- Chile - Canadá:12 de Mayo de 2025
Barrick vuelve a la carga: “Es una burla para las comunidades del Huasco” denuncia Lucio Cuenca director de OLCA
El director de OLCA, Lucio Cuenca, advierte sobre los riesgos ambientales y el poder de la gran minería en Chile tras el intento de Barrick por instalar un nuevo proyecto en la misma zona donde fracasó Pascua Lama. “La institucionalidad está subordinada a lo político”, acusa.
Por
Paul Walder - El Clarín
El fallido proyecto Pascua Lama dejó una huella imborrable en el Valle del Huasco: glaciares destruidos, aguas contaminadas y comunidades fracturadas. Sin embargo, la minera Barrick Gold intenta retomar operaciones en la misma zona con una nueva iniciativa, El Alto, pese a una sentencia de la Corte Suprema que en 2022 ordenó la clausura definitiva de su anterior intervención. Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), este nuevo intento es posible gracias a un marco legal hecho a la medida de las transnacionales: “Las concesiones mineras en Chile son privadas y perpetuas, y permiten a las empresas insistir una y otra vez, sin hacerse responsables del daño causado”. En esta entrevista con el
Clarín, Cuenca entrega una dura radiografía del modelo extractivista chileno, denuncia el avance de una “regresión ambiental” disfrazada de transición energética y alerta sobre la pérdida de garantías para las comunidades ante la ofensiva empresarial y la debilidad del Estado.
¿Cómo interpreta OLCA el intento de Barrick Gold de instalar el proyecto El Alto en la misma zona donde fracasó Pascua Lama? ¿Qué riesgos ambientales representa?
Lo primero, es que esto es posible por el régimen constitucional de propiedad de la concesión minera que tiene Chile, estas se entregan en propiedad privada a las empresas a perpetuidad. La empresa puede usar las mismas concesiones, o una parte de ellas, para presentar otro proyecto a evaluación ambiental, pues nuestra institucionalidad minera y ambiental lo permiten. En esa zona fronteriza, Barrick tiene más concesiones que las directamente involucradas en Pascua Lama, por lo tanto, puede legalmente justificar la realización de exploraciones sobrepuestas o en terrenos aledaños al proyecto original. Es necesario tener presente que existe un fallo de 2022 de la Corte Suprema en el que se ratificó la clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama a propósito de los daños irreparables al ecosistema altoandino, clausura que aún no se hace efectiva en tanto no se ha logrado aprobar el plan de cierre de la empresa, pues esta no ha querido hacerse responsable los daños ocasionados. Entonces, resulta una burla para las comunidades que la empresa nuevamente quiera instalarse en el mismo territorio cuando ni siquiera se ha hecho responsable de las consecuencias del nefasto proyecto anterior.
Es dable preguntarse por el alcance y el sentido de lo resuelto por la institucionalidad ambiental y las sentencias de los tribunales del país, pues qué sentido tiene -con los altos costos que significa para el Estado- tener que estar evaluando nuevamente prácticamente el mismo proyecto en el mismo territorio por la misma empresa, que además, es una infractora.
Ahora, sobre los riesgos socioambientales, es preciso señalar que estamos hablando de una zona en la frontera con Argentina, entre los 4000 y 5000 metros de altura sobre el nivel del mar, que la caracterizan por ser parte de ecosistemas glaciar, donde surgen las nacientes de varios ríos que luego conforman el río Huasco, por lo tanto, los riesgos giran en torno a la afectación y destrucción de glaciares, contaminación del agua, afectación de humedales Alto Andinos, es decir, ecosistemas claves para el sistema hídrico del Valle de Huasco y para existencia de especies animales y vegetales protegidas, como la llareta, que, en un contexto de crisis climática, son claves de proteger. A esto se suma la posible afectación de la vida, salud, economía y cultura de más de 70.000 personas que viven en el Valle del Huasco.
¿Por qué consideras que Barrick prefiere pagar multas antes que cumplir con los fallos ambientales y detener sus proyectos? ¿Qué vacíos legales lo permiten?
Por que las multas son ínfimas en relación al patrimonio minero comprometido y a los bienes naturales posiblemente afectados. Barrick tiene utilidades solo con tener las concesiones y ciertas reservas acreditadas, pasan a ser parte de sus activos y, por lo tanto, puede capturar inversiones en procesos de especulación y promesas de futuros proyectos.
La propiedad minera tiene un estatus superior fundado en la protección de la propiedad privada en la Constitución pinochetista, por tanto, la dictación de normas que efectivamente protejan el medio ambiente y las comunidades, o la fiscalización y sanción que pueda hacer la institucionalidad ambiental estarán siempre limitadas por el régimen constitucional y la presión política que ejerce el
Consejo Minero a nombre de las grandes mineras transnacionales y de
Codelco. Las mineras externalizan costos ambientales y sociales, generan desechos tóxicos masivos y alteraciones profundas en territorio y ecosistemas que luego no tienen la obligación de restaurar o volver a la condición anterior. Si bien existe una acción por daño ambiental o demandas civiles que podría usar el Estado para buscar reparación de daños y restauración de ecosistemas, se hace solo en algunos casos, pues, en general, el Consejo de Defensa del Estado prefiere llegar a acuerdos que solo resultan en transacciones económicas.
A más de dos décadas de conflicto, ¿cuáles dirías que han sido los principales impactos de Pascua Lama en las comunidades del Valle del Huasco y en los ecosistemas locales?
Barrick desde antes del año 2000, y hasta la actualidad, despliega estrategias en el territorio que buscan el quiebre del tejido social y la neutralización de la comunidad, esto ha tenido un fuerte impacto en la calidad de vida y convivencia de una comunidad rural, que histórica y culturalmente resuelve muchas necesidades a través de la colaboración y la vida comunitaria.
A propósito de la contaminación de las aguas, se viven profundas afectaciones económicas y productivas, pues en varios momentos -a lo largo de este conflicto Pascua Lama- hubo eventos y/o accidentes que contaminaron los cursos de agua, afectando las actividades agrícolas y también el agua de consumo humano, que una parte de la población de la
Comuna de Alto del Carmen realiza de manera directa.
En cuanto a la destrucción de ecosistemas alto andinos, se ha constatado que la empresa tanto en etapas de exploración como de construcción ha destruido glaciares, contaminando y destruyendo estos ecosistemas, poniendo en riesgo las reservas de agua y los cursos de agua de los que depende todo un valle. También hay que mencionar que Barrick destruyó ecosistemas altoandinos denominados vegas altoandinas, por este motivo el
Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda por daño ambiental, en donde se llegó un avenimiento o acuerdo con la empresa para que realizara un plan de restauración de ese ecosistema. Los monitoreos indican que ese plan, luego de varios años, es un fracaso.
Más allá de Pascua Lama, ¿cuáles son hoy, a tu juicio, los principales focos de amenaza ambiental en Chile, especialmente ligados a la minería y otras industrias extractivas?
El Estado chileno adoptó como nueva estrategia para alcanzar el “desarrollo” el sumarse a lo que se ha denominado como la Transición Energética, que, en los hechos, es un fenómeno definido por los intereses de los países del Norte Global, enfocada en la electrificación y la electromovilidad (autos eléctricos), en donde la premisa es mantener sus estándares de vida a costa del “deber moral” que tenemos los países del Sur Global de contribuir en la desfosilización de la matriz energética global. Esta apuesta significa, para Chile, la profundización del extractivismo minero-energético, tema no menor en un país muy vulnerable a la crisis climática, con una profunda crisis hídrica y de biodiversidad, y con importantes territorios precarizados, conocidos como zonas de sacrificio.
Lo anterior se ha traducido en distintas políticas elaboradas por los últimos gobiernos. En cuanto a la minería, se ha propuesto aumentar la extracción de Cobre, esto significa más de 100 mil millones de dólares de inversión en minería de Cobre para la próxima década, así también, aumentar la del Litio e impulsar nuevas minerías, como la explotación de Tierras Raras. Por su parte, la Estrategia Nacional del Litio pone a disposición a lo menos el 70% de los salares de la explotación de ese mineral, afectando ecosistemas frágiles, casi desconocidos, en donde también habitan pueblos ancestrales. Por otra, la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde (H2V) pretende transformar a Chile -un país dependiente en a lo menos un 60% de hidrocarburos importados- en un país exportador de energía a partir de saturarnos de proyectos de energía “renovable” para producir H2V a partir de AGUA y de mucha energía “verde”. La instalación forzada de esta nueva industria extractivista si bien tiene alcance en todo el territorio, se está concentrando en Antofagasta, Biobío y Magallanes.
¿Crees que la institucionalidad ambiental chilena tiene la capacidad real de enfrentar las presiones de grandes empresas como Barrick? ¿Dónde están sus principales debilidades?
Las decisiones de la institucionalidad ambiental chilena son decisiones políticas, si bien hay espacios de información ciudadana, estas no son vinculantes. Las decisiones de dictación de normas de calidad ambiental, planes de prevención y descontaminación, fiscalización y sanción, así como la aprobación de proyectos de inversión, las toman organismos formados por autoridades nombradas por el presidente de la República, SEREMIs a nivel regional y Ministras/os a nivel central. Lo técnico-ambiental está subordinado a lo político, si hay un gobierno proempresarial, como el actual, la institucionalidad ambiental no tiene capacidad de enfrentar presiones de grandes empresas como Barrick. La gestión y articulación comunitaria, junto a los movimientos socioambientales y sociales puede marcar la diferencia.
En el último tiempo hemos visto una campaña empresarial contra la llamada “permisología” ambiental. ¿Cómo evalúas esta ofensiva y qué consecuencias podría tener para la protección del medio ambiente?
Desde el gobierno de Frei Ruiz-Tagle hasta ahora, en todos los gobiernos, sectores empresariales y políticos neoliberales de todos los sectores han buscado frenar tanto la conformación de una institucionalidad ambiental como la dictación de normas mínimas para la protección del medio ambiente y los derechos de la población, como la vida y la salud. En este sentido, no está de más recordar que los avances institucionales a principios de la década pasada se originan a propósito de la integración de Chile en la
OCDE y no en el interés del sistema político de mejorar el estándar de protección ambiental.
Dicho esto, la campaña actual sobre la permisología tiene mayor notoriedad y alcance, por un lado, porque se impulsa desde un gobierno denominado “ecologista” que había prometido mayor protección ambiental, que incluso propuso cambiar la matriz productiva y transitar a una menos extractivista; y, por otro, por la cantidad de reformas y que el núcleo de estas apunta a una desregulación nunca vista desde que existe institucionalidad ambiental, es decir, desde la dictación de la ley 19.300 en 1993. Se busca cambiar la Ley Ambiental para poder cambiar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para hacerlo más permisivo, con esto se modifica el sistema de entrega de permisos sectoriales, es decir, permisos no ambientales que son necesarios para la ejecución de un proyecto y son complementarios a los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS). Esto llega al extremo de intentar liberar proyectos de la obligación de tener evaluación ambiental y, en otros casos, de optar por una Declaración Jurada en vez de obtener un permiso sectorial otorgado por un servicio público luego de evaluar los antecedentes técnicos.
Es una regresión política, económica y ambiental de grandes dimensiones que puede tener nefastas consecuencias para muchos territorios actualmente amenazados, y una medida que, además, atenta contra los principios de progresividad y no regresión, entre otros, comprometido por Chile ante tratados internacionales ambientales y de Derechos Humanos. Es decir, el escenario se torna aún más complejo para las comunidades, pues si la conflictividad socioambiental ha ido subiendo exponencialmente en las últimas décadas en un esfuerzo por dar cumplimiento a la normativa actual, ¿ahora las comunidades tendrán que defender sus territorios, pero sin expectativas ni derechos?
La premisa de la permisología es muy vana, pues las empresas que buscan instalar estos proyectos tienen un nivel de apoyo económico, tributario y facilitación por parte del Estado que no lo tienen otros sectores económicos, aun así, presentan proyectos paupérrimos. Si realmente el problema fueran los tiempos de tramitación por causa de los órganos del Estado, ¿por qué no se busca robustecer la institucionalidad y mejorar sus competencias? ¿por qué no hay más recursos para los organismos que aprueban proyectos ambientales pero que tienen una cantidad de personal bajísimo para que pueda dar abasto? Quieren todo fácil a costa de las comunidades y la naturaleza.
¿Cómo describiría el estado actual del movimiento ambiental en Chile? ¿Está fortalecido o ha perdido fuerza frente a las amenazas que enfrenta?
Como otros movimientos sociales, luego del desencanto constituyente, el movimiento socioambiental entró en un periodo de desmovilización y desarticulación, en parte por desgaste y frustración, pero también por un escenario de políticas engañosamente verdes. Las promesas de transición socioecológica ha confundido el escenario y se ha requerido de nuevos aprendizajes ante las nuevas políticas y amenazas, sobre todo con los emergentes discursos conservadores -e incluso negacionistas- que han permeado las políticas oficialistas.
Sin embargo, el movimiento socioambiental en Chile se está rearticulando y fortaleciendo a partir de antiguos y nuevos procesos de conflictividad en los territorios, gatillados por la economía verde y su -supuesta- transición energética, la que ha restablecido y potenciado una nueva agenda extractivista neoliberal.
El avance de discursos negacionistas del cambio climático en el mundo, especialmente desde sectores de ultraderecha, ¿cómo está impactando el debate ambiental en Chile?
En cierta forma inciden y debilitan la respuesta social, principalmente a causa de la profundización del modelo extractivo neoliberal; pero, también, han debilitado el debate frente a la crisis climática/ecológica y la profundidad de sus consecuencias, es decir, están abriendo paso a políticas y propuestas que fortalecen instrumentos de mercado y la mercantilización de la naturaleza, como la compensación de emisiones, el mercado de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras, para la protección de la naturaleza y los territorios, esto por sobre la gestión pública y el bien común.
Me parece que las políticas mercantilizadoras de la naturaleza para enfrentar la crisis ambiental y ecológica incluso han llegado a colonizar a ciertos sectores políticos y sociales, tanto de izquierda como progresistas, quienes no proponen nada que esté fuera del modelo neoliberal, acomodándose a la economía circular o el conservacionismo, sin apuntar a los problemas estructurales detrás de la crisis.
¿Qué papel cumplen hoy las comunidades locales e indígenas en la defensa del medio ambiente? ¿Cómo han cambiado sus formas de organización y resistencia en los últimos años?
Las comunidades locales y pueblos indígenas, en su diversidad y sin idealizar, son las que siguen sosteniendo la defensa de los territorios, dando cuenta del valor y la importancia de proteger la naturaleza frente a la crisis ecológica y a las nuevas políticas extractivistas. En un contexto profundamente asimétrico, son la primera línea para enfrentar la depredación que se sigue impulsando desde las políticas del crecimiento económico, ese crecimiento que suena bien en los números, pero que en la realidad solo se transforma en más precarización y que no da cuenta de los límites planetarios.
Vemos que las comunidades van haciendo nuevos aprendizajes, pues se están enfrentando a sectores económicos nuevos, los que se sostienen en relatos empresario-gubernamentales “verdes” e, incluso, revestidos de un mandato moral de salvadores del planeta, pues el cuento ahora dice que Chile, con sus minerales y energías verdes, puede salvar el planeta de ese enemigo que es cambio climático. Por esto, el desafío ahora es mayor, pues oponerse a iniciativas empresariales ya no solo te estigmatiza por estar en contra del desarrollo de sus bolsillos, ahora se supone que se está en contra de salvar el planeta, un sinsentido.
Finalmente, ¿qué mensaje enviarías a los inversionistas internacionales que respaldan a empresas como Barrick, respecto a su responsabilidad en la crisis ambiental que enfrenta Chile?
Barrick, a propósito de Pascua Lama, arrastra una gran cantidad de infracciones a la institucionalidad ambiental, daños ambientales y socioculturales, de vulneración de derechos humanos y derechos a pueblos indígenas, así también, acumula multas millonarias y condenas por daño ambiental. Esta empresa tiene demandas judiciales de sus propios accionistas en Nueva York, Toronto y Montreal, por ocultar información y causar daños y pérdidas a sus patrimonios. Barrick es una empresa criminal, que atenta contra la comunidad y la naturaleza, pues sus acciones profundizan la crisis climática al destruir fuentes de agua y glaciares.
Si bien, los accionistas buscan que los administradores de la empresa les hagan maximizar sus ganancias, las sociedades y los pueblos no aceptan que esto se haga a cualquier precio, como lo demuestra la convicción del Valle del Huasco. Los accionistas se hacen cómplices de este comportamiento irresponsable y criminal, Barrick debe salir del Valle del Huasco y de todos los valles amenazados actualmente.
Paul WalderFuente:
https://www.elclarin.cl/2025/05/12/barrick-vuelve-a-la-carga-es-una-burla-para-las-comunidades-del-huasco-denuncia-lucio-cuenca-director-de-olca/272
