- Chile:23 de Junio de 2026
La agenda extractivista de Kast: certeza para el capital, despojo para las comunidades
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
La famosa “certeza para la inversión” se ha transformado en uno de los principales pilares del gobierno de José Antonio Kast. En sus primeros cien días en La Moneda, el Ejecutivo ha impulsado una agenda orientada a garantizar condiciones cada vez más favorables para el gran empresariado, instalando la idea de que la reactivación económica pasa por reducir controles, flexibilizar regulaciones y acelerar la aprobación de proyectos extractivos.
En ese marco se inserta la
reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) , ingresada al Senado en 2024 durante la administración de Gabriel Boric y hoy en discusión en la Cámara de Diputados.
Lejos de fortalecer la protección ambiental y los derechos de las comunidades, las indicaciones promovidas por el gobierno de ultraderecha
profundizan una agenda destinada a acelerar inversiones extractivas, debilitar los mecanismos de control ambiental y reducir los espacios de participación y defensa de los territorios.
La intención del gobierno de Kast es avanzar con esta reforma en paralelo al proyecto de “Reconstrucción”, que incorpora diversas medidas orientadas a reducir lo que el mundo empresarial denomina “permisología”. Durante junio, el Ejecutivo presentó sus primeras indicaciones, entre las que destaca la creación de un “recurso único” para canalizar las reclamaciones ambientales. Junto con ello, se busca
restringir la posibilidad de impugnar permisos ambientales ya otorgados, limitar las reclamaciones de terceros a materias no discutidas durante la evaluación y establecer plazos perentorios para resolver controversias.
En los hechos, estas modificaciones apuntan a concentrar y acotar las vías de cuestionamiento ciudadano, reduciendo las herramientas de control social sobre proyectos con potenciales impactos ambientales y territoriales.
En este contexto, los medios afines al empresariado han reproducido sin mayor cuestionamiento la perspectiva de gobiernos e inversionistas que buscan
desmantelar la ya débil institucionalidad ambiental del país. Todo ello ocurre en el marco de
una reducción general de las capacidades regulatorias del Estado, una progresiva jibarización de los derechos sociales y ambientales, y una aceleración de proyectos altamente cuestionados por las comunidades,
consolidando una visión subordinada a los intereses del capital nacional y transnacional.
Desde su primer día en La Moneda, la administración Kast ha encontrado en la institucionalidad ambiental una fuente de importantes réditos políticos. El discurso de la “reactivación” y de la supuesta existencia de una excesiva “permisología” cuenta con un respaldo transversal de la élite político-empresarial y ha logrado permear a sectores de la población afectados por la incertidumbre económica y el desempleo.
No es casualidad que el denominado
“decretazo” ambiental haya sido una de las primeras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Tampoco que el gobierno haya puesto a disposición de los intereses estratégicos de Estados Unidos bienes minerales considerados fundamentales para la transición energética global, en acuerdos que
amenazan con profundizar la dependencia económica del país y debilitar el ejercicio efectivo de su soberanía sobre bienes comunes esenciales.
La administración Kast busca
imponer a comunidades locales y organizaciones sociales una visión de país basada en la expansión acelerada del extractivismo. Se trata de una orientación que ha estado presente durante los gobiernos de la postdictadura, pero que hoy se expresa de manera más explícita y agresiva. En esa lógica se profundizan iniciativas como la Estrategia Nacional del Litio, el impulso al hidrógeno verde orientado a la exportación y la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, heredadas del gobierno anterior.
Esta visión de país se sostiene sobre la mercantilización de la crisis climática. Bajo el discurso de la transición energética se consolida un modelo que beneficia principalmente a grandes empresas y grupos económicos, mientras los costos ambientales y sociales recaen sobre los territorios.
La naturaleza continúa siendo tratada como una fuente de recursos para la acumulación de riqueza, y no como la base que sostiene la vida y cuyos derechos deben ser protegidos.
El “triple argumento” utilizado por el gobierno para legitimar en la población esta agenda se ha concentrado en
la legítima preocupación ciudadana por la galopante cesantía; la apelación nostálgica al imaginario del Chile industrial del siglo XX; y la promesa de que las riquezas naturales del país representan una oportunidad de desarrollo dentro de los márgenes definidos por el propio extractivismo.
Estos elementos, articulados con el enorme poder de incidencia de la alianza público-privada, han permitido sostener un relato que
sigue condenando al país a profundizar la desigualdad, la vulneración de derechos y la expansión de zonas de sacrificio.
Estamos frente a una regresión ambiental y democrática de amplio alcance. La aceleración de trámites ambientales, la aprobación o reactivación de proyectos extractivos con décadas de conflictividad socioambiental -como la minería de tierras raras en Penco- y las seis sesiones realizadas por el Comité de Ministros en menos de tres meses para dar luz verde a iniciativas por más de US$7.000 millones, muestran que
el diseño institucional se está reconfigurando para responder prioritariamente a las demandas del gran empresariado antes que a las necesidades y derechos de las comunidades.
En medio de la profundización del modelo extractivista, comunidades y organizaciones enfrentan un escenario profundamente asimétrico en la defensa de sus territorios.
Es desde esas resistencias y procesos de construcción de alternativas donde emerge aquello que la clase político-empresarial dominante se niega a reconocer, que es la posibilidad de un futuro que supere esta lógica de despojo y coloque en el centro la vida, los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Fuente:
https://radio.uchile.cl/2026/06/23/la-agenda-extractivista-de-kast-certeza-para-el-capital-despojo-para-las-comunidades/68
