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20 de Marzo de 2023

Litigios y sanciones contra Repsol triplican sus ganancias globales de 2022



El grupo Repsol afronta demandas judiciales, procesos administrativos sancionadores y pendientes tributarios en distintos países que, en conjunto, suman reclamos de, por lo menos, USD 12.955 millones. Solo el monto comprometido en Perú, a partir del derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar, es mayor a los USD 4.496 millones de utilidades netas reportadas por la multinacional en 2022. Este 20 de marzo, la Corte Superior de Justicia Puente Piedra-Ventanilla decidirá si procede una de las demandas millonarias y, el 27 de marzo, se realizará una conciliación con 19 asociaciones de pescadores afectados por el desastre ambiental.

Por Luz Alarcón C. - Ojo Público

En 2022 -un año marcado, entre otros factores, por el alza internacional de los precios de los combustibles y el desastre ecológico en el mar peruano-, el grupo Repsol obtuvo ganancias extraordinarias: 4.251 millones de euros (USD 4.496 millones). Ese monto es 70,11% mayor al reportado por el conglomerado español en 2021.

El grupo petrolero, con casa matriz en España, está presente en 25 países en los cinco continentes y, para el 31 de diciembre de 2022, tenía un patrimonio neto que ascendía a 25.973 millones de euros (USD 27.480 millones), según reportó en su informe de gestión consolidado de 2022. Un valor que también muestra un incremento respecto al año previo, de 13,95%.

Sin embargo, a la par de estos resultados positivos, la multinacional afronta litigios y sanciones en diferentes partes del mundo que, en conjunto, suman por lo menos USD 12.955 millones. Es decir, un monto que triplica sus ganancias y representa cerca de la mitad de su patrimonio global.

Los países en los que Repsol tiene los procesos judiciales y arbitrajes más significativos son Perú, Reino Unido y Estados Unidos.

En Perú, la multinacional afronta diversos procesos judiciales y sanciones administrativas por el derrame de cerca de 12.000 barriles de petróleo de Refinería La Pampilla —operada por el grupo Repsol—, en enero de 2022. En total, todos ellos comprometen una suma de, aproximadamente, USD 5.879 millones.

En Reino Unido, mientras tanto, la multinacional cursa un arbitraje por un valor de USD 5.500 millones, que data de hace una década. Y, en Estados Unidos, arrastra un proceso judicial luego de comprar una empresa que trajo consigo el pendiente de una remediación de contaminación ambiental. En este último caso no hay un cálculo específico reclamado, pero el proceso sigue en curso para las empresas que intentan deslindar responsabilidad por el tema.

Repsol también mantiene litigios tributarios en 20 de los 25 países en los que opera. Dichas deudas ascienden a por lo menos 1.463 millones euros (USD 1.576 millones), que es el monto de provisiones que maneja en caso de perder estos procesos fiscales.

Los litigios y sanciones más significativos contra Repsol
El mayor monto está en Perú, tras el derrame de petróleo en el mar, le sigue Reino Unido con un arbitraje desde hace una década,
y en EE.UU. también arrastra un proceso hace 40 años. En tanto, en 20 de los 25 países que opera tiene pendientes tributarios.


Perú representa mayor monto por litigios y sanciones

En Perú, el 15 de enero de 2022 se produjo un derrame de cerca de 12.000 barriles de petróleo en las instalaciones del Terminal Multiboyas Nº 2 de la Refinería de la Pampilla S.A.A. (Relapasaa) —subsidiaria de Repsol—, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Esta fuga de crudo generó la contaminación de 11.000 hectáreas en 97 zonas a lo largo de 140 kilómetros del litoral peruano y causó la muerte de casi 2.000 especímenes de fauna silvestre. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reportó que, por lo menos, 24 zonas marino costeras siguen contaminadas. De ese total, 20 son formaciones costeras (entre playas, acantilados, puntas, islas e islotes) y cuatro, áreas de mar adentro.


DESASTRE AMBIENTAL. En enero de 2022, el mar peruano sufrió su peor afectación de la historia, tras derramarse casi
12.000 barriles de petróleo en la Refinería La Pampilla, operada por Repsol. Imagen: OjoPúblico / Marco Garro

A poco más de un año de la catástrofe ambiental, Repsol enfrenta demandas millonarias presentadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) —por USD 4.500 millones—, la Asociación Damnificados por Repsol —S/5.134 millones, equivalente a USD 1.350 millones—, y diferentes asociaciones de afectados.

Además, la empresa ha recibido multas de entidades reguladoras, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Se trata de, al menos, 13 procesos administrativos sancionadores, identificados hasta enero de este año. En total, estos suman casi S/110 millones (USD 28,8 millones) en multas en primera instancia.

En conjunto, los litigios y dichas sanciones acumulan alrededor de S/22.344 millones (USD 5.879 millones). Ese monto, por sí solo, es mayor a las ganancias globales extraordinarias obtenidas por el grupo en 2022, de USD 4.496 millones. Representa, incluso, cerca de la cuarta parte de su patrimonio global (USD 27.480 millones).

Pese a los grandes montos comprometidos, Repsol no reserva dinero para estos procesos judiciales porque califica a las demandas como de “riesgo remoto”. Es decir, considera que no procederán. En paralelo, respecto a los procesos administrativos sancionadores, ha apelado la mayoría de estos.

Los otros costos que sí contempla la multinacional en sus estados financieros son los referidos a actividades de contención, limpieza, remediación, indemnizaciones a las partes afectadas (residentes, pescadores y trabajadores de las zonas contaminadas), entre otros relacionados.

Al 31 de diciembre de 2022, los gastos a raíz del derrame ascendían a USD 307,4 millones. De ese total, USD 34,1 millones fueron cubiertos por la aseguradora como anticipo. Relapasas, por su parte, desembolsó USD 129,6 millones, con lo que queda un saldo pendiente de USD 177,7 millones.

Es preciso señalar que Mapfre es la aseguradora de Repsol en el Perú, el cual activó la póliza de USD 275 millones tras el derrame del crudo. Según la legislación peruana, las empresas de actividades extractivas deben contar con pólizas de seguro de responsabilidad civil de, por lo menos, 10.000 UIT (USD 13,1 millones).


MONTO MÍNIMO. Según la legislación peruana, las refinerías y plantas de procesamiento deben contar
con una póliza de seguro de por lo menos 10.000 UIT. Fuente: Minem

Respecto a la indemnización a los perjudicados directos del desastre ambiental, el Padrón Único de Afectados —realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)— considera a un total de 10.300 personas, entre pescadores, residentes de las zonas y otros trabajadores.

No obstante, esta cifra no considera a trabajadores informales, como los vendedores ambulantes de las playas. La Defensoría del Pueblo identificó a, por lo menos, 15.000 afectados totales.

Del padrón oficial, Repsol reportó que más de 9.800 afectados han recibido adelantos de indemnización. Y de estos, se ha llegado a acuerdos de indemnización total con más de 8.500 personas. En otras palabras, hay unos 1.800 restantes dentro del grupo de empadronados que aún esperan una indemnización acorde a sus necesidades.

Demandas y procesos en Perú que Repsol rechaza

Los procesos de mayor monto en Perú —y que la matriz de Repsol tiene considerado dentro de su informe de cuentas anuales consolidadas de 2022— son las demandas presentadas por Indecopi a nombre del Estado Peruano y la de la Asociación Damnificados por Repsol a nombre de 10.268 afectados de Ventanilla.

Esta última demanda por daños y perjuicios fue presentada en la Corte Superior de Justicia Puente Piedra-Ventanilla contra la Refinería La Pampilla y la aseguradora Mapfre Perú, en la que se reclaman S/5.134 millones (equivalente a USD 1.350 millones).

El abogado de la Asociación Damnificados por Repsol, Gerardo Widauski, detalló, en conversación con OjoPúblico, que el monto reclamado en la demanda se sustenta en una indemnización de S/500.000 por cada persona afectada. Esta, a la vez, se compone de S/144.000 por lucro cesante, S/56.000 por daño emergente y S/300.000 por daño moral.

Entre los empadronados se encuentran tanto residentes de Ventanilla como trabajadores de la zona. Entre ellos también se incluye a los ambulantes que no contaban con un registro, y por lo tanto, no fueron incluidos en el padrón oficial de la PCM ni indemnizados.

Por su parte, Repsol informó que Relapasaa fue notificada de esta demanda el pasado 30 de noviembre, y que ha planteado un recurso de nulidad contra el auto de admisión de la misma. Este recurso argumenta que hay una indebida acumulación de pretensiones, la falta de identificación de los afectados y falta de sustento en el importe reclamado.

“En opinión de los asesores legales de la compañía, esta contingencia se califica como remota”, se lee en su reporte anual financiero.

Ante el pedido de nulidad de Repsol, este lunes 20 de marzo se llevará a cabo una audiencia preliminar, en la cual se deberá tomar una decisión. Es decir, definir si la demanda sigue su proceso hasta que se resuelva o si se archiva.
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El lunes 20 de marzo se llevará a cabo una audiencia para definir si continúa la demanda de 10.268 afectados en Ventanilla".
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La otra demanda —presentada por Indecopi contra Repsol S.A., Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa), Repsol Comercial S.A.C (Recosac), la aseguradora Mapfre, la naviera Fratelli d’amico Armatori y Transtotal Marítima (como operadores del buque)— solicita una compensación de USD 4.500 millones por responsabilidad civil por daños a la población.

La misma está compuesta por USD 3.000 millones en concepto de daños directos, y USD 1.500 millones por daños morales sufridos por los consumidores, usuarios y terceros afectados por el derrame de petróleo en el mar peruano.

Esta demanda fue presentada en mayo de 2022 y admitida por el Poder Judicial cuatro meses después. Una vez notificados —en setiembre del año pasado—, Relapasa, Recosac y Mapfre también presentaron recursos de nulidad.

Las mismas señalan, entre otros argumentos, que no ha habido una conciliación previa e insinúan que no es competencia de Indecopi, al no estar relacionado a un caso entre empresa-consumidor.

“Consideramos que esta es infundada respecto de sus argumentos de fondo y debería ser declarada improcedente, dado que el reclamo no está basado en una relación de consumo (empresa – consumidor) y está institución no tendría facultad para actuar. Por ello, sostenemos que la demanda debe ser desestimada, tal como lo hemos expresado ante la autoridad judicial que conoce el proceso”, detalló Repsol al ser consultado por OjoPúblico.

Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana Derecho Ambiental (SPDA), explicó que las demandas buscan reparar afectaciones diferentes. “La de la asociación busca la indemnización por los daños directamente generados a sus asociados; la de Indecopi es por afectar a los consumidores en general”, precisó.

Repsol también enfrenta tres investigaciones penales en el Poder Judicial. A mediados de enero de 2022, la Fiscalía Provincial Especializada en materia Ambiental (Fema) de Lima Noroeste abrió una investigación preliminar por el presunto delito de contaminación del medio ambiente contra los representantes legales, funcionarios de la Refinería La Pampilla y los que resulten responsables.

La última actualización del proceso encontró que la tubería submarina denominada colectores finales de tuberías (PLEM, por su sigla en inglés) se rompió por errores en su fabricación, pero hasta el momento no ha habido mayor avance.

Sobre eso, Araujo, precisó que, dada la complejidad para recabar pruebas y peritajes, el fiscal pidió un plazo ampliatorio para investigar. “Este debe culminar, aproximadamente, en julio de este año; o podría ser antes, dependiendo del fiscal”, apuntó el especialista.


IMPACTO. Indecopi calcula que son alrededor de 700.000 los afectados por el derrame
de petróleo en el mar peruano. Imagen: OjoPúblico / Marco Garro

El derrame de petróleo en Ventanilla también generó que el OEFA imponga siete multas coercitivas a Relapasa, que fueron canceladas. Pero, a la par, la empresa afronta —de acuerdo a información de enero pasado— 13 procesos administrativos sancionadores (PAS) que totalizan casi S/110 millones (USD 28,8 millones) en multas impuestas en primera instancia por OEFA, Osinergmin y Serfor.

De todas ellas, al menos, 10 multas —equivalentes a S/70 millones— fueron apeladas por el grupo petrolero.

Cabe precisar que una de las multas impuesta por OEFA inicialmente por S/ 5,3 millones fue apelada por Repsol y el Tribunal de Fiscalización Ambiental declaró nula la sanción, pero luego ordenó el recálculo. OjoPúblico conoció que ahora la sanción subió a S/19,8 millones, según la resolución emitida por el Tribunal. Este proceso aún está en plazo de apelación.

Las faltas sancionadas se dieron por los incumplimientos de Repsol en la identificación de las zonas afectadas y la limpieza o remediación de las zonas. A eso se suma reportar información falsa sobre la cantidad de petróleo derramado, así como abandonar, actuar con crueldad y causar la muerte a especímenes de fauna silvestre, entre otros.

“La empresa ha pagado varias de ellas [las multas], mientras que otras han sido apeladas a instancias superiores porque consideramos [que] no son aplicables. Por supuesto, si estas instancias superiores las confirman, Repsol acatará lo que determinen las autoridades del país”, señaló la empresa.

A la par de estos procesos, hay otros dos en evaluación por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), cuyas multas podrían llegar a sumar S/92 millones, y uno iniciado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), que podría involucrar más de S/4 millones.

Demandas y sanciones en Perú por el derrame de petróleo
Luego del desastre ambiental en el mar peruano, la empresa fue demandada por Indecopi y la Asociación Damnificados por Repsol.
A la par afronta, al menos, 13 procesos sancionadores y están en curso otras investigaciones.


Pescadores buscan conciliar indemnización con Repsol

Tal como reportó Repsol, de los 10.300 afectados por el derrame de petróleo que fueron empadronados, unos 9.800 han recibido adelantos de indemnización de S/3.000 que estaban previstos a entregarse cada 30 días.

Sin embargo, este cronograma no se ha cumplido, de acuerdo a Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama. En lugar de ello, sostiene el dirigente, los pagos se han venido dando cada 40 o 50 días o, incluso, después de dos meses.

“Han pasado 14 meses [del derrame] y solamente hemos recibido nueve adelantos hasta el día de hoy. Tengo entendido que se ha aprobado el décimo, pero no nos llegan las actas, no es oficial todavía”, manifestó el pescador.

En tanto, un grupo de 8.500 pescadores ha firmado un acuerdo extrajudicial de indemnización total, que oscila entre S/60.000 a S/65.000, descontando los adelantos abonados, según se lee en un documento al que tuvo acceso OjoPúblico. Este monto es por lucro cesante.

Dicho acuerdo fue rechazado por otro grupo de damnificados por tener cláusulas que consideran perjudiciales, tales como condicionar el pago de indemnizaciones en el 2023, siempre que el Gobierno prohíba la pesca en el litoral; o hacerles renunciar a los derechos, reclamos, títulos, acciones o demandas que surjan en el futuro.
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El 27 de marzo, 19 asociaciones de pescadores buscarán una conciliación con Repsol para definir los criterios de indemnización".
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Por este motivo, una comisión de 19 asociaciones de pescadores de Chancay, Aucallama, Ancón y Ventanilla que no firmó el acuerdo extrajudicial ha recurrido a la vía de la conciliación para definir los criterios de la indemnización. “Antes, éramos más de 3.000, pero algunos ya firmaron con Repsol, y ahora somos 739”, explicó Díaz Barroso.

Estas asociaciones de pescadores artesanales ya tuvieron dos reuniones con Relapasaa y se tiene previsto un tercer encuentro para el lunes 27 de marzo. En dicha reunión, ambas partes plantearán la propuesta de indemnización y los criterios considerados, detalló el dirigente de los pescadores.

El encuentro se desarrollará con la presencia de veedores nacionales, como la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), e internacionales, como la Oficina Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Perú y, eventualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Litigios que arrastra Repsol en EEUU y Reino Unido


En el extranjero, los dos litigios más fuertes que afronta Repsol son por sus operaciones en Estados Unidos y Reino Unido. En ambos casos, los procesos están vinculados a compras de acciones de empresas que lastraban conflictos por remediaciones por contaminación o por incumplimiento de inversiones.

El caso que involucra mayor monto de dinero es el de Reino Unido, en el que las empresas estatales chinas Sinopec y Addax piden que se les abone USD 5.500 millones por compromisos de inversión mutuos que no se llegaron a concretar tras comprar el 49% de las acciones de Talisman Sinopec Energía UK Limited (TSEUK), en 2012. La demanda inicial fue contra Talisman Energy Inc. Pero, en 2015, Repsol adquirió esta empresa y, con ello, arrastró el conflicto.

En sus estados financieros, Repsol reporta que la disputa es sobre hechos anteriores a la adquisición de Talisman Energy, por lo que no tiene relación con ninguna actividad del grupo. A pesar de eso, al cierre de 2022, la petrolera manejaba provisiones para el caso, por un monto de 779 millones de euros (USD 822 millones).

En Estados Unidos, mientras tanto, la disputa judicial se originó por la compra de acciones de la empresa YPF S.A. La misma arrastraba un caso de contaminación ambiental del siglo pasado, que afectó al río Passaic, la Bahía de Newark y otras aguas y propiedades cercanas en Nueva Jersey, durante la fabricación de un arma química que se utilizó en la guerra de Vietnam.
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El arbitraje en Reino Unido involucra unos USD 5.500 millones y el caso de Estados Unidos lleva más de 40 años en disputa".
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Este hecho lleva más de 40 años en disputa. El origen se remonta a 1986, cuando Maxus Energy Corporation (Maxus) vendió su filial química Diamond Shamrock Chemical Company (Chemicals) a Occidental Chemical Corporation (OCC). En ese entonces, Maxus y OCC tenían un acuerdo de indemnización por la contaminación originada por la antigua planta de Chemicals.

Pero, en 1995, Maxus fue adquirida por YPF S.A. Y, posteriormente, en 1999, Repsol S.A. adquirió YPF, con lo que la española se vio involucrada en una demanda que presentó —en el año 2005— el Estado de Nueva Jersey para que estas empresas se hagan cargo de la remediación de la contaminación ambiental.

Una década después, Repsol e YPF acordaron pagar USD 65 millones cada una al Estado de Nueva Jersey. La española efectivamente pagó, pero después demandó a OCC reclamando el importe. El proceso aún sigue su curso.

Las provisiones judiciales que considera Repsol


En total, el grupo español tiene provisiones por 5.132 millones de euros (USD 5.481 millones), los cuales se dividen en cuatro conceptos: 779 millones de euros (USD 822 millones) por procesos judiciales, 1.739 millones de euros (USD 1.834 millones) por desmantelamiento de activos, 1.091 millones de euros (USD 1.176 millones) por consumo de derechos de emisión de CO2, y 1.523 millones de euros (USD 1.641 millones) por otras provisiones.

Sin embargo, es justamente el apartado de procesos judiciales el único que no ha presentado ninguna variación frente al año previo, que también fue de 779 millones de euros. El monto principal es por el proceso de Addax y Sinopec en Reino Unido.

Es decir, pese al derrame de 14.000 barriles de petróleo y los procesos judiciales que enfrenta en Perú, la empresa no considera reservas para cubrir estos casos porque califica las demandas como de riesgo remoto.

Lo que sí reporta la empresa es que, en algunos procesos administrativos sancionadores en trámite, prevén un resultado negativo, por lo que se ha registrado la provisión correspondiente, aunque no detallan el monto.


RESERVAS. Las provisiones judiciales no han variado frente al año anterior. Se mantienen en 779 millones de euros. Fuente: Repsol

Pendientes tributarios de Repsol


Repsol también tiene otros pendientes, como litigios por impuestos, en 20 de los 25 países en los que opera. Aunque no detalla el monto total de estos, sí reporta provisiones para cubrir los riesgos fiscales asociados a estos procesos, que ascendían a 1.463 millones de euros (USD 1.577 millones) al 31 de diciembre de 2022. Y, adicionalmente, reporta otros 240 millones de euros (USD 258 millones).

“Esa cuenta va a coberturar los litigios tributarios pendientes de resolución, que en caso lo pierdan cogen de la provision para pagarlos. Cuando el Tribunal les diga que paguen, ya ese monto provisionado va directo al pago para que no tengan que financiarse”, explicó al respecto el abogado tributarista Miguel Carrillo.

A detalle, sus litigios tributarios se dan en Argelia, Bolivia, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Indonesia, Libia, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Singapur, Trinidad y Tobago, y Venezuela. En general son por los ejercicios fiscales de los años 2014 a 2022.


TRIBUTARIO. El grupo Repsol mantiene litigios fiscales en 20 de los 25 países en los que tiene presencia, incluido Perú. Fuente: Repsol

En el caso de Perú es por los ejercicios fiscales de los años 2017 a 2022. Según reportó la petrolera, la Sunat modificó la liquidación del impuesto sobre la renta de Relapasaa de 2014, al cuestionar los precios de transferencia de determinadas compraventas. En 2022 se anuló casi el total del importe originalmente exigido por la Sunat, pero la compañía impugnó por la parte no anulada.

El otro caso es debido a que el Osinergmin exigió a Relapasaa el pago del “aporte por regulación de las empresas del subsector hidrocarburos” por las ventas de combustible de aviación. Sin embargo, la compañía señala que dichas ventas no están alcanzadas por esa contribución al ser un producto dedicado a un uso exento. Por ese motivo, el grupo apeló el caso en la vía administrativa.

Fuente:
https://ojo-publico.com/4350/litigios-y-sanciones-contra-repsol-triplican-sus-ganancias-globales

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