- Palestina - Israel:09 de Octubre de 2026
La campaña de incitación israelí allana el camino para ataques a hospitales de Gaza, amenazando los medios de supervivencia de los palestinos
(euromedmonitor.org) - La creciente campaña oficial y mediática de incitación israelí contra los hospitales y centros médicos de la Franja de Gaza está allanando el camino para que se produzcan ataques contra las instalaciones sanitarias que aún quedan en pie. Su objetivo es privar a los palestinos de cualquier posibilidad de supervivencia y seguir sometiéndolos a unas condiciones de vida que conduzcan a su destrucción.
Imagen: La amenaza de Israel de atacar hospitales en Gaza puede indicar un ataque más amplio, dirigido principalmente a intensificar los asesinatos y los desplazamientos forzados. (Foto: Abdel Kareem Hana/AP)
El uso de afirmaciones infundadas para justificar tales ataques, después de tres años de destruir sistemáticamente el sistema de salud, indica una insistencia en continuar el genocidio impidiendo el restablecimiento de servicios esenciales para la supervivencia de las personas y eliminando la capacidad de salvar a los heridos y tratar a los pacientes.
Euro-Med Human Rights Monitor sigue con grave preocupación las amenazas emitidas por el ejército israelí el 6 de octubre. En una declaración en vídeo, el ejército afirmó que “Hamás continúa explotando centros e infraestructuras civiles con fines terroristas, especialmente hospitales e instalaciones médicas”, pero no proporcionó pruebas que respalden estas acusaciones.
Esto repite el enfoque que ha seguido el ejército israelí desde el comienzo del genocidio: atacar preventivamente hospitales mientras hace acusaciones indocumentadas que los vinculan con la actividad militar. Luego utiliza esas acusaciones como pretexto para bombardear, asaltar e inutilizar hospitales, presentando la destrucción sistemática de la atención sanitaria como operaciones contra objetivos militares, incluso cuando el sistema sanitario de la Franja de Gaza ya no puede resistir nuevos ataques o perturbaciones.
Las continuas amenazas a las instalaciones médicas, tras tres años de destrucción sistemática del sistema de salud y a pesar del conocimiento de que privar a la población de tratamiento conduce a muertes, indican la intención específica requerida para el genocidio
|
En los últimos dos días, el ejército israelí publicó seis mensajes incitando contra hospitales y centros médicos en Gaza, incluida una publicación con un vídeo el miércoles. Afirmó haber rastreado a dos personas presuntamente afiliadas a Hamás que salían del Hospital Kamal Adwan en el norte de la Franja de Gaza. Según el ejército, uno de ellos transfirió artefactos explosivos desde el interior del hospital y los colocó cerca de la Línea Amarilla para atacar a sus fuerzas.
Las imágenes publicadas no proporcionan pruebas suficientes para fundamentar el relato del ejército. No identifica la ubicación de la persona mostrada cerca de los escombros ni su conexión con el Hospital Kamal Adwan, ni lo muestra saliendo del hospital o sacando dispositivos del mismo. La calidad de la imagen también hace imposible verificar lo que está manipulando o concluir definitivamente que está colocando un artefacto explosivo. Luego, las imágenes pasan a una toma diurna de un edificio destruido no identificado, sin mostrar su ubicación ni establecer una conexión con el clip anterior. Estas lagunas espaciales y temporales impiden que las imágenes combinadas sirvan como prueba de que la persona abandonó el hospital o de que los supuestos dispositivos fueron trasladados desde su interior.
El ejército israelí basa su acusación contra el hospital en una serie de conclusiones que no están respaldadas por el material publicado: primero, interpreta el movimiento de la persona como la colocación de un artefacto explosivo; luego, afirma que el artefacto fue transferido desde el interior del hospital; y finalmente, utiliza esa afirmación para acusar a la instalación de uso militar. Cada conclusión requiere pruebas, y repetir acusaciones no reemplaza la falta de pruebas.
Incluso si se demostrara que alguien llevó a cabo un acto militar fuera del hospital, eso por sí solo no probaría que la instalación médica se utilizó más allá de su función humanitaria para cometer actos perjudiciales para el enemigo, ni convertiría automáticamente al hospital en un objetivo militar. Por lo tanto, el uso del vídeo para justificar el ataque al hospital se basa en las acusaciones del ejército en lugar de la verificación requerida por la ley.
La secuencia de estas afirmaciones, junto con las acusaciones generalizadas de que las instalaciones médicas están siendo utilizadas con fines militares, sugiere un esfuerzo organizado para prepararse para atacarlas. Este esfuerzo presenta las instalaciones de tratamiento y rescate como sitios de combate y presenta los ataques contra ellas como una necesidad militar. Euro-Med Monitor advierte que las amenazas podrían perturbar estas instalaciones incluso antes de un ataque, al impedir que los pacientes y los heridos lleguen a ellas, impedir el movimiento de equipos médicos, ambulancias y suministros, o provocar que las instalaciones suspendan algunos servicios por miedo a ser atacados. Esto podría interrumpir el tratamiento, retrasar intervenciones que salven vidas, aumentar el riesgo de muertes evitables y privar aún más a las personas de cuidados esenciales para su supervivencia.
El derecho internacional humanitario otorga protección especial a los hospitales en virtud del
artículo 18 del Cuarto Convenio de Ginebra, que exige el respeto y la protección de los hospitales civiles y prohíbe los ataques contra ellos. Las declaraciones del ejército israelí o las acusaciones de los medios de comunicación no eliminan esta protección: según el
artículo 19, un hospital pierde protección sólo si se utiliza, más allá de su función humanitaria, para cometer actos perjudiciales para el enemigo.
La protección solo podrá cesar tras haberse emitido la debida advertencia, fijando, cuando proceda, un plazo razonable, y siempre que dicha advertencia haya sido ignorada y los actos continúen. Atender a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas o de los grupos armados no constituye un acto perjudicial para el enemigo y no hace que un hospital pierda su protección.
Incluso si se cumplen las condiciones para perder la protección especial, no se permite automáticamente un ataque. Aún es necesario verificar que la instalación, o la parte pertinente de la misma, califique como objetivo militar, respetar la proporcionalidad y tomar todas las precauciones posibles para proteger a los pacientes, a los heridos y al personal médico.
Cualquier ataque deliberado contra hospitales o lugares donde se reúnen enfermos y heridos, cuando no son objetivos militares, constituye un crimen de guerra según el artículo 8(2)(b)(9) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las advertencias o acusaciones sin fundamento no hacen que tal ataque sea legal ni protegen a los responsables de rendir cuentas.
Cualquier ataque deliberado contra hospitales o lugares donde se concentran enfermos y heridos, cuando no se trate de objetivos militares, constituye un crimen de guerra con arreglo al
artículo 8, apartado 2, letra b), punto 9, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las advertencias o las acusaciones sin fundamento no hacen que dicho ataque sea lícito ni eximen a los responsables de rendir cuentas.
La destrucción deliberada de servicios de salud y la privación de medicamentos pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando se llevan a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento del ataque. Esos actos también pueden constituir exterminio en virtud del artículo 7 (
b) del Estatuto de Roma si las condiciones se imponen deliberadamente para destruir parte de la población y dar lugar a matanzas en masa, incluso privando a las personas de tratamiento y medicinas.
Las continuas amenazas a las instalaciones médicas, tras tres años de destrucción sistemática del sistema de salud y a pesar del conocimiento de que privar a la población de tratamiento conduce a muertes, indican la intención específica requerida para el genocidio. Atacan lo que queda de los medios de supervivencia de los palestinos e impiden el restablecimiento de los servicios necesarios para su supervivencia.
Estas amenazas, junto con el patrón de actos y declaraciones israelíes, indican además una intención de someter deliberadamente a los palestinos a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, lo que constituye un acto de genocidio según el artículo II(
c) de la Convención sobre el Genocidio.
Como potencia ocupante, Israel está obligado, en virtud del
artículo 56 del Cuarto Convenio de Ginebra, a garantizar y mantener establecimientos y servicios médicos, hospitales y salud pública en la máxima medida de los medios de que dispone. Esto incluye proteger el trabajo del personal médico y asegurar los suministros necesarios, en lugar de socavar la capacidad de funcionamiento de las instalaciones médicas.
Israel ha atacado deliberadamente la infraestructura médica como parte del genocidio en curso en la Franja de Gaza. Ha destruido o inutilizado más de la mitad de los principales hospitales y centros médicos, ha matado a más de 1.700 trabajadores sanitarios en los últimos tres años, incluidos médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios, y ha detenido a más de 330 personas más, 81 de las cuales siguen detenidas. Varios detenidos han muerto bajo tortura, entre ellos el Dr. Adnan Al-Bursh, uno de los cirujanos ortopédicos más destacados de Gaza. Detenido en el Hospital Al-Awda, en el norte de Gaza, fue asesinado en una prisión israelí en abril de 2024 después de cuatro meses de tortura.
Las Naciones Unidas y las instituciones internacionales, especialmente la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y el Comité Internacional de la Cruz Roja, deben cumplir con su responsabilidad de verificar las afirmaciones israelíes sobre los hospitales y las instalaciones sanitarias en la Franja de Gaza y exponer su posición de forma pública y transparente. Esto es especialmente importante porque sus equipos y personal están presentes regularmente en varios centros de salud de Gaza y tienen conocimiento directo de cómo operan y las condiciones en las que trabajan.
El grado de acceso sobre el terreno y el conocimiento directo del sistema de salud de Gaza de estas instituciones les imponen una mayor responsabilidad de impedir la aprobación de reclamaciones no verificadas que podrían utilizarse para justificar ataques contra instalaciones médicas y su personal, en particular a la luz de las severas restricciones israelíes que han limitado la entrada de suministros y equipos médicos y han mantenido las cantidades que entran en niveles extremadamente escasos.
Cualquier retraso en responder o esperar hasta que se produzcan ataques para emitir declaraciones de condena es muy preocupante. La protección de las instalaciones médicas requiere una acción preventiva urgente por parte de actores internacionales y organismos de la ONU para exponer la falsedad del pretexto, negar a Israel cualquier justificación ilegal para atacar lo que queda de la infraestructura sanitaria y evitar las consecuencias catastróficas de la continua incitación militar contra el sistema sanitario y los cientos de miles de civiles y pacientes a los que sirve.
La amenaza de Israel de atacar hospitales en Gaza puede indicar un ataque más amplio, dirigido principalmente a intensificar los asesinatos y los desplazamientos forzados, que han continuado a pesar del alto el fuego anunciado en octubre de 2025. Desde el anuncio, Israel ha matado a más de 1.470 palestinos y herido a miles más, lo que eleva el número de muertos y heridos en el genocidio a más de 74.200. Esto ha coincidido con la ampliación del control militar de Israel a más del 65 por ciento de la superficie total del enclave.
Más de 2,1 millones de palestinos, la mayoría de ellos desplazados, están entrando en su cuarto año bajo ataque directo y hambruna sistemática, confinados en una estrecha zona del oeste que no cubre más del 35 por ciento de la Franja de Gaza. A pesar de esta catastrófica realidad, los funcionarios israelíes siguen pidiendo abiertamente que se mantenga el bloqueo y se prive a la población de sus necesidades vitales para, en última instancia, eliminarlas, en un afianzamiento explícito del genocidio.
La comunidad internacional debe adoptar medidas urgentes y concretas para poner fin a la campaña israelí de amenazas e incitación contra las instalaciones médicas y prevenir ataques contra ellas. También debe aplicar presión política, diplomática y económica para obligar a Israel a proteger a los pacientes, los heridos, el personal médico y las ambulancias, y a detener cualquier orden u operación dirigida contra los centros de salud que viole el derecho internacional humanitario.
Israel debe abrir los pasos de control militar y eliminar las restricciones a la entrada de medicamentos, combustible, equipos y repuestos necesarios para operar hospitales. También debe garantizar que el personal humanitario y médico pueda entrar y garantizar la evacuación médica segura de los pacientes que necesitan tratamiento en el extranjero. Se deben implementar medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, incluida su orden del 28 de marzo de 2024 que exige que los suministros, la atención médica y los servicios esenciales que se necesitan con urgencia se proporcionen en gran escala y sin obstrucciones.
Todos los Estados deben dejar de suministrar armas, municiones, equipos y asistencia militar cuando exista un riesgo claro de que puedan utilizarse para violar el derecho internacional humanitario. También deben imponer sanciones específicas a los responsables de ataques al sistema sanitario. El deber de prevenir el genocidio exige que los Estados utilicen los medios de influencia de que disponen cuando saben, o deberían saber, que existe un riesgo grave de genocidio. Dicha medida no debe estar supeditada a una resolución judicial definitiva.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Comisión Internacional Independiente de Investigación deben investigar todos los delitos contra las instalaciones médicas, incluida la cadena de mando, las órdenes emitidas y la responsabilidad de emitirlas e implementarlas. Los Estados deben apoyar estas investigaciones y cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional ejecutando órdenes de arresto de conformidad con sus obligaciones legales, deteniendo cualquier apoyo militar o de seguridad que contribuya a ataques al sistema de salud e invocando la jurisdicción universal, cuando esté legalmente permitido, para procesar a los responsables.
Fuente:
https://euromedmonitor.org/en/article/7118/Israeli-incitement-campaign-paves-way-for-attacks-on-Gaza-hospitals,-threatening-Palestinians%E2%80%99-means-of-survival50
