- Chile:
Entrevista a Giuliano López, integrante del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA)14 de Julio de 2026
Copiaport-E llega al Tribunal Ambiental: CODEMAA advierte que el Estado volvió a poner las inversiones por sobre la protección del territorio
Comunidades y organizaciones de Atacama presentarán esta semana una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para intentar revertir la aprobación del proyecto portuario Copiaport-E. Giuliano López, integrante del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA), sostiene que el conflicto trasciende la construcción de un puerto y que pone en cuestión el modelo de desarrollo impulsado para la costa regional y el funcionamiento de la institucionalidad ambiental chilena.
Comunicaciones OLCA
¿Qué representa Bahía Salado y Punta Cachos para las comunidades de Atacama?
Bahía Salado, Bahía Chasco y Punta Cachos tienen un valor enorme, no sólo para las comunidades locales, sino para toda la región de Atacama. El propio Estado ha reconocido su relevancia ecológica.
Bahía Chasco y Punta Cachos fueron definidas como un área prioritaria por su riqueza marina y su extraordinaria biodiversidad. Por eso sostenemos que un megapuerto es incompatible con la existencia de este ecosistema.
¿Cuáles son los principales impactos que preocupan a las comunidades?
La principal preocupación es el deterioro irreversible del sistema ecológico marino. En esta zona existen praderas de algas pardas, una de las pocas praderas de pastos marinos del Pacífico Sur Oriental y una enorme abundancia de fitoplancton. Están dadas todas las condiciones para la reproducción de la vida marina y el proyecto afectaría inevitablemente esos procesos.
Pero no sólo está en riesgo el ecosistema marino. También existe un patrimonio paisajístico y turístico que nunca fue debidamente considerado durante la evaluación ambiental. Desde Punta Cachos se observa una extensa costa prácticamente intacta, con kilómetros de playas y mar abierto. Ese paisaje desaparecería con la instalación de un complejo portuario de gran escala.
A ello se suma la riqueza de aves marinas y otros componentes de la biodiversidad costera. Son múltiples los valores ambientales y sociales que están en juego.
¿Cómo interpretan la decisión de aprobar ambientalmente este proyecto?
Este proyecto forma parte de una política de larga data que ha buscado sacrificar esta zona para instalar grandes proyectos industriales.
Lo más contradictorio es que fue el propio Estado el que durante años promovió la protección de este territorio. Incluso invirtió recursos para el manejo sustentable de las praderas de algas pardas junto a pescadores artesanales. Hoy ese mismo Estado actúa de manera completamente inconsecuente al autorizar un proyecto incompatible con el ecosistema que antes decía proteger.
Desde la época de la termoeléctrica Castilla se instaló la lógica de privilegiar las grandes inversiones por sobre la protección ambiental. Primero fue Castilla, luego el proyecto Andes LNG y ahora Copiaport-E. Son distintas iniciativas que apuntan a industrializar un territorio cuya principal riqueza es precisamente su patrimonio natural.
Las comunidades han enfrentado varios proyectos durante los últimos años. ¿Cómo ha evolucionado esa resistencia?
La lucha contra la termoeléctrica Castilla logró movilizar a miles de personas. Existía un contexto nacional de rechazo a este tipo de proyectos y eso permitió construir un movimiento muy amplio.
Con los proyectos posteriores la movilización ha sido menor, aunque nunca ha desaparecido. Siempre existen sectores de la comunidad que defienden este territorio, pero también hay intereses que privilegian beneficios económicos de corto plazo por sobre la conservación ambiental.
Seguimos organizados, aunque sabemos que enfrentamos enormes asimetrías frente a empresas que cuentan con recursos técnicos, económicos y jurídicos muy superiores.
¿Qué revela este caso sobre la institucionalidad ambiental chilena?
La institucionalidad ambiental no está diseñada para proteger el patrimonio ambiental del país. Está diseñada para aprobar proyectos.
Las comunidades deben enfrentar estudios elaborados por grandes equipos de especialistas con muy pocos recursos para demostrar los impactos reales. Es una competencia profundamente desigual.
Por eso creemos que Chile necesita avanzar hacia una evaluación estratégica del territorio. Antes de discutir proyectos específicos, el Estado debería definir, con amplia participación ciudadana, cuáles son las vocaciones y límites de cada territorio. De esa manera no tendríamos que volver a discutir una y otra vez si corresponde instalar un megaproyecto en un ecosistema de altísimo valor ecológico.
Usted ha mencionado que incluso la planificación territorial era distinta hace algunos años. ¿Qué ocurrió?
Existe un antecedente muy preocupante. En marzo de 2014 el Consejo Regional aprobó por unanimidad el Plan Regulador Intercomunal de las comunas costeras de Atacama. Ese instrumento establecía que en el sector de Punta Cachos y Bahía Salado sólo podían desarrollarse actividades inofensivas, como la pesca artesanal o el turismo. Un megapuerto no tenía cabida allí.
Sin embargo, años después esa decisión cambió. No sabemos qué ocurrió, pero creemos que merece una investigación periodística y también administrativa. Hay preguntas que siguen sin respuesta respecto de cómo se modificó una definición territorial construida precisamente para proteger esta zona.
Las organizaciones presentarán una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental. ¿Qué esperan de este proceso?
Es la instancia que correspondía seguir. El Consejo de Ministros rechazó todas las reclamaciones presentadas por las comunidades, algo que no nos sorprendió considerando la orientación que ha tenido este Gobierno respecto de las inversiones.
Ahora corresponde acudir al Primer Tribunal Ambiental. Sabemos que la vía judicial debe complementarse con la movilización ciudadana, tal como ocurrió con el proyecto Castilla, que finalmente pudo ser detenido. Seguiremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender este territorio.
Más allá de este proyecto, ¿qué modelo de desarrollo está en disputa?
Lo que está en discusión es mucho más profundo que un puerto. Este conflicto obliga a debatir qué modelo de desarrollo necesita Atacama y Chile.
El actual modelo extractivista destruye ecosistemas estratégicos y compromete las posibilidades de un desarrollo equilibrado para las generaciones futuras. Todavía falta construir una alternativa, pero cada vez es más evidente que no podemos seguir sacrificando territorios de enorme valor ambiental en nombre de un crecimiento económico de corto plazo.
271
