realiza en este territorio la sociedad extranjera Carbones del Cerrejón.

Subrayamos que además de las ampliamente documentadas y judicialmente probadas violaciones cometidas por este proyecto extractivo, en la región es de conocimiento público las fuertes dinámicas de asimetrías, cooptación e indebida influencia de la empresa extractiva por su poderío económico, lo que hace imperativo que las autoridades estatales tomen los correctivos y acciones respectivas sobre los abusos repetitivos de esta compañía transnacional.

Ponemos en conocimiento esta alarmante situación a fin de que se adopten las medidas correspondientes conforme las obligaciones estatales sobre la materia, se proteja de manera efectiva el derecho a la vivienda y subsistencia de comunidades rurales, sus medios de vida y no se privilegie los intereses particulares de las empresas o proyectos estatales por encima de los derechos de las comunidades.

Fuente:
https://www.colectivodeabogados.org/comunidades-al-sur-de-la-guajira-denuncian-desalojos-forzosos/

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