Industria de Celulosa en la cuenca del Río Itata

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El historial sancionatorio del complejo forestal Nueva Aldea de Celco

Fuente: www.tribunadelbiobio.cl

En los últimos dos años, enfrentó tres expedientes sancionatorios por parte de la Corema, incluyendo la paralización de obras que estaban en proceso de evaluación ambiental.

Fue el 26 de enero de 2001 cuando el Consejo de Ministros de la CONAMA aprobó el estudio de impacto ambiental del Complejo Forestal e Industrial Itata, que un año antes, el 27 de enero de 2000, había sido rechazado por la Comisión Regional del Medio Ambiente del Bío Bío.

En esencia se trata de un complejo integral que incluye una planta de trozado, un aserradero, una planta de remanufactura y la celulosa, ubicado en la localidad de Nueva Aldea, comuna de Ránquil, en pleno valle del Itata.

La iniciativa de Celulosa Arauco y Constitución nunca contó con el pleno respaldo de la comunidad, en especial de los pequeños productores de la zona que sentían que sus productos se verían seriamente afectados.

Pero finalmente el proyecto salvó hasta las barreras judiciales y las obras pudieron iniciarse. Sin embargo, a poco andar Celco demostró que su actitud no es precisamente de responsabilidad social al ser objeto de al menos tres expedientes sancionatorios por parte de la Corema, además de una paralización de sus actividades.
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Tales trasgresiones fueron detectadas en el curso de fiscalizaciones coordinadas por la CONAMA del Bío Bío a las distintas faenas que se ejecutaban en el complejo. Es así como por resolución exenta 111 del 2 de junio de 2004 se dio inicio al proceso para determinar responsabilidades y establecer sanciones conforme al artículo 64 de la Ley de Bases del Medio Ambiente (referido a la fiscalización) respecto al proyecto CFI Itata.

Los incumplimientos detectados se referían a obligaciones y compromisos relacionados con la entrega oportuna con la entrega de un plan de manejo de residuos generados en la etapa de construcción; cortar ciertas especies, restaurar vegetación nativa; rescatar y repoblar oportuna y adecuadamente fauna con problemas de conservación; implementar medidas de armonización paisajística y adoptar medidas para el resguardo del patrimonio arqueológico.

Iniciado el proceso sancionatorio y conocidos los descargos presentados por Celco, el 13 de agosto de 2004, la Corema del Bío Bío decide aplicar sanciones a la empresa por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, que se tradujeron en una amonestación y seis multas que suman 1.600 UTM. Se impusieron además otras obligaciones de carácter técnico referidas al ruido, armonización paisajística y sitios arqueológicos. En el expediente respectivo se anota que “el titular cumplió con los resuelvos del RE 169/2004.

El 30 de agosto de 2004 Celco ingresó un nuevo proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental referido a Obras Nuevas y Actualizaciones del CFI Itata, que fue calificado favorablemente mediante la resolución exenta 76/2005 del 10 de marzo de 2005.

Hubo más fiscalizaciones coordinadas por la CONAMA, registradas el 16 de diciembre de 2004, con visitas a la planta de Terciados y las obras de la fase 1; y el 3 de enero de 2005 cuando se visita el estero Velenunque y las dos piscinas de acumulación de residuos industriales líquidos.

Pero Celco saldría con otra sorpresa. El 12 de enero de 2005 mediante la resolución exenta Nº 17, la Corema del Bío Bío abre dos nuevos expedientes sancionatorios en contra de Celco, y como medida cautelar dispone la paralización de las obras de construcción de la planta de celulosa Nueva Aldea (entonces había cambiado de nombre) ya que éstas correspondían al proyecto “Obras nuevas y actualizaciones del CFI Itata” que estaba en proceso de evaluación de impacto ambiental.

Las razones invocadas por la Corema fueron: construir la planta de trozado, el aserradero y la planta térmica (Fase I del CFI Itata) bajo dimensiones que recién se contemplan en el EIA que actualmente se encuentra en evaluación de impacto ambiental; por modificarse el sistema de tratamiento de aguas servidas durante las fases de construcción y de operación (CFI Itata); y por operar el proyecto en forma distinta a lo descrito en la Declaración de Impacto Ambiental, en materia de tratamiento de aguas servidas (Planta de Terciados).

El resultado de estos procesos sancionatorios fue la aplicación de una amonestación y una multa de 200 UTM por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental del CFI Itata, mientras que en el caso de la planta de Terciados sólo se aplicó una amonestación. Más adelante, con la aprobación del EIA del proyecto en trámite, las obras se retomaron.

Accidente radiactivo

Pero el Complejo Nueva Aldea no ha dejado de estar presente en la pauta noticiosa. El 14 de diciembre del año pasado una nueva noticia sorprendió. Esta vez no se trataba de un vertimiento ilegal o del incumplimiento de las resoluciones de la Corema, esta vez se trataba de algo verdaderamente inesperado y también grave: al menos cuatro trabajadores que laboraban en el complejo habían resultado afectados por la radiactividad en un extraño accidente que aún se investiga.

Se trataba de una pastilla de iridio 192 que se desprendió de un equipo usado para medir la calidad de las soldaduras. Y aunque no se trataba de personal de Celco, sino de una empresa contratista, Echeverría Izquierdo, el asunto igual involucraba a la polémica celulosa.

De los cuatro trabajadores más afectados, uno debió ser enviado a Francia para un tratamiento más integral, mientras que los otros tres deben someterse a controles periódicos en la Mutual de Seguridad. Pero el accidente causó una sicosis entre los demás trabajadores que empezaron a exigir controles médicos más exhaustivos. A tanto llegó el miedo, que el 10 de febrero, 119 empleados presentaron una querella en contra de Celco y la empresa contratista con el patrocinio del abogado Alex Quevedo. Esta acción se suma a otras dos presentadas con anterioridad.

Además está en curso una investigación que lleva adelante la fiscal de Quirihue, Ana María Aldana, que ha decretado una serie de diligencias para fundamentar un delito contemplado en la Ley de Seguridad Nuclear, las que incluyen interrogatorios a más de 400 personas.

Por todo lo anterior, queda más que claro lo difícil que le resulta a la comunidad confiar en una empresa como Celco y eso que aquí no se ha mencionado lo ocurrido en Valdivia con la planta de San José de la Mariquina y los impactos negativos que por años han padecido los pescadores de la zona del Golfo de Arauco.

Por Tribuna del Bío Bío
Concepción, 23 de febrero de 2006.-