- Chile:21 de Agosto de 2026
Megarreforma: el fallo del Tribunal Constitucional puso límites, pero no detuvo la regresión socioambiental
Lucio Cuenca Berger
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la megarreforma puso límites relevantes a algunos de sus aspectos más cuestionados. El tribunal declaró inconstitucional el mecanismo que obligaba al Estado a indemnizar a los titulares de proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental fueran anuladas judicialmente; eliminó parte de la restricción que se pretendía imponer a las reclamaciones ambientales; impidió que las denominadas
microrelocalizaciones de concesiones salmoneras quedaran exentas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y acotó el estatuto de invariabilidad tributaria. Sin embargo, sería un error interpretar este fallo parcial como el fin de la megarreforma o como una reversión del proceso de regresión socioambiental que enfrenta Chile.
Cuando expuse estas ideas en el
foro “Estado en disputa y territorios bajo presión en Latinoamérica: Miradas críticas al RIGI argentino y la Megarreforma chilena”, el Tribunal Constitucional todavía no se había pronunciado. Su decisión se conoció inmediatamente después y obliga a actualizar el análisis, pero no modifica su punto de partida en cuanto a que la megarreforma es una pieza, particularmente importante, de un proceso más amplio de
desregulación que también avanza de facto, mediante decretos, modificaciones reglamentarias y decisiones administrativas que pueden tener efectos iguales o incluso mayores que los contenidos en la propia ley.
La desregulación como política de Estado
La dimensión socioambiental de la coyuntura actual debe comprenderse, por lo tanto, desde la continuidad y la
radicalización neoliberal. Durante el gobierno anterior, una serie de cambios fue presentada como parte de una nueva estrategia de desarrollo para el país, vinculada con la política global de transición energética corporativa. En Chile, especialmente después de los fracasos constitucionales, esa orientación se tradujo en políticas de Estado, estrategias y planes impulsados por el gobierno, tales como incentivos a las energías renovables a gran escala, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la Estrategia Nacional del Litio, el Plan Nacional de Data Centers y la Estrategia Nacional de Minerales Críticos.
Lo que observamos hoy contiene elementos de continuidad con ese periodo, pero, sobre todo, una radicalización neoliberal. No podemos omitir aquello que ya estaba instalado y que tiende a
profundizarse en el escenario político actual.
Un antecedente central es la Ley de Permisos Sectoriales, cuya tramitación generó un fuerte debate entre las organizaciones socioambientales y territoriales, que advirtieron sus consecuencias sobre la institucionalidad ambiental y la materialización de inversiones de alto impacto. Hoy, cuando comienza a implementarse, esa ley pone en operación cambios que apuntan a otorgar certeza jurídica a los inversionistas y, fundamentalmente, a
eximir proyectos de evaluaciones ambientales.
Cuando no existe evaluación ambiental destinada a prevenir impactos también desaparecen o se
reducen derechos garantizados dentro de ese procedimiento, como la participación ciudadana, el acceso a la información y la posibilidad de que la ciudadanía y las organizaciones comunitarias reclamen e, incluso, recurran a los tribunales frente a decisiones que vulneren los derechos y garantías de la población.
La Ley de Permisos Sectoriales cambia, además, el papel de los servicios del Estado. Permisos específicos que anteriormente debían solicitarse ante el organismo público correspondiente pasan a operar mediante declaraciones juradas.
El Estado renuncia a prevenir y se limita a reaccionar cuando el daño o el incumplimiento pueden haberse producido.
Este proceso se instaló especialmente durante la última etapa del gobierno de Gabriel Boric y comenzó a traslaparse con la nueva administración. Apenas asumió el actual gobierno,
fueron retirados de la Contraloría 43 decretos relacionados con decisiones ambientales que se encontraban en la última fase de tramitación, es decir, en la toma de razón. Muchos de ellos eran resultado de largos procesos de elaboración de normas, planes de descontaminación o declaraciones de áreas protegidas. Posteriormente, algunos fueron repuestos, pero la mayoría no, por lo que varias decisiones continúan en suspenso.
Entre ellas se encuentra la norma sobre arsénico en el aire para zonas donde existen fundiciones de cobre.
Se trata de una regulación que debió dictarse hace más de veinte años y cuya postergación provoca graves problemas de salud en las poblaciones que viven cerca de esas instalaciones, en su mayoría del Estado. El sector minero ha presionado para impedir que estas normas se dicten y cuando la regulación estaba a punto de concluir su tramitación en la Contraloría General de la República fue incluida entre los decretos retirados.
Menos evaluación ambiental, más garantías para la inversión
A la implementación de la Ley de Permisos Sectoriales se suma una serie de normas adicionales. Algunas pueden dictarse mediante decretos supremos, directamente por la administración ejecutiva; otras utilizan los mecanismos regulares de elaboración normativa del Ministerio del Medio Ambiente o de sus servicios dependientes. En varias de estas decisiones existe un
trato preferente hacia el sector minero, sostenido por una fuerte inclinación política y económica a favor de esta actividad.
Un ejemplo es la reciente
modificación del Reglamento de Seguridad Minera, que regula todo lo que ocurre dentro de una faena, desde las materias ambientales, la seguridad laboral hasta las distintas operaciones de un proyecto minero. De un conjunto de 25 autorizaciones, 21 que antes requerían solicitar al servicio competente un permiso específico fueron transformadas en declaraciones juradas. En una actividad con altos riesgos ambientales, sociales y laborales, se transfiere la confianza al sector privado. Basta con declarar ante una notaría que se actuará correctamente y se respetará la normativa. El cambio alcanza actividades particularmente delicadas, como el uso y transporte de explosivos.
La misma modificación eleva de 5.000 a 10.000 toneladas mensuales el rango que define a la pequeña minería. Como consecuencia, una mayor cantidad de faenas puede incorporarse a esa categoría ampliada y acogerse a un sistema simplificado de declaración minera.
Deja así de enfrentar una serie de exigencias y pasa a un procedimiento de notificación muy sencillo para obtener sus autorizaciones de operación. En Chile, sin embargo, algunas actividades consideradas pequeñas o medianas constituyen operaciones mineras de gran importancia.
En el marco de las modificaciones a los reglamentos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), impulsadas por el gobierno anterior, también dejó a los
data centers con la posibilidad de entrar en operaciones sin requerir evaluación. Los impactos ambientales de la mayoría de estas infraestructuras ingresaban a evaluación no por su uso de agua o energía sino por la cantidad de diésel que acopian. La modificación normativa permite almacenar 12 veces más diésel (hasta 1 millón de litros) sin necesidad de evaluar el impacto ambiental del proyecto que acopie esa cantidad de combustible. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió el 24 de julio su primer pronunciamiento que exime a un centro de datos de ingresar al SEIA, presentado por DC Terranova SPA, ubicado en la comuna de Buin, región Metropolitana.
Actualmente, se tramita una
nueva modificación del SEIA de tres artículos. Uno de ellos cambia el parámetro que obliga a un proyecto minero a ingresar al sistema, del límite actual de 5.000 toneladas mensuales se eleva a 40.000 toneladas, es decir, se multiplica por ocho.
Otro artículo amplía el parámetro para los proyectos de exploración que deben someterse a evaluación. Desde la Región de Coquimbo hacia el norte, actualmente deben ingresar los proyectos con 40 sondajes; la propuesta eleva el límite a 160. En el resto de las regiones, donde hoy deben ingresar los proyectos con 20 sondajes, el umbral aumenta a 40. Esta modificación reglamentaria se encuentra en tramitación y el plazo para presentar observaciones se extiende hasta el
11 de septiembre de 2026.
El TC puso un límite, pero la ofensiva continúa
Estos antecedentes muestran por qué el fallo del Tribunal Constitucional, pese a su importancia,
no agota el análisis. La eliminación de la indemnización por resoluciones de calificación ambiental anuladas modifica uno de los componentes más graves del diseño original. Es un límite institucional significativo y confirma que las objeciones ambientales planteadas durante la tramitación tenían fundamento.
Pero la decisión no desmonta el conjunto de incentivos ni la orientación que sostiene la reforma.
La invariabilidad tributaria sobrevive, aunque acotada; la rebaja tributaria para las grandes empresas y otras medidas permanecen, y continúan avanzando los cambios administrativos y reglamentarios que reducen la evaluación previa y los espacios de participación. A su vez, Chile continúa inserto en una arquitectura global de protección a las inversiones que permite a las empresas recurrir al CIADI o a mecanismos
ad hoc establecidos en tratados de libre comercio.
Para los próximos siete años se anuncian más de 100.000 millones de dólares de inversión únicamente en el sector minero chileno. En Argentina se hablaba de 140.000 millones de dólares para el conjunto del RIGI. La escala de las inversiones previstas para Chile revela que estas normas no son simples ajustes técnicos, ya que pueden transformar proyectos que en otras condiciones no serían rentables en
negocios altamente atractivos para las empresas, al reducir impuestos, exigencias, plazos y riesgos privados.
Por eso hablamos de radicalización neoliberal.
Existe una continuidad con elementos asentados durante la administración anterior, pero el gobierno de Kast los profundiza y los articula con una estrategia que busca acelerar y viabilizar grandes inversiones. El fallo del Tribunal Constitucional puso límites a algunas expresiones extremas de esa estrategia, pero no cambió su dirección.
La transición corporativa avanza sobre los territorios
Este proceso ya está generando
respuestas en los territorios, aunque muchas permanezcan invisibilizadas. Todavía no aparecen como parte de un movimiento amplio a escala de las distintas regiones, pero existe una gran cantidad de conflictos frente a nuevos proyectos y ampliaciones en el sector del cobre, a las iniciativas de explotación del litio y a la instalación de megaproyectos de energías renovables.
Bajo el modelo impuesto y la lógica corporativa de la transición energética, hoy proliferan los
conflictos entre grandes proyectos de inversión y las comunidades. La transición no puede calificarse de justa ni sustentable cuando reproduce la concentración económica, desplaza decisiones de las comunidades y transforma a determinados territorios en zonas de sacrificio.
La expansión se está trasladando incluso al mar. Existen
once megaproyectos de energía eólica en zonas oceánicas muy cercanas a las costas, especialmente en la Región del Biobío. Son grandes inversiones que buscan instalarse en espacios ya ocupados por pescadores artesanales y por otras actividades económicas relevantes.
También está el caso de las tierras raras. El proyecto de Penco es hoy la expresión más visible, pero la preocupación y la reacción comunitaria comienzan a multiplicarse en las regiones del Biobío, Ñuble y Maule debido a la gran cantidad de concesiones mineras. Estas iniciativas han sido promovidas por la política pública, incluyendo la entrega de subsidios por parte de Corfo.
El desafío es generar nuevas estrategias desde los movimientos territoriales y las comunidades para resguardar sus alternativas de vida. Ya
están surgiendo acciones y formas de articulación que buscan enfrentar este proceso. La defensa de los territorios tendrá que responder no solo a la megarreforma que permanece después del fallo, sino también a la desregulación cotidiana que avanza fuera de ella y que amenaza con convertir la excepción en la nueva regla de la política ambiental chilena.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Fuente:
https://radio.uchile.cl/2026/08/20/megarreforma-el-fallo-del-tribunal-constitucional-puso-limites-pero-no-detuvo-la-regresion-socioambiental/187
