- Chile:21 de Octubre de 2026
Calama: la riqueza minera y el abandono de quienes la sostienen
Lucio Cuenca Berger
Calama, conocida como la “capital minera del mundo”, sigue sin un Plan de Descontaminación Atmosférica vigente. Declarada zona saturada por material particulado MP10 en 2009, la ciudad y su área circundante han visto pasar gobiernos, anuncios y nuevas inversiones sin que el Estado asegure una respuesta efectiva a la contaminación. En un territorio decisivo para la extracción de cobre,
la protección de sus habitantes permanece sometida a plazos que se extienden y obligaciones que no se cumplen.
Los indicadores sociales permiten dimensionar esa distancia entre importancia productiva y condiciones de vida. Según el reporte comunal de la Biblioteca del Congreso Nacional, que recoge datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
la pobreza multidimensional alcanza al 20,4% de la población de Calama, frente al 17,7% nacional, bajo la metodología de Casen 2024. Los datos del Registro Social de Hogares de junio de 2026 muestran, además, que el 17,4% de las personas registradas vive en hogares carentes de servicios básicos, frente al 12,9% nacional, y que el 9,8% de los hogares presenta hacinamiento, frente al 7,8% del país. Estos dos últimos indicadores corresponden a la población y los hogares inscritos en ese registro.
La riqueza minera convive así con privaciones superiores a los valores nacionales en dimensiones fundamentales del bienestar. Esa coexistencia cuestiona el uso de las inversiones y la producción como pruebas suficientes de desarrollo. El balance que gobiernos y empresas hacen de la minería debe responder también por las condiciones de vivienda, los servicios y la protección ambiental de quienes sostienen esa actividad desde sus territorios.
Los hallazgos del Informe Final N° 528 de Contraloría permiten examinar cómo opera la postergación ambiental.
El problema central es el atraso en la dictación del plan de descontaminación. A ello se suman incumplimientos de CODELCO y deficiencias en la fiscalización de las medidas provisionales adoptadas ante la ausencia de ese instrumento. Según los antecedentes difundidos por Mega Investiga, la Superintendencia del Medio Ambiente no contaba con mecanismos para revisar sistemáticamente los reportes de tronaduras, responsables definidos ni alertas ante desviaciones. La auditoría identificó operaciones fuera de horario, jornadas con más de una tronadura y eventos bajo condiciones meteorológicas que no se ajustaban a los parámetros establecidos. También detectó retrasos y deficiencias en el control del polvo e inconsistencias en la información pública sobre calidad del aire.
La gravedad del atraso se comprende al considerar qué significa la declaración de zona saturada. En Calama, esta respondió a la superación de la norma anual de MP10, evaluada mediante el promedio de tres años.
Las normas primarias de calidad ambiental están destinadas a proteger la salud de la población. Su superación obliga al Estado a elaborar un plan que identifique las principales fuentes contaminantes y establezca medidas, responsables y plazos para reducir las emisiones hasta recuperar el cumplimiento de la norma. El instrumento también debe fijar las condiciones que tendrán que cumplir las actividades que se desarrollen en la zona.
Postergar el plan significa aplazar esas obligaciones de reducción y los límites específicos que deben aplicarse a las fuentes existentes y nuevas. El plan publicado en 2022 fue posteriormente anulado judicialmente, y el proceso reiniciado en 2024 continúa en elaboración.
Más de diecisiete años después de la declaración de saturación, el Estado no ha logrado sostener una respuesta que permita recuperar la calidad del aire. Las medidas provisionales deben contener la exposición durante esa espera; sus incumplimientos y la falta de fiscalización profundizan la desprotección.
Durante ese mismo período, la expansión minera ha seguido obteniendo autorizaciones. De acuerdo con el recuento de proyectos considerado para esta columna, entre el 20 de abril de 2009 y el 15 de octubre de 2026 se aprobaron quince proyectos mineros en la comuna de Calama, por una inversión declarada de US$7.370 millones. Entre ellos figuran cinco proyectos de distintas divisiones de CODELCO, por US$1.193 millones; dos de Minera El Abra, de Freeport-McMoRan y CODELCO, por US$745 millones; y uno de Minera Spence, de BHP, por US$1.652 millones.
Así, estas fallas tienen una consecuencia política.
Las empresas continúan operando sin que la autoridad verifique adecuadamente las condiciones impuestas para resguardar a la población. La fiscalización pierde su capacidad de limitar la actividad contaminante y las medidas ambientales quedan reducidas a compromisos cuya ejecución tampoco se controla oportunamente. Tratándose de CODELCO, la responsabilidad es doble. El Estado debe fiscalizar a una empresa de su propiedad y responder por las instituciones que omiten ese deber.
El aporte del cobre a las arcas públicas no lo exime de ninguna de esas obligaciones.
Los antecedentes sanitarios regionales refuerzan la urgencia de esa responsabilidad. El Atlas del Cáncer del Observatorio del Cáncer, elaborado con datos DEIS–MINSAL para el período 2002–2023, registra las siguientes tasas estandarizadas de mortalidad por cáncer de pulmón:
32,37 por cada 100.000 habitantes en la Región de Antofagasta, frente a 17,64 en la Región Metropolitana, 17,30 en Valparaíso y 12,34 en Biobío. Estas cifras regionales dan cuenta de un contexto sanitario que exige investigar las exposiciones y reforzar la prevención, en lugar de seguir aplazando la protección ambiental.
La comunidad organizada de Calama denuncia que esta situación expresa un abandono sistemático. Su declaración exige poner fin a las prórrogas del plan, establecer límites de emisión estrictos y vinculantes, responder las observaciones ciudadanas e investigar las responsabilidades administrativas. Reclama, además, fiscalización y sanciones frente a los incumplimientos, junto con una red de monitoreo que entregue información confiable. El emplazamiento apunta tanto a las empresas contaminantes como a las autoridades que han permitido prolongar esta situación.
La demanda tiene una larga historia. En abril de 2021, más de cuarenta organizaciones exigían al gobierno de Sebastián Piñera concretar el plan de descontaminación. Denunciaban doce años de espera y cuestionaban la protección de los intereses mineros por sobre la salud de las familias. Cinco años después, Calama vuelve a reclamar una respuesta.
La continuidad del conflicto bajo distintas administraciones revela una prioridad persistente en cuanto a asegurar las condiciones para producir cobre mientras se aplazan las restricciones necesarias para proteger a quienes habitan el territorio.
Esa prioridad ha transformado mucho más que el aire. En el taller “Voces del Loa: territorio, memoria y minería”, realizado por OLCA y la Coordinadora por la Defensa del Río Loa en junio de 2026, mujeres de organizaciones comunitarias e indígenas reconstruyeron la pérdida del oasis, el avance de las faenas y la desaparición de lugares que formaban parte de su vida cotidiana. Las participantes del pueblo Lickanantay recordaron las consecuencias de la extracción de agua sobre el cultivo y el pastoreo, y reafirmaron su decisión de permanecer en los pueblos del Alto Loa.
Estas memorias disputan la versión del territorio como una superficie disponible para la expansión extractiva. Donde la actividad minera identifica reservas, infraestructura y áreas de intervención, existen relaciones comunitarias, economías y ecosistemas que sostienen otras formas de vida. Su deterioro reduce las posibilidades de permanecer y trabajar fuera de la minería, reforzando la dependencia de la misma actividad que contribuye a desplazarlas. Así se consolida el extractivismo, ocupando el territorio y estrechando las alternativas de quienes lo habitan.
El proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra expresa la escala de la expansión propuesta, al contemplar US$7.500 millones, alrededor de cuarenta años adicionales de operación y un depósito de relaves de aproximadamente 5.900 hectáreas. Esta iniciativa es distinta de los proyectos previamente aprobados incluidos en el recuento anterior. En entrevista con OLCA, Andrea Vázquez Alfaro, dirigenta de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, advirtió sobre los impactos que podría añadir a la carga existente: afectación de biodiversidad y patrimonio, presión sobre los servicios y otro relave en una comuna que ya convive con Talabre.
Se proyectan décadas de explotación sobre un territorio cuyas medidas básicas de protección siguen pendientes. Evaluar cada ampliación de manera aislada permite perder de vista esa acumulación, como el aire contaminado, la presión sobre el agua, los residuos que permanecen y las condiciones de vida que se deterioran. Las comunidades reciben el conjunto de estos impactos, aunque los expedientes los distribuyen entre proyectos y titulares distintos.
La demanda internacional de cobre para la denominada transición energética corporativa intensifica esta presión. Calama es convocada a producir más para sostener cambios tecnológicos y energéticos cuyos beneficios se distribuyen lejos de las faenas, más precisamente para el Norte Global.
Bajo ese argumento, los daños acumulados corren el riesgo de convertirse en un costo aceptado de la expansión.
Desde OLCA respaldamos las exigencias de las comunidades de Calama. Cumplirlas requiere imponer límites efectivos a la contaminación y hacer que el daño acumulado pese en las decisiones sobre nuevas operaciones. Requiere también reconocer la capacidad de las comunidades para intervenir en el futuro de su territorio, más allá de presentar observaciones a proyectos ya definidos.
Mientras la expansión minera siga contando con mayores garantías que la salud, el agua y la permanencia de sus habitantes, la riqueza extraída de Calama seguirá sosteniéndose sobre derechos postergados.
Lucio Cuenca Berger, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)Fuente:
https://radio.uchile.cl/2026/10/21/calama-la-riqueza-minera-y-el-abandono-de-quienes-la-sostienen/87
