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30 de Abril de 2023

Ley Olvido Fácil



La Ley Naín-Retamal ya comienza a usarse para sobreseer a los 141 policías y militares formalizados y a los 24 condenados por ataques a la población civil durante el estallido; pero resulta inútil para los mártires de Carabineros que son acribillados por delincuentes reales, sin tener oportunidad alguna de reaccionar para ejercer su legítima defensa.

Por Yasna Lewin - INTERFERENCIA
Foto: Agencia Uno

La justicia aplicó por primera vez esta semana la llamada Ley Naín-Retamal en un caso de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Un fallo conocido el miércoles, justo en el aniversario 96 de Carabineros, allana el camino para una serie de recursos que prepara la institución, con el fin de revertir la situación procesal de los policía imputados en 2 mil 200 causas vigentes por abusos perpetrados durante el convulsionado período de protestas, según cifras del Ministerio Público.

La discrecionalidad de la nueva ley para invocar la legítima defensa llevó al Tribunal Oral de Talagante a exculpar a 5 integrantes del Gope, que habían sido acusados por el Ministerio Público de los delitos de homicidio frustrado, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.

Los ilícitos se produjeron en octubre de 2019, cuando la víctima conducía en la comuna de Padre Hurtado y su vehículo fue impactado en la parte trasera por una patrulla blindada de fuerzas especiales, causando su colisión contra un muro. Los policías descendieron de su carro, rodearon el automóvil y dispararon con sus escopetas antidisturbios. El relato del fiscal agrega que más tarde, los imputados alteraron el parte policial situando los hechos en una fecha y un contexto diferentes.

¿Por qué se aplica el sobreseimiento? Porque antes de la persecución y el choque, los policías temieron ser atropellados por un vehículo similar al de la víctima; versión que la defensa de los acusados nunca pudo demostrar, pero que en pleno juicio oral permitió el giro de la causa, al aplicar la eximente de legítima defensa privilegiada. El beneficio se funda en la sensación subjetiva de los funcionarios, que sintieron que corrían peligro, aunque ese temor se produjera antes de la persecución, previo a la colisión y a los disparos al supuesto agresor.

La Ley Naín-Retamal será de gran utilidad para sobreseer a los 141 policías y militares formalizados y a los 24 condenados por ataques a la población civil durante el estallido; pero no habría tenido ninguna utilidad para proteger a los mártires de carabineros asesinados por bandas criminales en los últimos meses, porque fueron acribillados por delincuentes reales sin tener oportunidad alguna de reaccionar para ejercer su legítima defesa.

Los policías muertos actuaron con la valentía y la determinación que no tuvieron sus mandos a la hora de protegerlos, porque no habían actualizado los procedimientos de patrullaje, el equipamiento, entrenamiento ni los refuerzos para operativos de alto riesgo ante la crisis de seguridad pública que se desató tras la pandemia.

Tal como lo previeron cientos de académicos y expertos en temas de seguridad y nada menos que el sistema de Naciones Unidas, la defectuosa Ley solo sirve al populismo penal y a los abusos policiales. Lo que no visualizaron los analistas jurídicos y políticos es que la norma además permitiría torcer la historia de un agudo conflicto social que hace tres años fue agravado por el descontrol de la policía.

La Ley Naín-Retamal es hija de una de las más grotescas operaciones políticas para usar electoralmente la tragedia que vive a diario una comunidad presa del miedo al crimen organizado. Fue tramitada bajo la presión de una frenética legislatura que se convocó de urgencia por la trágica muerte de tres policías abatidos por criminales en menos de un mes.

Su aplicación en causas de DDHH se suma al uso político electoral de la seguridad pública para escribir otra página del relato conservador, que pretende amalgamar dos crisis de naturaleza diametralmente diferente: el estallido social y el vertiginoso aumento del crimen organizado. “El estallido delictual”, como la derecha denomina a las protestas, es el crisol de esta burla distorsión de la historia, con el doble propósito de negar las deudas sociales, mantener el statu quo, justificar la represión desmedida si se vuelven a expresar demandas sociales y, finalmente, culpar a la izquierda de la debilidad de la policía.

En este último punto, vale la pena recordar que según la encuesta longitudinal del COES, en 2019 un 60% de la ciudadanía desconfiaba de Carabineros. Otro dato: ese año los registros policiales reportan cero homicidio de carabineros; mientras que el promedio de policías asesinados entre 2017 y 2022 fue de 1,5.

El hecho que distintos fenómenos tengan componentes violentos no los convierte en causas ni consecuencias entre sí. Hay violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencia xenofóbica, violencia en el pololeo, violencia de género, violencia política, violencia delictual, violencia policial y otras tantas manifestaciones de uso de la fuerza.

El estallido tuvo multitudinarias manifestaciones pacíficas -que fueron violentamente reprimidas por Carabineros-; también tuvo expresiones violentas en contextos de marginalidad urbana, anomia, convulsión social y, por cierto, dio espacio a las fechorías de centenares de delincuentes. Pero el narcotráfico en las poblaciones lleva décadas creciendo y el delito parasitario de la crisis migratoria está más bien asociado a la pandemia.

La mejor forma de agravar los problemas es confundirlos, mezclarlos e idear soluciones fáciles que reditúan votos. Pero el daño es aún peor si a esa escalada de irresponsabilidades se suma la crueldad de convertir a víctimas de violaciones a los DDHH en victimarios de policías que han actuado de forma corrupta, ensuciando a su propia institución.

El presidente de la UDI, Javier Macaya citó en Twitter la notica del sobreseimiento de cinco policías del Gope, con la siguiente comentario: “pensar que sin la ley Nain-Retamal, que el PC y los Republicanos votaron en contra en sus artículos más importantes, uno de esos carabineros arriesgaba una pena de 18 años. En buena hora llegamos a un acuerdo para aprobar esa ley”. Macaya celebra la absolución de un policía juzgado por homicidio frustrado en un contexto que nada tiene que ver con el crimen organizado, porque disparar contra un narcotraficante sería más o menos lo mismo que hacerlo contra un civil desarmado que en su vida ha cometido siquiera una falta.

El observatorio de violencia y legitimidad social de la UDP publicó un artículo sobre la Ley de legítima defensa privilegiada que advierte: “si estos nuevos recursos producen un empoderamiento de las policías que merme su vínculo con la ciudadanía en los distintos espacios y contextos en que estas se encuentran, podríamos caer en una nueva crisis de legitimidad. Y una policía poco legítima pero con mayores facultades de uso de la violencia, es el peor de los mundos”.

La Ley Nain Retamal finge proteger a la policía del crimen organizado pero se está convirtiendo en una amnistía de facto para los abusos policiales que fueron ampliamente documentados por cuatro organismos internacionales de DDHH. Al menos en esos reportes no se reescribirá la historia.

Fuente:
https://interferencia.cl/articulos/ley-olvido-facil

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