Las comunidades en el desierto capitalista

- Bolivia:
Otra vez el TIPNIS

22 de Abril de 2012

Las comunidades en el desierto capitalista

Se viene la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y por la reconducción del proceso. La novena marcha se efectúa en contraposición a la ley 222, promulgada por el presidente, pretendiendo el gobierno instalar una consulta extemporánea y que no cumple con la estructura conceptual y normativa de los convenios internacionales ni de la Constitución.

Naciones Unidas ha tenido un papel ambiguo, haciendo declaraciones como que después de todo está bien la consulta, trayendo además una delegación canadiense de naciones unidas que dicen que la consulta puede hacerse, haciendo algunas modificaciones en la ley 222 que mudaría los tiempos. Estas descolocadas declaraciones, sin ninguna consideración del contexto y de la coyuntura, de la Constitución y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados, sin evaluar la historia de las últimas marchas indígenas y las contradicciones inherentes al proceso, terminan apoyando la autoritaria imposición del gobierno de un cuestionario que incorporan dos preguntas que le interesan al ejecutivo, la pregunta sobre intangibilidad y la pregunta sobre la carretera. Incluso en el protocolo de la consulta el gobierno fuerza un cuestionario induciendo la decisión por la carretera. Protocolo que contó con la complicidad de la gente del CONISUR, que nada tiene que ver con la TCO del TIPNIS, por donde pasaría la carretera.

A estas alturas del conflicto es indispensable volver a hacer una evaluación, pues las preguntas sobre el tema son reiterativos: ¿Qué hay detrás del conflicto? ¿Por qué insiste el gobierno? Ahora podemos introducir otras preguntas más: ¿Qué papel juega Naciones Unidas? ¿De qué se trata todo este juego de rescindir el contrato con OAS, manteniendo en suspenso, como una espada de Damocles, la construcción d la carretera? Vamos a tratar de responder a estas preguntas, recordando también lo que ya escribimos en otros textos, sobre todo en La guerra de la madre tierra[1]. Ahora trataremos de concentrarnos no sólo en los intereses en juego y en las relaciones de poder, así como en el carácter del gobierno y el modelo extractivista por el que optó, sino buscando profundizar en el análisis de los despliegues de fuerza, combinadas con poses de consulta, comprometiendo a veedores de Naciones Unidas.

La estrategia ha cambiado, por lo menos el estilo; se ha renunciado al ataque violento y descalificador a la dirigencia indígena, buscando más bien dividir las fuerzas de las organizaciones indígenas, comprometiendo a dirigentes medios y de base, incluso a regionales indígenas. Buscando presionar a las comunidades del TIPNIS con visitas de la armada y de funcionarios que entregan regalos, obsequios, antenas celulares, motores, con el objeto de comprometer su decisión por la carretera. Incluso ahora el sobrevuelo del presidente por el territorio del TIPNIS y visitas intempestivas a las comunidades.

Estas incursiones por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa, estas visitas por helicóptero a las comunidades, han causado malestar y en algunos casos el efecto de disuasión. Sabemos que sólo por este despliegue se anula y se deslegitima la operación de consulta gubernamental, pues contraviene las clausulas y requisitos de la consulta, la misma que no puede estar hecha bajo presiones y cohechos. Empero, ahora, no se trata de ahondar en estos aspectos que deslegitiman la consulta oficial, sino de comprender un poco mejor por qué lo hacen, por qué insisten, por qué se arriesgan en un juego peligroso.

Un argumento vertido por un senador ha sido el que no se debe desechar la consulta y el derecho a la consulta, por eso hay que ir adelante y ponerse de acuerdo en su implementación. Este argumento parece inocente, tal como se lo plantea, contrastando con el contexto, la coyuntura, la historia misma del conflicto. Es fácil argumentar de esa manera desentendiéndose de las contradicciones inherentes. Sobre todo desentendiéndose de la voluntad y decisión del gobierno de construir la carretera. El argumento es un dispositivo discursivo más para lograr un efecto, la construcción de la carretera. No hay ninguna desinteresada pregunta por la carretera a las comunidades del TIPNIS, se hace la pregunta con la intensión de lograr una respuesta inducida, la aceptación de la carretera.

¿Es tan importante esta carretera para el gobierno? Han dicho que es importante para la vinculación interdepartamental; en esta tónica se utilizado el argumento de una geopolítica en desmedro de la oligarquía de Santa Cruz. ¿Por qué no se hace por otro lado la carretera? ¿Realmente una carretera le quitaría a la Oligarquía cruceña el control que tiene sobre el Beni? ¿No será más bien otro tipo de geopolítica, una más antigua, que se restaura; la geopolítica anti indígena de los grupos vinculados a la economía política del extractivismo, sus mapas, sus circuitos, sus expansivas relaciones con el mercado y el capital, ahora absorbidos por la creciente hegemonía asiática, particularmente de China. ¿No será parte de esta geopolítica extractivista la propia expansión de la frontera agrícola del monocultivo de la coca, vinculada a la economía política de la cocaína? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Por los actores involucrados en el conflicto?

Sarela Paz nos muestra en un ensayo la relación de la carretera en cuestión con el modelo extractivista [2]. La relación de la expansión del monocultivo de la hoja de coca con la extracción de minerales e hidrocarburos, la concomitancia de estas formas económicas extractivas en el marco de una economía rentista. Este es el fondo del problema, la estructura y el desenvolvimiento mismo del modelo extractivista. En este tema entran en concordancia las grandes empresas trasnacionales, la burguesía boliviana, los agroindustriales, los nuevos ricos, con los estratos campesinos vinculados al monocultivo, sobre todo al monocultivo de la coca. Siendo los campesinos el bloque social de apoyo del gobierno, se entiende que el tema de la expansión agrícola es parte de la agenda del gobierno.

Lo que no se entiende, a primera vista, es por qué las organizaciones campesinas y el gobierno optaron por afectar a los territorios indígenas y no a los latifundios de los terratenientes. ¿Por qué renunciaron a la reforma agraria? ¿Por qué prefieren pelearse con los indígenas originarios y no con los terratenientes? ¿Cuál es pues la estructura de poder en Bolivia? Este tema ha sido delicado desde la aprobación de la Constitución en Oruro, donde estaba claro el mandato de la reforma agraria. La revisión de la Constitución por parte del Congreso Constitucional llevó a anular la reforma agraria al establecer que la afectación no iba a ser retroactiva a las tierras saneadas. Más tarde, la Cumbre Social de diciembre de 2011 propone la suspensión del saneamiento de tierras por cinco años, es decir sin aplicar la exigencia de la función económica y social. ¿Quiénes se benefician? Obviamente los terratenientes. ¿Por qué se hace la alianza con ellos y se descarta a los indígenas?

La pelea con las oligarquías regionales de la llamada “media luna” terminó con su derrota en Pando, después de la masacre de El Porvenir. ¿Por qué después de esta derrota no se pasó a la reforma agraria? ¿Tienen mucha fuerza los terratenientes? ¿Tienen poder económico? ¿Controlan el territorio? ¿En sus manos está la producción agrícola y agroindustrial? ¿Cuál es la textura de estas relaciones? Estas preguntas tienen que relacionarse con la opción misma del gobierno en lo que respecta a la estructura agrícola, agropecuaria y agroindustrial. ¿Por qué el gobierno desconfía de las comunidades indígenas y campesinas para garantizar la seguridad alimentaria?

Las decisiones del gobierno parecen responder a un pragmatismo llevado a extremos y a un realismo político exacerbado. Parece que el presupuesto latente es que las comunidades indígenas y campesinas no pueden garantizar la seguridad alimentaria, por lo tanto lo sensato es mantener la producción de los grandes propietarios. Esta decisión del gobierno boliviano no está de ninguna manera alejada de la tomada por el gobierno progresista de Brasil; allí ocurrió lo mismo, la renuncia a la reforma agraria.

No hay que descartar de ninguna manera que ciertos estratos de medianos y pequeños productores, por lo tanto, ciertos estratos campesinos, entren en afinidad con la burguesía agraria debido a la características mismas de la economía agraria vinculada a la economía capitalista. Por ejemplo, en el caso de la soya se vinculan terratenientes, propietarios latifundistas, arrendatarios brasileros que expande la geografía de la soya, avanzada en Brasil, Argentina y Paraguay; también se involucran medianos y pequeños productores bolivianos [3]. El interés de todos ellos es garantizar el desenvolvimiento de la economía de la soya y en este sentido la expansión de la frontera de la soya; esto debido a su carácter depredador.

Otro cultivo de importancia que agrega a pequeños, medianos y grandes productores es el del arroz. En este caso, los llamados colonizadores, juegan un papel importante. El apoyo del gobierno a los pequeños y medianos productores coadyuva a fortalecer la economía del arroz, sin descartar la participación de los grandes productores. Se puede decir que alrededor de 72 mil familias trabajan en el cultivo de arroz, desde la producción hasta la comercialización. En los últimos treinta años la superficie cultivada con arroz ha venido creciendo paulatinamente. En la década de los setenta se llegó a cultivar hasta unas 50 mil hectáreas; en tanto que en el 2008 se supera ya las 140 mil hectáreas. Empero hay que anotar que en los últimos años la expansión de la superficie cultivada se ha detenido; muchos agricultores decidieron sembrar soya, caña u otros cultivos en vez de arroz [4].

Otro producto de gran importancia, sobre todo para la exportación, es la castaña, aunque esta no es una producción agrícola propiamente hablando, sino más bien es de recolección. En esta economía de la castaña se ha formado una estructura que incorpora en la base a las castañeras, que son mayoritariamente obreras contratadas por las empresas, incluso organizadas en forma sindical. Por otra parte están los empresarios castañeros, los intermediarios, los circuitos comerciales, el sistema financiero y de créditos, pues este mercado es mundial. Bolivia exporta el 85% de la castaña mundial.

Como la castaña se encuentra en los bosques, también en la economía de la castaña se encuentran comprometido propietarios y comunidades indígenas. A diferencia de lo que ocurre con el arroz, en este caso el control del comercio internacional lo hacen los grandes empresarios. El gobierno ha organizado una empresa pública de la castaña (EVA), que hasta ahora no ha dado resultados ni ha podido, por lo tanto, romper el control empresarial privado de la castaña. Este es uno de los pocos casos de los mencionados dónde las trabajadoras castañeras entrarían directamente en conflicto con la empresas, pues se hallan sometidas a una super-explotación y sin gozar de todos los derechos de los trabajadores. En los otros casos vemos que los pequeños productores más bien se encuentran en alianzas, aunque sean coyunturales, con los grandes productores agrarios. En todos estos casos vemos los avances y la expansión de los circuitos comerciales y de las formas de producción agraria, articuladas a la economía capitalista.

Otro rubro agrario importante y con historia es el de la caña de azúcar. En este caso tenemos empresas azucareras que abastecen principalmente al mercado interno, aunque también exportan. Todas estas empresas son privadas, incluyendo a la empresa azucarera de Bermejo, que fue privatizada en el periodo neoliberal. El gobierno ha decidido establecer una empresa pública, construyendo un gran ingenio azucarero en San Buena Aventura, empero todavía faltan años para su funcionamiento. En el caso de la caña de azúcar tenemos por un lado a los propietarios y accionistas, por el otro lado a los zafreros que atienden la zafra de la caña cuando corresponde, produciéndose migraciones estacionales de trabajadores.

También debemos contar con los obreros de los ingenios, los técnicos, los ingenieros y los funcionarios. Los zafreros se hallan sometidos a formas de trabajo intensos sin gozar tampoco de beneficios laborales. Aquí también encontramos contradicciones inmediatas entre estos trabajadores temporales y los empresarios del azúcar. Tenemos una relación concomitante entre tenencia de la tierra, plantación de caña y producción de azúcar. Hay pues una economía del azúcar [5].

Todas estas economías, la de la soya, la del arroz, la de la castaña, la del azúcar, formar parte de la economía capitalista agraria en Bolivia, que parece encontrarse otra vez en expansión, en una coyuntura económica reactivada por el crecimiento y desarrollo capitalista de la China. Tan fuerte es el crecimiento de la China, como potencia industrial, tecnológica, militar, incluso financiera, que ha incorporado a su espacio de irradiación, influencia y control a América Latina, sobre todo a Sud América. La inmensa necesidad de minerales por parte de China ha reactivado fuertemente la economía minera en Sud América, los gobiernos sudamericanos han abierto espacios de inversión a los capitales chinos, incluyendo los hidrocarburos. Los productos manufacturados chinos invaden los mercados sudamericanos y no tienen competencia por sus bajos costos. La emergente potencia industrial de Brasil ha volcado toda su mirada al mercado Chino, aunque piense vincularse a través de la venta de alimentos y materias primas, renunciando en parte a la competencia industrial, insostenible con China.

El proyecto de integración económica y comercial sudamericana (IIRSA) tiene como perspectiva el mercado asiático. Como se puede ver, estamos en una coyuntura donde el modelo extractivista se ha reactivado y reforzado debido a la demanda china, aunque no únicamente. Este capitalismo dependiente se encuentra nuevamente en expansión. Como se dijo, el extractivismo minero e hidrocarburífero es plenamente congruente con la economía agrícola de los monocultivos, basados en la expansión de la frontera agrícola, aunque también con la economía recolectora de la castaña que ha enfocado su “industria” a la exportación. En estas condiciones es de esperar que la tendencia efectiva sea esta, la de la expansión del capitalismo en el agro, entrando rápidamente en contradicción con otras formas de organización económicas, basadas en la propiedad comunitaria.

Sin pretender completar un cuadro panorámico de los órdenes de relaciones de los productos agrarios, ni mucho menos, sino tan sólo ofrecer un dibujo que resalta ciertos síntomas de la cuestión agraria, vamos a bosquejar también la composición social y económica en torno a otros bienes significativos, como el de la quinua; también decir algo sobre la papa en la economía campesina. En contraste, es indispensable mostrar también lo que pasa con la ganadería, sobre todo bovina. Por último, también es menester un dibujo rápido del papel de la economía maderera.

El cultivo de la quinua se extiende por el Altiplano Norte, Central y Sur, por los Valles interandinos y en los Salares existentes en el sur, que se caracterizan por tener un clima templado. El cultivo rinde mejor en lugares áridos y semiáridos, con influencia de la radiación solar. El cultivo de la quinua ha venido creciendo paulatinamente, la superficie cultivada se ha extendido notoriamente y se estima que ha llegado a más de 50.000 hectáreas en el Altiplano.

La población comprometida con el cultivo de la quinua se estima que llega a unos 70.000 productores en el Altiplano Norte, Centro y Sur, de los cuales aproximadamente 15.000 productores están vinculados a su comercialización interna como externa. El resto de los cultivadores son familias que producen principalmente para autoconsumo y el intercambio familiar. De acuerdo a los datos del INE dados el 2008, la superficie cultivada habría alcanzado 51.382 has., generando aproximadamente 23.654 TM de quinua. Se estima que el valor de la producción llegó a $us. 52.748.420, de los cuales se exportaron de manera oficial 10.300 TM, con un valor de $us 23.308.900 de Quinua Real. El consumo del mercado interno se estima en 4.350 TM con un valor de $us 7.920.500 [6].

Hay siete empresas principales en la exportación de la quinua, una asociación de productores, una cooperativa y las demás son empresas privadas. Como se puede ver el acopio y la intermediación juegan un papel importante en el control y monopolio del comercio de la quinua. Los productores asociados y los de la cooperativa abren una perspectiva distinta en la economía de la quinua, a diferencia de las empresas privadas, sobre todo por la participación de los productores en la exportación. Sin embargo, la expansión del cultivo de la quinua no ha escapado a la concentración de tierras y a los efectos del monocultivo, arrastrando a otros productores y entornos al mismo fenómeno.

De todas maneras no se nota de manera inmediata una contradicción visible entre cultivadores y acaparadores de la quinua; por lo menos las diferencias no habrían llegado a configurar un conflicto. En el caso de la quinua se puede hablar de la ampliación de la frontera de la quinua, convirtiendo las tierras dedicadas a otros cultivos en exclusivas para la quinua. Esto produce una transformación de le economía campesina y de algunas comunidades. La quinua forma parte de circuitos comerciales importantes, participando de manera diferencial y particular en la expansión de la economía agraria capitalista.

La papa se cultiva en aproximadamente 179.407 hectáreas distribuidas en siete departamentos, con una productividad estimada de 5,2 toneladas métricas por hectárea; de donde el 81 por ciento corresponde al altiplano y valles, en tanto que el resto se cultiva en zonas subandinas. De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se señala que en los siete departamentos productores de papa se cultivan 935.862 toneladas métricas; de esta producción 6.532 toneladas son cultivadas en Santa Cruz. El consumo del mercado interno llega a 490.000 toneladas de papa, de las cuales la industria demandó 26.000 toneladas. Cochabamba tiene el mayor registro del consumo per cápita anual con 151 kilos por habitante, luego La Paz con 66 kilos y Santa Cruz 54 kilos. La producción de papa genera un valor anual superior a 148 millones de dólares; de este monto al eje central corresponden 51,1 millones por un consumo de 237.000 toneladas.

La población involucrada en el cultivo de papa llega a más de 203.000 familias. Sin embargo, el país no es autosuficiente en papa, por lo que se importa papa para cubrir la demanda; principalmente de Perú y Argentina. La papa también es industrializada por unas 300 empresas, que en su mayoría son informales, 46 microempresas, 8 pequeñas y 7 medianas. Todas procesan entre 210 y 260 toneladas métricas por año. Del total de empresas que industrializan este tubérculo, el 70 por ciento produce papas fritas en bolsa y pellets de papa, en tanto que 27 por ciento fabrica sopas, fécula o almidón, galletas, chuño y tunta embolsados [7].

En el caso de la papa, también se articula una cantidad significativa de pequeños productores, así como también grupos importantes de medianos productores. No se puede hablar de un monopolio del comercio de la papa, pues su mercado está abierto y es accesible a los pequeños productores, aunque si se puede mencionar a los intermediarios que terminan controlando la comercialización de la papa. De todas maneras podemos decir que el cultivo de la papa puede identificarse de manera más propia a la economía campesina, debido a una mayor participación de las familias de pequeños productores.

En este caso no hablamos de una economía capitalista que termina concentrando las ganancias en unas cuantas empresas monopólicas, sobre todo por su relación privilegiado con el comercio, sino que estamos hablando de múltiples vínculos con el mercado, de alguna manera controlados por intermediarios. Lo que muestra más la reproducción de la economía familiar que la formación de grandes ganancias. No se puede sostener la tesis de la economía mercantil simple, tesis abstracta y sin contrastación empírica, que servía más para sostener el modelo teórico que para explicar la realidad. La producción de la papa genera ganancias que son apropiadas primordialmente por los intermediarios, también genera las condiciones de la reproducción campesina, así como aporta a la alimentación de las ciudades, sosteniendo su consumo a precios todavía accesibles.

La economía de la papa nos muestra la complejidad del mercado, donde se insertan economías con un perfil más claramente capitalista, así como también economías campesinas basadas en estrategias de diversificación, distribución y complementariedades entre formas de trabajo familiar y comunal. El sentido de estas otras economías no está tanto en la ganancia como en la propia reproducción, en la posibilidad de la diversificación, así como también la combinación de formas de trabajo. Anotar esto es importante para cuando discutamos las economías en el TIPNIS [8].

En lo que respecta a la economía ganadera, nos vamos a concentrar en el ganado bovino, dejando pendiente los otros ganados. La población de bovinos ocupa gran parte del territorio del país, a veces en forma mezclada con otras especies ganaderas y en combinación con la agricultura; sin embargo, la mayor parte de la población se encuentra asentada en el trópico. El año 2003 se estimó que el ganado bovino llegaba 6,5 millones de cabezas. Esta cantidad de ganado se concentra mayoritariamente en el Beni, un 73%, después en Santa Cruz, un 25%, en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se distribuye un 18%, en tanto que en la región del Altiplano de La Paz, Oruro y Potosí se distribuye un 9%, quedando un 1% para la Amazonia de Pando [9].

La concentración y el monopolio de tierras en relación a la ganadería bovina, sobre todo en el oriente boliviano, es fuerte. Se da una situación dual, por una parte una tendencia al minifundio que condena a gran parte de la población rural, por otra parte, en contraposición, una tendencia al latifundio, concentrando la tierra en pocas familias de terratenientes. Haciendo un balance de la reforma agraria Gonzalo Colque, director de la fundación Tierra, escribe:

Ante la necesidad de más tierras, la Reforma Agraria de 1953 fue completada con los programas de asentamientos emprendidos por el Instituto Nacional de Colonización (INC), entidad que promovió movimientos migratorios de cerca de 70 mil familias desde las tierras altas hacia las zonas cálidas como San Julián, Alto Beni o Chapare. También el Gobierno impulsó la “marcha al oriente”, cuyos fines eran vertebrar el occidente con el aislado oriente boliviano y desarrollar una política agropecuaria de diversificación y sustitución de nuestra dependencia de alimentos importados.

La historia reciente es conocida. La reforma fue abandonada por el Estado y una ola ilegal de acaparamiento de tierras surgió en el oriente boliviano, alentada por la permisiva dotación de hasta 50 mil hectáreas de tierra a cambio de una simple expresión de buena voluntad del interesado para producir alimentos o criar ganado. En 1996 fue aprobada la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para corregir estas distorsiones, pero sin éxitos notables, excepto el reconocimiento de territorios a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas.

El MAS tiene una relación estrecha con esta historia de la revolución del MNR, en cuanto a causa-efecto y paralelismo político. El control del “voto campesino” que perdió el MNR pasó a manos del MAS, no sólo con base en los sindicatos agrarios existentes sino, principalmente, sustentado por los colonizadores transformados en productores de la hoja de coca. En sus inicios, el MAS retomó la agenda pendiente de la política de tierras.

Planteó la anulación del sistema latifundiario de las tierras bajas; la redistribución y dotación de tierras estatales sólo a favor de comunidades y únicamente de forma colectiva; y la reversión de grandes propiedades improductivas. Al igual que el MNR, canalizó el descontento de campesinos e indígenas hacia una propuesta de reconducción de la reforma agraria.

Entre los años 2006-2010, el MAS tuvo el acierto de acelerar la titulación de los territorios indígenas, pero renunciando a una mirada integral y estratégica. Se enfrascó en una inútil batalla por demostrar que titulaba más millones de hectáreas de tierra que gobiernos anteriores cuando lo importante no son las hectáreas, sino el número de personas beneficiarias con tierras productivas, en otras palabras, la democratización en el acceso a la tierra y la anulación simultanea de minifundios y latifundios.

En menos de cinco años el MAS abandonó su reforma agraria, al igual que el MNR, aunque este último no lo hizo tan rápidamente. Ambos partidos, una vez que capitalizaron el voto rural, dejaron al margen de sus preocupaciones la política de tierras y se concentraron en beneficiarse con la cooptación campesina para sus intereses partidarios de mantenerse en el poder.

La actual estructura agraria dual de minifundio y latifundio tuvo su origen en las deficiencias de la Reforma Agraria de 1953 y no fue encarada por el Gobierno actual. A esto hay que añadir nuevos elementos de relevancia del agro boliviano: el modelo de la agroindustria de exportación, con especial énfasis en el monocultivo de la soya; el fenómeno de los monocultivos de tierras altas destinados a la producción de quinua de exportación; y la economía de la hoja de coca en las zonas de colonización [10].

Como se puede ver, estamos ante el fracaso de la reforma agraria, en lo que respecta a su proyección a largo plazo, además de tener un panorama de reversión de la reforma agraria ante la expansiva concentración de la tenencia de la tierra, y en contraste la expansión de un proliferante minifundio. Esta situación ha buscado su salida por medio de la colonización y la migración desde occidente a tierras bajas, fenómeno que presiona por la ampliación de la frontera agrícola y ahora entra en conflicto con tierras comunitarias de origen (TCOs). La ganadería bovina abastece al mercado interno, aunque también ya ha ingresado a los flujos de la exportación. Esta economía ganadera es capitalista, aunque mantiene las formas de la cría del ganado en forma extensiva, ocupando grandes cantidades de tierra, que podríamos decir son quitadas a la agricultura y destinadas a la ganadería, también cantidades de tierra desforestadas, acabando con los bosques para destinarlos a este rubro. La ganadería tal como se la aplica en Bolivia es depredadora. La economía ganadera que articula a propietarios ganaderos, técnicos, vaqueros, capataces y peones, se enfrenta a las comunidades, debido a la presión que ejerce hacia la ampliación de fronteras.

En Bolivia hay 53 millones de hectáreas de cobertura forestal, de las cuales 5.399. 278 hectáreas se encuentran concesionadas, bajo el derecho forestal de Concesión Forestal de Tierras Fiscales[11]. Hay como 275 empresas madereras, de las cuales el 88% corresponden al eje central. Estas empresas funcionan en conexión con el mercado internacional; se podría decir que son típicamente extractivista por su papel en la desforestación y también depredadoras por atentar contra la desaparición de especies y bosques.

Las concesiones forestales y sus entornos de expansión, pues afectan también a los espacios colindantes, utilizando la corrupción y la prebenda comprometiendo a personas, incluso comunidades indígenas, en esta destructiva actividad de la desforestación en aras del negocio maderero, entran con conflicto con los territorios indígenas debido a su irradiación destructiva y sus efectos contaminantes. En algunos casos, como en el TIPNIS y el bosque Chiman, se instalan en los alrededores y presionan para afectar estos territorios protegidos por leyes ambientales, por la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. La presión del negocio maderero también forma parte de la composición del conflicto del TIPNIS.

Como se puede ver en esta revisión panorámica de la economía agraria y forestal en Bolivia, como parte del modelo extractivista, que cuenta como columna del modelo al extractivismo minero e hidrocarburífero, esta economía capitalista periférica, conformada por una variedad de formas, presiona para la ampliación de la frontera agrícola, comprometiendo tanto a poblaciones, por así decirlo, expulsadas por el minifundio, como a terratenientes, empresarios, agro industriales, que tienen el mismo interés de extender la frontera agrícola y maderera, así como extender las concesiones hidrocarburíferas para su exploración por empresas trasnacionales.

Frente a esta expansión, como resistiendo se encuentran formas de economía alternativas y tradicionales, primordialmente configuradas en las comunidades indígenas y territorializadas en los llamados territorios indígenas. Se puede decir que en Bolivia el universo de los territorios indígenas es de más de 200, podríamos decir, 203; de los cuales, 84TCOson tituladas, 31 tienen títulos pero su proceso aún no ha concluido, 13 tienen ya algo de titulación y 75 Tierras Comunitarias de Origen en proceso.Las posibilidades de una economía étnica, de una economía comunitaria y de economías alternativas se encuentran en estas formas comunitarias de propiedad, se encuentran en estos espesores culturales y de biodiversidad. Estas TCOs se han convertido en los baluartes de la resistencia a la expansión diversa del capitalismo, sobre todo a su modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Es a partir de estos núcleos y del contexto en el que se mueven que debemos volver analizar el conflicto del TIPNIS.

Economía comunitaria y economía étnica en el TIPNIS

En adelante trataremos de dibujar las características de las economías alternativas que se dan en el TIPNIS, sobre todo bosquejar la economía étnica, tal como la nombra Sarela Paz, así como la economía comunitaria y emprendimientos alternativos que buscan mantener el equilibrio ecológico. Según Sarela Paz la economía étnica que forma la base productiva y reproductiva de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxejo trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca, recolección y agricultura. Los tres pueblos indígenas realizan las cuatro actividades con sus matices. Por ejemplo, las familias indígenas yuracares y chimanes desarrollan agricultura en la selva alta y se caracterizan por sostener una agricultura de carácter agroforestal; en cambio, los mojeño trinitarios han desarrollado más destrezas agrícolas en la región de los bosques inundables, sin manejar demasiadas parcelas agroforestales pero incorporando las regiones de sabana a su sistema productivo. La economía étnica que caracteriza a estas comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS[12].

Dicho acoplamiento es optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería, recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un área de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades de cacería, recolección y pesca[13].

Lo que se viene en llamar economía étnica viene a ser la herencia de los pueblos amazónicos en su vinculación con los bosques y los ríos, en su relación con los animales y los peces, también en lo que respecta a sus prácticas de recolección. Esta economía étnica ha introducido la agricultura de subsistencia como parte de la ampliación de su espectro alimenticio, también ha incursionado en el negocio de los lagartos y el chocolate, además del turismo comunitario. Ya en este contexto podemos hablar de una economía comunitaria basada en la propiedad comunitaria del territorio, en las gestiones comunitarias del bosque y de los recursos, en la combinación de actividades que empero tienen como eje articulador al territorio comunitario, a las comunidades, a la afinidad de los pueblos que habitan el TIPNIS, a la organización y estructuras comunitarias, así como a sus formas asambleístas y comunitarias de representación, afiliadas a las grandes organizaciones indígenas, regionales y del país.

Una descripción más detallada nos ofrece Sarela Paz:

La economía étnica de la zona responde centralmente a las necesidades de reproducción de las familias indígenas, es un modelo económico que tiene como eje el garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, por eso muchos la reconocen como una economía de subsistencia. La gran condición para su existencia es que el bosque y sus bienes no sean parcelados ni individualizados. Las bases materiales de su reproducción como sistema económico están en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden las familias indígenas, son de propiedad colectiva, por tanto, su gestión es una gestión compartida entre las distintas comunidades. En el caso de la actividad agrícola, los sistemas agroforestales son de beneficio familiar y se traspasan de una generación a otra en base a lazos consanguíneos. Las familias indígenas respetan el trabajo incorporado en los sistemas agroforestales y por eso el acceso es familiar y consanguíneo. En cambio el resto de las actividades, la cacería, recolección y pesca, se desenvuelven en los bosques comunales e intercomunales del territorio. De ahí el carácter de su propiedad colectiva.

Así, el modelo económico que se desenvuelve entre las comunidades indígenas ubica a los bienes del bosque en un sentido de articulación integral. La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace ver que la selva alta es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles son tan importantes como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el bosque son tan importantes como los frutos de la agricultura o los recursos acuáticos. En ese sentido, la economía étnica antes que responder a las necesidades del mercado responde a las necesidades de las familias indígenas[14].

Se trata, como se puede ver, de una economía no destinada al comercio, aunque en algunos casos use los circuitos comerciales, sino enfocada en la perspectiva de la reproducción de las comunidades, que implica también el control territorial comunitario de los bosques, de las aguas y de los suelos. Se trata de lograr la reterritorialización comunitaria, el control comunitario del territorio, de lograr formar redes y tejidos sociales que encaminen la relación con el bosque, los ríos, los suelos, los animales y las plantas de otra manera, en una perspectiva no depredadora. Se trata de lograr una relación constructiva con el Estado y el resto de la sociedad, en la perspectiva del horizonte abierto por la Constitución.

Hay que mirar a las comunidades del TIPNIS como un campo de posibilidades en la perspectiva de proyectos alternativos. Deshacerse de esa mirada despectiva y modernista de la que se ha hecho cargo el gobierno, viendo en las comunidades del TIPNIS pobreza y falta de desarrollo, pobreza que es también notoria en otras poblaciones y pueblos que cuentan con carretera. El gobierno se ha entrampado en una lógica ideológica, en la defensa desesperada de legitimar un proyecto pragmático discutible. No se da cuenta que el camino tomado es también su caída; otro estilo de gobiernos, ya conocidos, pueden hacerlo igual, peor o mejor, pues lo que se hace es repetir con la continuidad del modelo extractivista.

La responsabilidad del gobierno no era repetir lo mismo, aunque con matices y hasta con diferencias, sino hacer algo radicalmente diferente, comenzar la ruptura con el estilo y forma de Estado liberal, salir definitivamente del modelo extractivista. El gobierno no se da cuenta que los que resisten al modelo extractivista son precisamente los que materialmente se sitúan en la perspectiva del horizonte abierto por las luchas sociales y por el proceso constituyente. Claro que es difícil poder conciliar y concordar intereses en una transición, pero la tarea es que hay que proponerse hacerlo, sin desechar la posibilidad del consenso y los acuerdos. Es indispensable primero salvaguardar a las comunidades, a los territorios indígenas, pues son la base material de la posibilidad del Estado plurinacional.

Sobre esta base claro que es importante atender los intereses de los demás, incluso si se encuentran insertos en los circuitos de la economía capitalista periférica. Plantearse distintas líneas de transición y de transformación, acordando y discutiendo los recorridos con todos los involucrados. Ante tanta responsabilidad no es posible renunciar a la construcción participativa de la transición y de las transformaciones, no se puede optar por una línea impuesta desde el gobierno, por más pragmática que se crea que es, pues esta opción es ya el encierro del gobierno en los esquemas fosilizados de la administración pública separada de la sociedad. Esto no es otra cosa que escoger la condena de repetir las lógicas de la razón de Estado, de las estructuras de poder cristalizadas, de las relaciones de poder que atraviesan los cuerpos.

Es muy triste ver la escena dramática cuando los gobiernos populares o progresistas se enfrentan con su pueblo enarbolando la bandera del progreso, de la razón de Estado, de la supuesta defensa del proceso contra los fantasmas de una derecha desaparecida o maltrecha. Es muy triste pues este es el síntoma que muestra que otra vez el poder nos ha vencido, ha aplastado nuevamente las posibilidades de otro decurso, de otro desplazamiento inventado por la potencia social. Es impresionante constatar que todas las revoluciones han sido hundidas por sus propias contradicciones, también es sorprendente constatar que los gobiernos encargados terminan aplastando a sus propias vanguardias; este es el punto de inflexión hacia el despeñadero. No hay que olvidar que los indígenas originarios son la vanguardia de este proceso, aplastarlos va significar la muerte misma del proceso.

En lo que respecta a los ecosistemas que componen el TIPNIS es importante tener en cuenta la re-categorización concertada entre organizaciones indígenas y el SERNAP. Sarela Paz dice que:

El 2001, como parte de una acción concertada entre las organizaciones indígenas y el SERNAP, se inicia la re categorización del Parque Nacional, formulándose nuevas formas de gestionar el área protegida. Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en tres zonas: 1º zona núcleo de extrema protección y conservación de la biodiversidad, susceptible de usarse para fines de investigación e ingresos fortuitos de caza y recolección por parte de las familias indígenas, 2º una zona de uso tradicional que permite el desenvolvimiento de la economía étnica y 3º una zona de uso sostenible de recursos que permite proyectar los planes de desarrollo comunitario en base a planes de manejo a) forestal, b) de cuero de saurios, c) turismo ecológico y d)agroforestal con chocolate nativo. La zona de uso sostenible de recursos se ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades. [15]

Tres regiones de un complejo ecosistema sostenido por la economía étnica y la economía comunitaria de moxeños, chimanes y yuracares. ¿Podría mantenerse este equilibrio si una carretera parte el territorio indígena y parque? Como dice Sarela Paz, se quebraría el control territorial por parte de las comunidades indígenas y se ingresaría a otro tipo de control, del Estado y de otras economías, fuertemente ligados a los circuitos devastadores del capitalismo periférico. La pregunta ante la clara intensión y voluntad de gobierno de construir la carretera es: ¿Se tiene alguna idea de lo que implica el Estado plurinacional? Precisamente el pluralismo, la condición plurinacional, conciben la posibilidad institucional de la convivencia de naciones y pueblos, de culturas, de sociedades, de formas plurales institucionales, de economías diferentes, sobre todo de proyectos civilizatorios distintos. La voluntad política de construir la carretera es una muestra evidente de que sólo se quiere el Estado-nación, la homogeneidad del Estado liberal, la continuidad de la colonialidad, la continuidad de la desarticulación de la cohesión y la institucionalidad cultural de los pueblos indígenas.

Ciertamente no es fácil resolver los desafíos que plantea la transición, empero es una tarea ineludible; no es fácil establecer y construir el pluralismo institucional que sirve no sólo como base material del Estado plurinacional, sino como conexiones entre sociedades y pueblos, entre economías y proyectos. No es fácil detener la compulsión de las formas de economía capitalista periféricas; sin embargo, es un mandato constitucional salir del modelo extractivista e ingresar a un modelo productivo y producente, en principio de economía plural integral y complementaria, para avanzar a una economía social y comunitaria, que incorpora condicionantes ecológicas en la perspectiva del vivir bien. Es a esta tarea a la que se renuncia cuando se quiere imponer una carretera, que se dice que es de integración interdepartamental.

Como puede verse el conflicto del TIPNIS ha ventilado las contradicciones inherentes al proceso y los limites de un gobierno populista, amarrado a una concepción nacionalista del Estado y atrapado en la gravitación del modelo extractivista. Por eso también el TIPNIS se ha convertido en un símbolo de las resistencias y de las luchas por la reconducción del proceso. Esta es la razón del por qué la defensa del TIPNIS convoca a los sectores populares de las ciudades, a las organizaciones de los trabajadores, a los jóvenes que haces sus primeras armas en la experiencia política. En el fondo hay una conexión entre la defensa de la madre tierra y la perspectiva de otra forma, contenido y expresión de ciudad.

Hay que pelear también por las ciudades del vivir bien, por transformar las ciudades que se han convertido en infiernos para niños, jóvenes, familias y ciudadanos. Las ciudades actuales son ciudades de violencia; múltiples violencias cotidianas deambulan y conforman una atmósfera asfixiante. No son ciudades donde los niños puedan deleitarse y crecer placenteramente, donde se pueden formar libremente, liberando sus talentos y potencialidades. No son ciudades donde los jóvenes puedan encontrar los espacios de creación, salvo si rescatan reductos donde se esconden para escapar e inventar otro micro-mundo, aunque sea por un tiempo perentorio. No son espacios donde las familias y las redes sociales puedan realizarse con desenvoltura. Al contrario, son ciudades donde hay que luchar para sobrevivir. Por eso, el imaginario del TIPNIS en los urbanos que salieron a defender y recibir a los marchistas indígenas de la VIII marcha es como una esperanza verde, la esperanza en que otros hábitats son posibles.

Lo que ha faltado en la Constitución es la incorporación de esta otra perspectiva urbana, una urbe ecológica, una urbe como espacio de emancipaciones y liberaciones, una urbe como consenso arquitectónico y estético. Lo que también falta en el proyecto de la ley de la madre tierra es esta otra configuración de la ciudad del vivir bien. Esta es una tarea pendiente para los urbanos.

Al contrario de lo que dice el gobierno en sus mensajes desarrollistas, hay que aprender de las comunidades indígenas esta su economía étnica y economía comunitaria, esta otra forma de compartir y relacionarse con la naturaleza. No hay nada que enseñarles, menos llevar las escuelas disciplinarias y modernistas, menos llevarles la burocracia de los hospitales y clínicas. Que no es lo mismo que renunciar a la educación y a la salud; al contrario se trata de encara una educación y formación intercultural, así como se trata de encaras un salud integral, eficiente, abarcadora, adecuada a los perfiles epidemiológicos locales y sus geografías humanas.

El desafío de la Constitución es la enseñanza en lengua madre, la formación intercultural, la constitución de sujetos y subjetividades interculturales, no individuos disciplinados y domesticados. El desafío es dado por la Constitución es lograr una salud integral, universal, que abarque a todos y resuelva las causas y condicionantes de las enfermedades. Es muy triste escuchar no sólo a autoridades de gobierno, a funcionarios, sino también a algunos indígenas que se prestan a las maniobras del gobierno, que lo que se quiere es llevar escuelas y las instalaciones clínicas y hospitalarias, como si se tratase de un proyecto civilizatorio, al estilo colonial. La tarea es distinta, el desafío es grande, cómo construir un alternativo proyecto educativo y de formación intercultural, que recupere las lenguas, en toda su complejidad,y los espesores culturales, simbólicos e imaginarios inherentes. Un proyecto educativo y formativo que libere de la formación individualista, disciplinaria y de domesticación, que libere las potencialidades y capacidades creativas de la gente, de los cuerpos, de las comunidades y sociedades. La tarea es resolver las problemáticas de los procesos de generación de las enfermedades a partir de una movilización integral de los recursos, de los saberes, de los conocimientos y tecnologías de salud.

La batalla por el TIPNIS es clave para el proceso y para el futuro de todos. El dilema está planteado. Se trata de repetir la triste historia de avasallamientos, despojamientos, desposesiones, depredaciones, desforestaciones, en aras de un progreso que sólo beneficia a unos cuantos, quienes controlan el monopolio financiero, el monopolio de los mercados, el monopolio tecnológico, el monopolio de las armas, o, por el contrario, se trata de salir del modelo extractivista, que nos condena a la dependencia y al subdesarrollo, de crear múltiples líneas de fuga, configurando otros espacios de realización, de valorización de la vida y de creatividad. La batalla por el TIPNIS es un momento decisivo, todo depende de la capacidad de auto-convocatoria del pueblo, de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de la gente común. No pueden decidir el destino del país quienes ahora detentan la representación, el gobierno y el monopolio de la violencia. La decisión la tienen que tomar la mayoría de los bolivianos auto-convocados.

En esta perspectiva, la defensa del TIPNIS, Sarela Paz anota:

Ciertamente, los elementos anotados son los que interesa analizar a la luz de la política estatal que busca construir la carretera por el TIPNIS. La lógica de los modelos de desarrollo comunitario buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y su conservación. No obstante, aunque son modelos que vinculan a las familias indígenas con circuitos mercantiles, el esquema productivo basado en la gestión colectiva de los recursos permite a las comunidades indígenas desarrollar un control político sobre el territorio. Justamente, es el control político sobre el territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado con la construcción de la carretera. Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo en riesgo el potencial de biodiversidad que alberga, o como dicen las comunidades indígenas “poniendo en riesgo la zona de producción de vida para el territorio; en el corazón del TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los animalitos y nuestros mejores árboles están ahí”. La carretera atravesaría la zona núcleo, la partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que no tiene asentamientos indígenas ya que éstos se encuentran ubicados en la zona de uso sostenible de recursos, quedaría desprovista de control y protección territorial que estuvo vigente hasta el presente gracias a su difícil accesibilidad.

El territorio comprendido entre los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa, además de otros ríos menores que hacen de afluentes, territorio que avanza hasta las serranías de Mosetenes y Sejeruma , yendo de este a oeste, ha sido defendido en la historia reciente desde la primera marcha indígena. Los principales pueblos que partieron de Trinidad son precisamente de esta área geográfica, además de los del bosque Chiman y las otras regiones aledañas. Tal parece que este ecosistema de mayor precipitación pluvial del país se ha convertido no sólo en el corazón de la producción del agua, en un núcleo ecológico que articula otros ecosistemas colindantes, sino también en un centro gravitacional de resistencias al modelo extractivista y al avance de la frontera agrícola.

Raúl Prada Alcoreza
Miembro de Comuna.

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Fuente:
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012042202

2008