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Fuente: www.cedhu.org 19 de Junio de 2006

INTAG: TESTIMONIOS EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA TIERRA

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Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

En la provincia de Imbabura, cerca del cantón Cotacahi, se encuentra ubicada la localidad de Intag, es ahí en donde desde hace más de 10 años se libra una batalla contra la ilegalidad, el abuso y el desprecio a la vida que encarna la explotación minera, actividad a la que el propio Ministerio de Energía y Minas ha dado un baño de legalidad.

Este Ministerio, amparado en la protección que tiene en el país el inversor extranjero, ha pasado sobre el derecho de los pueblos a la auto determinación, el derecho a la protección de un área ecológica (declarada por decreto), y sobre todo al derecho que tienen los pobladores de Intag a que se les consulte sobre un tema que tiene tanta trascendencia para su desarrollo.

Ya en 1997, la comunidad de Intag se pronuncia mayoritariamente en contra de la explotación minera, amparados en los resultados del estudio de impacto ambiental que no deja dudas acerca de la contaminación que la explotación minera supone, la cual afectaría a las principales vertientes que proveen de agua a la comunidad, efectos que tendrían consecuencias sobre todo en la actividad agrícola, básica para la supervivencia de la zona.

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, el Ministerio de Energía y Minas otorgó dos conseciones a la transnacional canadiense Ascendant, pasando por alto varios preceptos de orden legal. Desde entonces la batalla del pueblo de Intag contra la arbitrariedad se ha ido desarrollando y se ha constituido desde varios frentes, pero sin duda el principal ha sido la unión de la gente y la firmeza de sus dirigentes.

Polibio Pérez, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario de Intag, señala que entre los derechos que se ha irrespetado, está el derecho a ser tomados en cuenta en el proceso de concesión, “yo creo que aquí un derecho fundamental del cual hemos partido es el derecho a la consulta, no hay consulta y la consulta es previa a las concesiones” , y el asunto se agrava si tomamos en cuenta la denuncia del dirigente, “en este momento quieren hacer pasar una consulta, cuando en realidad están comprando conciencias, cuando están pagando, están contratando trabajadores, entonces yo creo que es una clara violación y por eso es la reacción.”

En lo que respecta al estudio del impacto ambiental, Pérez es muy enfático en afirmar la ilegalidad y la turbulencia con la que se está manejando este estudio, la denuncia va en el sentido de que se lo está realizando fuera del área de conseción: “...el estudio de impacto ambiental fue hecho a control remoto, porque para que esos términos de referencia se elaboren tenían que consultar a la gente de Junín, a la gente de Cerro Pelado, Barcelona y El Triunfo, que son los que están dentro de la concesión, que conocen más la realidad, no se ha hecho, se están cogiendo datos que son muy afuera del área de concesión, entonces esto es ilegal”. Además cabe destacar que un estudio realizado por investigadores japoneses ha llegado a hablar de una “desertificación del suelo en toda la zona de Intag” , el mismo estudio señala que las reservas hídricas existentes, no son suficientes; con la acción de la minera, este proceso se vería acelerado

La división en la comunidad, entre los propios campesinos, ha llegado a niveles en los cuales ya se habla de separatismos, la dirigencia acusa a la Ascendant de promover la confrontación entre los propios inteños, a fin de conseguir una coartada para la posible militarización de Intag: “se está contratando a gente con la finalidad de enfrentarnos entre propios inteños, entre propios campesinos para lograr su objetivo, para mañana o pasado aparecerse ante el mundo y decir : hay un conflicto en Intag, hay un conflicto en Junín, hay dos o tres muertes y hay que militarizar, eso es lo que buscan, yo creo que eso tenemos que estar plenamente concientes y siempre estar pendientes de esto, porque esto no puede pasar acá, nosotros, nuestra propuesta es defender nuestras tierras, defender el futuro de nuestros hijos, las futuras generaciones...”

La Ascendant ha incurrido además en una grave trasgresión legal, al utilizar a niños de escuelas y colegios, los cuales son incitados a firmar a favor de la compañía en agradecimiento a ciertas “asistencias” que la empresa ha hecho a dichos establecimientos educativos (computadoras, material didáctico, materiales de construcción, etc. ); claramente ilegal: se están usando firmas de menores de edad y se están cobrando favores de una manera inmoral. Una madre de familia señala: “...han recibido muchas cosas de los señores de la compañía, por ejemplo las computadoras, nos explicaba que en realidad aquí como nos creen demasiado en el campo, como que nosotros no vamos a conocer las computadoras… todo eso, entonces nos explicaba que dando gracias a los mineros habían obtenido las computadoras para el colegio, entonces era un adelanto para el colegio; de acuerdo, muchísimas gracias si nos van a dejar las migajas… bueno, de acuerdo, podemos aceptar también, pero no estoy de acuerdo que por esas computadoras que habían dejado, por esas pocas cosas que dejan los mineros exijan a nuestros hijos que firmen a favor de ellos.”

En lo que respecta a la venta de las tierras, se ha cometido una nueva ilegalidad. La minera se ha empeñado en acaparar casi la totalidad del área, los propietarios inclusive se han visto privados de poder utilizar las vías que por derecho les han pertenecido, “ellos hicieron por otra parte el camino y ellos quedaron sin camino, porque les dicen que si es que apoyan a la empresa, les daban la oportunidad de que sigan ocupando el camino, como ellos no quisieron les quitaron.” En el caso del INDA, Polibio Pérez señala que se están entregando títulos de propiedad a través de terceras personas, títulos que posteriormente van a parar a manos de la compañía minera: “se expiden títulos de propiedad, con la única finalidad de entregar a una transnacional, porque es sorprendente la cantidad de títulos que tiene la empresa Accedan Copper, vuelvo a repetir, ellos dicen no habrá contaminación, que la minería es compatible con la agricultura, pero yo creo que no lo es, por eso es la intención y la ambición de comprarse cada vez más tierras”.

Oscar Cultir (Presidente Proyecto Turismo Comunitario - Junín), denuncia la existencia de “veedores”, encargados de infiltrarse en las familias y recolectar firmas de menores de edad, estas personas pertenecen a la misma comunidad y aprovechan su situación para realizar este trabajo.

La división en Intag se ha dado de tal forma, que incluso los médicos que atienden el Dispensario señalan que no pueden emitir un criterio, ya que al pronunciarse por una u otra posición, las personas que están a favor de la minera no se atenderían con ellos, en el Dispensario que es gratuito, sino que se atenderían con médicos traídos por la minera, con los cuales pagarían dos dólares por la consulta.

El tema minero en la localidad de Intag, está matizado por la desinformación y la confusión en la gente, no se puede pasar por alto la condición eminentemente agrícola de esta zona, existe gente que está siendo obligada a desocupar sus campos, a empezar su vida desde cero. Este es el problema primordial, se está hablando aquí de la protección del medio ambiente, del derecho de los pueblos a vivir en paz, y a que no se rompa esa armonía en aras del afán de lucro de unos cuantos.

La lucha del pueblo de Intag es una lucha justa que los dignifica, porque no hay nada que eleve más al ser humano que aspirar a un medio ambiente sano, en un mundo donde no se toleren las injusticias.