- Chile - Estados Unidos:29 de Junio de 2026
A días del cierre de la consulta ciudadana, crecen las críticas a la expansión de Minera El Abra
La socióloga Andrea Vázquez Alfaro, dirigenta de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Pattahoiri, sostiene que el megaproyecto profundizará los impactos acumulados por décadas de actividad minera en la Región de Antofagasta.
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Comunicaciones OLCA
El próximo 1 de julio concluye el proceso de participación ciudadana del proyecto de ampliación de Minera El Abra, que busca extender la vida útil de la faena por alrededor de 40 años e incorporar nuevas obras en distintos puntos de la Región de Antofagasta.
Para las organizaciones del territorio, la propuesta representa una nueva etapa de profundización del extractivismo en una zona que ya enfrenta graves pasivos ambientales. Entre sus principales impactos identifican la intervención de ecosistemas altoandinos, la construcción de un nuevo depósito de relaves, la presión sobre las fuentes de agua, la afectación del patrimonio arqueológico y la instalación de infraestructura costera.
En esta entrevista con OLCA, Andrea Vázquez Alfaro analiza las principales observaciones al proyecto, cuestiona las medidas de mitigación propuestas por la empresa y explica por qué las organizaciones consideran que la expansión de El Abra agravará las condiciones ambientales y sociales de un territorio que ya soporta una carga desproporcionada de la actividad minera.
- ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con Minera El Abra y cuáles son las principales razones para oponerse a este nuevo proyecto?
Nosotros conocemos a Minera El Abra porque es una faena que está instalada desde mediados de los años noventa en nuestro territorio, en Alto Loa. Durante todo este tiempo hemos conocido distintas malas prácticas relacionadas con sus responsabilidades ambientales. Por ejemplo, hubo denuncias de la comunidad de Conchi Viejo por derrames, contaminación y afectaciones al patrimonio del territorio.
También sabemos que actualmente existe una demanda por daño ambiental en el salar de Ascotán, específicamente por la afectación al acuífero de la Vertiente 11, lugar desde donde Minera El Abra ha extraído agua desde que obtuvo la aprobación de su proyecto minero.
Como organización, nosotros no tenemos un relacionamiento directo con la empresa, porque no buscamos establecer ese tipo de vínculos con las mineras. Probablemente las comunidades indígenas puedan dar cuenta de cuál ha sido su experiencia con ellos. Lo que nos preocupa son los enormes impactos que generará esta expansión, que además constituye la inversión minera más grande de los últimos años en nuestra comuna.
Eso es especialmente relevante porque vivimos rodeados de faenas mineras y se nos sigue imponiendo un modelo de expansión ilimitada. Más que una creencia, tenemos evidencia de las múltiples afectaciones ambientales, sociales, sanitarias y de infraestructura que ha provocado este modelo extractivo. Nos prometen desarrollo y prosperidad, pero lo que finalmente queda en los territorios es precarización.
Actualmente el proyecto se encuentra en participación ciudadana y se presenta bajo el concepto de una "transición hídrica". Sin embargo, esa transición no es tan positiva como la empresa intenta mostrar.
- Ustedes sostienen que este proyecto no solo afecta a una faena minera específica, sino que transforma gran parte de la región. ¿Qué dimensiones territoriales, ambientales y sociales tendría esta expansión de Minera El Abra?
Este proyecto tiene impactos en cinco comunas de la región. En Ollagüe, donde se extrae agua desde el salar de Ascotán; en Calama, la construcción de una planta concentradora, un nuevo depósito de relaves de aproximadamente 5.900 hectáreas; en María Elena, debido al acueducto; y también en Tocopilla y Mejillones, donde la empresa pretende instalar su planta desaladora.
En total, el proyecto intervendrá aproximadamente 17 mil hectáreas, una parte muy importante de nuestra región. De ellas, alrededor de 11 mil hectáreas corresponden a suelos con biodiversidad.
Existe la idea de que en el desierto no hay vida y que, por lo tanto, se puede seguir extrayendo sin consecuencias. Pero el desierto es un ecosistema vivo, frágil y muy importante. La propia empresa reconoce impactos significativos sobre 11 mil hectáreas, afectando mamíferos, fauna de baja movilidad como la vizcacha, el ratón andino y distintas especies de reptiles. Sin embargo, no propone medidas reales de compensación. Solo plantea mitigar el paso de maquinaria intentando retirar la fauna que encuentre en el lugar.
Eso genera una afectación muy importante. Aquí existe población de pumas y de vizcachas, que forman parte de la cadena trófica. Si disminuye la disponibilidad de alimento, el puma se desplazará hacia otros sectores, afectando también la ganadería tradicional que mantienen las comunidades mediante el pastoreo. No existe ninguna medida para enfrentar ese problema, ni para proteger a la especie ni para resguardar a las comunidades.
Lo mismo ocurre con la chinchilla de cola corta. La empresa reconoce que destruirá sus madrigueras, pero sostiene que eso no afectará a la especie. Hay una contradicción evidente, porque la madriguera es parte esencial de su supervivencia y además se trata de una especie en estado crítico de conservación.
Otro aspecto preocupante es que el proyecto no reconoce impactos sobre Calama, pese a que la ciudad deberá soportar todas las externalidades negativas de la actividad minera: aumento del tránsito, colapso vial, problemas de salud pública, presión sobre los servicios, incremento en el costo de los arriendos y otras consecuencias derivadas de la llegada de trabajadores.
En nuestra comuna se construirá un nuevo relave minero. Nosotros ya convivimos con el relave Talabre y creemos que instalar otro más en un territorio que ha soportado tantos impactos resulta profundamente irresponsable. De hecho, mantenemos una demanda por daño ambiental contra el Estado por haber permitido la instalación sucesiva de este tipo de proyectos.
- Además de los impactos sobre la biodiversidad, ustedes también advierten consecuencias para las comunidades y el patrimonio del territorio. ¿Cuáles son las principales?
Existe una afectación patrimonial gravísima. La empresa destruirá el complejo minero San José del Abra, un sitio arqueológico con aproximadamente diez mil años de antigüedad ubicado en Conchi Viejo. Ellos argumentan que deben hacerlo para ampliar el rajo y los botaderos, y ofrecen como compensación una recreación en tres dimensiones del sitio. Pero una réplica digital no reemplaza un patrimonio arqueológico que representa la memoria ancestral de la actividad metalúrgica del territorio.
Asimismo, destruirán más de mil ejemplares de yareta. Esta especie crece apenas algunos milímetros por año y existen ejemplares con más de 1.300 años de antigüedad. Ninguna medida de compensación podrá recuperar ese patrimonio natural.
Podría seguir enumerando impactos: la intervención del río Loa por el acueducto, el crecimiento de los botaderos y la afectación a la salud de comunidades indígenas como Chiu Chiu y Lasana. Estas localidades ya presentan una condición de latencia por material particulado y acumulan el 81 % de la información necesaria para ser declaradas zonas saturadas. Eso ocurre incluso antes de que este proyecto sea aprobado. La expansión solo agravará esa situación, porque la faena se encuentra mucho más cerca de esas comunidades que de la propia ciudad de Calama.
- ¿Cómo afectará este proyecto a la zona costera y por qué consideran insuficiente la evaluación que hace la empresa sobre esos impactos?
En la costa ocurre algo similar. En Caleta Viuda ya opera la desaladora de Codelco Norte y El Abra pretende instalar otra justo al lado. Sin embargo, la empresa tampoco reconoce impactos significativos para Tocopilla ni para la fauna marina que deberá enfrentar el funcionamiento de dos desaladoras en el mismo sector.
Creemos que el proyecto presenta numerosas inconsistencias y vuelve a concentrar la carga ambiental y económica sobre un territorio que históricamente ha sostenido gran parte de la actividad minera del país, mientras acumula problemas de salud, infraestructura, calidad de vida y abandono estatal.
- Ustedes mantienen una demanda por daño ambiental contra el Estado. ¿En qué consiste esa acción judicial y cómo se relaciona con la evaluación de este nuevo proyecto?
La demanda por daño ambiental la presentamos veinte organizaciones ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Demandamos directamente al Estado por el daño ambiental acumulado en Calama, principalmente por mantener durante más de diecisiete años a la ciudad sin un plan de descontaminación.
Son violencias que se van acumulando en el territorio. Además, cargamos con el peso, tanto a nivel nacional como internacional, de sostener esta supuesta transición energética, mientras en nuestros territorios se siguen aprobando proyectos extractivos de manera prácticamente ilimitada.
Creemos que este proyecto probablemente será aprobado bajo las actuales políticas gubernamentales, pese a que representa una amenaza muy grave tanto para los ecosistemas como para las comunidades.
También existe un problema respecto al principio de proporcionalidad. La empresa propone medidas de compensación y mitigación que duran entre dos y ocho años, mientras el proyecto permanecerá al menos 40 años en el territorio. Y después seguirá dejando sus botaderos y su relave.
- ¿Cómo observan el proceso de participación ciudadana para la presentación de observaciones en contra del proyecto minero y el nivel de organización de las comunidades?
Nosotros estamos articulados con distintas organizaciones que participan activamente en este proceso. Hasta ahora ya se han ingresado más de 370 observaciones ciudadanas al Servicio de Evaluación Ambiental.
Creemos que gran parte de la ciudadanía aún no conoce en profundidad el proyecto ni la magnitud de sus impactos. Vivimos en territorios donde la minería ha sido impuesta como forma de vida y cualquier oposición muchas veces es vista casi como un acto criminal.
Aun así, vemos una creciente conciencia respecto del daño que este proyecto puede generar sobre el ecosistema, especialmente por la afectación al patrimonio arqueológico de Chug Chug y a especies como la chinchilla de cola corta, la yareta, la vizcacha y el ratón andino, entre otras.
Existe una articulación importante entre organizaciones y esperamos, al menos, que la empresa tenga que responder por las numerosas inconsistencias que presenta su proyecto. También esperamos que el Servicio de Evaluación Ambiental esté a la altura del conflicto y realice una evaluación objetiva, porque estamos convencidos de que este es un proyecto muy negativo para el territorio.
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