• El respeto a la soberanía y la libre determinación de los pueblos, especialmente en el respeto a la vida preexistente de las comunidades y formas de desarrollo tradicionales.
  
  
• Que los conflictos socioambientales trasciendan lo local y se posicionen como problemas de nivel nacional e internacional.
  
  
• Un cuestionamiento categórico y la realización de acciones concretas en orden a que Latinoamérica deje de ser proveedor de recursos naturales del primer mundo, que es la base de la desigualdad e injusticia en la que viven nuestros pueblos.
  
  
• La anulación de los instrumentos jurídicos que permiten el saqueo ambiental y social (TLC, Tratado minero binacional Chile-Argentina, IIRSA, sistemas administrativos de permisos ambientales); a la par de crear y fortalecer los instrumentos interamericanos en orden de solucionar con prontitud y eficacia los conflictos que requieren tramitación urgente.
  
  
• Que el modelo de desarrollo no se sustente en la explotación de las comunidades, sobre todo, las más vulnerables y que deben su subsistencia a su medio ambiente.
  
  
• Que el poder de decisión respecto al destino y uso de los territorios radique en las comunidades locales.
  
  
• Planificación estratégica, democrática y participativa del ambiente y el territorio.
  
  
• A las autoridades un compromiso probo y transparente sobre el agua considerado como un bien común y un derecho humano.
  
  
• Justicia ambiental y social.

Santiago, Jueves 8 de noviembre de 2007