Caso Penta y los intereses de las empresas forestales en las elites del poder político chileno

- Chile:

16 de Enero de 2015

Caso Penta y los intereses de las empresas forestales en las elites del poder político chileno

Desde hace algún tiempo viene generando revuelo el denominado caso Penta y redes de corrupción en élites políticas chilenas de sectores conservadores, de cuya relación se desprenden dos ámbitos: Mecenas de políticos y protectores empresariales. Actos de la vergüenza, tan detestables, como los llamados casos “petroaudios” durante el gobierno de Alan García en el Perú hace algunos años.

Hoy el caso Penta lleva a los niveles de relación de sectores políticos con ciertas empresas, como ocurre, a modo de ejemplo, con el caso de la minera Dominga, sin embargo son solo la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia.

Mientras ciertos sectores políticos amplían sus gananciales con corporaciones económicas, paralelamente los legisladores vienen aumentando sus remuneraciones, siendo uno de los más pagados a nivel regional y de la lista de los países del OCDE. Ciper Chile, a través de un estudio de Colombina Schaeffer, Patricio Segura Ortiz y Leonardo Valenzuela, publicaban en junio del 2014: “los parlamentarios chilenos no solo son los que ganan más en términos de salarios netos, también alcanzan el primer lugar en la relación entre sus ingresos y el PIB per capita. Además, quedan en segundo lugar (solo superados por sus colegas mexicanos) en la relación entre su dieta y el ingreso mínimo de cada país”. Un diputado chileno, concluye el estudio, gana casi 12 veces el PIB per capita y 40 veces el ingreso mínimo. Los diputados Jackson y Boric, quienes proponían una rebaja de la dieta parlamentaria, denunciaban en abril del 2014 que en los últimos 13 años la dieta parlamentaria ha aumentado en un 245%.

Para una importante mayoría del binominal chileno, las funciones políticas dentro de la estructura del poder estatal se han convertido en un suculento negocio, lejos de la retórica de “servicio público”, todo un eufemismo a esta altura, donde los principios y valores se acomodan al de los intereses de las empresas extractivistas.

Contextualizando esta realidad ¿qué se puede esperar de la función colegiada del congreso chileno a favor de los intereses de la ciudadanía y sus derechos ante los impactos de actividades económicas basadas en el lucro?

Hoy actividades mineras y forestales vienen generando graves estragos en diversos puntos de Chile, intensificando la crisis hídrica, contaminando territorios, pero muchos, quienes están en el poder estatal, prefieren mirar hacia un lado y recibir gustosos sus dietas, mal que mal, una mayoría del binominal son financiados electoralmente por empresas capitalistas y neoliberalistas, incluyendo a algunos partidos políticos de la nueva mayoría.

A continuación extractos de artículos sobre “Los partidos políticos y el conflicto de intereses en la prórroga de ley pinochetista sobre fomento forestal” y “Decreto Ley 701 y fomento forestal”.

Empresas, partidos políticos y campañas electorales

Paradójicamente, el diario La Segunda, satélite mercurial del empresario Agustín Edwards, publicaba una investigación denominada “Quiénes son los mecenas de la política chilena”, el 14 de abril del 2012, medio que indagó quiénes estás detrás de las finanzas de los partidos políticos, anunciando en su encabezado “Se trata de hombres y mujeres de negocios que, especialmente en época de campaña, facilitan sus recursos legalmente: Algunos lo hacen transversalmente, otros por simpatía y están aquellos que se convierten en sostenedores de las colectividades en las que militan…”

La mayoría de los Partidos guardan silencio sobre sus mecenas y este medio, La Segunda, señalan que “Diversas fuentes consultadas (incluidos ex encargados de finanzas y operadores políticos) reconocen que aún existen recaudadores: militantes con nexos empresariales, capaces de levantar recursos…”, agregando en otro párrafo: “Aunque oficialmente no se habla del tema, en la trastienda de las colectividades se identifica claramente a estos mecenas. Los nombres coinciden...”. En otro punto los indica: “En este listado se encuentra grupos económicos cuyos rostros más visibles son la familia Luksic, Eleodoro Matte y Alvaro Saieh , quienes reparten recursos casi en todos los partidos del abanico, a excepción del PC, confidencian aquellos que han estado y siguen ligados a las campañas electorales de la DC, PPD, RN, la UDI y el PS (que además saben que la ayuda es transversal). Por otra parte también incluye: “También destaca el grupo Angelini , cuyos recursos van en beneficio de algunos políticos DC. "Quien mantiene una gran amistad, desde siempre, con el mundo empresarial es el senador Andrés Zaldívar", reconoce un ex encargado de finanzas de la DC…”, también hace referencia a empresas como: Enap, Endesa, Iansa, AES Gener, CAP, Petrobras, Cencosud (Horst Paulmann), entre otros, que, en su mayoría, “aportan” transversalmente a las arcas partidistas del binominal.

Los intereses de las empresas forestales chilenas en las huestes políticas

Desde el año 2013 se viene discutiendo en las esferas políticas del legislativo un proyecto de ley sobre fomento forestal que fue instalado por el gobierno de Sebastián Piñera con “Suma Urgencia”, que busca la prórroga del Decreto Ley 701 a veinte años más, norma que viene desde la dictadura militar de Pinochet y que es modelo matriz de la dictadura militar, promotora de la expansión de especies exóticas de monocultivos de pino y eucaliptus a favor de dos grupos económicos (Matte: CMPC y Angelini: ARAUCO –CELCO), causante de la depredación y graves impactos a los territorios y a las poblaciones, generando verdaderos asesinatos de la vida rural, tanto en aspectos sociales, ambientales, culturales y económicos.

Hoy, a pesar del escenario devastador causado y además, de descontrolados incendios en el sur de Chile que año tras año se repiten en temporada estival, ya que su composición inflamable propician catástrofes, se busca proyectar nuevamente este instrumento fáctico para intensificar la introducción de plantaciones de estas especies en tierras de comunidades Mapuche y en sectores campesinos chilenos, con diversos riesgos y que conllevará además, la expansión de la contaminante industria de celulosa-papelera .

No solo queda a la palestra la responsabilidad política de quienes dicen representar los intereses de la ciudadanía, sino, además, se cruzan diversas situaciones que ponen en relieve la crisis de este tipo de institucionalidad estatal chilena y diversos aspectos éticos y morales, ya que, las empresas forestales, que son beneficiadas con esta iniciativa legislativa, son financistas de partidos políticos y de campañas electorales a diversas representaciones del binominal; y por otra, se impone una iniciativa que se hace de manera inconsulta con los pueblos indígenas, transgrediendo el Convenio 169 de la OIT y la declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, se da nuevamente la espalda a las posibilidades de desarrollo con identidad y pertenencia en los territorios del centro sur de Chile de acuerdo a los intereses y necesidades de los habitantes, que deja en evidencia a quienes realmente están por los derechos humanos y la vida democrática y por otra, a quienes están por el legado del pinochetismo, la devastación y la corrupción.

Representaciones sindicales de CONAF en junio del 2013, en el marco de votaciones de la idea de legislar la renovación del DL 701, apuntaban a los senadores Sabag (DC), Zaldivar (DC), Larrain (UDI) y Kushel (RN), señalando que no están dadas las condiciones mínimas para aprobar el proyecto de renovación del DL 701 por cuanto no existe la institucionalidad pública forestal que administre el sistema, indicando que los parlamentarios mencionados tienen empresas o predios forestales de acuerdo a la información pública emanada de sus declaraciones de intereses y patrimonio lo que los inhabilitaría constitucional y legalmente para votar de manera desinteresada e imparcialmente el presente proyecto de la ley, solicitud que formularon. En el caso de Hernán Larrain, se planteaba que es cónyuge de la Sra. Magdalena Matte, quien a su vez es prima de Patricia, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín, actuales controladores de Empresas CMPC.

Señalaron también: “Finalmente deseamos conocer que Senadores reciben apoyo financiero para sus campañas políticas de parte de los grandes grupos forestales: Matte (CMPC), Angellini (ARAUCO) y MASISA a fin de que igualmente adopten la decisión de inhabilitarse en la votación de la presente ley”, reafirmando que lo planteado estaba con el ánimo de transparentar la información que es de interés público y colaborar con la función legislativa, haciendo cumplir el reglamento de Senado, la Constitución y las Leyes. Mencionaban las representaciones sindicales a través de un comunicado público.

Los grupos económicos forestales

Dentro de las menciones que hizo el diario la segunda sobre los apoyos económicos de manera transversal a partidos políticos del binominal, son los Matte, del holding CMPC, con una fortuna que supera los once mil millones de dólares según forbes, cuya empresa Forestal Mininco es su eje con una superficie con más de 750.000 hectáreas de terreno más diversas plantas de la contaminante industria de celulosa – papelera. Este grupo económico se ha caracterizado por ubicarse políticamente en los sectores de la ultra derecha chilena, incluso, tuvieron como encargado de seguridad a través de una empresa externa (Ossepar) a un ex funcionario de la CNI (Central nacional de inteligencia de la dictadura militar de Pinochet), llamado Alfredo Rodríguez, que operó en el sur de Chile a fines de los noventa y principios del dos mil. Ligados directamente al aparato de poder político estatal y a quienes se les sindica, junto al empresario Agustín Edwards, de ser uno de los principales artífices en la aplicación de políticas de violencia y criminalización a causas Mapuche por reivindicación de tierras ancestrales.

Por su parte, Angelini, del holding COPEC, tiene como principal empresa en el área forestal a Arauco – Celco, con más de un millón doscientas mil hectáreas en Chile y diversas plantas de celulosa-papelera que han sido denunciadas en varias oportunidades por desastres ambientales. La fortuna inicial del patriarca fallecido (Anacleto) se ha distribuido, pero se estima que supera los seis mil millones de dólares en su sobrino heredero, Roberto Angelini , quien está a la cabeza de los negocios. En este contexto, se les ha visto cercano a la democracia cristiana, particularmente a los Zaldivar, de hecho han trabajado para él y han tenido acciones en sus empresas, incluso un hermano del Senador, Felipe Zaldivar, es Gerente General de una empresa pesquera. A esto se suma en los directorios de las empresas de Zaldivar una larga lista de ejecutivos ligados como militantes a partidos políticos de la Concertación, la alianza e incluso ex funcionarios del régimen militar. Cabe recordar la polémica generada el 2013 por los pagos realizados por este grupo económico a parlamentarios antes que se votara la Ley de pesca, considerando que tiene la mayor empresa pesquera en Chile.

La prórroga del decreto ley 701

Esta iniciativa legal de prórroga a veinte años y que se discute en el congreso de Chile, considera ciertas modificaciones que potencian la entrega de “estímulos” a esta actividad, contemplando un incentivo sobre los costos de producción y agrega nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido celebrada por diversos sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y se ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad” según han indicado sectores pro forestales.

Cabe mencionar que esta nueva estrategia, beneficia a las grandes compañías, ya que no necesitan adquirir más predios que signifique correr los riegos de conflictos y disputas territoriales con vecinos, como el caso de las comunidades mapuche, sino, anexan de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el Estado, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones. Para este fin, los servicios públicos vinculados al quehacer rural, como CONAF e INDAP que promueven el negocio forestal de especies exóticas en monocultivos de pino y eucaliptus. Asimismo, tampoco corren el riesgo de que nuevas ´plantaciones se infesten de plagas, como la avispa taladradora, descontrolada en vastas zonas y que ha llevado al SAG a establecer cuarentenas.

Los graves impactos de la industria forestal y pretenden doblar superficie

Los impactos de la industria forestal son altísimos y empresarios y ciertos grupos políticos pretenden proyectar una expansión al doble. Es decir, si hoy bordean las superficies de pino y eucaliptus en tres millones de hectáreas, algunos sacan cálculos y “visionan” llegar a cinco e incluso seis millones de hectáreas en unos años más.

Según cálculos de CONAF en el gobierno de Ricardo Lagos, en la región de la Araucanía existen más de 169 mil hectáreas de “aptitud forestal”, las que son parte de los 2 millones 300 mil hectáreas en el país que buscan ser plantadas por estas especies, concentradas mayoritariamente en el centro sur de Chile, según han estimado, con bonificaciones de arcas del estado en millones de dólares para tal fin.

En una opinión del director ejecutivo de CONAF en el gobierno de Piñera, Eduardo Vial Ruiz-Tagle señaló: “Cabe hacer presente que éste es un incentivo de alto interés para las comunidades indígenas. Durante los últimos 8 años, se han entregado 12.522 bonificaciones al mundo indígena, con una superficie de 37.408 hectáreas de forestación y manejo, que corresponden a un cuarto de las bonificaciones pagadas en todo el país en este mismo período…”

Al respecto, son múltiples los impactos de esta industria, algunos más visibles son: Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal; Peligros de plagas como la avisa taladradora, son parte de algunas consecuencias que diversas comunidades y organizaciones han venido sosteniendo.

Cabe mencionar que numerosos antecedentes muestran que las comunas ocupadas por monocultivos forestales (Maule, Bío Bío y La Araucanía) registran una disminución en la disponibilidad de agua y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país.

Un ejemplo de esto último, es lo ocurrido el verano pasado donde la sequía de agua se intensificó en diversos lugares a causa de los fenómenos naturales y los lugares comunales en la Región de la Araucanía con mayor escases son coincidentes con los que existe la mayor concentración de plantaciones forestales. De esta forma entre enero y febrero del 2012, fueron más unas 46.000 personas de zonas rurales las afectadas por la falta de agua y con serios trastornos a su agricultura de subsistencia, hechos que llevaron a establecer un decreto de emergencia agrícola a finales de febrero en las comunas de: de Ercilla, Collipulli, Lumaco y Los Sauces, en la Provincia de Malleco, además de Temuco, Padre Las Casas, Cholchol, Imperial, Carahue, Galvarino y Perquenco, en la Provincia de Cautín.

Asimismo, las localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías, son lugares donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Asimismo, pueblos que son centros medulares de la actividad forestal prácticamente son poblados “fantasmas” y donde existe un notable aumento emigratorio.

Es importante señalar que suelos ganaderos, de bosque nativos o agrícolas – frutícolas, han sido devastados y reemplazados para la introducción de plantaciones de pino y eucaliptus lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria y a su vez, a fuentes activas de trabajo lo que sobrelleva a zonas con alto índice de desempleo, al aumento de las emigraciones, al desplazamientos de población rural y en general, a verdaderos éxodos poblacionales.

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2012, considerando la variación inter-censal con el 2002, contempla, a modo de ejemplo en la Provincia de Malleco, a la comuna de Ercilla con una disminución de -11,2 % de su población. Lumaco, que ya había tenido una disminución de -7,2 % hoy presenta una nueva y estrepitosa baja de -15,2 %. Los Sauces, que al 2002 había bajado en -15,6 hoy tiene una disminución poblacional de -5,7 % . Por su parte, Traiguén disminuyó en -12,1 % y Purén en - 8 % menos.

En la Provincia de Cautín, haciendo la misma relación de zonas con mayor concentración forestal y disminución de la población está Carahue con – 2,8 %; Loncoche con -4,9 %; Y otras zonas que presentan un estado de transición al modelo forestal, presentan intensas bajas, como ocurre con la comuna de Saavedra donde disminuyó la población a -18,8 % o Cunco, donde la baja fue de -14,9 %. Asimismo, otras comunas con alto porcentaje de plantaciones en sus suelos, tuvieron un nulo o insignificante aumento de población en comparación al 2002.

La Fundación para la superación de la pobreza, de acuerdo a datos oficiales, señala que el escenario para las zonas rurales en la Región de la Araucanía parece ser más crítico sobre todo para la pobreza indigente que del 6,5 el año 2006 sube a un 9,9 el 2009. La situación para los pobres no indigentes presenta una variación menos significativa, pero igualmente llega a un crítico 15,1%.

Al año 2009, otras comunas forestales o en transición y que enfrentan estas situaciones de acuerdo a los datos oficiales como la encuesta CASEN que han sido recabados por la fundación, incluye tasa promedio de pobreza, entre otras: Cunco 30,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 38,1 % ), Galvarino 21,4 % (con intervalo de confianza con límite superior 26,0 % ), Saavedra 28,8 % (con intervalo de confianza con límite superior 41,6 % ), Chol Chol 37,2 % (con intervalo de confianza con límite superior a 45,6 % ), Angol 40,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 59,3 % ), Collipulli 34,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 43,4 %), Ercilla 36,1 % (con intervalo de confianza con límite superior a 44,9 % ), Los Sauces 34,9 % (con intervalo de confianza con límite superior a 46,8 % ), Lumaco 35,9 % (con intervalo de confianza con límite superior a 40,8 % ), Purén 38,0 % (con intervalo de confianza con límite superior a 49,5%), Renaico 28,1 % (con intervalo de confianza con límite superior a 39,5% ), Traiguén 28,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 40,3 % ), Victoria 31,8 % (con intervalo de confianza con límite superior a 34,2%), Carahue 33,5 % (con intervalo de confianza con límite superior a 46,9 %).

Ante este escenario, se hace imperioso abrir una nueva oportunidad para discutir sobre un nuevo marco normativo de fomento forestal, bajo criterios democráticos y que vayan de acuerdo con los intereses y necesidades de los habitantes de los diversos territorios y sus economías locales, en caso contrario, el legado de muerte, depredación, injusticia y corrupción como herencia de la dictadura, continuará reinando.

Por Alfredo Seguel

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