Defensoras y defensores ambientales de Chile llevan a Lima denuncias por extractivismo y falta de protección estatal

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10 de Junio de 2026

Defensoras y defensores ambientales de Chile llevan a Lima denuncias por extractivismo y falta de protección estatal

Representantes de Atacama, el río Loa y OLCA participaron en encuentro latinoamericano que reunió a organizaciones de seis países para fortalecer estrategias frente a la criminalización y la violencia contra quienes defienden los territorios.

Comunicaciones OLCA

Entre el 27 y 28 de mayo se realizó en Lima, Perú, el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales: Estrategias frente a los nuevos desafíos en la región, instancia que reunió a representantes de organizaciones y comunidades de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile para analizar el escenario de riesgos que enfrentan quienes defienden los territorios y fortalecer mecanismos de articulación regional.

La delegación chilena estuvo integrada por Cecilia Aguilera, del Colectivo de Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA); Alejandro Muñoz, de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa; y Karen Ardiles, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización que acompañó la participación chilena en el encuentro.

Durante uno de los paneles centrales, Cecilia Aguilera expuso los principales conflictos socioambientales que enfrenta la Región de Atacama. La representante de CODEMAA denunció la persistencia de las denominadas zonas de sacrificio en el norte del país, el saqueo hídrico del río Copiapó y la creciente presión sobre el Salar de Maricunga producto de la expansión de la industria del litio impulsada por la demanda global de minerales para la transición energética.

Asimismo, alertó sobre los impactos que podrían generar megaproyectos como Copiaport-E sobre Bahía Chasco, uno de los ecosistemas marino-costeros más relevantes de Atacama, y visibilizó la violencia, hostigamiento e invisibilización que enfrentan las mujeres defensoras ambientales en territorios marcados por la actividad minera.

En el encuentro hubo consenso en el diagnóstico: América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos y ambientales. Las delegaciones coincidieron en que la violencia, la criminalización y la persecución contra líderes territoriales responden a procesos estructurales vinculados a la expansión de actividades extractivas, economías ilegales y al debilitamiento de las garantías democráticas.

En este contexto, Karen Ardiles, integrante de OLCA, llamó a profundizar el debate sobre los alcances de la transición energética y sus impactos sobre las comunidades. Durante el encuentro, expuso que la creciente demanda de cobre, litio y tierras raras para abastecer la transición energética global está impulsando nuevos proyectos mineros, parques eólicos, plantas solares e iniciativas de hidrógeno verde que continúan expandiendo la frontera extractiva en los territorios.

“Las comunidades no están sintiendo los beneficios de esta transición. Está diseñada para abastecer al norte global y se realiza a costa de los territorios”, afirmó Ardiles, advirtiendo sobre la necesidad de cuestionar los modelos de desarrollo que reproducen desigualdades y conflictos socioambientales.

Declaración regional

El encuentro concluyó con una declaración conjunta en la que organizaciones de los seis países advirtieron que América Latina atraviesa una crisis de protección para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales. El documento denuncia que la expansión minera, petrolera, agroindustrial, forestal, energética y de megaproyectos avanza sobre territorios indígenas, campesinos y comunidades locales, generando nuevas zonas de sacrificio en nombre de la transición energética.

Las organizaciones también alertaron sobre el aumento de la criminalización, las amenazas, la vigilancia, los procesos judiciales prolongados y los asesinatos de defensoras y defensores ambientales, así como sobre la creciente presencia del crimen organizado en diversos territorios de la región.

Entre sus principales demandas, exigieron a los Estados implementar mecanismos efectivos de protección con enfoque colectivo, territorial, intercultural y de género; poner fin a la criminalización de la protesta social; fortalecer la participación ciudadana; investigar las agresiones contra líderes sociales; y reconocer públicamente el papel fundamental que cumplen quienes defienden el agua, los ecosistemas y los derechos colectivos.

“Defender derechos no es un delito. Defender el agua, los bosques, los páramos, los salares, los ríos, los territorios y la vida es una labor legítima, necesaria y profundamente democrática”, señala el pronunciamiento suscrito en Lima.

La participación de la delegación chilena permitió visibilizar conflictos como la crisis hídrica en Atacama, la expansión minera sobre ecosistemas sensibles y la situación de las comunidades afectadas por proyectos extractivos, reforzando la necesidad de construir redes de solidaridad y protección entre los territorios de América Latina.

Comunicaciones OLCA

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