- Chile:04 de Noviembre de 2026
OLCA en la CIDH: la transición energética corporativa del Norte Global profundiza el extractivismo en Chile
En la reciente audiencia regional de la CIDH en Panamá, la investigadora Karen Ardiles Órdenes expuso cómo la demanda de cobre y tierras raras amplía la presión minera sobre territorios como Calama y Penco en el país. OLCA solicitó una visita de trabajo al norte de Chile y un pronunciamiento sobre la contaminación que afecta a niñas, niños y adolescentes de Calama.
Comunicaciones OLCA
¿Qué está cambiando con la transición energética y quiénes pagan sus costos? Con esa pregunta, Karen Ardiles, investigadora del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), intervino el 27 de octubre en la audiencia regional sobre los impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó de oficio la audiencia en Panamá, en el marco de su 197º Período de Sesiones.
Ardiles cuestionó que la transición minero-energética impulsada por las corporaciones y el Norte Global mantenga sus patrones de consumo mientras aumenta la presión sobre el agua, los salares, los bosques y las comunidades de los países productores. La demanda de minerales para baterías y tecnologías presentadas como limpias forma parte, además, de una disputa geopolítica por el control de materias primas estratégicas. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), articulación de la que OLCA es parte, la investigadora planteó la necesidad de preguntar también por el destino de esos minerales y su posible uso en industrias de defensa y seguridad.
En Chile, la expansión minera se apoya en reglas heredadas de la dictadura y en decisiones políticas que facilitan la inversión al mismo tiempo que debilitan la evaluación ambiental. La investigadora advirtió que, en los territorios, este avance está acompañado de prácticas que deterioran las relaciones comunitarias y de la estigmatización y criminalización de quienes defienden sus formas de vida.
De las aulas de Calama a la resistencia de Penco
En Calama y la cuenca del río Loa, décadas de minería del cobre han dejado una carga de contaminación que debe ser considerada al evaluar nuevas ampliaciones. Entre ellas figura el proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra, que busca extender la explotación por más de cuarenta años. La investigadora de OLCA contrapuso esa proyección con la demora del Estado en dotar a Calama de un plan de descontaminación, pese a que la ciudad y su área circundante fueron declaradas zona saturada por material particulado MP10 hace casi dos décadas.
Karen Ardiles mencionó un estudio reciente que identificó metales potencialmente tóxicos en el polvo de escuelas de Calama. A ello se suma el informe de Contraloría que constató la dilación administrativa en la tramitación del plan. Frente a esa demora, preguntó ante la Comisión si se trata de ausencia del Estado o del peso que tiene la industria minera en las decisiones públicas.
En el Biobío, presentó el caso del proyecto de tierras raras de Minera Aclara en Penco. Recordó que la comunidad rechazó el proyecto en una consulta ciudadana en 2022 y que, pese a esa oposición, la iniciativa obtuvo su aprobación ambiental en 2026. Ardiles situó el caso en un escenario de expansión de las concesiones mineras en Maule, Ñuble y Biobío, donde el interés empresarial por las tierras raras abre nuevas disputas por el uso del suelo y el futuro de los territorios.
El derecho de los territorios a decidir
La investigadora llevó a la audiencia una distinción política planteada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. La red habla de “minerales de sacrificio” para poner en primer plano los costos que la expansión minera impone a las comunidades y, en particular, a las mujeres. La investigadora llamó a reconocer cómo se intensifican las violencias patriarcales en los territorios mineros y el impacto emocional que tienen la estigmatización y la criminalización sobre quienes defienden la tierra y el agua.
OLCA pidió a la CIDH que inste al Estado de Chile a garantizar los derechos a la vida, la salud, el agua, el trabajo y un ambiente sano. También solicitó aplicar el principio de no regresividad en la evaluación ambiental, incorporar los impactos acumulativos y sinérgicos de la minería y avanzar en una ley que reconozca y proteja a las personas defensoras ambientales e indígenas, con perspectiva intercultural y de género.
Para Calama, OLCA solicitó que la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez investigue y se pronuncie sobre la contaminación que afecta a niñas, niños y adolescentes. También pidió una visita de trabajo de la CIDH y de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales al norte de Chile.
Para OLCA si los territorios aportan el agua, la tierra y los minerales que sostienen la transición energética corporativa, sus comunidades y pueblos indígenas deben tener poder para decidir sobre los proyectos que comprometen su futuro.
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