Absuelven por segunda vez a líderes antiminería

- El Salvador:

26 de Septiembre de 2025

Absuelven por segunda vez a líderes antiminería

Por segunda vez, un tribunal salvadoreño absolvió a los cinco líderes ambientalistas antiminería de Santa Marta, que habían sido acusados de cometer un crimen durante la guerra civil por la Fiscalía bajo control del gobierno de Nayib Bukele.

- Por Andrés Dimas y Graciela Barrera - elfaro.net

“Hoy ha triunfado la justicia, ha triunfado la legalidad y hemos ganado por segunda vez este juicio”, dijo el abogado defensor, Pedro Cruz, el pasado 24 de septiembre.

La Fiscalía General de la República acusó en 2023 a ocho exguerrilleros del FMLN por el secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga. Entre estos, “Los Cinco de Santa Marta”, líderes comunitarios de ese cantón del departamento de Cabañas, región paracentral de El Salvador, y también miembros de ADES, una de las organizaciones más importantes en la lucha antiminería metálica en el país, que incidió en su prohibición total en 2017.

Santa Marta es una comunidad campesina. En marzo de 1981, un operativo de las Fuerzas Armadas salvadoreñas asesinó a cientos de hombres, mujeres y niños que huyeron por el río Lempa hacia Honduras, en una de las primeras masacres de la guerra civil. Nunca hubo un juicio.

El 11 de enero de 2023, la Fiscalía anunció capturas por un caso de la guerra en Santa Marta. Pero no contra el ejército: los acusados eran Teodoro Pacheco, Miguel Gámez, Pedro Rivas, Alejandro Laínez y Saúl Rivas, quienes son líderes ambientalistas.

En la comunidad vieron las detenciones como una persecución política a la comunidad defensora del medio ambiente y como parte de una estrategia para volver a instalar la minería metálica en el país.

“El caso es solo una manipulación de la justicia para perseguir a defensores del agua, del medio ambiente y la vida, gravemente amenazadas por la posible reactivación de la minería metálica”, dijo Vidalina Morales, ambientalista de ADES, en septiembre de 2023, a ocho meses de las capturas.

El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque decretó sobreseimiento definitivo y ordenó poner en libertad a todos los acusados. El juzgado determinó que el caso había prescrito y que la acusación de la Fiscalía no procedía. Un mes después, una cámara de segunda instancia anuló el fallo y ordenó repetir el juicio.

El 23 de diciembre, a menos de un mes de la revocación de la cámara, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista revivió la minería metálica en El Salvador a petición del presidente Bukele. La amenaza del regreso de la explotación minera en el país, que advirtieron desde Santa Marta cuando inició el caso, se concretó.

El 3 de febrero de 2025, los acusados anunciaron en una carta que no se presentarían a la audiencia. Dijeron que no había garantías de un juicio justo. El proceso se dilató por varios meses, hasta ahora, que otro tribunal de sentencia declaró que no existían pruebas suficientes para condenar a los ambientalistas.

La decisión del juzgado es inesperada, en un sistema de justicia controlado por Casa Presidencial y en un país donde esas grietas son cada vez más escasas.

Fuente:
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