- Chile:
Salar de Maricunga10 de Mayo de 2023
Comunidad indígena colla: “Pedimos presencia en el directorio de la Empresa Nacional del Litio, es la única forma de que no nos destruyan”
INTERFERENCIA conversó con la Comunidad Colla Pai Ote, que reside en el Salar de Maricunga, y que hizo noticia en 2022 por levantar un recurso de protección que permitió considerar el derecho indígena en la detención del proceso de cuotas de litio que pretendía entregar el gobierno de Piñera. Sobre el litio, exigen cuatro requisitos para apoyar la estrategia estatal: garantías ambientales, culturales, económicas y presencia en los directorios.
Por
Joaquín Riffo B. - INTERFERENCIA
El primer hito de la Estrategia Nacional del Litio, promovida por el gobierno del presidente Gabriel Boric, está destinado a iniciar un proceso de diálogos y participación con diversos actores, entre ellos “representantes de las comunidades y pueblos indígenas, gobiernos regionales, academia, empresas productivas, sociedad civil, así como gobierno central y otros organismos públicos”.
Con ello se espera “recoger las expectativas y propuestas de diversos actores, considerando a las comunidades indígenas, en torno al desarrollo de la industria (...) El diseño de este proceso usará como marco de referencia los acuerdos internacionales ratificados por Chile (Convenio 169 de la OIT, Acuerdo de Escazú), estándares internacionales para la minería en el ámbito del relacionamiento con grupos de interés (IRMA, ICMM) y la propia normativa del Ministerio de Minería y Ministerio del Medio Ambiente en materia de procesos de participación ciudadana y planes de Derechos Humanos”.
Para conocer cómo se ha ido llevando a cabo este proceso y las expectativas de parte de las comunidades involucradas,
Interferencia se contactó con representantes de la Comunidad Colla Pai Ote del Salar de Maricunga, quienes han mantenido diversas disputas judiciales a partir de proyectos relacionados con el litio en la zona,
siendo la más reciente la que protagonizaron durante los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, cuando esa administración licitó cuotas de litio que fueron interpretadas como un “amarre” por distintos sectores, considerando que Gabriel Boric, en ese momento presidente electo, ya había anunciado una política nacional respecto del mineral en su campaña al sillón presidencial.
Este medio se comunicó con Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena Colla Pai Ote y Ariel León, asesor de la misma comunidad y redactor del recurso que detuvo la licitación pretendida por el gobierno anterior, quienes esperan tener diversas reuniones esta semana con personalidades como Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco; la ministra de Minería, Marcela Hernando; y el subsecretario de la cartera, Willy Kracht.
- ¿Cuál es la postura de ustedes como comunidad respecto de la Estrategia Nacional del Litio?
Ariel León: “En la comunidad la postura es de cautela. Lo anterior porque son ideas que se han puesto por el gobierno, pero hay que ver cómo se ejecutan. Lo que a nosotros nos interesa es que los pueblos originarios queden protegidos y que tengan garantías de sus derechos en la ejecución de la propuesta”.
“En particular, trabajé quince años como asesor parlamentario en el Congreso Nacional, por lo que tengo plena conciencia de que los proyectos de ley, que es una de las aristas de esta política, ingresan de una manera y salen completamente distintos. Entonces, que la propuesta del Gobierno llegue al final del trámite parlamentario igual a cómo fue planteada en un comienzo es absolutamente ilusorio. Más teniendo en cuenta los votos crecientes de la derecha, donde no ven con buenos ojos ni la presencia del Estado ni la de los pueblos originarios en el negocio”.
Ercilla Araya: “Lo que pasa es que el Presidente habla del trabajo con comunidades y los pueblos, pero nosotros no fuimos considerados como pueblo Colla, lo que nos preocupa pues hasta el día de hoy nadie se ha acercado a conversar del avance presencial. Si bien cuando se lanzó la Estrategia Nacional del Litio en Antofagasta nosotros fuimos invitados, esto ocurrió horas antes sin pasajes ni estadía, y yo vivo en el territorio, a una distancia muy lejana. Entonces consideramos que es una discriminación con nosotros puesto que al pueblo atacameño sí se le invitó a la mesa de trabajo y a nosotros todavía nada”
AL: “La comunidad ha hecho un diagnóstico histórico de la presencia de la minería no sólo en el territorio, sino en Chile. A partir de ello, se ha tomado una decisión estratégica que no satisface la totalidad de sus intereses, pero es lo que se puede hacer de acuerdo a la situación actual. Lo que hemos analizado es que en el país, la Guerra del Pacífico fue por minería. La revolución de 1891 que dio lugar a una guerra civil que terminó con la muerte del presidente Balmaceda fue por la disminución en el precio del salitre. Y el golpe de Estado de 1973 entre otras cosas fue por la Nacionalización del Cobre. Entonces si observamos que las principales fracturas institucionales en la historia del país han sido por minería, ¿crees que una humilde comunidad indígena va a poder evitar la extracción del litio en su territorio? Son capaces de contratar a un sicario o de armar un montaje para atentar con la directiva de la comunidad si nos oponemos. De hecho hemos recibido amenazas de muerte, en especial en el caso de Ercilla Araya, lo que fue constatado en terreno por José Aylwin del Observatorio Ciudadano, quien hizo una visita junto a sus abogados y emitió un informe que acreditaron los hechos, por lo que presentó una denuncia ante Naciones Unidas”
- ¿Cómo ha sido la experiencia de consulta a las comunidades con las empresas que han desarrollado proyectos mineros en el Salar de Maricunga?
EA: “Nosotros no hemos tenido consultas como corresponde dentro de los salares. Por ejemplo, a Salar Blanco tuvimos que demandarlos porque no realizaron consulta indígena. Lo mismo ocurrió con la licitación del litio que intentó impulsar Piñera y con Codelco tampoco. Entonces, como comunidad nosotros pensamos que nos están pasando a llevar, como es el caso del SEA y el gobierno, lo que nos parece una burla. Esta comunidad es referencial pues realiza trashumancia que es nuestra forma de vida y ello dónde va a terminar. Nadie nos garantiza nada. Estamos preocupados por el medio ambiente, por nuestra seguridad, nuestra forma de vida y nuestra cosmovisión”.
“Creemos que en el caso de la Empresa Nacional del Litio, debe ser distinto a otras consultas que han realizado privados pues esta vez es del Estado. Por eso, necesitamos espacio dentro de las mesas de dirigentes. No nos pueden atropellar, no nos pueden dejar de lado, porque somos del territorio. La forma de vida de nosotros está en peligro, tanto en flora, fauna y también la vida humana. Eso es lo que le pedimos al presidente Boric, que tengan cuidado con lo que van a hacer”.
AL: “Han sido distintas las experiencias. En primer lugar, no todas las empresas consultan. Algunas lo hacen y tienen que ver con un estándar más elevado relacionado generalmente con una nueva generación de gerentes, porque los que estaban antes y todavía permanecen siguen con malos tratos y sin gerencia de asuntos comunitarios. Lo cierto es que cuando se atreven a hacer consultas, se escudan detrás de las faldas del Estado. Y el Estado a veces cuida los intereses de las empresas más que los mismos privados. Entonces al final muchas veces conviene hacer relacionamiento directo con las empresas y no a través del SEA, porque este servicio pareciera estar destinado a atajarle todos los goles a los pueblos originarios en favor de los privados. Durante este gobierno ha ocurrido el mismo fenómeno”.
“Nosotros tratamos de promover relacionamientos anticipados, porque la institucionalidad ambiental es afín a los intereses de las empresas, más que a los derechos de los pueblos originarios”.
- ¿Se plegaron a la declaración del Consejo de Pueblos Atacameños, quienes rechazaron la Estrategia Nacional del Litio?
AL: “Primero, el Consejo de Pueblos Atacameños no nos ha contactado para nada. Somos la comunidad que está liderando la lucha en el Salar de Maricunga, paralizamos la licitación del litio durante el mandato del presidente Piñera, tenemos demandado al proyecto Salar Blanco y anulamos la RCA del Grupo Cinco de Errázuriz, con la que estamos ahora en el proceso de consulta indígena. Pese a toda esta lucha que estamos protagonizando en el salar, no tenemos contacto con el Consejo de Pueblos Atacameños. Lo intentamos en algún momento pero recibimos un portazo desde el Observatorio de Salares y desde las organizaciones indígenas de Argentina y de Bolivia, a quienes les pedimos que pusieran atención a lo que sucedía en el salar y nos permitieran entrar en sus orgánicas”.
“Hay comunidades indígenas que no tienen existencia real en los territorios y menos en el salar, pero terminan acudiendo a un sistema tipo multi RUT de multiplicarse a sí mismos en distintas organizaciones. Y negocian con las empresas cada uno como si fuesen entes separados pero son las mismas personas. Ese fenómeno sumado a la mano blanda del SEA, que por un criterio preventivo acepta a cualquier comunidad en la consulta indígena, aunque no tenga prueba alguna de presencia en los territorios donde se desarrollan los proyectos de litio, permitiendo que participen este tipo de organizaciones. Eso está creando una distorsión terrible en los proyectos. Eso está siendo promovido y tolerado por las autoridades de la zona, por parlamentarios y por el mismo SEA”.
“En este momento, el Estado no tiene los informes hidrogeológicos para determinar cómo funcionan los salares, entonces tiene que confiar en los que hacen las empresas y esos documentos están hechos a la medida de los privados. Por lo tanto, no se pueden descartar impactos ambientales ni la destrucción de los salares, y en particular del Salar de Maricunga que es fuente de agua de toda la Región de Atacama. Asimismo, tampoco están los informes técnicos que acrediten el origen de cada comunidad, por lo que basta sólo el alegato de cada comunidad y un informe muy básico con altas deficiencias técnicas y antropólogos sin las acreditaciones necesarias pero que sirve para que ingresen a las evaluaciones ambientales y finalmente logran instalarse en las consultas indígenas, con el objetivo único de buscar recursos económicos”.
- ¿Cuáles son las condiciones de la comunidad para aceptar la Estrategia Nacional del Litio?
AL: “Nosotros tenemos cuatro requisitos. El primero, que garanticen que no van a destruir el Salar de Maricunga, porque son nuestro territorios sagrados y de dónde provienen nuestras fuentes de agua. Sin ello, no podremos realizar la trashumancia y nuestros animales se nos van a morir, la gente no podrá vivir arriba. No queremos ser expulsados de nuestro territorio”.
“En segundo término, que no nos destruyan como pueblo originario. Que nos permitan trashumar. Que las obras, los transportes y todas las acciones que vayan a realizar no perjudiquen nuestra forma de vida con ganadería y agricultura. La comunidad tiene alrededor de dos mil animales y por eso trashumamos, para ocupar el territorio alternativamente de acuerdo a los cambios climáticos. Esa forma de vida es base de nuestra creencia y cosmovisión”.
“En tercer lugar, reparto equitativo de beneficios. Tal como ocurre en el Salar de Atacama, ahí se verá la fórmula, si hay un porcentaje de las ventas netas o alguna cantidad en específico, pero tiene que verlo. No nos vamos a conformar con las promesas del Estado, donde algunos funcionarios nos han dicho que nos llegarán recursos a través de los impuestos generales vía proyectos de Conadi, cuando todos sabemos que esto es recaudado mayormente por intermediarios como consultoras. No vamos a tolerar migajas, si va a servir para el desarrollo de Chile, que también sirva para los pueblos originarios”.
“Lo último que solicitamos es presencia indígena en el directorio de la Empresa Nacional del Litio o en las filiales que cree Codelco o en los
joint ventures que se negocien. Esta es la única forma de supervigilar y fiscalizar las decisiones estratégicas de la empresa para efectos de evitar que nos destruyan”.
Fuente:
https://interferencia.cl/articulos/comunidad-indigena-colla-pedimos-presencia-en-el-directorio-de-la-empresa-nacional-del761