- Chile:24 de Junio de 2025
Ante denegación de amparo a familia de Julia Chuñil: Reafirmamos lucha contra la impunidad y denunciamos a ministros firmantes
El espacio Día a Día por Julia Chuñil rechaza el fallo de la Corte Suprema que denegó el amparo solicitado por la violencia de agentes del Estado chileno contra una familia víctima de la desaparición forzosa de su madre y abuela, la dirigente mapuche Julia Chuñil, hace casi 8 meses. Reafirmamos nuestro apoyo a la familia junto a quien continuaremos en lucha inclaudicable hasta encontrar a Julia Chuñil.
El fallo reafirma el rol de ese tribunal, un frecuente bastión de la impunidad: las víctimas principales en los hechos denunciados en el recurso de amparo son la hija de Julia, Jeannette Troncoso, mujer, mapuche y sus niños. La Corte se alineó con sus pares de Valdivia y el poder empresarial regional, ignorando los argumentos de la defensa (se adjunta sentencia).
Sin embargo la abogada Karina Riquelme que alegó el recurso, valora lo siguiente: “El fallo dice que hay causas que investigan los hechos denunciados y tras la denegación concluye señalando textualmente
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo al petitorio de la accionante de amparo, Fiscalía de Chile y las agencias de investigación policial, deberán actuar respetuosos de los derechos de las personas”. Pero la abogada agrega: “La relación de los hechos fue poco rigurosa, no contempló ni puso hincapié en las pruebas”.
Mariela Santana, integrante del equipo jurídico de la familia, precisó además: “La Corte Suprema pudo haber hecho el control de convencionalidad del fallo de la Corte de Valdivia y revisar si incurrió o no en contravenciones con la normativa internacional de DDHH y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. En lo personal, yo estimo que la corte de Valdivia infringió normas de la Convención Americana”.
Firman el fallo los ministros Manuel Antonio Valderrama, María Teresa Letelier y Cristina Gajardo, más dos abogados integrantes, Pía Tavolari y Eduardo Gandulfo de la 2° Sala.
El Ministro Manuel Valderrama que la preside, está investigado administrativamente por la Corte Suprema por posibles conexiones con Luis Hermosilla. Ha sido foco de atención mediática por conflictos de interés en asuntos vinculados a familiares. Como encargado de asuntos de Medio Ambiente en la Corte Suprema, participó en una reunión para activar el convenio de Escazú, y lo dejó convenientemente estancado.
La ministra Teresa Letelier, según mensajes del celular del ex juez de Apelaciones Juan Poblete reproducidos por CIPER, llegó a la Suprema en el período de Sebastián Piñera usando los buenos oficios del ex juez de la Corte de Apelaciones Juan Poblete y su lobby con Mario Desbordes, entonces ministro. Posteriormente Poblete, en prisión preventiva por autorizar la intercepción ilegal telefónica del periodista Mauricio Weibel y otros, salió en libertad luego de un recurso de amparo que tuvo el voto de Letelier y el ministro
Valderrama. La Corte Suprema argumentó entonces que la fiscalía erró al no invocar primero una “querella por capítulos” por su calidad de juez.
La ministra Cristina Gajardo subió a la Suprema rodeada del rechazo de la AFDD y el Centro de Memoria Londres 38 debido a actuaciones en las que declaró como no vinculantes los tratados de DDHH firmados por Chile. Como abogada integrante, votaba a favor de rebajar las condenas a quienes cumplían prisión por delitos de lesa humanidad.
Un fallo ajeno a los DDHH
Aun cuando los ministros de Corte suelen recibir capacitación en derecho internacional de DDHH o en ambiente y género, sus fallos no lo reflejan. Con pocas excepciones, las actuaciones ilegales de las transnacionales mineras, de la celulosa, de las salmoneras y sus aliados en Chile, están siendo protegidas por la Corte Suprema y/o los Tribunales Ambientales. Los empresarios y el gobierno del Presidente Boric se unieron para empujar un paquete de leyes que buscan hacer retroceder las ya débiles leyes de protección al ambiente e imposibilitar la defensa de los territorios mediante la participación ciudadana, contraviniendo el Acuerdo de Escazú y los derechos de los pueblos y la naturaleza.
Chile está lejos de avanzar en hacer respetar los principios rectores (voluntarios) de DDHH para el empresariado establecidos por el sistema de Naciones Unidas con el objeto de posibilitar el acceso real a la justicia y obtener la restitución, reparación y rehabilitación de los daños provocados en las personas, la población y el medio ambiente. La debida diligencia en Derechos Humanos, impulsada ahora por el subsecretario Gajardo desde el Ministerio de Justicia tampoco está siendo implementada en la Corte Suprema, como ha quedado en evidencia con este fallo.
Esta denegación de justicia sin embargo sólo reforzará nuestra lucha contra esta y toda desaparición forzosa en Chile, país que prometió hacer realidad el Nunca Más. Ha sido el incesante accionar y denuncia de las organizaciones de DDHH, socioambientales, feministas, indígenas y de la más amplia diversidad el que ha impedido que esta causa se cierre y resaltado su impacto nacional e internacional. La investigación continúa.
El fiscal Alejandro Ríos no ha aceptado la pretensión del empresario Juan Carlos Morstadt de hacerse parte de la querella. Todo indica que quien ha sido sindicado como el principal sospechoso, buscaba acceder a la carpeta investigativa para usar su influencia a nivel local, mientras continúa negándose a declarar aun cuando la familia lo ha señalado como principal sospechoso.
La inacción de CONADI frente a la millonaria deuda por el predio en disputa regalado al citado empresario, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que nunca se concretó, el silencio cómplice de la Ministra de la Mujer y el Ministerio del Medio Ambiente y la exigencia de resultados prontos en la investigación del fiscal Ríos serán objeto de nuestro accionar al tiempo que seguiremos extendiendo a nivel nacional e internacional la demanda por justicia, hasta encontrar a Julia Chuñi.
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