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26 de Febrero de 2024

La lucha por la tierra en la Amazonía brasileña contra las empresas mineras y de palma aceitera



En la región del Vale do Acará, en el estado de Pará, los pueblos indígenas Tembé y Turiwara y las comunidades quilombolas y campesinas luchan por recuperar parte de los territorios de vida que han ocupado tradicionalmente. No se trata de una lucha solo por recuperar el territorio, sino para revertir una historia de opresión e injusticia. Hoy denuncian la violencia estructural que sufren y la omisión del Estado.

Boletín WRM 269
Agropalma cavó zanjas profundas para impedir que las comunidades ingresaran a sus cementerios tradicionale y zonas de caza y pesca. Foto: Elielson Pereira da Silva

Pará es el segundo mayor estado de la Amazonía brasileña. En su territorio desemboca el río Amazonas y viven los pueblos indígenas Tembé y Turiwara, que tradicionalmente han ocupado la región del Vale do Acará, en el nordeste del estado, donde se ubican los municipios de Tailândia, Acará y Tomé-Açu. Durante el proceso de colonización, su territorio, abundante en bosques, ríos y tierras fértiles, poco a poco fue saqueado para la extracción de madera y la explotación de monocultivos de caña de azúcar y tabaco para enriquecer la metrópoli portuguesa. Los Tembé y los Turiwara fueron objeto de todo tipo de violencia, no solo colonial, sino también patriarcal y racista, como el proceso llamado de aldeamento, cuyo objetivo era expulsarlos de sus territorios para apoderarse de esas tierras (1). La violencia y la represión contra sus actos de resistencia, así como las epidemias, dieron lugar a un verdadero genocidio, reduciendo drásticamente su población.

Con la esclavitud, también llegaron a la región personas del continente africano sometidas al trabajo esclavo. “Construimos los ingenios de azúcar con nuestras propias manos”, dice un líder quilombola, descendiente de esas personas esclavizadas. "Cuando se abolió la esclavitud, nos quedamos abandonados aquí, sin reparación ni apoyo. El único ‘documento’ que tenemos de esa época es un ingenio azucarero que nuestro pueblo construyó por completo", añade (por razones de seguridad, se preservan los nombres de las personas que dieron sus testimonios para este artículo).

En las márgenes del río Acará, incluso tras el decreto oficial del fin de la esclavitud en 1888, hasta mediados de la década de 1970, las familias portuguesas con poder, prestigio y riqueza acumularon grandes extensiones de tierra bajo su estricto dominio. Tenían casas comerciales situadas en puntos estratégicos a lo largo del río y mantenían como agregados a indígenas (Turiwara y Tembé), quilombolas y ribereños, por medio de relaciones de dominación basadas en el control represivo de la mano de obra, el sistema de aviamento (2) y la usurpación territorial. (3) Gran parte de las tierras que usurparon esas familias de origen portugués se las vendió posteriormente a terratenientes y grandes empresas del agronegocio del aceite de palma, el coco y la madera.

A partir de 1952, cuando se puso en marcha el proyecto JAMIC Imigração e Colonização Ltda en el entonces municipio de Acará, actual Tomé-Açu, las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas Turiwara y Tembé en las cercanías del río Acará-Mirim les fueron usurpadas durante el proyecto oficial de colonización japonesa, financiado con fondos públicos y privados.

La presión sobre los territorios tradicionales se agravó aún más tras la ejecución de proyectos de explotación maderera, agrícola y ganadera financiados por medio de incentivos fiscales concedidos por la Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonia (SUDAM). Esos incentivos se instituyeron en el marco de la Operación Amazonía, iniciada en 1966, que pretendía fomentar la creación de empresas rurales y “polos de desarrollo industrial” en las diferentes regiones de la Amazonía. En ese contexto, el municipio de Tomé-Açu se convirtió en uno de los principales “polos madereros” del estado de Pará.

Un líder Turiwara nos habla de este proceso histórico de invasión de sus tierras: “Somos los pioneros, los herederos del territorio que nos dejaron nuestros antepasados. Nos expulsaron los ganaderos de entonces, que llegaron y nos dijeron que nos fuéramos (...) Nos dijeron ‘miren, tienen dos o tres días para desocupar, si no se van, vamos a traer más gente para que se vayan’, nos dio miedo y [así] mucha, mucha gente fue expulsada”.

La invasión de territorios indígenas, quilombolas y campesinos por empresas mineras y de palma aceitera

Si en tiempos pasados los colonizadores invadieron sus territorios con plantaciones de caña de azúcar y tabaco, hoy son los monocultivos de palma aceitera y los mineroductos los que se han apoderado de los territorios Tembé, Turiwara, quilombola y campesinos de la región del Vale do Acará.

Dos compañías dominan la producción industrial de aceite de palma: Brasil Bio Fuels (BBF), que compró la empresa Biovale en 2019 y controla unas 135.000 hectáreas de tierra en la región; y Agropalma, que está presente en la región desde 1982 y controla 107.000 hectáreas de tierra. (4) Entre sus compradores internacionales se incluyen Cargill, Hershey’s, General Mills, Kellogg’s, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Stratas Foods y Unilever (5). En 2022, los ingresos de Agropalma ascendieron a US$ 486 millones y los de BBF a US$ 305 millones (6).

Se tratan de empresas que se presentan como ‘modernas’, ‘verdes’, que producen ‘energías renovables’ como el biodiésel, pero gran parte de sus tierras pertenecen al Estado y sus títulos han sido falsificados (7). Así describe un líder quilombola la llegada de una de esas empresas: “Cuando BBF llegó, todavía se llamaba Biopalma. La empresa llegó sin hacer ruido, con la ayuda de grileiros [acaparadores de tierras] que tomaron las tierras que pertenecían a quilombolas y campesinos. La empresa no actuaba directamente. Destruyeron el bosque, yo me acuerdo, por ejemplo, de que talaron unas 600 hectáreas de castañares. Y luego esos acaparadores entregaron las tierras a Biopalma, defraudando la cadena de títulos de propiedad”.

El aceite de palma actualmente es el aceite vegetal más barato del mundo, pues se basa en una lógica colonial de producción, de llevárselo todo sin pagar por ello. Las compañías, por ejemplo, no se hacen cargo de los impactos de la deforestación que provocan. No pagan por el agua que utilizan en las plantaciones –unos 34.000 litros diarios de agua por hectárea (8)– ni por el consumo de agua en sus fábricas. Tampoco pagan por la contaminación que provocan los fertilizantes químicos y, sobre todo, los pesticidas como el glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno ya detectado en las aguas superficiales y subterráneas de territorios indígenas (9). Además, las empresas vierten en las plantaciones un subproducto de la producción de aceite de palma como ‘abono orgánico’, que está destruyendo la vida en los igarapés, como lo denuncian indígenas y quilombolas.

Como resultado, está la destrucción. Según un líder quilombola: “Las empresas contaminan el aire, el agua y también contaminan nuestras vidas. Porque después que la palma aceitera empieza a crecer, vierten agrotóxicos que contaminan el agua, y también el [sub]producto de la producción del aceite de palma. Ahora no solo perdimos nuestra tierra, sino también nuestra agua, nuestros manantiales.  La población tiene problemas de salud, un 15 por ciento de nuestra gente está enferma a causa del aceite de palma. Cuando uno va a pescar a las 6 de la mañana, a las 7 el pescado ya está podrido. El color del agua ha cambiado, hay muchas polillas, un claro indicio de desequilibrio. La producción de yuca ya no es la misma, los cultivos están enfermos”.

Las pequeñas áreas donde viven las comunidades ahora están cercadas por plantaciones de palma aceitera, lo que hace inviable su modo de vida y las hacen sentir como si estuvieran en una ‘cárcel’. La comunidad quilombola de São Gonçalves, por ejemplo, está rodeada por las plantaciones de Agropalma. Se construyó un portón de acceso para controlar quién entra y quién sale, y se cavaron profundas zanjas para que los quilombolas y los indígenas no puedan acceder a sus antiguos cementerios ni a las zonas donde tradicionalmente cazaban y pescaban y que ahora que están dentro del territorio controlado por Agropalma. Según un líder Turiwara: "No les gusta que bajemos [al río], de ningún modo, ni para pescar, ya no podemos hacerlo, así que esto nos está afectando mucho, muchísimo. Queremos que se tomen medidas, pues vivimos aquí y nos sentimos muy humillados por esta empresa, nuestros animales caen en esas zanjas y mueren”.

También hay mineroductos que cruzan la región, generando conflictos. Uno de ellos, que transporta bauxita del municipio de Paragominas a Barcarena, pertenece a Hydro, empresa controlada por la compañía noruega Norsk Hydro, cuyo principal propietario es el Estado noruego (10). En 2023, la Defensoría Pública de Pará reclamó que la Hydro suspendiera las obras de su mineroducto debido a irregularidades en el proceso de concesión. Las comunidades quilombolas han denunciado ante la Defensoría que se sienten ‘refugiados’ en su propio territorio, debido a la ilegalidad de las obras, con trabajadores y camiones transitando por sus tierras. (11) Otro mineroducto que atraviesa la región es propiedad de la multinacional francesa Imerys, que transporta caolín del municipio de Ipixuna a Barcarena. (12) A esos se suma un nuevo proyecto al que las comunidades ahora se enfrentan: el Ferrocarril Paraense, que va desde el sur de Pará hasta Barcarena (donde se ubica el mayor puerto del estado), con el que el gobierno estadual pretende impulsar la plantación y exportación del monocultivo de soja.

Intentar cambiar la historia: recuperar los territorios

Hace muchos años que los quilombolas y los Pueblos Indígenas denuncian la invasión de sus territorios y todos los demás impactos provocados por las empresas. Estas empresas, a su vez, siguen negando los impactos de sus actividades y buscan hacer acuerdos con las comunidades con promesas como la creación de proyectos sociales. Según los indígenas y quilombolas, tales promesas no se cumplen totalmente y, lo más importante, no resuelven el problema central: la demarcación de sus territorios.

Si bien la empresa Ymeris hizo una “donación” de 500 hectáreas de tierra a los Tembé a finales de la década de 1990 en un intento de resolver los conflictos con la comunidad, la mayor parte del territorio sigue en manos de grandes empresas, con el respaldo del Estado brasileño. Basta comparar las más de 240.000 hectáreas en manos de BBF y Agropalma con el tamaño del territorio indígena oficialmente demarcado por el Estado brasileño en la misma región: 147 hectáreas en el Territorio Indígena Turê-Mariquita que pertenece al pueblo Tembé, el menor territorio indígena oficialmente demarcado en Brasil.

Cansados de esperar, en 2021 los Tembé y las comunidades quilombolas iniciaron una lucha por recuperar sus tierras, ahora en manos de BBF y Agropalma, con el fin de garantizar la posesión de al menos parte del territorio del cual fueron expulsados en el pasado. Durante este proceso, los Turiwara revelaron públicamente su identidad y hoy reclaman las tierras a lo largo del río Acará donde el biólogo alemán Meerwarth encontró a sus ancestros en 1899 (13), sumándose a sus parientes Tembé en esta lucha, como explica un líder Turiwara: “Soy Turiwara, porque nuestros antepasados, por parte de madre, son Turiwara. Hay un pueblo Turiwara y también un pueblo Tembé, somos una mezcla pero estamos unidos.”

Uno de los principales referentes en la resistencia actual es el Movimiento IRQ (Indígena, Ribereño y Quilombola), que intenta unificarse y sumar más apoyos a su lucha, como explica una de sus lideresas: “Estamos luchando para garantizar todos nuestros derechos, pero hoy nuestra mayor lucha y nuestro gran reto es garantizar el derecho a nuestro territorio. Por eso creamos el Movimiento, para que se haga eco de nuestras voces, para que lleguen a los oídos de las autoridades competentes para resolver esa problemática del territorio que hoy enfrentamos los pueblos indígenas, quilombolas y ribereños, al ver nuestro territorio invadido por el monocultivo de palma aceitera, como es el caso de Brasil Biofuels, y por empresas mineras, como la Hydro”.

La lideresa destaca la participación de las mujeres: “La participación de las mujeres indígenas, ribereñas y quilombolas es una forma de demostrar que luchamos por nuestras familias, por nuestro pueblo como un todo. Para demostrar que luchamos para garantizar la supervivencia de nuestras futuras generaciones y para garantizarles sus derechos. La participación de las mujeres indígenas en este Movimiento es para sumar esfuerzos junto a nuestros guerreros y garantizar los derechos de nuestras futuras generaciones”.

Los Tembé, Turiwara y quilombolas reclaman ante los órganos oficiales la demarcación inmediata de sus territorios. En el caso de los indígenas, ante la FUNAI, el instituto federal de asuntos indígenas. Y en el caso de las comunidades quilombolas, ante el INCRA, organismo federal de regularización de tierras, y el ITERPA, organismo de tierras del estado de Pará. Además, las comunidades campesinas forman parte de esta misma lucha para garantizar la posesión de sus tierras ante la amenaza de la expansión de la palma aceitera.

La lucha campesina de la comunidad Virgílio Serrão Sacramento

Las comunidades campesinas que viven en la región están recuperando espacios de vida de los que fueron expulsadas en el pasado por madereros y terratenientes en procesos de acaparamiento de tierras. Es el caso de las familias de la comunidad de Virgílio Serrão Sacramento, en el municipio de Mojú. A finales de 2015, las familias se reunieron y volvieron a ocupar el territorio en el cual varias de ellas fueron víctimas de los grileiros. Lo que las impulsó a hacerlo fue la posibilidad inminente de que BBF se apropiara de esas tierras para ampliar sus plantaciones en la región.  Además, estaban convencidas de que se trataba de tierras públicas. Por lo tanto, deberían beneficiar a las familias campesinas y no a empresas privadas como BBF.

Tras la recuperación del territorio, las familias solicitaron al ITERPA la regularización de las 700 hectáreas del asentamiento. Sin embargo, el tramité quedó suspendido después de que, en 2020, la BBF se beneficiara de una medida cautelar que decretaba la devolución de las tierras para su uso. Esto no llegó a pasar porque las familias lograron demostrar que BBF había utilizado títulos de propiedad falsos. A mediados de 2023, la empresa obtuvo una nueva medida cautelar que exigía a las familias desalojar la zona. Actualmente, el caso sigue en análisis en la Comisión de Conflictos por la Tierra del estado de Pará. Las familias piden que el ITERPA haga una inspección en la zona para demostrar de forma definitiva que las tierras donde se encuentran son públicas y, por lo tanto, deben regularizarse a favor de las familias.

Así lo expresaba un miembro de la comunidad: “Aquí lo hemos construido todo: nuestras casas, nuestro ganado, nuestros cultivos, nuestras huertas, para nuestra subsistencia. Hoy, las familias viven de todo lo que han construido colectivamente y trabajando con afecto, cuidando la tierra, respetando el ambiente, todo lo que vive en la naturaleza. Hoy realmente necesitan estas tierras para poder seguir con su vida, su vida cotidiana, ayudar a sus familias, ayudar a otras comunidades que necesitan nuestro apoyo. Hoy BBF intenta quitarnos las tierras por medio de una medida cautelar, pero hay muchos indicios del acaparamiento de tierras que ha llevado a cabo en el estado de Pará, y por esa razón intentan expulsar a las familias de sus tierras, y es muy lamentable lo que está ocurriendo. La comunidad está en tierras públicas, que pertenecen al Estado, así que, si son tierras públicas, el gobierno estadual debería apoyar a las familias. Expresamos nuestro repudio ante esta situación; que vengan las autoridades y nos ayuden a quedarnos, a vivir aquí como comunidad.”

La omisión del Estado ante la violencia estructural y extrema

Desde que las comunidades empezaron a recuperar sus tierras en 2021, sufren ataques violentos por parte de diversos grupos fuertemente armados, como la propia policía del estado de Pará, guardias de seguridad privados y paramilitares que trabajan para las empresas, además de la delincuencia organizada. Hubo un aumento alarmante de la persecución, las amenazas de muerte, las humillaciones e incluso el racismo por parte de la población local contra las comunidades Tembé, Turiwara y quilombolas, a las que se las acusa de obstaculizar el desarrollo. Las sucesivas quejas y denuncias presentadas por las comunidades ante los organismos competentes han quedado sin respuesta. Los líderes lo repiten una y otra vez: “Agropalma y BBF no exportan aceite de palma, exportan nuestra sangre”.

BBF, en particular, está llevando a cabo una campaña de criminalización contra las comunidades a través del registro de cientos de denuncias policiales contra sus miembros, acusándoles de actos ilícitos como amenaza, robo, extorsión y daños (14), y sugiriendo que el verdadero objetivo de las comunidades sería tener acceso a las plantaciones de palma aceitera. Al respecto, nos dice un líder Turiwara: “Nos humillan diciendo que no nos entregarán su aceite de palma, que el aceite les pertenece. Así que, te voy a decir una cosa, no nos interesa el aceite de palma, no nos interesa nada de lo que tienen, nos interesa nuestro territorio, es nuestro territorio lo que queremos, queremos volver a vivir en él porque nos pertenece, porque es nuestro hogar”.

En medio del recrudecimiento de los conflictos por la tierra, la certificadora internacional RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) se ha mostrado connivente con las empresas de palma aceitera. Tras suspender el sello ‘verde’ de Agropalma durante un breve periodo debido a estos conflictos, la RSPO no tardó en devolvérselo en junio de 2023. (15)

Uno de los muchos episodios de violencia se produjo en vísperas de la Cumbre de Belém, celebrada en agosto de 2023, donde se reunieron, a menos de 200 kilómetros de la región, los presidentes de los países amazónicos. Entre el 4 y el 7 de agosto, se produjeron violentos atentados contra la vida de cuatro indígenas Tembé debido a su lucha por recuperar los territorios que están en manos de BBF en Tomé-Açu (16).

En esa ocasión, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó la región y solicitó, entre otras medidas, la creación inmediata de un gabinete de crisis por parte de la Secretaría General de la Presidencia de la República; cambios en las fuerzas policiales encargadas de la seguridad en Tomé-Açu y Acará; la creación de grupos de trabajo por parte de la FUNAI para demarcar los territorios indígenas, y que el INCRA y el ITERPA hagan lo mismo para regularizar los territorios quilombolas (17). La Asociación Brasileña de Antropología (ABA) remitió una carta a las autoridades sobre el mismo episodio, en la que reclama la reanudación inmediata del proceso de regularización de los territorios indígenas y quilombolas, así como una investigación acerca de los mecanismos de criminalización contra las y los líderes de las comunidades y la suspensión de los incentivos a las empresas involucradas en los actos de violencia, entre otras medidas. (18)

Casi seis meses después, vemos que prácticamente ninguna de las recomendaciones de la CNDH y de la ABA se puso en práctica. Ni siquiera el despliegue de la Fuerza de Seguridad Nacional en la región logró evitar que la violencia se intensificara en los últimos meses.

El 10 de noviembre de 2023, el indígena Turiwara Agnaldo da Silva fue asesinado dentro de las tierras que Agropalma reclama como suyas, por guardias de seguridad de la empresa, como denuncia el grupo indígena del que Agnaldo formaba parte. (19) Desde diciembre de 2023, el Movimiento IRQ denuncia ante las autoridades que las comunidades sufren invasiones y ataques violentos y que sus líderes sufren amenazas de muerte. El 14 de diciembre, dispararon contra cuatro quilombolas, pero afortunadamente nadie murió. La lideresa Miriam Tembé, referente en la lucha por la tierra, fue detenida el 3 de enero de 2024, con fuertes indicios de que su detención tenía por objeto criminalizar y debilitar al Movimiento IRQ (20). Uno de esos indicios es la decisión expresamente inconstitucional y disparatada del juez José Reinaldo Pereira Sales, que determina que la libertad de Miriam sea condicionada a su destitución como líder de su comunidad. (21) El Movimiento teme más violencia y más arrestos de líderes.

La omisión del Estado ante esta situación es inaceptable. Quienes salen ganando son las empresas mencionadas en este artículo. Para ellas, las comunidades representan un ‘obstáculo’ a sus actividades rentables y a sus planes de expansión. Está claro que una situación de permanente violencia extrema y criminalización afecta la capacidad de las comunidades indígenas y quilombolas de organizarse, unirse y seguir luchando por la demarcación de sus territorios.

Para detener el derramamiento de sangre y evitar nuevos actos de violencia, es sumamente urgente que las autoridades competentes pongan en práctica las recomendaciones presentadas en los documentos de la CNDH y de la ABA. Asimismo, destacamos la recomendación de que los órganos federales y estatales competentes lleven a cabo la demarcación de los territorios que legítimamente pertenecen a los pueblos indígenas Tembé y Turiwara y a las comunidades quilombolas y campesinas.

Por último, expresamos nuestra solidaridad con los Tembé, Turiwara y quilombolas que son víctimas de prácticas violentas.

(Por razones de seguridad, se preservan los nombres de las personas que dieron sus testimonios para este artículo).
________________

(1) CEDI, 1985. Povos Indígenas no Brasil, Sudeste do Pará (Tocantins), Vol. 8, coord: Carlos Alberto Ricardo; and Carneiro Tuly, João Paulo, 2017. “Tensões territoriais na Amazônia Paraense, o povo indígena Tembê-Turê-Mariquita no município de Tomê-Açu”. Dissertation.

(2) Una forma de esclavitud moderna en la que el trabajador se ve sometido a una relación de dependencia y de deuda interminable con el propietario.

(3) Quilombolas e indígenas nos processos de territorialização no Rio Alto Acaré, 2022. Rosa Acevedo Marin, Elielson Pereira da Silva and Maria da Paz Saavedra, pp. 102-126. In: Quilombolas: direitos e conflitos em tempos de pandemia, 2023 (eds,: Ana Paula Comin de Carvalho, Osvaldo Martins de Oliveira, Raquel Mombelli)

(4) https://www.grupobbf.com.br  and https://www.agropalma.com.br/

(5) Global Witness, A Sombra do Dendê, 2022.

(6) The Guardian, The multinational companies that industrialised the Amazon rainforest, June 2023

(7) Reporter Brasil, Cercados pelo dendê, povos tradicionais vivem terror em disputa fundiária com produtora de biodiesel, agosto 2022

Avispa Media, Palma e Conservação: aliadas na expulsão de comunidades na Amazônia brasileira, maio 2023

Agência Publica, Com inércia do governo, empresas do dendê avançam sobre terras públicas da Amazônia, agosto 2022

Metrópoles, Ouro líquido: Produção de dendê explora populações negras e indígenas no Brasil, Novembro 2022

Mongabay Brasil, Exportadora de óleo de palma acusada de fraude, grilagem de terras em cemitérios quilombolas, Dezembro 2022

(8) Grain, Toxic river: the fight to reclaim water from oil palm plantations in Indonesia, December 2020

(9) Mongabay Brasil, Desmatamento e água contaminada: o lado obscuro do óleo de palma ‘sustentável’ da Amazônia, 2021

(10) Boletín WRM, Brasil: La represa de residuos de la minera de alúmina Hydro Alunorte. ¿Un desastre anunciado?, Noviembre 2019

(11) Globo.com, Ação quer suspender obras de mineroduto dentro de área quilombola no Pará, Outubro 2023

(12) Carneiro Thury, João Paulo, 2017. Tensões territoriais na Amazônia Paraense: o povo indígena Tembé-Turé-Mariquita no município de Tomê Açu. Master’s dissertation.

(13) Globus, Illustrierte Zeitschrift für Land und Völkerkunde, 1904. Eine Zoologische Forschungsreise nach dem Rio Acará im Staate Pará (Brasilien), H. Meerwarth.

(14) MPF/PA. Recomendación 18/2023 en la Investigación Civil 1.23.000.000550/2021-10

(15) Nota de Agropalma, 2023. Aclaraciones sobre el artículo publicado en la página web ver-o-fato.

(16) MPF/PA. Recomendación 18/2023 em la Investigación Civil 1.23.000.000550/2021-10

(17) CNDH, Recomendación No. 16, de 08 de Agosto de 2023.

(18) ABA, Comunicado No. 041/2023/ABA de 09 de agosto de 2023.

(18) ABA, Letter No. 041/2023/ABA of August 9, 2023.

(19) BT Mais, Indígena morre baleado por seguranças de empresa em Tailândia (Pará, Brasil), denuncia etnia Turiwara, Novembro 2023

(20) Carta Em Solidadariedade À Cacica Miriam Tembé

(21) Acción Penal 0802666-85.2023.8.14.0060, decisión de 26/01/2024.

Fuente:
https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/la-lucha-por-la-tierra-en-la-amazonia-brasilena-contra-las-empresas-mineras-y-de-palma-aceitera

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