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07 de Mayo de 2004

Ralco-Endesa: Entre el nuevo (mal)trato y el olvido de siempre

Lucio Cuenca Berger

Endesa pensó que el país le agradecería que la Central Ralco entre en funciones lo antes posible. La crisis del gas es la coyuntura apropiada para re-legitimar un proyecto tan cuestionado. Es por esto que durante mayo decidió iniciar por adelantado la inundación de la represa sin respetar las medidas exigidas respecto a un sitio patrimonial. Pensaron sin duda que la coyuntura del gas haría pasar desapercibida esta omisión.

El año 1997 la Dirección Ejecutiva de la CONAMA, autorizó la Central Hidroeléctrica Ralco bajo una serie de condiciones y exigencias de mitigación, restauración y compensación para su construcción y funcionamiento. Las medidas se relacionaban con la alteración de recursos arqueológicos e históricos y entre otros sitios se menciona el cementerio de Quepuca - Ralco, ilegalmente inundado por la empresa hace pocos días. La misma resolución estableció dos años de plazo para la implementación de estas medidas desde junio de 1997, fecha de vigencia de la Resolución Ambiental. Endesa debía contar con un Programa de Auditoria Ambiental Independiente, adicional a las fiscalizaciones habituales que por ley corresponden a la Dirección Ejecutiva de la CONAMA para proyectos evaluados dentro del SEIA y de carácter interregional.

La primera responsabilidad en velar por el cumplimiento de la medida de mitigación o restauración del cementerio de Quepuca Ralco, la tiene la Dirección Ejecutiva de la CONAMA. Sin embargo, llama la atención que la resolución otorga dos años para implementar estas medidas y este incidente se produce a seis años y medio desde que se otorgó la calificación ambiental a Endesa. Está claro que para el caso, ambos mecanismos de fiscalización fallaron.

Aunque hay aspectos que estaban relacionados con las permutas que se firmaron entre las últimas familias, el Gobierno y Endesa, estas medidas siempre estuvieron en las compensaciones y reparaciones que la empresa debía realizar. El Ministro Francisco Huenchumilla elude su responsabilidad al culpar a los servicios públicos de otros ministerios sobre este "olvido, negligencia e irresponsabilidad", en consecuencia que la CONAMA depende directamente de él. El gobierno posteriormente ha reconocido su error pero nadie ha dicho como se dará cumplimiento a la medida de rescatar y trasladar el cementerio inundado.

También le cabe responsabilidad al Consejo de Monumentos Nacionales que, en este y otros casos donde se ve comprometido el patrimonio natural, arqueológico e histórico del país, este organismo tiene incumplidas atribuciones. Sin la menor contemplación, el Consejo permite nuevamente que se afecte el patrimonio nacional alargando la lista de proyectos de inversión donde ha autorizado la remoción o intervención de sitios protegidos por ley, bajo su jurisdicción, sabiendo que prácticamente no tiene capacidad de fiscalizar. Es un organismo centralizado y que en definitiva no cumple la ley para lo cual fue creado.

Por otro lado, Endesa conociendo esta medida, la cual condicionaba la construcción y funcionamiento de la represa, comenzó ilegalmente la inundación del embalse bajo el pretexto de la existencia de una descoordinación o negligencia por parte de los Servicios del Estado. Como hasta ahora ha sido su costumbre, Endesa hace lo que quiere y no tiene límites que coarten su actuar.

Son las mismas autoridades que no dudan en pedir la aplicación de la Ley Antiterrorista o de Seguridad Interior del Estado contra dirigentes mapuche. En este caso, el Estado de derecho no funciona cuando los agredidos son los mapuche y quien arremete es una empresa como Endesa.

por Lucio Cuenca Berger *
Coordinador Nacional Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

(Publimetro, 7 de Mayo del 2004 )

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