- Chile:21 de Marzo de 2023
Un proceso constitucional sin espacio para las demandas socioambientales y una parodia de participación ciudadana
Karen Ardiles Ordenes
Ya se echó a andar el nuevo proceso constitucional en Chile, esto con la instalación de una Comisión Experta y un Comité Técnico de Admisibilidad, sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. Así también, se instaló la Secretaría de Participación Ciudadana, con discursos hablando sobre humildad y escucha, de hacer todos los esfuerzos, de grupos tradicionalmente excluidos y participación territorialmente pertinente.
Por
Karen Ardiles - Observatorio Latinoamerciano de Conflictos Ambientales OLCA
Sin embargo, todas estas palabras se quedan en el mundo de las buenas intenciones cuando hacemos contraste con la reforma constitucional que nos puso en este punto y el reglamento del proceso constitucional en curso. Particularmente en el reglamento -elaborado por el mismo Congreso-, donde el tema de la participación ciudadana está entre los artículos 98 y 107, nos proponen una Secretaría Ejecutiva a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile y cuatro mecanismos de participación: iniciativas populares de norma, audiencias públicas, diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos, y consulta ciudadana. Como diría el Presidente, suena a más democracia, pero vamos por parte.
El proceso de participación está completamente encargado a las Universidades, con las dos ya mencionadas a la cabeza, pero convocando a las que están a lo largo del país. Incluso, respecto del mecanismo de las audiencias públicas, les corresponderá escuchar a todas las organizaciones y personas que no sean seleccionadas por el Consejo; sin embargo, el plazo establecido para estas audiencias es de una semana, desde el 7 al 14 de junio. Así las cosas, es legítimo plantear inquietudes: ¿Cuántas organizaciones podría recibir el Consejo que recién se va a estar instalando en una semana? ¿Por qué una organización que quiere incidir en el proceso iba a querer ser escuchada por una Universidad si no son los convocados a escribir la nueva Constitución? ¿Son acaso las Universidades espacios convocantes al diálogo en Chile considerando los aranceles que hay que pagar para poder cursar alguna carrera? Sumado a lo anterior, resulta complejo pensar en cómo las casas de estudio van a propiciar un diálogo plural cuando sabemos que no son instituciones neutras, pues no hace mucho nos tocó escuchar las opiniones de los rectores de Universidades o al consejo de la Facultad de Derecho de la PUC llamando al Rechazo.
Respecto de los otros tres mecanismos, el plazo de participación es de 30 días contados desde la instalación del Consejo, es decir, desde el 7 de junio. Sabemos que uno de los grandes problemas en la participación ciudadana en el proceso de la Convención fue el límite de tiempo y el uso de plataformas virtuales. ¿Dónde están los aprendizajes? ¿Con unos meses de un maquillaje de “educación cívica” previa se soluciona el problema de despolitización del país? Suena ilusa esta propuesta.
Ahora, nos parece llamativo que uno de los mecanismos más interesantes de la Convención e inédito en el país sea replicado en este nuevo proceso y que -no casualmente- tenga el mismo nombre: las Iniciativas Populares de Norma (IPN). Hay varios estudios que registran cómo fue el proceso de las IPN y el importante impacto que tuvieron en la propuesta final de la Convención; pero yendo a los números, en un proceso de 3 meses, se presentaron casi 2.500 iniciativas, de temas muy variados por cierto, 78 alcanzaron las 15.000 firmas y hubo una participación total de casi un millón de personas, todo esto considerando que se trataba de un ejercicio complejo, pues nos obligaba a hacer una síntesis de las demandas ciudadanas y de los movimientos sociales en términos breves y en lenguaje jurídico.
Haciendo retrospectiva de lo que significó, no podemos no destacar
el rol de las IPN para el movimiento socioambiental y cómo permitió hacer notar la importancia de un tema que constantemente sigue siendo visto como de segundo orden, como si no estuviéramos viviendo una crisis ecológica. De acuerdo a nuestros estudios, casi un 10% del total de las IPN estaba relacionada con temas ambientales, siendo aguas, conservación, derechos de la naturaleza y derechos humanos ambientales los temas con más apoyo.
Comparando, las IPN en este nuevo proceso tienen un carácter distinto. Como dijo uno de los secretarios, Claudio Troncoso, “no se trata de hacer una iniciativa popular de cualquier norma, sino
es una iniciativa popular de enmienda, sería como una indicación en materia parlamentaria, al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta”. Es decir, se quiere participación, pero con rangos de acción sumamente coartados para la población y límites, los que no sólo están acotados por los tiempos poco realistas, sino porque deben referirse al anteproyecto, el que va a ser custodiado por la Comisión Experta mientras el Consejo esté en el ejercicio de discutir y aprobar el anteproyecto, que -además- estará custodiado por el Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Podrán los temas socioambientales instalarse nuevamente en este proceso? ¿Tendrán espacio en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales?
Cuando hablamos de participación ciudadana no estamos hablando de favores que nos hacen los políticos por considerarnos, estamos hablando de derechos, de esos que se han ganado durante décadas mediante las más diversas luchas sociales, ¿Cómo es posible construir unidad sin participación?
Cualquier persona que haya trabajado un poco en metodologías participativas y que entienda la dimensión del desafío de redactar una nueva Constitución con participación ciudadana sabe que estos mecanismos no están pensados para ser incidentes en un nuevo texto, siguen siendo una burla y poco hablan de entender las dimensiones de la crisis política que venimos viviendo por más del tiempo que nos gusta señalar.
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